Fotos Roberto García Ortiz, Ap y Afp Foto autor
Fernando Buen Abad Domínguez
24 de agosto de 2025 00:03
¿Qué se oculta tras el significante narcoestado? Desde los dispositivos del imperialismo mediático y sus maquinarias de guerra simbólica, que integran un arsenal de dominación, el epíteto de narcoestado ha sido resignificado, instrumentalizado. No se trata simplemente de una categoría que describe una forma de gobierno penetrado por circuitos de narcotráfico, sino que ha sido reconfigurada como arma semiótica estratégica.
Lo que se acusa como narcoestado en contextos democráticos, populares y antimperialistas responde a una arquitectura de manipulación en la que el signo, el símbolo y la semiosis son utilizados para justificar desestabilización, intervención o aniquilación política.
No se trata de negar la existencia del narcotráfico ni de ocultar sus vínculos con estructuras estatales. Se trata de no permitir que el imperialismo convierta ese fenómeno complejo en un arma de transferencia y ocultamiento de sí. No se puede enfrentar sólo con argumentos, sino con organización política, formación crítica y batalla simbólica.
Esa operación no nace de un análisis riguroso ni de una voluntad real de lucha contra el crimen trasnacional, sino de la dictadura geopolítica y comunicacional del imperio interesado en fabricar enemigos funcionales. Es una categoría cuya performatividad no reside sólo en su contenido empírico, sino en su capacidad de operar efectos en la subjetividad pública: instalar la sospecha, deslegitimar gobiernos populares, justificar bloqueos económicos, promover sanciones internacionales y allanar el camino a golpes blandos, duros o híbridos.
Tal uso del epíteto narcoestado nos exige desmontar sus estructuras de producción, circulación e interpretación. Este signo no es un reflejo pasivo de una realidad; es una construcción activa, intencionada, fundada en relaciones de poder. Se trata de una forma ideológica mediada por intereses de clase que intervienen en la producción simbólica; rentablemente, es un negocio que también disputa sentido.
Entendamos que la burguesía imperialista no sólo produce mercancías, controla mercados y fija precios; produce también conceptos, imágenes, narrativas: produce significados. Y el narcoestado es uno de ellos. Su construcción semiótica obedece a necesidades concretas del capital financiero trasnacional en su fase decadente, desesperada por controlar territorios, recursos naturales y subjetividades.
La ofensiva semiótica narcoestado no flota en un vacío ideológico. Su significado está determinado por la posición desde la cual se emite y por la finalidad que persigue. Cuando esta categoría es activada por centros de poder como Washington, la OTAN o conglomerados mediáticos trasnacionales, no designa sólo un fenómeno criminal objetivo e inducido, sino un blanco político. Es una semiotización de la guerra, que es negocio imperial.
Es una guerra semiótica que acusa a Venezuela, Bolivia, Nicaragua o incluso a México de ser narcoestados. No están motivadas por una pulcritud legalista, sino por una ingeniería semiótica bélica, para justificar invasiones. Se trata de generar un “consenso fabricado” (Chomsky) en el cual los estados que se resisten a la hegemonía imperial aparezcan como entidades criminales, fallidas o directamente mafiosas.
Tal estrategia se funda en una mutación semántica y se despoja al concepto de narcoestado de su complejidad histórica y de los hechos concretos que no dejan de existir, pero se le vacía de contenido material. Nunca se transparenta el financiamiento del narco. Así, el signo se vuelve flotante, disponible para ser pegado a cualquier gobierno que moleste al capital.
De este modo, la semiosis imperial funciona como una máquina de adhesión significante: el significante narcoestado puede aplicarse a quien sea, basta con un informe sin pruebas, un testimonio fabricado, una noticia amplificada. Una escena fake prefabricada y multidifundida. La fabricación del enemigo semiótico responde a una lógica de polarización: de un lado, los “estados democráticos y civilizados” que luchan contra las drogas; del otro, los narcoestados populistas que las promueven. Esta dicotomía, con base empírica amañada, reconfigura la cartografía política del continente.
Una ofensiva semiótica narcoestado no sólo intoxica con prejuicios al mundo entero, también performa. Tiene efectos materiales terribles: permite congelar activos, bloquear cuentas, impedir acuerdos comerciales, prohibir vuelos, justificar invasiones. El imperio no describe una realidad, la instituye. Construye un mundo en el cual la acción coercitiva aparece como legítima.
