En tanto, el ex presidente Donald Trump comenzó su campaña para obtener la nominación del Partido Republicano en la lucha por la Casa Blanca en 2024 el mismo día en que miles de estadunidenses salieron a manifestarse contra la violencia injustificada perpetrada por fuerzas del orden, y en particular por el componente racista de estas agresiones (casi un tercio de las personas muertas a manos de policías en 2021 eran afroestadunidenses, pese a que esta comunidad representa apenas 13 por ciento de la población). Sin atisbo de arrepentimiento o autocrítica por su conducta durante los cuatro años que ocupó el Despacho Oval y en los meses transcurridos desde que debió abandonarlo, el magnate aseguró estar más furioso que nunca. A continuación, retomó sus ataques misóginos contra la ex líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; se lanzó contra las personas transgénero, los automóviles eléctricos, Barack Obama –su antecesor– y, por supuesto, emitió una serie de mentiras xenófobas acerca de la situación migratoria: según dijo, 15 millones de personas podrían estar cruzando la frontera sur de manera ilegal, muchas de ellas provenientes de prisiones y hospitales siquiátricos.
También esta semana, el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, ratificó su alianza con Marjorie Taylor Greene, quien pasara de ser una legisladora marginal a una figura central en Washington al integrarse a los comités de Seguridad Nacional y de Vigilancia (encargado de auditar al gobierno federal). Hasta hace poco, sus compañeros de bancada veían a Taylor Greene como una figura extravagante e impresentable por su respaldo público a descabelladas teorías de la conspiración, sus declaraciones a favor de ejecutar a miembros prominentes del Partido Demócrata y su hostigamiento a un sobreviviente de un tiroteo masivo en una escuela. En febrero de 2021 fue destituida de los comités legislativos en los que participaba, después de publicar en redes sociales una imagen suya en la que porta un rifle de asalto al lado de tres congresistas afroestadunidenses y se despliega la leyenda la peor pesadilla de las progresistas.
Es imposible desvincular la brutalidad policial y el racismo institucionalizado de la normalización de figuras como Trump o Taylor Greene dentro de la política estadunidense, pues la presencia de semejantes personajes en las esferas más altas del poder envalentona y da una sensación (muchas veces, lamentablemente correcta) de impunidad tanto a funcionarios como a civiles contaminados por discursos de odio. El que los cinco agentes que mataron a Tyre Nichols fueran también negros añade otro matiz a la rampante descomposición social experimentada en Estados Unidos, al mostrar lo internalizada que se encuentra la discriminación, y que ni siquiera entre los de su propio origen las personas afroestadunidenses se encuentran a salvo del racial profiling; es decir, de convertirse en sospechosas de un crimen y ser perseguidas por el color de su piel.
Aunque el panorama estadunidense no da margen para el optimismo, cabe desear que la tragedia de Nichols sea el catalizador de un movimiento de profunda reflexión y renovación moral que ponga fin a las lacras del racismo y la violencia de Estado en la nación más rica del mundo.
Prepara SRE contrarréplica para vendedores de armas de Arizona
Armas decomisadas. Foto Cuartoscuro/ archivo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara una contrarréplica a la petición de cinco vendedores de armas de Arizona que pidieron a un tribunal estadounidense que desestime una demanda de México que los acusa de participar en el tráfico de armamento al país.
“Recibimos respuesta de los vendedores de armas a los que demanda el gobierno de México en Arizona. Se analizará para presentar la contrarréplica”, dijo este sábado el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio.
“Insistiremos en que los vendedores negligentes que facilitan el tráfico de armas a México deben de rendir cuentas”, agregó en las redes sociales.
El gobierno de México abrió dos litigios en Estados Unidos contra fabricantes de armas a los que acusa de tener prácticas comerciales negligentes que permiten que se venda armamento que ellos saben que llegarán al crimen organizado en territorio mexicano.
El año pasado, el juez Dennis Saylor, del Tribunal Distrital en Massachusetts, desestimó una de esas demandas del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, con el razonamiento de que las leyes de ese país “inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usen para sus propósitos”.
La moción presentada ahora por los armeros de Arizona, en el segundo juicio, dice que los comerciantes se encuentran amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación de 2005 que protege a los fabricantes y vendedores de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en un delito.
