Repudian decenas de miles la campaña antimigrante, el recorte a asistencia social y la complicidad de Washington en el genocidio en Gaza
▲ Los organizadores reportaron 463 manifestaciones en todo Estados Unidos para rechazar muchas de las decisiones del gobierno. En las imágenes, concentraciones en Houston (izquierda) y Washington (derecha).Foto Afp
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Domingo 3 de agosto de 2025, p. 20
Nueva York y Washington., Miles de manifestantes participaron ayer en otra serie de protestas en más de 400 ciudades contra las políticas del gobierno de Donald Trump, mientras continuaron las expresiones de repudio y resistencia desde centros académicos.
Rage against the regime (Rabia contra el régimen) fue la consigna de grandes y pequeñas manifestaciones y actos de protesta no violentos convocados por la red 50501, y aunque fueron más reducidos en número y dimensión, marcan la continuación de una ola de protestas en las calles, frente a centros de detención de migrantes, en universidades y hasta en parques nacionales.
En pueblos y ciudades en California, Oregon, Colorado, Oklahoma, Wisconsin, Iowa y Kansas a Tenesí, Georgia, Nuevo Hampshire o Florida, los organizadores registraron 463 actos de protesta en todo el país, en las cuales se denunciaron desde las medidas antimigrantes hasta los recortes a programas de asistencia social, así como las políticas antiambientales, las represiones de disidentes a la complicidad del gobierno estadunidense con el régimen israelí en el genocidio en Gaza, entre otras.
Despierten, el gobierno es corrupto, se podía leer en una pancarta en Oklahoma City. “Saquen a ICE (la migra) de nuestras comunidades”, era una leyenda repetida en varios carteles junto con Ningún ser humano es ilegal. No reyes, no fascistas, no nazis, no tirando, no mentirosos, no Trump, decía otra en Topeka, Kansas. No al odio, no al temor, los inmigrantes son bienvenidos aquí, corearon en Denver.
La red descentralizada de 50501 (50 protestas, 50 estados, un movimiento) es una de varias iniciativas y organizaciones que han convocado las actividades que, en total han movilizado a millones en más de ocho días de acción nacional, realizadas desde principios de febrero en respuesta a lo que califican de las medidas antidemocráticas e ilegales del gobierno de Trump y sus aliados plutócratas.
En junio, cientos de miles participaron en más de 2 mil ciudades y pueblos bajo la consigna No queremos reyes. En julio se realizaron protestas en más de mil 600 ciudades y pueblos.
Aparte de los días de acción nacional, diario se registran protestas alrededor de Estados Unidos, algunas por organizaciones de defensa de derechos y libertades civiles, de organizaciones inmigrantes y sus defensores, entre otras, pero también varias expresiones individuales de figuras reconocidas, entre ellos artistas, músicos e intelectuales.
El viernes el reconocido historiador y profesor recién jubilado Rashid Khalidi, heredero académico del gran intelectual palestino-estadunidense Edward Said, en la Universidad de Columbia, publicó una carta abierta para anunciar que había cancelado sus planes de ofrecer una clase el próximo semestre porque la institución donde trabajó más de 20 años se rindió ante el gobierno de Trump.
Universidad de Columbia, un lugar de temor
Columbia aceptó un acuerdo con el gobierno de Trump por el que no sólo le pagará 200 millones de dólares, sino que permitirá que un monitor evalúe su programa de estudios sobre Medio Oriente entre otras medidas, cediendo ante demandas del gobierno para ejercer mayor control sobre esa y varias otras universidades.
La capitulación de Columbia ha transformado a una universidad que era antes un sitio de libre investigación y aprendizaje, a una sombra de lo que fue, en una anti-universidad, un lugar de temor y aversión, donde la facultad y los estudiantes son instruidos desde las alturas qué pueden decir y enseñar, bajo pena de sanciones severas, concluyó la carta del académico al denunciar el acuerdo con el gobierno.
Críticas y condenas de profesores, investigadores y administradores de universidades, algunas como Columbia entre las de mayor prestigio, se suman a las de científicos, abogados y otros profesionistas cuyas instituciones y asociaciones se encuentran bajo ataque del gobierno, con algunos de ellos saliendo por primera vez a las calles para protestar, junto con inmigrantes, maestros, enfermeras y activistas antiguerra.
Investigan a fiscal que procesó a Trump; lo acusan de sesgo político
Ap
02 de agosto de 2025 17:50
Nueva Jersey. Una agencia de control independiente responsable de aplicar una ley contra la actividad política partidista de los empleados federales abrió una investigación sobre Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia. Las causas penales contra Donald Trump se presentaron en 2023, antes de que ganara la presidencia en 2024.
