Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 27
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha podido realizar un seguimiento de todos los menores no acompañados liberados de la custodia del gobierno.
En los últimos cinco años, más de 32 de mil niños no se presentaron a sus audiencias en el tribunal de inmigración y el ICE desconoce dónde están, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un informe provisional entregado esta semana al Congreso, reportó ayer ABC News.
Por ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es responsable del cuidado de los niños migrantes no acompañados, por lo que después de que las autoridades estadunidenses los toman bajo custodia, es función del ICE garantizar su traslado oportuno y seguro al HHS, que a su vez los coloca en refugios o en hogares de patrocinadores calificados.
Sin la capacidad de vigilar la ubicación y el estado de los menores, el ICE no tiene garantía de que estén a salvo del tráfico, la explotación o el trabajo forzado, refirió el inspector general Joseph Cuffari en su informe provisional.
Instó al ICE a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los menores no acompañados que residen en Estados Unidos.
El informe es parte de una auditoría más amplia de la capacidad del ICE para rastrear a los infantes que han sido liberados o transferidos de la custodia estadunidense después de ingresar al país.
Según el texto, entre 2019 y 2023, funcionarios de inmigración transfirieron a más de 448 mil niños no acompañados de la custodia del ICE al HHS.
Deporta Panamá a migrantes colombianos
Periódico La Jornada Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 27
Las autoridades panameñas llevaron a cabo el primer vuelo de repatriación de migrantes con destino a Colombia, como parte de un programa financiado por Estados Unidos. El acuerdo con Washington para las repatriaciones aéreas a distintos países fue anunciado el mes pasado por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con la promesa de adoptar medidas enérgicas contra la migración que ingresa por la peligrosa selva del Darién. Una aeronave con 29 migrantes de nacionalidad colombiana, todos con grilletes (en la imagen), despegó la madrugada de ayer del aeropuerto Marcos A. Gelabert de la capital. Los pasajeros tienen antecedentes penales por distintos delitos cometidos en su país y fueron identificados tras someterse a un proceso biométrico.
Venezuela investigará de dónde provienen los recursos para golpear al gobierno
Xinhua y Afp Periódico La Jornada
Miércoles 21 de agosto de 2024, p. 27
Caracas. El canciller de Venezuela, Yván Gil, denunció ayer la continua campaña de conspiración estadunidense contra su país, encabezada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio, Brian Nichols, con la cual buscan interferir en el resultado de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, y aseguró que investigará de dónde provienen los fondos utilizados para golpear al gobierno bolivariano.
Gil señaló: “la conspiración de Nichols contra Venezuela volvió a fracasar. Sin embargo, él sigue facturando cada post en la bolsa de los derrotados, cual sicario del lobby mayamero. Más temprano que tarde esto debe ser investigado. ¿Cuánto pagan por cada mensaje? ¿Quién paga? Y lo más oscuro: ¿De dónde provienen esos dólares?”, puntualizó en su cuenta de Telegram, informó Globovisión.
Aseveró que la conducta del subsecretario debe ser investigada por la nación, así como la necesidad de determinar de dónde provienen los recursos.
Gil agregó un post de Nichols que dijo que demuestra la injerencia estadunidense en los asuntos de Venezuela, al señalar que el presidente Nicolás Maduro y sus representantes siguen negándose a publicar las actas originales de los comicios presidenciales.
Estados Unidos exigirá cuentas a quienes permitan el fraude electoral y la represión. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, expresó Nichols en sus redes sociales.
Tras la aprobación –la semana pasada– de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro, por la Asamblea Nacional, Nichols calificó esa iniciativa de ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación.
El canciller venezolano respondió: estamos seguros de que sus sucios fondos de la NED (Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas en inglés) o la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) no van a seguir financiando el terrorismo de sus lacayos, dedíquenlos a atender las necesidades del pueblo estadunidense, que bastante lo necesita.
En tanto, Maduro afirmó que el fascismo fracasó, durante un encuentro con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico.
No permitiremos que el fascismo asalte el poder en Venezuela, enfatizó Maduro, y exhortó a consolidar la victoria frente al odio, la mentira y la manipulación.
En un balance sobre el panorama político, luego de los comicios, el mandatario señaló: estamos derrotando un golpe de Estado.
Calificó a la intentona desestabilizadora de golpe de Estado cibernético, y remarcó: “pobre de aquel que se deje llevar por el relato que pretende justificar la instauración de un régimen violento.
El país se debate entre el amor y el odio, entre la tolerancia y la intolerancia, entre la violencia y la persecución o el diálogo y la paz, destacó el mandatario ante su alianza de gobierno.
Maduro subrayó que las fuerzas de la revolución bolivariana representan la fuerza más grande de garantía para un país, para un pueblo; el fascismo ha fracasado en Venezuela, lo tenemos derrotado.
El equívoco paro en el PJF
Desde inicios de esta semana, funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañados por un sector minoritario de trabajadores, mantienen un paro de labores indefinido en rechazo a la inminente reforma constitucional que introducirá una transformación de gran calado en los tribunales del país.
La medida de protesta no es compartida por la organización sindical mayoritaria, algo lógico si se considera que no se trata de una reivindicación o defensa de derechos laborales –los cuales no están amenazados de ninguna manera por dicha reforma, como algunos han querido presentarlo–, sino un movimiento que busca preservar arraigados privilegios, vicios y distorsiones en los altos niveles del Poder Judicial. De hecho, desde la semana pasada el sindicato de trabajadores del PJF señaló que secretarios seccionales y miembros de su comité ejecutivo nacional han recibido llamadas o mensajes de impartidores de justicia que los amenazan o presionan para que se solidaricen con la suspensión de labores.
La principal promotora del paro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), intenta que el Congreso de la Unión suspenda el proceso legislativo de la reforma judicial, una pretensión que no sólo va a contrapelo de la voluntad popular mayoritaria –la cual, en la elección del 2 de junio, se manifestó de manera inequívoca por la realización de tal reforma–, sino que constituye una clara violación al principio de separación de poderes, en la medida en que busca doblegar al Legislativo y someterlo a la voluntad arbitraria de un conjunto de jueces, magistrados y empleados judiciales.
Significativamente, entre integrantes de la Jufed y los empleados administrativos que se sumaron a la suspensión de labores existe un vínculo que fue documentado en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para combatir el nepotismo: cerca de 60 por ciento de ellos, a decir del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, “tienen una relación directa, familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el CJF, a través de magistrados y jueces (…). Ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores”.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador no escatimó la ironía al señalar que la suspensión de labores no le va a importar a la mayoría de los mexicanos y hasta nos va a ayudar, porque si no están los jueces, magistrados y ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco.
Ciertamente, la medida de presión de empleados y funcionarios del Poder Judicial es de las que pueden ser contraproducentes para sus promotores, no sólo porque ha causado ya una división en el personal de esa institución, sino también porque pone en evidencia la falta de argumentos y de razones de quienes se han ido al paro: lo sepan o no, su lucha no es en defensa de la independencia o la autonomía de los tribunales, ni de derecho laboral alguno, sino por la preservación de prebendas ilegítimas y ofensivas, intereses facciosos y una opacidad que debe ser erradicada cuanto antes.
