Juan Pablo Duch
La oferta final del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para una solución negociada en Ucrania y que deben aceptar sin objeciones de ningún tipo todos los implicados en esta guerra –Rusia, Ucrania y sus aliados europeos– tal y como está redactada, no genera un consenso favorable para concretar el necesario cese de hostilidades.
Porque en el afán de Trump por anotarse un rápido éxito como mediador y sacar el máximo de beneficios, en su plan de siete puntos –documento oportunamente filtrado a la prensa– al exponer las concesiones que exige a unos y otros, invierte los tiempos de la negociación.
Lo que por lógica debería ser la parte final del debate, por ejemplo el espinoso futuro de la península de Crimea dentro de 15 o 20 años (¿un referendo con reglas transparentes, en condiciones de paz y con observación internacional, que ratifique o anule su pertenencia a la Federación Rusa?) se vuelve para el mandatario republicano condición para comenzar a negociar.
Según Trump, Ucrania debería aceptar de jure que Crimea es parte de Rusia, algo que ni Estados Unidos puede hacer mientras se lo prohíba una ley adoptada en 2017, la cual califica de ilegal la anexión rusa de la península tres años antes, de igual manera que no se pueden levantar de golpe todas las sanciones contra Rusia, sin que el Congreso modifique infinidad de leyes, y no es claro si todos los legisladores republicanos estarían dispuestos a hacerlo.
Los planteamientos de Trump exhiben serias diferencias con las posiciones que defienden Rusia, Ucrania y sus aliados europeos. Lo que aplauden unos, los otros lo rechazan.
Lo que promete a Kiev (garantías de seguridad y ayuda para la reconstrucción), no precisa de qué manera ni cuándo. Lo que ofrece a Moscú (veto para el ingreso de Kiev a la OTAN y levantar todas las sanciones en su contra desde 2014), no depende sólo de él y, para el Kremlin, lo primero es insuficiente sin reducir el ejército de Ucrania y restringir su industria militar.
Moscú, Kiev y Bruselas dicen querer negociar la paz, pero insisten en que antes hay que discutir a fondo la iniciativa de Trump.
En síntesis, la cuerda sigue estirándose y no falta mucho para que reviente, mandando la oferta de paz de Trump a reposar en el archivero de los documentos que murieron antes de nacer.
Trump reitera que Moscú se quedará con Crimea
Ap, Dpa, Sputnik y The Independent
Periódico La Jornada Sábado 26 de abril de 2025, p. 19
Kiev. El presidente Donald Trump afirmó ayer que Crimea se quedará con Rusia, en una declaración que reafirma la presión estadunidense a Kiev para que haga concesiones que permitan poner fin a la guerra. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, reiteró que Kiev no reconocerá la autoridad de Moscú sobre ninguno de los territorios ocupados.
Zelensky y todos entienden que Crimea lleva mucho tiempo con ellos, los rusos, aseveró Trump en una entrevista con la revista Time que se publicó ayer. Crimea es una península estratégica en el mar Negro, al sur de Ucrania. Fue tomada por Rusia en 2014, con el ex presidente Barack Obama en la Casa Blanca, años antes de la invasión a gran escala que lanzó el Kremlin en 2022.
Además, el republicano acusó a su par ucranio de prolongar la guerra al resistirse a las negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aseguró en su red Truth Social que Rusia y Ucrania están muy cerca de un acuerdo, y las dos partes deben reunirse, a muy alto nivel, para concretarlo.
El magnate también remarcó que Ucrania está por lo menos tres semanas atrasada en la firma del acuerdo sobre tierras raras con Estados Unidos, que dará acceso a Washington a recursos naturales claves ucranios. Espero que lo firme INMEDIATAMENTE, sentenció.
En este contexto, funcionarios ucranios y europeos rechazaron esta semana propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia y presentaron un documento alternativo con diferencias clave en cuestiones como límites territoriales, sanciones y seguridad, según informó la agencia Reuters en exclusiva.
