La política antimigrante impide que trabajadores denuncien abusos, alertan
▲ La Coalición de Trabajadores de Immokalee ha logrado que empleados agrícolas en Estados Unidos tengan descansos cada dos horas y vayan a la sombra donde toman agua con electrolitos para evitar una sobrexposición al sol.Foto cortesía del programa Comida Justa
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Domingo 24 de agosto de 2025, p. 15
Nueva York y Washington., Marco Antonio Hernández Guevara no debería haber muerto. El jornalero, como tantos más, vino a Estados Unidos para trabajar en los campos de Florida y apoyar a su esposa y tres hijas en México. Ahora regresará a su país para su funeral y aunque la causa de muerte técnicamente fue insolación, la razón de fondo fue la falta de protecciones y normas para los trabajadores agrícolas, las cuales existen y salvan vidas todos los días para quienes laboran bajo el programa Comida Justa.
La granja donde se desempeñaba Hernández Guevara no es parte del programa Comida Justa, que establece protecciones y normas laborales para miles de jornaleros impulsadas por la Coalición de Trabajadores Immokalee y que ha transformado las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de unos 13 estados y que ahora es un modelo que están adoptando en otras partes de Estados Unidos así como en varios otros países (desde Chile a Sudáfrica).
La insolación
A fines de la semana pasada llegó la noticia de que un jornalero de la zona de Immokalee había sido transportado a un hospital en la cercana ciudad de Naples, donde estaba en coma. Su esposa pudo llegar desde México gracias al apoyo eficaz del cónsul de protección, José Manuel Murillo Valencia, en la representación diplomática de México en Miami, para estar a su lado durante sus últimas horas, en espera de un milagro que no llegó.
Todo esto ocurrió en un contexto donde los trabajadores enfrentan una ola antimigrante oficial que también nutre un clima hostil en todo el país, con autoridades que dan prioridad a redadas, retenes y la construcción de campos de concentración, incluido el llamado Alcatraz de los caimanes, que no está tan lejos de los campos de la zona de Immokalee.
Por lo tanto, los trabajadores están en situaciones cada vez más vulnerables. En los campos donde no tienen protecciones ni un programa como el de Comida Justa, cada vez menos se atreven a presentar quejas sobre sus condiciones laborales.
De hecho, en el caso de Hernández Guevara, de 35 años de edad y originario de San Luis Potosí, no se trataba de un trabajador indocumentado, sino alguien que llegó cumpliendo todas las reglas. Él ya había completado un contrato como empleado huésped (conocido como la visa H2-A) en mayo, y regresó a Florida en agosto con un segundo contrato, todo para hacer el trabajo esencial de cosechar alimento para los estadunidenses y enviar fondos para sostener a su familia y a su país.
Lucas Benítez, un cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, en entrevista con La Jornada, comentó que este caso resalta algo demasiado común. La muerte en sí no fue resultado de un asunto político ni algún problema de los gobiernos, sino “de un problema sistémico que ha tenido la industria agrícola en general, en particular aquellas empresas que se benefician con el trabajo de la gente del el campo –los supermercados, las grandes cadenas de restaurantes y productoras– que se niegan a ser parte de los acuerdos del programa Comida Justa”.
Benítez subrayó que el caso de Hernández Guevara “es un ejemplo, porque en el rancho donde ocurrió esta pérdida humana no existe el programa Comida Justa. En los campos que están bajo el plan de apoyo hasta el día de hoy no hemos tenido un solo reporte de un caso de este tipo de insolación.
“Eso es porque esos trabajadores están siendo protegidos, se les dan descansos cada dos horas, toda la maquinaria se apaga y los agricultores se van a la sombra donde toman agua con electrolitos”.
Que un trabajador agrario se enferme por insolación no es nada inusual, de hecho, con el cambio climático las condiciones de calor sólo han empeorado cada año. Investigaciones recientes con estadísticas federales revelan que los jornaleros agrarios tienen 35 veces más probabilidad de morir por calor que trabajadores en otros sectores.
