No es la primera ni la última vez. El PSOE se ha visto inmerso en escándalos de corrupción, no como organización, sino cometidos por militantes que han disfrutado de puestos de dirección, cargos públicos y control del aparato. La secretaría de Organización ha sido parte del entramado. Alfonso Guerra y Felipe Gonzalez, tándem posdictadura, participaron en escándalos de financiación ilegal, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y crímenes de Estado, impulsando el GAL. En su descargo, diremos que durante los gobiernos del Partido Popular, con José Maria Aznar y Mariano Rajoy, ambos estuvieron implicados en tramas de corrupción. Ministros, como Rodrigo Rato o su tesorero Luis Bárcenas han pasado por la cárcel.
En todos los casos, las investigaciones e informes desarrollados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han sido relevantes para imputar a los responsables y sentarlos en el banquillo de los acusados. Sus denuncias afectan a partidos y personas. Los denunciados se han defendido contratacando. Los argumentos suelen coincidir. No me detendré en ellos. Tampoco en las descalificaciones. Sólo sirven para elevar el ruido bajo ¡¡¡y tú más!!!
En esta ocasión quiero llamar la atención a un hecho diferencial, en el cobro de comisiones ilegales de los implicados en el caso Koldo. Hasta 2019, los dos partidos hegemónicos, PSOE y PP, formaron gobiernos monocolor. Con mayoría absoluta, sin pactos y con mayoría simple, buscando alianzas puntuales para sacar adelante la legislatura. Sin embargo, los resultados electorales en 2019 abrieron una puerta, inaugurándose en España una nueva coyuntura política, los gobiernos de coalición. Dirigentes de Izquierda Unida y Podemos pasaron a formar parte del consejo de ministros, con el PSOE como fuerza hegemónica. Los acuerdos llevaron a La Moncloa a Pedro Sánchez. En estas circunstancias, el Partido Popular debió ajustar su estrategia. Su horizonte, ganar las elecciones de 2023. Con un discurso del miedo, enraizado en la inseguridad ciudadana, la inmigración ilegal y crítica a la ideología de género, hicieron oposición junto a Vox. Se los veían felices, pandemia mediante, de lograr su objetivo, pero las urnas le fueron esquivas. El PSOE, con Pedro Sánchez, forjó una nueva alianza parlamentaria y logró la mayoría para ser investido presidente. Para la derecha fue un golpe inesperado, y aquí nos encontramos. El PP y Vox, desconcertados, no han digerido su derrota, sólo atinan a negar la legitimidad del gobierno y a promover nuevas elecciones. En estos dos años han buscado la manera de derrocar el gobierno, hasta el momento sin conseguirlo.
José María Aznar indicó el camino y lanzó la proclama El que pueda hablar que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en que estamos. Núñez Feijoó, su partido y Vox unen fuerzas. El objetivo, acortar al máximo la legislatura. Para lograrlo, abusan de las instituciones donde están presentes y son mayoría, el Senado, comunidades autónomas, ayuntamientos; los medios de comunicación, las redes sociales, la acción de jueces que escuchan la proclama y hacen, se comprometen. El boicot al gobierno se generaliza.
En este contexto se ubica el caso Koldo. El PSOE ha puesto en bandeja al PP y Vox la posibilidad de subir los decibeles en su campaña desestabilizadora. No de otra manera se debe interpretar el discurso de Núñez Feijoó, conocido el cese del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán a consecuencia del informe de la UCO. Para Feijoó, Pedro Sánchez no tiene escapatoria. La corrupción le salpica. Lo acusa de ser el mayor corrupto de España, pero su relato pone al descubierto su debilidad. Habla para forofos. Sólo atina a pedir su dimisión y calificar su gobierno de ilegitimo. Sánchez y su familia son corruptos, su gobierno es corrupto y sus socios de gobierno son cómplices de corrupción. Él se ofrece para salvar España. Invoca su lealtad a la corona. En su frustración, por no tener mayoría parlamentaria a fin de presentar una moción de censura con garantías ni salir victorioso solicitando un voto de confianza, se justifica: No le daré un balón de oxígeno a este gobierno.
Por otro lado, el PSOE y Pedro Sánchez han sido superados por la trama de corrupción. En ella están implicados dos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el secretario y guardaespaldas de Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, intermediario de las empresas deseosas de dar mordidas, cariacontecidos, entonan un mea culpa.