Contrapropuesta europea
El plan de Washington, que impulsa el enviado de Trump, Steve Witkoff, propuso reconocer el control ruso sobre Crimea y otras zonas ocupadas. La contrapropuesta europea y ucrania evitó ceder territorio y planteó posponer ese debate hasta lograr un alto el fuego.
Trump: Estado policial
Agentes de la FBI arrestaron ayer a la jueza de Wisconsin, Hannah Dugan, acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de ayudar a un inmigrante indocumentado a escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que se presentaron en el tribunal presidido por Dugan a fin de detenerlo. La juzgadora enfrenta cargos de obstrucción de la justicia y ocultación a una persona para evitar su arresto, los cuales podrían costarle hasta cinco años de cárcel, aunque de momento seguirá su proceso en libertad. Durante la primera presidencia de Trump, otra jueza fue imputada en un caso parecido, pero los cargos fueron desechados y sólo encaró un proceso disciplinario.
Con el arresto de Dugan, el gobierno de Donald Trump rompió lo que hasta ayer la sociedad estadunidense consideraba un dique irrompible de su sistema democrático: la sacralidad e intocabilidad de los jueces, quienes suelen permanecer inmunes incluso en casos en que existen graves y probados señalamientos en su contra. Asimismo, el trumpismo ha enviado un mensaje de que no se detendrá ante nada ni nadie en el cumplimiento de su espectáculo propagandístico en contra de la comunidad migrante, a la cual ha elegido como chivo expiatorio de todos los males de su país, muchos de los cuales son provocados por el magnate, sus compinches multimillonarios y la clase política –de ambos partidos– que ponen intereses personales y del gran capital por delante de las mayorías.
El calificativo de espectáculo para la batida contra las personas que se encuentran en territorio estadunidense sin los documentos necesarios se sostiene en tanto hasta ahora la Casa Blanca no ha incrementado de manera significativa el número de deportaciones y nada apunta que se dirija a la expulsión de las 20 millones de personas que el mandatario prometió en campaña, pero sí ha convertido la persecución en un suceso mediático en el que la violencia de Estado, la crueldad y la humillación se transmiten en tiempo real para delicia de los sectores fascistas que constituyen el electorado duro del trumpismo y para mantener a sus opositores paralizados por el miedo a un régimen que cada día tiene menos que envidiar a los totalitarismos.
En este despliegue de sadismo, el gobierno republicano ha perpetrado secuestros de migrantes que contaban con sus papeles en regla o se encontraban en el trámite para obtenerlos, e incluso de personas con residencia permanente, y ya se documentó al menos un caso en que se detuvo a un ciudadano y se le acusó de ser un extranjero no autorizado en una evidente causa de racial profiling, es decir, criminalizar a alguien debido a sus características físicas. Estos secuestros se han realizado con lujo de violencia, involucrando a menores de edad y con agentes enmascarados como si se tratase de operativos para detener a jefes del crimen organizado. Ayer, por ejemplo, se conoció que una bebé estadunidense de dos años fue deportada a Honduras de manera ilegal después de que su madre y su hermana mayor fueran arrestadas durante una cita de seguimiento a su situación migratoria, un procedimiento que se ha vuelto habitual.
Como todo régimen autoritario, el trumpismo invoca la ley para quebrantarla. En su justificación del arresto de la jueza Dugan, la fiscal general Pam Bondi aseguró que nadie se encuentra por encima de la ley, ni siquiera los jueces, una afirmación que sólo puede interpretarse como una burla cuando proviene de un Ejecutivo que en sólo tres meses ha roto todos los códigos a todos los niveles.
El miércoles, este diario publicó un importante trabajo periodístico en el que se da cuenta del crecimiento de frentes de resistencia a las políticas más atroces del magnate, desde universidades, políticos locales que se niegan a participar en la cacería humana, estudiantes hasta la comunidad judía, en cuyo nombre la Casa Blanca financia el genocidio contra el pueblo palestino. Cabe esperar que estos grupos encuentren los caminos para salvar lo que queda de la democracia estadunidense y revertir la oscura deriva en que se encuentra su nación.