Hemos detallado en esta columna sobre la profunda y generalizada confrontación entre Estados Unidos y China desde 2022-23 (y las medidas estadunidenses bajo el “ security-shoring”), diversas características actuales de la socioeconomía china (particularmente las peculiaridades de su sector público y su aspiración a un proceso de globalización con características propias y explícitamente alternativo al de Estado Unidos, imperante desde la Segunda Guerra Mundial), así como la generalizada creciente presencia china en América Latina y el Caribe (ALC) y en México en prácticamente cualquier ámbito imaginable en el siglo XXI: del intercambio cultural y académico a significativas inversiones y ni hablar de la relevancia de China como segundo socio comercial de México desde 2003, además de masivos proyectos de infraestructura.
Al menos desde la primera década del siglo XXI, China publicó dos libros blancos en los que hace explícita su estrategia hacia ALC en docenas de rubros; el liderazgo de China en el Foro Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) China es notable desde su fundación en 2015, y particularmente a través de los diversos planes de trabajo/cooperación con cientos de propuestas. La región latinoamericana, por el momento, no ha sabido responder, ni estratégica ni puntualmente a estas sugerencias.
¿Y en México? Si bien México y China cuentan con cuatro valiosas instituciones bilaterales públicas (Comisión Binacional desde 2003), y tres Grupos de Alto Nivel desde hace más de una década (incluyendo el de Economía y de Inversión), las élites políticas y económicas en México no han invertido institucionalmente en México en su análisis y estudio sobre la República Popular China. Estas cuatro instituciones públicas bilaterales simplemente no cuentan con el apoyo, las presiones ni el interés de los sectores público, privado y académico, además de que no nos invitan (sic); simplemente no existen análisis ni propuestas que pudieran ser vertidas en estas instituciones: se reúnen mayormente sin monitoreo, evaluación, procesos de aprendizaje ni avances con respecto a sus primeros encuentros desde hace más de una década.
En México, en el sector público federal, no existen subsecretarías o direcciones especializadas en China y con una perspectiva a largo plazo. El Legislativo es un gran ausente en aspectos estratégicos con China. Al menos, sorprendente es la falta de conocimiento, dedicación y especialización en los principales partidos políticos, organismos empresariales y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre China. Los organismos empresariales especializados sectorialmente y otros que agrupan intereses multisectoriales no han logrado, hasta 2024, respuestas a solicitudes chinas de 2001 (sobre el reconocimiento de China como economía de mercado) y desde septiembre de 2021 (en torno a la propuesta de China de un Tratado de Libre Comercio con México y con otros 10 países vía el Tipat (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), entre los aspectos más destacables.
Con mínimas excepciones es sorprendente la falta de análisis y respuesta de los organismos empresariales, algunos con cuantiosos recursos y personal, a los innumerables retos que China ha expuesto tan sólo en la última década. Por último, y con pocas excepciones, las universidades privadas y públicas tampoco han invertido suficientemente en docencia e investigación sobre China en México; en la última década incluso instituciones académicas que habían logrado cierta especialización en China la cancelaron por diversas razones.
Es decir, mientras las élites e instituciones en México no se comprometan e inviertan en organizaciones que investiguen sobre China a corto, mediano y largo plazos, México no logrará sobrellevar sus carencias básicas en torno a China y, peor aún, dependeremos de los think tanks de otros países y presiones continuas como las que estamos experimentando actualmente en México desde Estados Unidos vía el security-shoring.
Es imperativo en México iniciar con una perspectiva a largo plazo fortaleciendo a las instituciones señaladas en su análisis y propuestas con China: si no invertimos hoy al respecto, no contaremos con personal, diagnósticos y propuestas en el siguiente lustro. A corto plazo, adicionalmente, tendría muchísimo sentido que la nueva administración liderada por Claudia Sheinbaum Pardo se concentre en la profunda y multifacética relación de México con China, no sólo en el comercio e importaciones, y permitiendo una nueva relación triangular de México con Estados Unidos y China. Con certeza será un sendero complejo, particularmente ante los profundos y crecientes sentimientos antichinos en EU, y no se logrará sin objetivos estratégicos nacionales previos a un debate institucional al respecto. ¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
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Expropiación y apañes
Luis Linares Zapata
La historia de las expropiaciones se ha visto matizada por continuos reclamos, engaños o apañes. Ya sea porque no se pagaron a su tiempo debido, porque lo hicieron a precios menores, indebidos, o porque, de plano, se escamotearon los recursos y se terminaron desviando. Atestiguar lo contrario es asistir a un festín digno de celebración.