Sin embargo, para ser corrompido debe haber un corruptor. Esta trama, descubierta por la UCO, ha sido orquestada, también, por empresarios ávidos de pagar comisiones a cambio de firmar contratos millonarios con la administración. Las empresas comprometidas han sido invisibilizadas por el Partido Popular y Vox. Poco o nada se habla de la empresa del papel de Acciona y sus responsabilidades en el pago de mordidas.
A pesar del PP y Vox, no estamos en presencia de una crisis de gobierno. Pedro Sánchez pide perdón a la ciudadanía. Se siente traicionado por su hombre de confianza. Saca fuerzas de flaqueza. En su comparecencia pública disipa dudas: no habrá convocatoria anticipada de elecciones. La legislatura acabará en 2027. Busca minimizar daños. Puede ser un brindis al sol, pero ofrece, a corto plazo, restructurar la ejecutiva del partido, consensuar un nuevo secretario de Organización y llevar a cabo una auditoría externa para comprobar las cuentas. Sus socios piden acabar con la sangría. Exigen explicaciones, contundencia, algunos solicitan la comparecencia del presidente en el Congreso, pero mandan un mensaje al PP y Vox, seguimos apoyando al gobierno de coalición. ¿Pedro Sánchez podrá cumplir su palabra? El PSOE debe mover ficha.
Nada será igual hasta el fin de la legislatura. El PP y Vox no cejarán en el empeño de derribar el gobierno. Todo por decidir.
Los audios de la corrupción en el entorno de Sánchez ponen en jaque al gobierno
Arrecian las críticas al presidente del gobierno español; ofrece auditoría
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 14 de junio de 2025, p. 19
Madrid. Las grabaciones aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta corrupción en el corazón del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en el núcleo duro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmaron la existencia de una trama que se remonta a 2014, cuando sólo operaba en Navarra, y que se extendió a raíz de la llegada al poder del mandatario y sus tres colaboradores involucrados en la red: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
Mientras más se escuchan y reproducen los audios, en los que hablan de las comisiones o “mordidas” que tenían que repartirse, arrecian las críticas al presidente por su comparecencia de esta semana, en la que se limitó a pedir perdón y anunció una auditoría externa de las cuentas del partido para confirmar que no ha habido un financiamiento irregular, una sospecha que se desprende de la propia investigación.
Nunca antes se había desnudado con tanta crudeza una red de corrupción política en España en el corazón mismo de la presidencia del gobierno. Sánchez asumió el poder en la moción de censura de 2018 y junto a él llegaron sus tres principales colaboradores, con quienes recorrió el país para convencer a las bases de su partido de las bondades de su proyecto.
A José Luis Ábalos lo nombró secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, que es además el que más recursos de obra pública maneja. A Koldo García, asesor de Ábalos, pero en realidad fungía como el operador en la sombra de la red corrupta. Y, finalmente, Santos Cerdán, el último en caer y quien se presentaba como el hombre de mayor confianza del presidente Sánchez, fue nombrado secretario de Organización del PSOE tras la defenestración de Ábalos y, antes de eso, se le encomendó la negociación con los independentistas catalanes y el ex presidente Carles Puigdemont, y con los diputados de Bildu para alcanzar los votos para su investidura.
Las grabaciones se incorporaron al amplio informe, de más de 500 páginas, y en las últimas horas se han reproducido como la pólvora en los medios de comunicación. En ellos se escuchan con nitidez frases como el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y a mí me debe 130 más otros 100.
Algunos de sus aliados parlamentarios, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclaman su comparecencia en el Parlamento. En el PSOE surgen voces críticas, como la del alcalde de León, José Antonio Diez, quien afirmó que no se puede mirar hacia otro lado, diciendo que no sé nada o que las responsabilidades son de otros.
Pedro Sánchez juega con fuego
Beñat Zaldua
No es fácil seguir la política española. La desconexión respecto a las tendencias globales la hace a menudo ininteligible. Europa entera está buscando su sitio en un mundo que cambia, su padrino americano se ha pasado al lado de los adversarios, se debate un rearme de consecuencias desastrosas, los autoritarismos y la extrema derecha avanzan al galope mientras se asiste en vivo y en directo a un genocidio diario y se avanza hacia una guerra total en Oriente Próximo. El mundo arde, literalmente, pero Madrid mira absorto a la cerilla que prende en su mano.
