Los recursos de América Latina han sido un asunto de seguridad nacional para los países dominantes, muy en particular para Estados Unidos. Las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en un evento del think tank Atlantic Council lo reafirma al señalar que los enormes recursos que la región tiene en litio, tierras raras, petróleo, cobre, oro, agua dulce son importantes para los nuevos procesos tecnológicos, y que “al país norteamericano le queda mucho por hacer… tenemos que empezar nuestro juego” ( Página 12, 24/1/22). Otro elemento en este marco es que Washington ha estado presionando para que proporcionen armamento a Ucrania. Y es la misma comandante del Comando Sur quien está intentando que los países latinoamericanos envíen material militar ruso, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina y México, países que han rechazado esas peticiones y están decididos a mantener la neutralidad en el conflicto ( Nick Corbishley).
Por ello importa reflexionar sobre lo que estas palabras pueden suponer en el contexto mexicano cuando el gobierno de AMLO está decidido a recuperar la soberanía en áreas estratégicas, como electricidad, petróleo, mineras, y, por supuesto, el litio, el cobalto, etcétera. Si bien ha establecido que los recursos son de la nación y están protegidos por el artículo 27 constitucional, es de enorme importancia que todos los funcionarios tengan claridad de esas decisiones presidenciales cuando se presenten en eventos para que en sus discursos no haya ambigüedades. Por ejemplo, qué significado tiene la presentación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y su llamado a empresas extranjeras para invertir en el litio y señalar que el litio es propiedad de la nación por motivos de seguridad, pero el Presidente abrió la posibilidad de asociación con empresas particulares que se establezcan en Sonora, anuncio que se hizo frente a embajadores y representantes de 65 países. Las imprecisiones son peligrosas y pueden tener resultados contrarios a lo que hasta ahora ha planteado muy claramente el presidente López Obrador en su proyecto de rescatar para la nación los diferentes sectores del país.
Tener nitidez sobre estos asuntos es importante, porque México sigue atado a instituciones neoliberales marcadas por la firma de los tratados de libre comercio TLCAN y ahora T-MEC que han convertido al país en un espacio acotado para alcanzar un desarrollo autónomo y soberano. Ha sido una integración en que se han priorizado los intereses de Estados Unidos y ha mantenido a México como apéndice laboral de sus trasnacionales. La faceta más perversa de esta integración ha sido la industria maquiladora de exportación, cuyos enormes beneficios se han sostenido con la precarización de los trabajadores, la nula transferencia tecnológica y la absoluta falta de movilidad laboral. Con lo cual se ha desmantelado la posibilidad de una política industrial nacional, con presiones hacia instituciones educativas para que adecuen sus planes de estudio a los perfiles laborales de su interés.
Recordar la huelga de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en 2014, cuando se pretendió cambiar el plan de estudios de ingeniería eliminando las asignaturas de relevancia para su formación, con lo cual, en lugar de alcanzar el nivel de ingeniería obtendrían el grado de técnico superior especializado, es decir, actividades laborales de operario, pero no de un teórico en ingeniería. El proyecto neoliberal ha convertido a México en el gran ensamblador de las industrias trasnacionales, productor de partes para esas industrias multinacionales y cuyos trabajadores se sitúan al nivel más bajo de las cadenas de valor.
La integración comercial con Estados Unidos y Canadá ha supuesto formas profundos desequilibrios y asimetrías en el que predominan los intereses de Estados Unidos y le ha permitido imponer su guerra contra las drogas a partir del combate al narcotráfico, sin tocar a sus narcos internos ni la demanda de sus consumidores, así como una terrible política migratoria de securitización y criminalización, ambas claramente fracasadas.
Ante los retos y desafíos actuales, urge a México formar un bloque latinoamericano con el que se compartan intereses, valores y formas de cooperación, con proyección científica y tecnológica y sin predominio de uno por encima de otro. Una integración para la paz sin cabida para la militarización, con nuevas propuestas para el combate a las drogas y acuerdos fronterizos que defiendan los derechos humanos, cuyo objetivo sea el desarrollo de la región que favorezca la libre movilidad laboral y humana.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Familiares y amigos de los obreros atrapa-dos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, durante una conferencia en la CDMX el 19 de febrero de 2020.Foto Marco Peláez
Cercano el 17 aniversario de la explosión en la mina Pasta de Conchos, los cuerpos de 63 de los 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 permanecen sepultados bajo toneladas de rocas, sin que tres gobiernos hicieran el menor intento por rescatarlos (Fox, Calderón y Peña Nieto) y otro (López Obrador) encargara esa labor a una lerda funcionaria (Luisa María Alcalde) con nulos resultados. En paralelo, Germán Larrea y su Grupo México se mantienen impunes.
