▲ Un momento de juego en medio de la destrucción de las bombas israelíes al oeste de Jabaliya, en el norte de la franja de Gaza.Foto Afp
Afp, Europa Press y Sputnik
Periódico La Jornada Martes 17 de junio de 2025, p. 23
Jerusalén. El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, subrayó ayer que las tragedias no cesan en la franja de Gaza, aunque la atención se desplace a otro sitio en plena escalada militar entre Israel e Irán.
En este sentido, recordó que persisten las restricciones en el envío de ayuda y suministros básicos mientras la lista de asesinados y heridos aumenta cada día, con incidentes que afectan a personas hambrientas que intentan conseguir algo de comida del letal sistema de distribución establecido por las autoridades israelíes en Gaza.
Los civiles siempre son las primeras víctimas y los que más sufren, lamentó Lazzarini, quien apeló a la voluntad, el liderazgo y la valentía política a fin de avanzar hacia una paz duradera.
En el frente, la ofensiva israelí dejó unos 68 muertos, casi la mitad de ellos cerca de un sitio de distribución de ayuda administrado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) que se sumaron a los 55 mil 432 decesos y 128 mil 923 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, reportó el ministerio de Salud gazatí. En tanto, Tel Aviv replegó parte de sus tropas en Palestina a fin de movilizarlas a zonas cercanas a la frontera con Egipto y Jordania, a medida que aumenta la tensión en la región frente a los ataques con Irán.
El ejército israelí detalló que cuatro divisiones que se encontraban desplegadas en el enclave, entre ellas una formación de élite de paracaidistas y varias unidades de las fuerzas especiales, fueron movilizadas de Jan Yunis para su envío a otras zonas en el marco del conflicto con Teherán, aunque aseguró que miles de efectivos continuarán en territorio palestino.
En adición, Israel expulsó a Jordania a los tres últimos pasajeros del barco Madleen, que interceptaron el pasado día 9 con lanchas rápidas de su armada cuando iba rumbo a Gaza, anunció el ministerio israelí de relaciones exteriores.
“Los tres últimos participantes del Selfie Yacht fueron transferidos esta mañana (ayer) a Jordania a través del paso de Allenby”, anunció en un comunicado en el que precisó que se trataba de dos franceses y de un neerlandés.
La sueca Greta Thunberg, ícono de la lucha contra el cambio climático, y otros tres pasajeros, aceptaron que los expulsaran inmediatamente, mientras ocho estuvieron retenidos por las autoridades israelíes, hasta que comparecieran ante un tribunal de migración y fueron expulsados.
El gobierno francés bloqueó el acceso de cinco fabricantes israelíes de armamento a una feria de expositores de armas ofensivas, durante una importante convención aeroespacial al norte de París, en momentos en que la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó a los países de la Unión Europea de hipocresía y de inacción ante la situación catastrófica que se vive en el enclave.
Los estandes de Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael, Uvision, Elbit y Aeronautics en la muestra Paris Air Show, amanecieron cubiertos por lonas negras que impedían su acceso, a lo que el gobierno israelí denunció en un comunicado que es una decisión escandalosa y sin precedente, que crea una segregación contra Tel Aviv.
Las empresas israelíes han firmado contratos con los organizadores, pagaron (...) La acción de negarles el acceso es como crear un gueto israelí, denunció el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la televisión francesa LCI.
EU: desaparecen personas tras las razias, revela The Cato Institute
▲ Una mujer escapa de una redada policial durante una protesta del fin de semana, en Los Ángeles.Foto Ap
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 17 de junio de 2025, p. 24
Nueva York y Washington., El gobierno de Donald Trump ordenó intensificar las detenciones de indocumentados en las principales ciudades del país, acusando que sus gobiernos demócratas –que abren las fronteras a extranjeros– son parte de un complot de izquierda radical con el propósito de destruir a este país, a excepción de las industrias agrarias, hoteles y restaurantes, incluyendo tácticas que algunos consideran desapariciones.
Operaciones de captura y detención de inmigrantes de alto perfil–algunas manejadas como si fueran espectáculo– en diferentes ciudades y pueblos del país, se realizan por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y agentes de Investigaciones de Seguridad Interna, HSI, con rostros cubiertos y rehusando mostrar identificación oficial que incluya nombre y número, como si fueran operaciones clandestinas.
Pero en algunos casos se emplean tácticas aún más extremas que el periodista Jonathan Blitzer, de The New Yorker, califica de desapariciones. Explica que no hay documentación real sobre la evidencia que se está utilizando contra la gente acusada de ser parte de pandillas, y hemos visto a personas básicamente ser desaparecidas sin ninguna rendición de cuentas. Afirma que algunos de éstos ya estaban dentro del sistema de tribunales de migración y que de repente se esfuman de los registros... en tiempo real.
Blitzer agrega que lo anterior está sucediendo con personas sin ningún antecedente criminal, que ingresaron a este país bajo las reglas e instrucciones del momento, esperando una audiencia ante un juez sobre sus casos de asilo. “Pero el gobierno de Trump ha interrumpido dichas condiciones y propala que no les importa, que acusarán a quien sea –con evidencia no demostrable– de pertenecer a una pandilla criminal, y con ello justifican enviarte a una prisión a donde ya no hemos visto ni escuchado más de estos hombres.
“Estamos entrando en un terreno que, pienso, no tiene precedente. Todo, sin importar la condición legal de cada acusado ni obedecer los tribunales o el proceso debido. Eso es nada menos que la suspensión del imperio de ley…. Y eso, eventualmente, afectará a todo estadunidense…. Es espantoso.”
