Donald Trump en su despacho revisando su celular. Foto Ap / Archivo
Nueva York. La revelación de que entre los documentos secretos guardados indebidamente por Donald Trump en su residencia privada aparentemente habría información ultrasecreta sobre las capacidades militares nucleares de otro país continuó alarmando a expertos en inteligencia, mientras procede una evaluación oficial del daño potencial que causó el ex presidente a la seguridad nacional del país.
Ex oficiales de inteligencia, entre ellos el ex director de la CIA John Brennan, han reiterado en entrevistas esta semana que sus colegas activos dentro del gobierno están cada vez más alarmados por el potencial daño que podría haber causado Trump al mantener de manera insegura -incluyendo en su escritorio privado- documentos ofíciales secretos incluyendo los relacionados con capacidades nucleares de otros países como otros sobre operaciones clandestinas estadunidenses en el extranjero.
El documento describiendo las defensas militares, entre ellas nucleares, de otro país revelado por el Washington Post, era parte de una serie de documentos “top-secret” que se confiscaron en la residencia y club privado de Trump conocido como Mar-a-Lago, y algunos tienen un nivel de protección tan alta que sólo un presidente y algunos integrantes de su gabinete, y muy pocos altos funcionarios de inteligencia tienen acceso a ellos, reportó el rotativo.
En total hasta la fecha, la FBI ha recuperado más de 300 documentos clasificados de Mar-a-Lago este año -unos 184 en enero, otros 38 en junio cuando abogados de Trump certificaron que eran ya los últimos que tenían, y más de 100 después del cateo en agosto. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional está evaluando el daño potencial de que Trump tuviera todos estos documentos que trasladó a su residencia cuando concluyó su presidencia. Por ley, todo presidente está obligado a entregar todo documento oficial a los Archivos Nacionales al salir de la Casa Blanca.
La decisión del pasado lunes de una juez federal, la cual fue nombrada a su puesto por Trump, aprobando la solicitud del ex presidente de instalar a un árbitro judicial para evaluar los materiales que le fueron confiscados por la FBI, fue ampliamente criticada por expertos legales, incluso al propio ex procurador general de Trump, Bill Barr, pero el consenso es que sólo tendrá el efecto de demorar la investigación criminal que lleva a cabo el Departamento de Justicia.
Mientras tanto, Stephen Bannon, estratega político de Trump al inicio de su presidencia, está citado este jueves ante fiscales de Nueva York para enfrentar cargos estatales en una acusación que aún está bajo sello. Algunos sospechan que los cargos podrían ser parecidos a los cargos federales por fraude en torno a una operación, We Build the Wall, supuestamente para recaudar fondos para la construcción del muro fronterizo prometido por Trump, pero los fondos fueron usados para gastos personales. Bannon se salvó de esos cargos federales cuando recibió un indulto presidencial de su ex jefe.
En otra noticia relacionada con Trump, por primera vez en más de 100 años un político electo fue expulsado de su cargo -en este caso un comisionado de un condado en Nuevo México- por orden de un juez usando la 14 Enmienda de la Constitución que prohíbe a los acusados de insurrección ocupar un puesto público. Couy Griffin, fundador de Cowboys por Trump, fue culpado de participar en el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021, lo cual fue calificado como una “insurrección” por este juez.
Algunos tienen la intención de usar este fallo contra otros cómplices del ex presidente e incluso contra él mismo.
Trump, mientras tanto, continúa denunciando ante sus filas que estas investigaciones son intentos para “silenciarlo” a él y sus seguidores. Aprovechando esos sentimientos, otro ex socio de Trump quien fue su primer asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, el ex general Michael Flynn, ahora se está dedicando a organizar un movimiento “cristiano nacionalista” ultraderechista, reporta la agencia Ap.
Encubrimiento climático
John Saxe Fernández
Las alertas de los altos recintos de poderosas corporaciones de los combustibles fósiles sonaron al unísono después de que los gerentes visualizaron una de las mayores y más temidas amenazas a sus intereses y ganancias. Me refiero a la regulación urgente que ha venido pidiendo la comunidad científica para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por esas flotas para el transporte de pasajeros y carga terrestre, aérea y naval, con su inagotable apetito por estos contaminantes.