El fetiche narcoestado es una mercancía semiótica lista para el consumo masivo. Tiene envolturas mediáticas, distribución trasnacional y consumo garantizado. Y una semiósfera de todos los morbos violentos recalentada largamente en los fogones mediáticos serviles al imperio.
Su plan incluye inyectar miedo, desconfianza hacia sus propios líderes, desmovilización, fragmentación de la conciencia colectiva. Desarticular el lazo simbólico entre pueblo y Estado, entre proyecto nacional y voluntad popular.
En este sentido, el narcoestado es también golpe de estado simbólico, ayudados por súbditos del signo imperial disfrazados de “informes de derechos humanos”, reportajes periodísticos, documentales, redes sociales, memes. Son los canales por donde circula el significante. Infestan todo con datos falsos manipulados, testimonios de desertores, listas de sanciones, informes “técnicos” sin rigor metodológico. Dispositivos de anclaje para dar veracidad al montaje.
Nunca se aplica a Estados Unidos, el mayor consumidor y vendedor de drogas del planeta y uno de los principales lavadores de dinero sucio por medio de sus bancos, además del trafico de personas y de infestar con armas al planeta. ¿Por qué no se llama narcoestado al Estado que diseñó el Plan Cóndor, al que organizó el Irán-Contra? ¿Al que protegió a Los Zetas, entrenó paramilitares, financió cárteles para desestabilizar gobiernos?
En la era de la guerra cognitiva, el signo es el primer campo de batalla. Debemos construir epistemologías que desenmascaren las estrategias del narcoestado y desenmascarado como maniobra.
Eso es tarea urgente de toda revolución comunicacional y de conciencias que sea capaz de asumir, con seriedad científica, el estado actual de las agresiones imperiales, y sea capaz, también, de ver con objetividad cómo la ofensiva mediática, contra toda soberanía, tiende a empeorar.
Y mientras hay algunos excelentes comentaristas del desastre que se avecina. ¿Nos quedaremos quietos?
Fernando Buen Abad Domínguez
24 de agosto de 2025 00:03
¿Qué se oculta tras el significante narcoestado? Desde los dispositivos del imperialismo mediático y sus maquinarias de guerra simbólica, que integran un arsenal de dominación, el epíteto de narcoestado ha sido resignificado, instrumentalizado. No se trata simplemente de una categoría que describe una forma de gobierno penetrado por circuitos de narcotráfico, sino que ha sido reconfigurada como arma semiótica estratégica.
Lo que se acusa como narcoestado en contextos democráticos, populares y antimperialistas responde a una arquitectura de manipulación en la que el signo, el símbolo y la semiosis son utilizados para justificar desestabilización, intervención o aniquilación política.
No se trata de negar la existencia del narcotráfico ni de ocultar sus vínculos con estructuras estatales. Se trata de no permitir que el imperialismo convierta ese fenómeno complejo en un arma de transferencia y ocultamiento de sí. No se puede enfrentar sólo con argumentos, sino con organización política, formación crítica y batalla simbólica.
Esa operación no nace de un análisis riguroso ni de una voluntad real de lucha contra el crimen trasnacional, sino de la dictadura geopolítica y comunicacional del imperio interesado en fabricar enemigos funcionales. Es una categoría cuya performatividad no reside sólo en su contenido empírico, sino en su capacidad de operar efectos en la subjetividad pública: instalar la sospecha, deslegitimar gobiernos populares, justificar bloqueos económicos, promover sanciones internacionales y allanar el camino a golpes blandos, duros o híbridos.
Tal uso del epíteto narcoestado nos exige desmontar sus estructuras de producción, circulación e interpretación. Este signo no es un reflejo pasivo de una realidad; es una construcción activa, intencionada, fundada en relaciones de poder. Se trata de una forma ideológica mediada por intereses de clase que intervienen en la producción simbólica; rentablemente, es un negocio que también disputa sentido.
Entendamos que la burguesía imperialista no sólo produce mercancías, controla mercados y fija precios; produce también conceptos, imágenes, narrativas: produce significados. Y el narcoestado es uno de ellos. Su construcción semiótica obedece a necesidades concretas del capital financiero trasnacional en su fase decadente, desesperada por controlar territorios, recursos naturales y subjetividades.
La ofensiva semiótica narcoestado no flota en un vacío ideológico. Su significado está determinado por la posición desde la cual se emite y por la finalidad que persigue. Cuando esta categoría es activada por centros de poder como Washington, la OTAN o conglomerados mediáticos trasnacionales, no designa sólo un fenómeno criminal objetivo e inducido, sino un blanco político. Es una semiotización de la guerra, que es negocio imperial.
