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Xi Pu*
21 de agosto de 2025 00:03
Este año marca el 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, China, como principal frente oriental, realizó contribuciones decisivas para el triunfo en la Guerra Antifascista Mundial.
Siendo la primera víctima de la invasión fascista, China fue el país que luchó por más tiempo contra el fascismo. Desde el Incidente de Mukden (también conocido como el Incidente del 18 de septiembre de 1931), provocado deliberadamente por Japón, hasta su rendición incondicional en 1945, el pueblo chino libró una heroica lucha contra la agresión japonesa.
Durante esos 14 años, 35 millones de militares y civiles chinos perdieron la vida o resultaron heridos. Con este sacrificio desgarrador, las fuerzas chinas aniquilaron a una gran cantidad de tropas japonesas que representaba más de 70 por ciento de sus bajas totales en toda la Segunda Guerra Mundial, escribiendo una grandiosa epopeya de lucha en defensa de la supervivencia del país, la revitalización de la nación y la justicia de la humanidad.
La verdad de la historia no admite negaciones. Hace 80 años, la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue la decisión más importante que hizo la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Como nación victoriosa, China fue signataria original de la Carta de la ONU. La restitución de Taiwan y su regreso a la patria constituye un logro importante de la victoria de la guerra y parte indispensable del orden internacional de la posguerra.
Los hechos sobre la cuestión de Taiwán son diáfanos e irrefutables. A finales del siglo XIX, Japón usurpó Taiwan mediante la guerra invasora. Durante los siguientes 50 años, el pueblo taiwanés nunca dejó de luchar contra los agresores japoneses. Tanto la Declaración de El Cairo como la Proclamación de Potsdam estipularon específicamente que Taiwán, que había sido arrebatado por Japón, sería restituido a China. Estos documentos, con plena validez jurídica internacional, confirmaron la soberanía de China sobre Taiwán y conformaron parte importante del orden internacional de la posguerra.
Por ello, cuestionar el principio de una sola China es desafiar la autoridad de la ONU y subvertir el orden internacional de la posguerra. La Resolución 2758, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1971, reconoció de manera inequívoca la soberanía de la República Popular China sobre Taiwán. Desde entonces, la única referencia a la región de Taiwán en la ONU es “Taiwán, Provincia de China”.
Hoy, 183 países, la inmensa mayoría de los estados miembros de la ONU, han establecido relaciones diplomáticas con China sobre la base del principio de una sola China. Esta realidad evidencia el amplio consenso global y una tendencia histórica imparable: Taiwán sin duda volverá a la patria.
Recordar el pasado nos sirve para iluminar el presente y guiar el futuro. Tras una resistencia sangrienta y heroica contra la agresión japonesa, el pueblo chino es plenamente consciente del valor de la paz. El desarrollo de China robustece las fuerzas pacíficas globales. Como el único país entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que aún no ha logrado su plena reunificación, la reunificación de China no perjudicará los intereses legítimos de ningún país, al contrario, brindará más oportunidades de desarrollo y aportará más energía positiva para la estabilidad y prosperidad del mundo.
En esta nueva encrucijada histórica, lo que necesitamos no es la ley de la selva, sino la comunidad de futuro compartido; no es la hegemonía ni la prepotencia, sino la cooperación de ganancias compartidas, y no es subvertir el orden internacional de la posguerra, sino salvaguardar los frutos obtenidos con la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Sólo así podremos evitar repetir las tragedias pasadas, cimentar la base de la paz y el desarrollo y hacer realidad la comunidad de futuro compartido de la humanidad.
*Observador de asuntos internacionales en Pekín
Xi Pu*
21 de agosto de 2025 00:03
Este año marca el 80 aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, China, como principal frente oriental, realizó contribuciones decisivas para el triunfo en la Guerra Antifascista Mundial.
Siendo la primera víctima de la invasión fascista, China fue el país que luchó por más tiempo contra el fascismo. Desde el Incidente de Mukden (también conocido como el Incidente del 18 de septiembre de 1931), provocado deliberadamente por Japón, hasta su rendición incondicional en 1945, el pueblo chino libró una heroica lucha contra la agresión japonesa.
Durante esos 14 años, 35 millones de militares y civiles chinos perdieron la vida o resultaron heridos. Con este sacrificio desgarrador, las fuerzas chinas aniquilaron a una gran cantidad de tropas japonesas que representaba más de 70 por ciento de sus bajas totales en toda la Segunda Guerra Mundial, escribiendo una grandiosa epopeya de lucha en defensa de la supervivencia del país, la revitalización de la nación y la justicia de la humanidad.
La verdad de la historia no admite negaciones. Hace 80 años, la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue la decisión más importante que hizo la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Como nación victoriosa, China fue signataria original de la Carta de la ONU. La restitución de Taiwan y su regreso a la patria constituye un logro importante de la victoria de la guerra y parte indispensable del orden internacional de la posguerra.
Los hechos sobre la cuestión de Taiwán son diáfanos e irrefutables. A finales del siglo XIX, Japón usurpó Taiwan mediante la guerra invasora. Durante los siguientes 50 años, el pueblo taiwanés nunca dejó de luchar contra los agresores japoneses. Tanto la Declaración de El Cairo como la Proclamación de Potsdam estipularon específicamente que Taiwán, que había sido arrebatado por Japón, sería restituido a China. Estos documentos, con plena validez jurídica internacional, confirmaron la soberanía de China sobre Taiwán y conformaron parte importante del orden internacional de la posguerra.