Enfermos por miles
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos calcula que más de 33 mil 890 trabajadores sufrieron enfermedades relacionadas al calor entre 2011 y 2022, y casi mil de ellos murieron. Pero hoy hay estadísticas precisas sobre esto y muchos de estos casos no se reportan.
Con la llegada del gobierno de Donald Trump, expertos y trabajadores pronostican que las condiciones laborales para jornaleros y los de construcción empeoraron como resultado del rechazo oficial de regulaciones vinculadas al cambio climático, como también la ofensiva contra regulaciones de todo tipo, incluidas las laborales.
Por ello, el programa Comida Justa establece normas que considera derechos dentro de sus acuerdos entre trabajadores, granjeros y las grandes cadenas de restaurantes y supermercados que compran el producto, iniciativa lanzada en 2010. El proyecto ha transformado por primera vez las condiciones laborales de miles de jornaleros, entre ellos su derecho a protecciones contra el calor y frenar el hostigamiento laboral y sexual, procesar la resolución de quejas e incrementar sus ingresos económicos.
[https://fairfoodprogram.org/wp-content/uploads/2025/08/FFP-2024-SOTP-DIGITAL-2.pdf]
Bajó la pobreza porque apoyamos a los que menos tienen: Sheinbaum
En gira a Guerrero, revisa avances de Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo
▲ La recuperación del puerto es un mensaje de esperanza para el país, afirmó la mandataria ante acapulqueños.Foto Presidencia
Héctor Briseño Corresponsal y Redacción
Periódico La Jornada Domingo 24 de agosto de 2025, p. 3
Tras la devastación que dejaron en el puerto de Acapulco los huracanes Otis (2023) y John (2024), “el gobierno estuvo cerca, como deben estar los gobernantes que aman a su pueblo y no abandonan; que dan y que no quitan”, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar el abanderamiento del buque Marinabús Acapulco 1.
Más tarde, al constatar los avances del Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo en Tlachistlahuaca, resaltó que en México salieron de la pobreza 13.5 millones de personas porque se apoya a los que menos tienen; tan sólo este año, se destinan 850 mil millones de pesos para programas sociales, puntualizó.
Por la mañana, indicó que el puerto “está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país: ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno”, recalcó.
En el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que el Marinabús, operado por la Secretaría de Marina, es un símbolo “de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos”.
Destacó que con el programa Acapulco se Transforma Contigo se ha avanzado en obras concretas en 11 meses. Entre ellas, más de 250 mil viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación y reconstrucción; además de que fueron reparados escuelas y hospitales.
También explicó que está en proceso la contratación de la rehabilitación de la planta de tratamiento Renacimiento y colectores marginales, para evitar inundaciones y contaminación. Asimismo, se trabaja en el Acueducto Chapultepec, para dotar de agua a la zona poniente de Acapulco, en beneficio de más de 60 mil habitantes.
En Tlachistlahuaca, Guerrero, Sheinbaum destacó que “después de 36 años que aumentó la pobreza en el país”, de 2018 a 2024 se dio la mayor reducción de este flagelo en la historia, porque se gobierna distinto: “no para unos cuantos, es para lo que menos tienen”.
Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, explicó que en esta población la pobreza disminuyó 9.5 puntos porcentuales, al pasar de 70.3 en 2018, a 60.8 por ciento en 2024, lo que equivale a que medio millón de personas de comunidades originarias mejoraron sus condiciones de vida.
La Presidenta destacó que no sólo da continuidad a los planes de justicia para pueblos indígenas y afrodescendientes, que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que “abrimos nuevos” y sus habitantes eligen lo que requieren en salud, educación, caminos, cultura y servicios.
Ceteg bloquea el paso al titular de la SEP
En el contexto de la gira presidencial, integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) bloquearon el paso del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, al acto en Tlachistlahuaca y le reclamaron la falta de diálogo, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales.
“Si no hay solución, haremos el plantón”, corearon los docentes.