De hecho, David Bier, director de investigaciones sobre migración del conservador The Cato Institute, revisó las casos de 240 venezolanos enviados por el gobierno de Trump a la famosa megaprisión en El Salvador, y descubrió que por lo menos 50 de ellos llegaron a Estados Unidos con documentos y jamás violaron las leyes migratorias.
El mayor problema para el presidente y su gobierno es que, en sentido contrario a la retórica oficial, no hay tantos migrantes con historial criminal violento. De hecho, los indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos de Estados Unidos. Aunque el gobierno ha repetido que su principal objetivo es detener y deportar a criminales, menos de 10 por ciento de las personas sin papeles de residencia detenidas por ICE desde octubre del año pasado han cometido delitos graves, reportó CNN.
Mientras, Trump ha dejado mareados a los expertos, periodistas y seguramente a sus propios oficiales al emitir órdenes contradictorias en los cinco días recientes.
Trump ordenó a las autoridades de migración hacer todo dentro de su poder para la importante meta de lograr el programa de deportación masiva más grande de historia. Para ello, instruyó que las autoridades amplíen los esfuerzos para “detener y deportar a extranjeros ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York”. Ese mensaje se dio el domingo, un día después de que en esas ciudades –con gobiernos demócratas– tuvieron lugar algunas de las marchas más numerosas en el día de más de 2 mil actos para manifestar el repudio al gobierno de Trump en el país.
Todo indica que no hay un consenso dentro de su gobierno sobre este tema, ya que el arquitecto de su política antimigrante Stephen Miller, su secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, y el llamado zar fronterizo insisten en que continuarán las redadas donde se asientan los indocumentados, pero su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y otros de su gabinete económico –y el propio presidente– están recibiendo quejas de sectores empresariales que dependen de la mano de obra migrante.
El miércoles y jueves de la semana pasada, Trump ordenó suspender investigaciones y operaciones antimigrantes en la industria agraria (se calcula que 42 por ciento de los jornaleros agrarios son indocumentados), restaurantes y hoteles, ya que empresarios de esas ramas declararon que las medidas del Ejecutivo estaban teniendo un impacto negativo sobre productividad.
Ahora, varios legisladores federales latinos del Partido Republicano enviaron una carta al jefe interino de ICE solicitando que se dé prioridad a la detención y deportación de migrantes condenados por delitos graves.
Los espectáculos de alto perfil de persecución, y a veces detención violenta de migrantes, sigue teniendo el efecto deseado de aterrorizar comunidades tanto en ciudades, pueblos como en zonas rurales. No obstante, circulan cada vez más escenas de protesta, condena y hasta confrontación de los vecinos con los agentes. A la vez, las comunidades migrantes están empleando sus organizaciones, medios y redes para alertar, educar y defenderse, logrando frustrar y obstaculizar estos operativos, y, por lo menos, obligando a las autoridades a respetar ciertos derechos legales básicos.
Más aún, las cada vez más intensas respuestas de repudio a las razias están preocupando a políticos republicanos, considerando que han detonado un movimiento tal vez más grande de lo que ellos esperaban en lugares como Los Ángeles. Por ejemplo, en un partido de beisbol en el estadio de los Dodgers, la cantante Nezza, invitada para entonar el tradicional himno nacional con que se inician los partidos, decidió ofrecer la versión en español (comisionada por el presidente Franklin Roosevelt, en 1945) a pesar de que se le ordenó a hacerlo en inglés. Lo hizo, dijo, en solidaridad con los migrantes y en protesta por las redadas. Unos días antes, en el estadio de futbol de LAFC en la misma ciudad, el público sacó mantas enormes con mensajes de solidaridad con los extranjeros y corearon consignas contra de ICE.
España: pese a escándalo en el PSOE, Pedro Sánchez confirma que no dimitirá
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Martes 17 de junio de 2025, p. 23
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, confirmó ayer que continuará en el cargo y que no presentará su dimisión ni convocará a realizar elecciones anticipadas. Mi deber como capitán es tomar el timón y capear la tormenta, declaró en una comparecencia ante los medios tras una reunión de casi cinco horas con la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Tras la reunión con la dirección del PSOE –integrada en su mayoría por figuras alineadas con su proyecto político–, Sánchez anunció que comparecerá ante el Congreso de los Diputados para explicar la situación e iniciará una ronda de consultas con sus socios parlamentarios, entre ellos Sumar (su aliado de gobierno), los nacionalistas catalanes y vascos (ERC, Junts, PNV, EH Bildu), los cuatro diputados restantes de Podemos y el parlamentario de Coalición Canaria (CC).
Podemos, que ahora lidera la eurodiputada Irene Montero, rechazó la invitación y expresó que Sánchez no está legitimado para continuar al frente del Ejecutivo.
El jefe del gobierno también se comprometió a promover una comisión de investigación parlamentaria sobre la red de corrupción que involucra directamente a miembros de su entorno más cercano, entre ellos Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y también ex secretario de Organización del PSOE, ambos señalados por la investigación policial.
Sánchez denunció ser blanco de una campaña de acoso promovida por sectores de la ultraderecha que no obedecen a ninguna verdad.
También se refirió explícitamente a una parte de las grabaciones que obtuvo la policía, en las que sus ex colaboradores mencionan la contratación de trabajadoras sexuales de lujo: Me dirijo especialmente a las mujeres para decirles que esos audios nos repugnan.
En el mismo contexto, se concretó la renuncia al acta de diputado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido y uno de los principales operadores políticos de Sánchez. Aunque tenía previsto hacerlo el pasado viernes, formalizó su salida hasta ayer, lo que le otorgó tres días adicionales con fuero y, con ello, la posibilidad de eliminar pruebas en medio de una de las tramas de corrupción más graves de las recientes décadas.