Por ello, cuestionar el principio de una sola China es desafiar la autoridad de la ONU y subvertir el orden internacional de la posguerra. La Resolución 2758, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1971, reconoció de manera inequívoca la soberanía de la República Popular China sobre Taiwán. Desde entonces, la única referencia a la región de Taiwán en la ONU es “Taiwán, Provincia de China”.
Hoy, 183 países, la inmensa mayoría de los estados miembros de la ONU, han establecido relaciones diplomáticas con China sobre la base del principio de una sola China. Esta realidad evidencia el amplio consenso global y una tendencia histórica imparable: Taiwán sin duda volverá a la patria.
Recordar el pasado nos sirve para iluminar el presente y guiar el futuro. Tras una resistencia sangrienta y heroica contra la agresión japonesa, el pueblo chino es plenamente consciente del valor de la paz. El desarrollo de China robustece las fuerzas pacíficas globales. Como el único país entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que aún no ha logrado su plena reunificación, la reunificación de China no perjudicará los intereses legítimos de ningún país, al contrario, brindará más oportunidades de desarrollo y aportará más energía positiva para la estabilidad y prosperidad del mundo.
En esta nueva encrucijada histórica, lo que necesitamos no es la ley de la selva, sino la comunidad de futuro compartido; no es la hegemonía ni la prepotencia, sino la cooperación de ganancias compartidas, y no es subvertir el orden internacional de la posguerra, sino salvaguardar los frutos obtenidos con la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Sólo así podremos evitar repetir las tragedias pasadas, cimentar la base de la paz y el desarrollo y hacer realidad la comunidad de futuro compartido de la humanidad.
*Observador de asuntos internacionales en Pekín
Ofrece EU recompensa de 25 mdd por Diosdado Cabello; lo acusa de "narcoterrorismo"
Foto: Afp Foto autor
La Redacción
20 de agosto de 2025 16:06
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, por presunta conspiración narcoterrorista.
El comunicado reitera que el gobierno estadunidense no reconoce a Nicolas Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en 2024 ni a Cabello como ministro del gobierno de Venezuela.
El texto acusa a Cabello Rondón de participar en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el cártel de Los Soles, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue designada como Organización Terrorista Extranjera por parte de la administración de Donald Trump.
Entre los cargos se encuentran: “impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína e incitar a otros a participar en ella; vender grandes cantidades de cocaína previamente incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y otros países; y ayudar a proporcionar a las FARC armas de uso militar, como ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipo explosivo”.
Estados Unidos: gobierno desquiciado
Durante la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025 (Southdec) en Buenos Aires, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, alertó que “el Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”. El almirante afirmó que la presencia e influencia chinas tienen consecuencias de gran alcance en el Cono Sur, “donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida”.
También ayer, el Departamento de Estado reiteró que desconoce al gobierno constitucional de Venezuela y ofreció hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del ministro de Interior, Diosdado Cabello Rondón, por impulsar una “conspiración narcoterrorista” entre el cártel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos días antes, Washington desplegó tres destructores dotados de misiles guiados frente a las costas venezolanas para encarar “las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”, acción justificada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, como consecuente con la postura del presidente Donald Trump de “utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país”.
Para redondear la andanada de ataques a la legalidad y reafirmación de la asertividad neocolonial, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de “amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”. Con esta ronda punitiva, son ya ocho los funcionarios de la CPI que enfrentan la persecución de Washington por atreverse a investigar el genocidio perpetrado por Tel Aviv contra el pueblo palestino y buscar que el primer ministro Benjamin Netanyahu rinda cuentas por sus crímenes contra la humanidad.
Esta breve relación de actos y declaraciones de miembros del gabinete trumpista –todos ellos ocurridos entre el lunes y ayer– constituye una demostración palmaria de la hipocresía, la esquizofrenia, el lenguaje orwelliano, la violencia y el pensamiento transparentemente imperial que caracterizan al trumpismo y, en gran parte, a la clase dominante de la superpotencia. Los señalamientos contra Pekín por el presunto riesgo de que haga todo lo que Washington ha hecho en América Latina por más de siglo y medio rozan el delirio: acusan amenazas al comercio, mientras imponen aranceles arbitrarios a todo el planeta; hablan de soberanía, mientras financian golpes de Estado, instalan bases militares, establecen bloqueos condenados por la comunidad internacional, se arrogan la facultad de nombrar gobiernos, envían buques de guerra y ofrecen recompensas para derrocar a gobernantes que no se pliegan a sus intereses. La misma existencia de un Comando Sur, asignado a controlar Centro y Sur América y el Caribe, demuestra que el único riesgo para la soberanía de la región proviene de Washington y sus aliados locales de derecha y ultraderecha.
Rubio ha llamado “desquiciados” a los manifestantes contra el genocidio en Gaza, y ayer el vicepresidente JD Vance lanzó el mismo epíteto a los militares insatisfechos con que se les use para intimidar a la población civil del Distrito de Columbia. Dicho adjetivo parece el más adecuado para describirlos a ellos dos y a todos sus colegas en el gobierno que demolió la frágil máscara democrática de Estados Unidos y que hoy se tambalea entre el autoritarismo y el totalitarismo de una forma peligrosa para los habitantes de todo el planeta.