Es un ecosistema político casi cerrado con unos métodos de financiación que, por lo que se ve, no han cambiado desde el siglo XIX. La adjudicación de obra pública a cambio de comisiones al partido de gobierno en turno es una constante en la que han caído todos los partidos sistémicos que han gestionado grandes instituciones públicas durante un periodo relevante. El PSOE no es una salvedad.
La semana ha sido horrible para el Partido Socialista. Empezó con el cierre de la instrucción contra el fiscal general del Estado (figura similar a la del Procurador General), en una causa de lawfare de manual que lo sentará en el banquillo de los acusados. La instrucción ha corrido a cargo del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que salvó al ex presidente del PP Mariano Rajoy del caso sobre la caja B del partido –pese a que el tesorero, Luis Bárcenas, tenía pagos anotados a un tal M. Rajoy–. Ahora, y en el país de las filtraciones, Hurtado sostiene sin pruebas de peso que el fiscal filtró a la prensa la confesión de fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP. Nunca pierdan de vista el nombre de la auténtica embajadora del trumpismo en España. El líder de Vox, Santiago Abascal, es un espantapájaros a su lado.
Con la Fiscalía General fuera de combate, el jueves llegó el golpe de gracia. Un informe de la Guardia Civil implicó al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en un supuesto caso de comisiones ilegales que puede ser bastante más serio y que, conocidos los usos y costumbres de la política española, tiene a priori más visos de veracidad. La dimisión fue fulminante. Es el segundo secretario de organización que cae en cuatro años. El momento para Pedro Sánchez es delicado, y en la recámara aguardan las investigaciones prospectivas sobre su mujer y su hermano, otros casos que se antojan prefabricados.
Si se han perdido, es normal. Resumen: dos procesos de lawfare colgados de un alambre y uno de comisiones que puede derivar en un caso de financiación ilegal que se antoja más real. De fondo, un Estado profundo que, con poderosos tentáculos como el Poder Judicial y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tiene declarada la guerra al gobierno de Sánchez y, sobre todo, a la mayoría plurinacional de izquierdas que lo sostiene.
A modo de pista, la directriz del ex presidente José María Aznar contra el gobierno: El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva.
Ésta es la fotografía presente, que sería otra si el PP hubiese logrado una gran movilización el domingo en la concentración que convocó en Madrid bajo el lema Mafia o democracia. La coreografía estaba preparada para que los escándalos de esta última semana cayesen sobre el lecho de decenas de miles de manifestantes pidiendo elecciones. Pudo haber sido el final de Pedro Sánchez, pero el pinchazo de la derecha le da aire y ánimo para resistir, su especialidad. No tiene otra opción responsable.
Uno de los problemas del PP es que tiene un líder, Alberto Núñez Feijóo, que en una manifestación contra la mafia –del PSOE, se entiende–, no menciona la palabra mafia en su discurso por temor a que le recuerden, una vez más, su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Hay más. El PP todavía aguarda el juicio del caso Kitchen, que juzga la maniobra conjunta del PP y la policía para eliminar las pruebas sobre la caja b del partido. Ayuso tampoco está en su mejor momento, con su novio imputado por fraude fiscal tras un escandaloso enriquecimiento por la venta de mascarillas durante la pandemia, y con los juzgados investigando los protocolos de la vergüenza, que dejaron morir desatendidas a 7.291 personas mayores durante el covid 19. La derecha española no está para dar lecciones.
Feijóo es un hombre con carácter, pero sin carisma, atrapado en una contradicción: lo que necesita para mantenerse al frente del PP es lo contrario de lo que necesita para llegar a la presidencia del gobierno. La suma de las derechas españolas, en unas elecciones ordinarias, no es suficiente. Feijóo necesita acercarse a PNV y Junts, las derechas vasca y catalana, para anular al PSOE, pero esa apertura soliviantaría a la extrema derecha de Vox y, sobre todo, a Ayuso, que aguarda su momento. Feijóo es un hombre atrapado que sólo el PSOE, con algún error mayúsculo que desmovilice a la izquierda, puede salvar. Esa opción, irresponsable e imperdonable, ha dado un paso de gigante esta semana.