Lo trágico es que los actores ofendidos son casi siempre ejidatarios o gente sencilla, con escasos recursos y poca educación. Bien porque no supieron valuar debidamente sus tierras, porque se aprovechó su desconocimiento legal, fueron traicionados o cayeron en manos de truhanes. El caso común deriva de la petición de que se escuchen sus protestas ignoradas. Tal vez porque fueron, con frecuencia, bastante tiempo de después de haber sucedido la indebida venta, incautación o llano despojo.
Por estos mojados días asistimos a un caso que bien puede ser paradigmático, en especial por sus graves consecuencias. Un conjunto de ejidatarios –décadas después de la expropiación de sus tierras– toman autopistas y las mantienen cerradas por días. Exigen compensación por sus 41 hectáreas, alegadamente mal pagadas, que sirvieron para la construcción de una de las autopistas cruciales del país: la que corre entre la Ciudad de México y la capital poblana. El valor tasado en ese momento fue de 176 millones de pesos. Liquidación de la que se sesgó, dicen, a buena parte de los propietarios. Comparado con el daño causado por el cierre total, complementado con el cierre del arco norte, tal monto parece hasta ridículo. Lo ha de ser también la cantidad solicitada como complementaria. La versión oficial del violento suceso ha sido, por demás, tardía, torpe y confusa. Tres o cuatro días detenida una caravana inmensa de vehículos de toda clase, es algo inusitado. La espera de los terceros afectados ha sido por demás injusta, indebida, costosa.
Hasta este día todavía no está claro quiénes fueron los encargados de la negociación para compensar lo subvaluado. El reclamo lleva ya varias décadas sin que se logre avenencia y apacigüe ánimos alebrestados. Aquí se involucra al gobierno estatal de Puebla, tal vez a algún municipal, pero en especial al federal. Se trata de una carretera entre dos entidades de las más pobladas, administrada por una agencia federal. La circulación vehicular se cuenta por miles de unidades y los afectados han sido bastantes más, incontables. No sabemos, siquiera, cuántos y en qué forma o circunstancias lo fueron. El recurso de citar la política de no represión tiene un lugar muy lateral en este dramático caso. Sí, es una política legítima, respetable, pero sostenida contra viento y marea conduce a pagar costos evitables, indebidos. En este preciso caso no puede usarse como excusa o justificación. Al menos para lo prolongado del diferendo.
La tolerancia hacia grupos de toda índole, composición, número o justicia en sus reclamos, ha llegado a extremos que no deben continuar. Los daños ocasionados a propiedades –públicas y privadas– derechos humanos de terceros y, por consiguiente, a la economía y resistencia pacífica en el país es considerable.
Hoy día, cualquier persona, por cualquiera ofensa que porte, se atreve a bloquear una calle, una arteria principal, carretera, caseta, viaducto, vía de tren o autopista. No parece haber manera de ejercer la ley con prontitud y justicia. La Constitución, en este menester, sale mellada, hasta sobrando. Cuando interviene la autoridad, en concreto, sólo es, en innumerables casos, para amedrentar a los infractores. Nunca se llega a saber de castigo alguno, menos de penas infligidas para resarcir a los afectados y que nada tuvieron que ver en el conflicto.
En el suceso que nos ocupa, la ausencia de la fuerza pública ni siquiera estuvo presente para evitar posibles enfrentamientos o destrozos a la vía de comunicación, tal como ocurrió. La búsqueda de injerencias a trasmano tampoco suavizan la poca energía mostrada a todos los niveles gubernamentales. Sin duda hubo circunstancias álgidas entre los actores, ya sea en sus propiedades, en sus intereses, en sus estados de ánimo, paciencia o salud incluso. Los detalles ocurridos en esos días, quedan cortos en cualquier intento de cuantificarlos. Los cálculos de 10 mil millones de pesos, adelantados por las asociaciones de transportistas y comerciantes, pueden ser exagerados pero, tal vez, no caen muy lejos de la realidad. Mucho de la crítica ha circulado con prestancia, pero bien podría ser más virulenta, de peor talante o profundidad. En especial tratándose de los tiempos finales de un gobierno que lo hace aparecer distante de las molestas afectaciones cotidianas. El deslinde de actitudes reaccionarias que, como siempre, solicitan mano dura y represión, tampoco allana frustraciones, quebrantos y dolores de los que padecieron por la inoperancia de la autoridad.