Es una guerra semiótica que acusa a Venezuela, Bolivia, Nicaragua o incluso a México de ser narcoestados. No están motivadas por una pulcritud legalista, sino por una ingeniería semiótica bélica, para justificar invasiones. Se trata de generar un “consenso fabricado” (Chomsky) en el cual los estados que se resisten a la hegemonía imperial aparezcan como entidades criminales, fallidas o directamente mafiosas.
Tal estrategia se funda en una mutación semántica y se despoja al concepto de narcoestado de su complejidad histórica y de los hechos concretos que no dejan de existir, pero se le vacía de contenido material. Nunca se transparenta el financiamiento del narco. Así, el signo se vuelve flotante, disponible para ser pegado a cualquier gobierno que moleste al capital.
De este modo, la semiosis imperial funciona como una máquina de adhesión significante: el significante narcoestado puede aplicarse a quien sea, basta con un informe sin pruebas, un testimonio fabricado, una noticia amplificada. Una escena fake prefabricada y multidifundida. La fabricación del enemigo semiótico responde a una lógica de polarización: de un lado, los “estados democráticos y civilizados” que luchan contra las drogas; del otro, los narcoestados populistas que las promueven. Esta dicotomía, con base empírica amañada, reconfigura la cartografía política del continente.
Una ofensiva semiótica narcoestado no sólo intoxica con prejuicios al mundo entero, también performa. Tiene efectos materiales terribles: permite congelar activos, bloquear cuentas, impedir acuerdos comerciales, prohibir vuelos, justificar invasiones. El imperio no describe una realidad, la instituye. Construye un mundo en el cual la acción coercitiva aparece como legítima.
El fetiche narcoestado es una mercancía semiótica lista para el consumo masivo. Tiene envolturas mediáticas, distribución trasnacional y consumo garantizado. Y una semiósfera de todos los morbos violentos recalentada largamente en los fogones mediáticos serviles al imperio.
Su plan incluye inyectar miedo, desconfianza hacia sus propios líderes, desmovilización, fragmentación de la conciencia colectiva. Desarticular el lazo simbólico entre pueblo y Estado, entre proyecto nacional y voluntad popular.
En este sentido, el narcoestado es también golpe de estado simbólico, ayudados por súbditos del signo imperial disfrazados de “informes de derechos humanos”, reportajes periodísticos, documentales, redes sociales, memes. Son los canales por donde circula el significante. Infestan todo con datos falsos manipulados, testimonios de desertores, listas de sanciones, informes “técnicos” sin rigor metodológico. Dispositivos de anclaje para dar veracidad al montaje.
Nunca se aplica a Estados Unidos, el mayor consumidor y vendedor de drogas del planeta y uno de los principales lavadores de dinero sucio por medio de sus bancos, además del trafico de personas y de infestar con armas al planeta. ¿Por qué no se llama narcoestado al Estado que diseñó el Plan Cóndor, al que organizó el Irán-Contra? ¿Al que protegió a Los Zetas, entrenó paramilitares, financió cárteles para desestabilizar gobiernos?
En la era de la guerra cognitiva, el signo es el primer campo de batalla. Debemos construir epistemologías que desenmascaren las estrategias del narcoestado y desenmascarado como maniobra.
Eso es tarea urgente de toda revolución comunicacional y de conciencias que sea capaz de asumir, con seriedad científica, el estado actual de las agresiones imperiales, y sea capaz, también, de ver con objetividad cómo la ofensiva mediática, contra toda soberanía, tiende a empeorar.
Y mientras hay algunos excelentes comentaristas del desastre que se avecina. ¿Nos quedaremos quietos?
Aprueban en Texas mapa electoral que da ventaja a republicanos
▲ La redistribución electoral en Texas fue validada en el Congreso local por 18 votos a favor de los republicanos, y 11 sufragios en contra, de los demócratas.Foto Ap
Afp y Ap
Periódico La Jornada Domingo 24 de agosto de 2025, p. 17
Houston. Legisladores del estado de Texas aprobaron ayer un nuevo mapa electoral que ayudará al Partido Republicano a mantener el control del Congreso federal estadunidense en las elecciones legislativas de 2026, el cual entrará en vigor cuando sea firmado por el gobernador Greg Abbott.
La redistribución electoral fue validada por 18 votos a favor y 11 en contra, luego de más de ocho horas de debate y a pesar del intento de una senadora demócrata de bloquear el sufragio.