Tras reiterar a Delgado su demanda de abrogación de la Ley del Issste 2007, el funcionario ofreció recibirlos el martes en la SEP: “nada más ustedes se ponen de acuerdo, yo no quiero tener problemas después con la maestra Elvira (Veleces, lideresa de la Ceteg)”.
Recaudación: logros y obstáculos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que propondrá una serie de reformas para reforzar el combate a las empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes o simuladas para engañar a las autoridades fiscales con el fin de eludir el pago de impuestos. Asimismo, reiteró que por el momento no contempla la posibilidad de crear nuevos gravámenes ni subir los existentes, pues el cierre de espacios de evasión basta para aumentar los ingresos tributarios.
Las declaraciones de la mandataria son respaldadas por datos: en los primeros siete meses de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró un incremento de 7.2 por ciento en la recaudación con respecto al mismo periodo de 2024. Su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, consiguió mediante auditorías que los grandes contribuyentes (aquellos cuyos ingresos anuales rebasan los mil 500 millones de pesos) pasaran de tributar 500 mil millones de pesos entre 2013 y 2018 a 1.3 billones entre 2019 y el primer semestre de 2024, un salto de 110 por ciento, y en conjunto llevó a un aumento de 3.2 billones en la recaudación, gracias a lo cual se desplegó el mayor gasto en bienestar social en la historia de México.
En cuanto a la descartada reforma fiscal, debe considerarse que factores como el envejecimiento demográfico desaconsejan postergar el debate en torno a un rediseño que sustituya el actual modelo tributario neoliberal por uno progresivo, en el cual paguen más quienes más tienen y se garantice la sostenibilidad de los programas sociales que son pilar del combate a la pobreza y la exclusión. Sin embargo, como señaló la mandataria, de nada sirve crear o aumentar impuestos cuando los gobernantes facilitan la evasión por parte de los dueños de grandes capitales: Ernesto Zedillo (1995), Felipe Calderón (2010) y Peña Nieto (2014) aplicaron incrementos al IVA, y los dos últimos lo hicieron también al impuesto sobre la renta, sin que ello se reflejara en mejoras recaudatorias como las experimentadas desde el sexenio pasado. Lo que es peor, los políticos del prianismo aumentaron la captación tributaria a expensas de las mayorías, pues el IVA es un impuesto claramente regresivo, es decir, que afecta de manera desproporcionada a las personas de menores ingresos.
Aunque en la actualidad el Ejecutivo y el Legislativo trabajan para incrementar la recaudación sin subir impuestos, México todavía padece el sabotaje del Poder Judicial. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación una sentencia de noviembre de 2022 en la cual invalida la inclusión de delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada y prohíbe dictar prisión preventiva oficiosa a las personas acusadas de este ilícito.
El aberrante fallo cercena facultades a las autoridades para actuar contra los evasores y regala a éstos la oportunidad de sustraerse a la acción de la justicia. Dado que la judicialización de los delitos fiscales se dirige de manera casi exclusiva a los grandes contribuyentes, es inocultable que, con su voto favorable, los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma Lucía Piña Hernández protegen a una oligarquía rapaz al mismo tiempo que atentan contra decenas de millones de mexicanos al privar al Estado de los haberes tan urgentes en rubros como salud, educación, vivienda, seguridad pública y pensiones.
No puede pasarse por alto que el ponente de este ataque a la nación es Luis María Aguilar Morales, el mismo ministro que atrajo de forma indebida el expediente de una empresa que adeuda más de 25 mil millones de pesos al fisco. Además de violar la jurisprudencia al tomar en sus manos un asunto que debían resolver tribunales colegiados, Aguilar mantuvo el expediente paralizado, con lo que permitió a la compañía privada burlar sus obligaciones y privó al pueblo de México de recursos esenciales. Tanto el ex ministro presidente (2015-2018) como los mencionados arriba pertenecen al bloque conservador que dejará el máximo tribunal dentro de una semana, y cabe esperar que sus remplazantes dejen en el pasado las sentencias obsequiosas con magnates y grandes corporaciones.
