Periódico La Jornada Lunes 30 de enero de 2023, p. 6
Genaro García Luna aún tiene pendientes dos juicios en México y se tramita otra orden de aprehensión en su contra, por lo cual se mantiene el procedimiento para su extradición a nuestro país, para cuando termine su proceso en Nueva York, Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón tiene juicios abiertos en tribunales nacionales que no tienen relación con el que ya se le sigue en el vecino país.
El primero de ellos es por el caso Rápido y furioso, en el que, junto con otras autoridades mexicanas y estadunidenses, permitieron la entrada ilegal a nuestro territorio de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que fueron utilizadas por grupos delincuenciales causando un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia, señaló la FGR.
La segunda orden de aprehensión contra García Luna es por el caso de la privatización de los centros federales de readaptación social (Ceferesos), en la que el gobierno federal aceptó contratos leoninos con empresas privadas para la construcción y administración de cárceles, las cuales no se necesitaban y por las que se pagaron cantidades millonarias.
Apuntó la dependencia que adicionalmente hay otras dos investigaciones en curso y una solicitud de aprehensión contra el ex mando policiaco, las cuales se encuentran en trámite.
Dentro de las pesquisas aún abiertas contra García Luna se encuentra una relacionada con los movimientos en sus cuentas bancarias por más de 27 millones de pesos, que no corresponden con sus ingresos como funcionario público y que utilizó para adquirir cinco inmuebles.
Por esta razón se le aseguraron varias propiedades, una es un restaurante en la alcaldía Xochimilco; otra, una residencia de lujo en Tlalpan, además de otra mansión en Jiutepec, Morelos.
“Las gestiones ante Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de Genaro G se siguen llevando a cabo dentro de las limitaciones legales correspondientes”, finalizó la FGR.
García Luna: cuentas pendientes en México
La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que prosigue las gestiones necesarias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la extradición del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien es sujeto a un proceso legal en el país vecino por acusaciones de narcotráfico y delincuencia organizada.
A decir de la dependencia federal, García Luna tiene pendientes aquí dos cargos diferentes a los que se le imputan en una corte de Nueva York: el primero está relacionado con el contrabando de armas de fuego de alto poder –en un operativo que se denominó Rápido y furioso– con destino al cártel del Pacífico por parte del gobierno estadunidense, y en el que cabe presumir la complicidad del ex funcionario mexicano; ese acto ilícito, señaló la FGR, provocó un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia.
La segunda orden de aprehensión es por la abultadísima corrupción que rodeó la privatización de las cárceles federales en el sexenio de Felipe Calderón, que fue cuando García Luna se desempeñó como responsable de la seguridad pública del país.
La participación del acusado en ese proceso fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto, señaló la FGR.
Por otra parte, la fiscalía realiza otras dos investigaciones en contra de García Luna, una de las cuales podría referirse a los graves desfalcos al erario perpetrados desde la de-saparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La información mencionada obliga a recordar que hasta la fecha, y a pesar de la espectacularidad del juicio de Nueva York, García Luna y sus posibles cómplices permanecen impunes en nuestro país por los numerosos crímenes cometidos desde la SSP.
La presumible complicidad con el narcotráfico, la actitud omisa ante el contrabando de armas estadunidenses y la inocultable corrupción que aceitó los contratos de esa dependencia con numerosos proveedores –habría que citar, por ejemplo, la completa estafa de los detectores moleculares adquiridos por el gobierno federal calderonista– son, sin duda, delitos graves, no los aspectos más graves, lesivos y oprobiosos de ese sexenio.
En efecto, lo peor que García Luna y su ex jefe Felipe Calderón le hicieron al país fue sumirlo en una guerra, como la denominaron ellos mismos, que en realidad no era contra la delincuencia ni contra el tráfico de estupefacientes, sino contra la población misma, como quedó de manifiesto durante la ocupación militar de Ciudad Juárez, ordenada por el propio Calderón.
Al calor de esa guerra proliferaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades –torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas–, se agudizó la violencia delictiva y las facciones criminales adquirieron un poder de fuego hasta entonces inimaginable y hasta respaldo social en extensas regiones.
Esa estrategia criminal colocó al país en una espiral de descomposición y violencia cuyos impactos perduran hasta la fecha, propició el envilecimiento institucional y social y alteró de manera perdurable el quehacer nacional.
Por arduo que resulte demostrarlo en el terreno legal, los actos ilícitos presumibles de García Luna en México son, en suma, crímenes de lesa humanidad y por ellos debería ser procesado en el país, en un juicio en el que no sería el único ocupante en el sitio de los acusados.