La iniciativa legislativa tuvo un tortuoso camino en la Cámara de Representantes estatal por la protesta de los demócratas, quienes abandonaron el territorio de Texas por dos semanas en una maniobra para impedir la votación de la propuesta republicana en una sesión especial.
El presidente Donald Trump afirmó que esta nueva división electoral brinda a los “maravillosos tejanos la inmensa oportunidad de elegir cinco nuevos republicanos MAGA (el nombre de su movimiento Make America Great Again) en las elecciones de medio término de 2026”. Se trata de “una enorme victoria de nuestro programa Estados Unidos primero”, agregó en Truth Social.
El gobernador de Texas, Gregg Abbott, publicó unas horas antes en X que tenía “prisa” en promulgar el mapa electoral, y agregó que “refleja las nuevas preferencias electorales de los tejanos”.
Trump presionó a la mayoría republicana en las cámaras legislativas de Texas a modificar las circunscripciones electorales del estado para reducir las posibilidades de que los demócratas tomen control de la Cámara de Representantes federal en 2026.
Esos comicios serán cruciales para la segunda mitad del mandato del mandatario, quien busca consolidar la estrecha mayoría republicana actual en la cámara para seguir con la implementación de su agenda política.
Los demócratas esperan que la baja popularidad del presidente les ayude a tomar el control de la cámara baja del Congreso.
Los republicanos de Texas recurrieron a una técnica conocida como “gerrymandering”, que consiste en un rediseño de distritos electorales en beneficio de sus candidatos y en detrimento de los demócratas.
Este proceso ha dado como resultado un nuevo y dispar esquema que debería permitir a la derecha estadunidense obtener hasta cinco escaños adicionales en el Congreso.
La manipulación de los republicanos ha provocado una gran polémica en el país e hizo que en California, el estado más poblado, los demócratas respondan con la misma estrategia.
Prohibe juez retener fondos a ciudades santuario
El juez federal de distrito William Orrick prohibió el fin de semana a la administración Trump retener los fondos de subvenciones a 34 ciudades y condados “santuario”, entre ellas, Boston, Chicago, Denver y Los Ángeles –gobernados por demócratas– por no cooperar con la aplicación de las leyes de migración. En una orden judicial anterior protegió a San Francisco, Portland y Seattle, entre una docena de ciudades.
Mientras tanto, funcionarios de Chicago criticaron la amenaza de Trump de apuntar a la ciudad en la próxima ofensiva para combatir el crimen, la falta de vivienda y la migración irregular, “tal y como hizo” con la capital del país, y le advirtieron mantenerse “fuera de nuestra urbe”.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, señaló que el enfoque del mandatario republicano es “descoordinado, innecesario e insensato”.
El senador Dick Durbin, de Illinois, calificó la estrategia de Trump en Washington de “teatro político”. La vicegobernadora del mismo estado, Juliana Stratton, le expresó al magnate que su “circo político no es bienvenido aquí”. En tanto, Lisa Hernández, presidenta del Partido Demócrata estatal, afirmó que “los habitantes de Chicago no están pidiendo que (Trump) venga”.
Por otra parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidió al teniente general Jeffrey Kruse, jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) del Pentágono, por presuntamente contradecir la afirmación de Trump al reportar en una evaluación realizada en junio, que los ataques estadunidenses contra las instalaciones nucleares de Irán tuvieron un efecto limitado.
En el momento de los hechos, el mandatario aseguró que las instalaciones atómicas iraníes fueron “destruidas”.
En lugar de Kruse, ejercerá la subdirectora del DIA, Christine Bordine, quien será ascendida a directora, informó un portavoz del organismo a NBC News.
Proveedores del ICE cosechan lo que invirtieron en la campaña de Trump
▲ Geo Group es una de las empresas que se ha beneficiado con contratos gubernamentales.Foto The Independent
The Independent
Periódico La Jornada Domingo 24 de agosto de 2025, p. 16
Para muchos trabajadores u organizaciones que dependen del gobierno federal, el regreso del presidente Donald Trump al cargo ha significado recortes de empleos, fondos y agencias enteras. De hecho, el Departamento de Eficiencia Gubernamental afirma haber recortado 202 mil millones de dólares .
Pero una industria ha experimentado un desarrollo exponencial y se espera que siga creciendo aún más: la detención de inmigrantes .
“Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadunidenses”, dijo Stacy Suh, directora de Detention Watch Network.