De eso hace tres décadas. Hasta ese momento la industria había obtenido éxito para desactivar iniciativas que buscaban instaurar un regimen de regulación (RGEI) como el planteado en el Protocolo de Kyoto (1997).
Ante la contundencia y rotunda fortaleza de las advertencias sobre el impacto en naciones o ciudades con vastas estructuras urbanas e industriales cercanas a los océanos del mundo, como La Habana, Nueva York, Buenos Aires, Londres, Boston y Río de Janiero por la relación entre el calentamiento y el incremento de los niveles oceánicos .
Eso se hizo evidente en la Cumbre de la Tierra, de la ONU celebrada en Río de Janeiro (3-14 de junio de 1992) que junto con la llegada de Al Gore, un ecologista comprometido como vicepresidente en el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) aumentó mas el temor de la cúpula fósil.
El impacto de la cumbre en la opinión pública mundial preocupó de manera potente a los gerentes e incluso a grupos de inversionistas de grandes empresas como Exxon, Mobil, Chevron, Téxaco, Total y BP, conocidas como las mayores, convencidos que debían actuar de manera más intensa en la desactivación de los antes aludidos riesgos de un RGEI .
Así se convocó una reunion con expertos de Wall Street en manipulación de opinión pública. Aunque las mayores desde décadas anteriores habían sido informadas y alertadas por sus propios departamentos de ingeniería y ciencia sobre la necesidad de inversión en otras fuentes de energía ante la gravedad del calentamiento planetario nada había cambiado.
En este contexto, importa resaltar las recientes revelaciones ofrecidas por la agencia británica BBC sobre el tipo de eventos y acciones protagonizadas por dichas firmas.
La agencia menciona una reunión poco conocida, en el otoño de 1991, entre algunos de los mayores actores industriales de Estados Unidos con un genio de las relaciones públicas, quien forjó una exitosa estrategia cuyas devastadoras consecuencias están a la vista.
E. Bruce Harrison, considerado como el padre de las relaciones públicas medioambientales, lanzó una propuesta para cambiar el discurso sobre el deterioro climático que se convirtió en pesadilla para los ambientalistas y el mundo entero y que perdura hasta hoy. Estaba en juego un contrato por valor de medio millón de dólares al año. El cliente, la Coalición Global por el Clima (GCC, por sus siglas en inglés), en la que estaban las industrias del petróleo, el carbón, el acero, el ferrocarril y las automotrices. Dicha coalición habría sido concebida sólo tres años antes como un foro para que sus miembros intercambiaran información y presionaran a los responsables políticos para frenar iniciativas que buscaran reducir las emisiones de combustibles fósiles.
En la Casa Blanca estaba George Bush padre, antiguo empresario petrolero y, como dijo un alto miembro del grupo a la BBC, en 1990 su mensaje sobre el clima era el mensaje de la GCC.
Aunque pocos fuera del mundo de las relaciones públicas habían oído hablar de Harrison o su empresa, éste tenía en su haber una serie de campañas para algunos de los mayores contaminantes de Estados Unidos.
Como también revela Jane McMullen en esta importante investigación titulada La operación secreta de relaciones públicas que tuvo lugar hace 30 años para negar el cambio climático ( y cuyas consecuencias estamos pagando) (BBC, 27 de junio de 2022). Algunos detalles de los antecedentes profesionales de Harrison son, por ejemplo, el trabajo que realizó para la industria química, desacreditando las investigaciones sobre la toxicidad de los pesticidas o para la industria del tabaco, seguramente sembrando la duda sobre sus efectos cancerígenos, como queda claro en otra investigación.
Esta industria es una de las principales contratistas de este tipo de especialistas, como lo han denunciado Naomi Oresques y Erik M. Conway en Mercaderes de la duda (Ed. Capitan Swing, 2018), donde narran la lamentable historia de un grupo de científicos y asesores de alto nivel muy vinculados con las élites política e industrial que realizaron campañas para engañar y negar verdades científicas a lo largo de cuatro décadas, poniendo en evidencia como la ideología, los intereses corporativos y los medios de comunicación ocultan la verdad y niegan la comprension pública de los riesgos existenciales de nuestra era. Eso hizo Harrison al poner en duda la solidez de la ciencia climática y lograr que el Congreso detuviera iniciativas reguladoras.
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