Vicente Fox nunca se apersonó en la zona del desastre ni dio la cara a los familiares. En cambio, a los cinco días del supuesto operativo de rescate se lavó las manos, utilizó al Ejército para contener a los deudos y ofreció investigar a fondo qué sucedió. Cero resultados. Felipe Calderón, ya como inquilino de Los Pinos, pro-metió hacer todo lo posible para que los cuerpos tengan cristiana sepultura, lo que nunca pasó. Peña Nieto ni siquiera se tomó la molestia de hablar del tema. En resumen, tres gobiernos al hilo hicieron de todo para evitar molestias y garantizar impunidad a Germán Larrea. Concesiones y más concesiones para el barón.
Grupo México adujo razones económicas (no hay dinero para las labores de rescate, cuando si algo le sobra, además de cinismo, es dinero) para no proceder, por lo que se lavó las manos y no movió un dedo para recuperar los cuerpos (de hecho se amparó para no hacerlo). Eso sí, apenas tres semanas después de la tragedia, la mayoría en San Lázaro garantizó un nuevo filón de negocios (alrededor de 550 millones de dólares adicionales al año) a Germán Larrea y demás empresarios de la minería, pues aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera para entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú (es decir, el que causó la explosión en Pasta de Conchos).
Pasó el tiempo y el 1º de mayo de 2019 el presidente López Obrador anunció: en un acto de justicia y humanidad, el gobierno federal inicia los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos. No se escatimarán recursos, y desde esa fecha encargó, pública y formalmente, a su secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, las acciones de rescate. Casi cuatro años después no hay resultados (por cierto, tampoco en el caso de las tres huelgas mineras activas: Sombrerete, Taxco y Cananea), pero sí más pretextos.
Sirva lo anterior para contextualizar lo publicado por La Jornada (Andrea Becerril): “a punto de cumplirse 17 años de la tragedia de Pasta de Conchos, la esperanza de que se rescaten los cuerpos de los 63 mineros parece esfumarse, y un grupo de viudas pidió al presidente López Obrador intervenir de nuevo y hacer que se cumpla la promesa de sacar los restos de sus familiares de las entrañas de la mina de carbón, pues las autoridades de la Secretaría del Trabajo poco han hecho para lograrlo y menos aún para hacer justicia.
“Las labores de rescate prometidas por el Ejecutivo federal comenzaron en abril pasado (el anuncio inicial fue el 1º de mayo de 2019), pero el 24 de noviembre se suspendieron, y an-te la desesperación de las viudas y sus hijos, que temen que el sexenio acabe, Luisa María Alcalde, titular de la STPS, les respondió: ‘tengan paciencia, ya que los trabajos reiniciarán el 15 de marzo, y si no se logran sacar los restos mortales de los mineros a finales de 2024, el siguiente gobierno de Morena seguirá con esa tarea’”.
El jueves pasado, un grupo de viudas se reunió con Alcalde y salió enojado y decepcio-nado, pues todo indica que la autoridad laboral, al igual que la empresa (Grupo México), está apostando a que los demandantes se desgasten y abandonen la batalla que comenzó el mismo 19 de febrero de 2006. El rescate está parado, pero la construcción del mausoleo en honor a los mineros muertos se ha acelerado en Pasta de Conchos, aunque los restos sigan en la mina.
Entonces, según dice Luisa María Alcalde, el compromiso presidencial no importa y las viudas deben ser pacientes, porque si el rescate no se da en este sexenio, pues qué más da, porque el siguiente ya está cercano, es decir, algo similar, por no decir idéntico, a lo que pretextaron Fox, Calderón y Peña Nieto.
Las rebanadas del pastel
No se trata de dos proyectos de nación, porque en realidad es solo uno, el de la 4-T; el otro, de la oposición, no es más que un plan de negocios.
Twitter @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