Y las empresas se aseguraron de ayudar a que Trump fuera elegido.
Las dos principales empresas de detención de Estados Unidos, Geo Group y CoreCivic, estuvieron entre los donantes más notables de la campaña de Trump el año pasado: sus ejecutivos y subsidiarias proveyeron un total de 2.7 millones de dólares a la campaña del presidente y a los comités de acción política asociados.
CoreCivic incluso donó más de 500 mil dólares para la toma de posesión de Trump este año, mientras que Geo Group contribuyó para la misma ceremonia en 2016.
El “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump destinó una suma sin precedentes de 45 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para impulsar la detención de migrantes.
Como las dos mayores potencias de detención en Estados Unidos, tanto Geo Group como CoreCivic tienen grandes posibilidades de obtener grandes beneficios.
Tan pronto como Trump ganó las elecciones en noviembre pasado, el precio de las acciones de CoreCivic experimentó un aumento enorme de casi el doble al pasar de 13.63 dólares por acción a 22.13 en sólo una semana. El precio de las acciones de GeoGroup saltó de 15.13 a 25.05.
Esto probablemente se debe a que las instalaciones privadas albergan a 86 por ciento de la población migrante detenida, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
Rechazan servicios de contratistas
Sólo seis por ciento de los estadunidenses cree que los centros de detención del ICE deberían ser administrados de manera privada, según revela una encuesta exclusiva para The Independent, y la mayoría dice que deberían ser administradas por los gobiernos federal o estatal, de acuerdo con Prolific.
Más de 60 mil personas se encuentran apresadas en centros de detención de inmigrantes en todo Estados Unidos, según registros del ICE vistos por The New York Times.
La detenciones han aumentado 54 por ciento desde el regreso de Trump, mientras que la población detenida promedio bajo la administración de Joe Biden ronda las 39 mil personas, según TRAC.
Pero aunque el gobierno puede determinar su futuro, los 20 centros de detención más grandes del ICE son operados por empresas privadas, de acuerdo con datos de TRAC de enero. Geo Group y CoreCivic son los operadores líderes, tanto en términos de instalaciones como de capacidad.
Otras empresas privadas, como LaSalle Corrections y Management & Training Corporation, también tienen contratos para gestionar instalaciones del ICE.
CoreCivic tiene a su cargo el centro de detención más grande del país: el centro correccional del condado de Adams en Natchez, Misisipi, con un promedio de más de 2 mil 100 detenidos al día. Sin embargo, el nuevo centro federal en Fort Bliss pronto podría superar a todos los demás, con una capacidad para 5 mil personas.
Tanto CoreCivic como GeoGroup brindan servicios de encarcelamiento tradicionales y de detención de migrantes a los gobiernos federales y estatales.
Pero con una desaceleración en el encarcelamiento y un mayor enfoque en la rehabilitación en los últimos años, los contratos penitenciarios se han ido agotando, y el aumento de los contratos de detención de migrantes se ha vuelto fundamental para sus modelos de negocios.
Una de las primeras acciones de Trump en el cargo también fue poner fin a la prohibición de la era Biden a los proveedores de prisiones privadas, permitiendo que empresas como Geo Group y CoreCivic vuelvan a trabajar con el Departamento de Justicia.
Cuando se le pidió un comentario sobre su dependencia de las políticas punitivas de la nueva administración para construir su negocio, CoreCivic señaló que no hace cumplir las leyes de inmigración, ni arresta a nadie, ni tiene influencia sobre la deportación de una persona, pero reconoció que las políticas de Trump le brindan oportunidades de crecimiento.
“Mientras la administración actual explora todas las opciones disponibles para abordar la creciente demanda de servicios y capacidad de detención, esperamos que esas opciones incluyan las soluciones de alta calidad que ofrece CoreCivic”, dijo Ryan Gustin, director de Asuntos Públicos de CoreCivic, a The Independent.
Mientras tanto, un portavoz de Geo Group dijo que, “en pocas palabras, nuestras instalaciones nunca están abarrotadas”.
Pero las solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por TRAC el mes pasado revelaron que varias instalaciones administradas por Geo Group tuvieron un exceso de capacidad significativo en al menos un día de este año.
Esto incluye el centro de procesamiento Pine Prairie de Geo Group en Luisiana, que tiene un máximo contractual de 500 personas, pero que albergó a mil 311 detenidos en algún momento de 2025.
