La embajadora de Washington en Tegucigalpa calificó de narcotraficante al ministro venezolano de Defensa
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| ▲ La presidenta de Honduras, Xiomara Castro (en imagen de archivo), denunció ayer el intervencionismo de Estados Unidos.Foto Afp |
Periódico La Jornada
Jueves 29 de agosto de 2024, p. 27
Tegucigalpa. Honduras decidió ayer denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, por el cual han sido encarcelados capos del narcotráfico, al acusar de injerencia a la embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu, en su política hacia Venezuela.
“La injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable, he ordenado al canciller @EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición”, escribió en la red social X la presidenta Xiomara Castro.
El tratado es considerado herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadunidense, fue levantando en Honduras en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas en virtud de este tratado, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión.
El gobierno de Castro es firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su relección el pasado 28 de julio.
La mandataria izquierdista hondureña anunció su decisión de retirarse del tratado, luego de que la embajadora estadunidense expresó la preocupación de su país por una reunión que sostuvieron autoridades de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Estados Unidos.
Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, declaró Dogu a los periodistas en Tegucigalpa.
Estados Unidos agrede, desconoce y viola impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta, agregó la presidenta Castro.
El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino del esposo de Castro, Manuel Zelaya, ex presidente derrocado en 2009, y el máximo jefe de los militares hondureños, general Roosevelt Hernández, se reunieron la semana pasada con Padrino López en los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares en Venezuela.
La denuncia del tratado causó preocupación en algunos sectores. Han de estar saltando (de alegría) los narcotraficantes porque ya no va a ser extraditados de Honduras, afirmó a la estación local HRN el abogado hondureño Juan Carlos Barrientos.
En tanto, Caracas fue escenario de movilizaciones de chavistas que celebraron el triunfo de Maduro en los comicios hace un mes, y de protestas que repudiaron la relección del mandatario al respaldar las acusaciones, sin pruebas, de la líder opositora María Corina Machado de que hubo fraude en los comicios.
Honduras, ejemplo de dignidad
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos en respuesta a las insolentes declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien se dijo sorprendida de que autoridades hondureñas de Defensa se reunieran con el ministro venezolano de ese sector, Vladimir Padrino López, descrito por la diplomática como un narcotraficante. La mandataria centroamericana denunció el intolerable intervencionismo de Washington, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes.
Como señaló el canciller hondureño, Enrique Reina, insinuar o implicar en actividades ilícitas a sus fuerzas armadas es una amenaza directa contra su independencia y soberanía. Por ello, la postura de Castro, primera mujer en gobernar su país, debe celebrarse como un acto de valentía y dignidad ante la grosería de una funcionaria que no entiende la naturaleza ni las restricciones que conlleva su cargo, y que se mantiene anclada en una mentalidad neocolonial que debe rechazarse sin titubeos. Esta firmeza contrasta con el triste historial de anteriores gobiernos hondureños como cómplices del imperialismo estadunidense, especialmente en las operaciones de la sanguinaria contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, papel que en la década de 1980 le valió a Honduras el sobrenombre de portaviones de Estados Unidos en Centroamérica.
Además de inscribirse en el ininterrumpido intento de derrocar al gobierno venezolano e imponer un régimen títere en Caracas que ha marcado la política exterior de Washington en lo que va del siglo, las expresiones de Dogu muestran un reciente patrón de incontinencia verbal por parte del personal diplomático de la superpotencia. Es muy significativo que se produzcan en los mismos días en que el embajador en México, Ken Salazar, rompió con la prudencia que había caracterizado su gestión y se apuntó al golpeteo local y foráneo a favor de jueces, magistrados y ministros corruptos. El espaldarazo dado a Salazar por el subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indica que no se trata de salidas de tono personales, sino de una extendida pérdida del control declarativo en el Departamento de Estado. En un claro ejemplo de esta deriva, Nichols repitió el sinsentido de afirmar su respeto a la soberanía mexicana a la vez que emitía opiniones fuera de lugar sobre asuntos internos.
Para nadie es una sorpresa que la clase política estadunidense comparte un desdén hacia América Latina, el cual la lleva al convencimiento de poseer el derecho a dictar a los países de la región cómo deben gobernarse; pero los niveles actuales de agresividad hablan de una falta de dirección en medio de una coyuntura electoral y del inminente recambio en la Casa Blanca. Sea lo que sea que mueve al Departamento de Estado a embarcarse en estos ataques, la única respuesta digna consiste en una incondicional defensa de la soberanía. Cabe felicitarse de que la presidenta Xiomara Castro haya actuado en consecuencia.
Gobierno de Texas ampliará barrera de boyas en el río Bravo
De la redacción
Periódico La Jornada
Jueves 29 de agosto de 2024, p. 26
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, informó que planea ampliar las barreras de boyas a lo largo del río Bravo, como parte de su estrategia para frenar el ingreso de migrantes sin papeles, pero señaló que está a la espera de que un tribunal le dé luz verde al proyecto.
En entrevista con NewsNation, Abbott defendió las boyas como una de las formas más efectivas de disuadir a los migrantes de intentar cruzar de México a Texas, y destacó que el costo es una décima parte del de un muro fronterizo.
Veamos la cronología, porque recordarán que Joe Biden puso en marcha su llamada orden ejecutiva en la que ayudó a cerrar la frontera en junio, pero si retrocedemos y observamos cuándo comenzaron a disminuir los cruces, eso fue más de medio año antes, en diciembre pasado, después de que Texas había comenzado operaciones para negar la entrada de indocumentados, utilizando a la Guardia Nacional, alambre de púas y los disparos de bolas de pimienta, dijo Abbott.
Añadió que lo que en realidad provocó el declive fue la estrategia sólida e integral de Texas. Simplemente llegó Biden y se aprovechó de nuestro éxito.
Abbott se refirió así al decreto promulgado por Biden en junio pasado que restringe el derecho al asilo. Tres semanas después de su entrada en vigor, el número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México cayó 40 por ciento.
El decreto incluye excepciones, como los menores que viajan solos, las víctimas de alguna forma grave de tráfico, los migrantes con un visado y aquellos que lleguen a un puerto de entrada por vía legal como la aplicación móvil CBP One.
Además de posibilitar el cierre de la frontera, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas.
Hace poco más de un año, el gobernador Abbott gastó 850 mil dólares en una barrera de boyas de 300 metros de largo que se anclaría en concreto a lo largo del río Bravo, en las aguas entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, México.
La serie de boyas ancladas en hormigón se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de futbol en uno de los puntos más concurridos para cruces fronterizos irregulares, recordó NewsNation.
El Departamento de Justicia pidió a un tribunal federal ordenar a Texas retirar las boyas, al argumentar que la barrera de agua plantea preocupaciones humanitarias y ambientales a lo largo de la frontera internacional, lo que encendió una batalla legal entre funcionarios estatales y federales.
Las boyas se instalaron como parte de la iniciativa de control fronterizo de Abbott denominada Operación Estrella Solitaria.