Ganancias millonarias
Las operaciones de inmigración representan más de un tercio de los ingresos tanto de Geo Group como de Core Civic, según muestran los últimos informes financieros, lo que convierte al ICE en su mayor socio gubernamental.
“Estamos orgullosos del papel que nuestra empresa ha desempeñado durante 40 años para apoyar la misión de aplicación de la ley (de ICE) a lo largo de siete administraciones presidenciales diferentes”, dijo un portavoz de Geo Group a The Independent.
Geo Group ha recibido casi 8 mil millones de dólares en contratos federales a lo largo de sucesivos gobiernos, según la base de datos federal, además de contratos estatales. Más de la mitad de esta cantidad fue otorgada por ICE para servicios de detención de inmigrantes.
Mientras tanto, a CoreCivic se le han otorgado más de 8.3 mil millones en contratos federales a lo largo del tiempo, y una cuarta parte de ellos son contratos de ICE para administrar centros de detención.
“El presupuesto de ICE ahora es más grande que el de muchos ejércitos en todo el mundo, mientras que nuestros hospitales y escuelas siguen sin fondos suficientes y la gente está perdiendo su acceso a la atención médica y a los beneficios alimentarios”, dijo Suh.
The Independent contactó a ICE para solicitar comentarios para este artículo, pero no recibió respuesta.
Los contratos federales de ICE han ido aumentando de forma constante desde el primer mandato de Trump (excepto por un breve periodo durante el pico de la pandemia), según la base de datos de gastos federales, pasando de 137.5 millones de dólares otorgados en 2016 a 463.4 millones de dólares en 2025 hasta el momento.
Sólo desde enero, los contratos de ICE adjudicados incluyen 353.5 millones de dólares a Geo Group, 148 millones a CoreCivic y 313 millones a CSI Aviation, el contratista de vuelos de deportación de ICE.
“Cada vez hay más incentivos para encarcelar a personas en centros de detención migratoria. Cuantas más personas detienen, más crece su negocio”, dijo Suh. “Los incentivos financieros son la base del encarcelamiento”, agregó.
Y ahora, documentos vistos por The Washington Post revelan que ICE está planeando más que duplicar la capacidad de detención, de alrededor de 50 mil a más de 107 mil para enero de 2026.
Estos planes incluyen la apertura o ampliación de 125 instalaciones antes de diciembre, con más de mil millones de dólares en contratos cada año entre CoreCivic y GeoGroup, según el análisis del Post de los documentos de ICE.
Ambos gigantes de la detención ya han visto una avalancha de contratos nuevos o modificados y han abierto nuevas instalaciones para ampliar su capacidad.
Es más, ICE ha emitido nueve de estos contratos sin permitir ofertas competitivas con el argumento de una emergencia nacional en la frontera con México, lo que significa que CoreCivic consiguió el acuerdo para reabrir su polémica instalación de Leavenworth sin competencia, según PBS.
“Nos mantenemos en contacto regular con el ICE y todos nuestros socios gubernamentales para comprender sus necesidades cambiantes y trabajamos dentro de sus procesos de contratación establecidos. Nuestra política es respetar estos procesos”, declaró Gustin a The Independent sobre los contratos de CoreCivic.
Más instalaciones
Desde enero, se han abierto varias instalaciones para retener a más inmigrantes a medida que el ICE intensifica sus redadas.
En la ciudad de Baldwin, Míchigan, la antigua prisión del centro correccional North Lake reabrió sus puertas como centro de inmigración operado por Geo Group, con ingresos anuales de 70 millones de dólares. El lugar, con capacidad para mil 800 camas, abrió sus puertas en junio a pesar de la considerable oposición de los residentes y las protestas locales.
Y justo la semana pasada estalló una tensa disputa en una reunión de la junta local en Mason, Tenesi, sobre la reapertura de una instalación de CoreCivic como centro de detención de inmigrantes.
Los residentes abarrotaron la reunión y corearon consignas afuera en protesta por el contrato, que finalmente fue aprobado, según informes del Tennessee Lookout.
“Si los planes de expansión del ICE se concretan plenamente, se producirá un cambio drástico en los recursos. También supone una transformación drástica en la esencia misma de la sociedad estadunidense y su funcionamiento”, declaró Suh a The Independent.
Comunidades de todo el país están indignadas, con razón, por la expansión de los centros de detención en sus propias puertas.
La gente dice: “No, no queremos centros de detención en nuestra comunidad. No queremos que nuestros vecinos sean separados de sus seres queridos”.