La Fiscalía Especial confirmó el sábado que estaba investigando a Smith por acusaciones de que participó en actividad política a través de sus investigaciones sobre Trump. Smith fue nombrado fiscal especial por el entonces secretario de Justicia Merrick Garland en noviembre de 2022, y su título de fiscal especial es completamente distinto de la agencia que ahora lo investiga. La Fiscalía Especial no tiene facultades para aplicar sanciones penales, pero sí tiene la autoridad para imponer multas y otras sanciones por infracciones.
No estaba claro qué base existe para afirmar que las investigaciones de Smith fueron de naturaleza política o que violó la Ley Hatch, una ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios públicos participar en actividades políticas. El senador republicano Tom Cotton había alentado a la fiscalía a examinar las actividades de Smith, y había alegado que su conducta tenía como propósito ayudar al entonces presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, ambos demócratas.
Smith inició dos procesos contra Trump: uno lo acusaba de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y el otro de acopiar documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago en Florida. Ambos fueron presentados en 2023, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024, y las acusaciones en los dos casos citaban lo que Smith y su equipo describieron como claras violaciones de la ley federal. Garland ha dicho repetidamente que la política no tuvo ningún papel en el manejo de los casos.
Ambos casos fueron abandonados por Smith después de la victoria de Trump en noviembre, y el fiscal citó como razón la política del Departamento de Justicia que prohíbe acusar a un presidente en funciones.
No había indicios hasta el momento de que la misma oficina que investiga a Smith hubiera abierto investigaciones sobre los fiscales especiales del Departamento de Justicia que fueron nombrados por Garland para investigar a Biden y a su hijo Hunter.
La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre la investigación a Smith, que reportó inicialmente el New York Post.
La Fiscalía Especial se ha visto sacudida por una crisis de liderazgo durante el último año. Un director anterior, Hampton Dellinger, fue despedido abruptamente por el gobierno de Trump e inicialmente presentó una demanda para recuperar su trabajo antes de abandonar la batalla judicial. El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, también funge como fiscal especial interino.
Trump seleccionó como su reemplazo a Paul Ingrassia, un expresentador de pódcasts derechista que ha promovido la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Un panel del Senado tenía programada una audiencia el mes pasado para considerar su nominación, pero fue retirada de la agenda.
EU: autoritarismo y resistencia
En su segundo cuatrienio al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha dado rienda suelta a sus instintos autoritarios, al uso del aparato gubernamental para el enriquecimiento personal y familiar y al que probablemente sea el mayor desmantelamiento institucional en la historia estadunidense. De cierto modo, podría decirse que el magnate ha importado a la política doméstica los métodos que casi todos los mandatarios de la superpotencia han usado para imponer los intereses de Washington al resto del mundo, desde la violencia contra grupos que identifica como enemigos o la remoción de toda persona u organismo que no le rinda pleitesía o desafíe su visión del mundo, hasta el manejo del presupuesto como un arma para la extorsión.
Con un descaro pocas veces visto en las autodenominadas democracias liberales, Trump ha forzado a los medios de comunicación a despedir a figuras críticas y ha impuesto a las universidades supuestamente orgullosas de su independencia y prestigio lo que pueden o no enseñar, así como qué estudiantes pueden ser admitidos y qué es válido decir dentro de sus recintos. Tanto centros de enseñanza como grandes corporaciones mediáticas han accedido a pagar sobornos multimillonarios a cambio de que el presidente les permita operar y lucrar. En su imposición de un discurso único, el trumpismo llega a extremos inquietantes de infantilismo. Ya no sólo enaltece a esclavistas y demuele los derechos reproductivos de las mujeres o el reconocimiento de la comunidad de la diversidad sexual, todo lo cual se encuentra en sintonía con el programa conservador; además, pretende desaparecer la realidad prohibiendo que sea enunciada. Si las agencias encargadas del monitoreo atmosférico aportan datos que demuestran el cambio climático de matriz antropogénica, Trump les retira el financiamiento hasta volverlas inviables; si la Oficina de Estadísticas Laborales confirma que el empleo se encoge cuando el Ejecutivo emprende una guerra comercial contra el planeta entero y una cacería humana contra los migrantes que sostienen sectores como la agricultura, la industria restaurantera o la construcción, Trump despide a su titular.
Sin embargo, la ultraderecha estadunidense no ha logrado que toda la sociedad se resigne ante el catastrófico retroceso en los derechos humanos. Trump y la oligarquía que representa pueden haber segado los espacios para la libertad de expresión, convertido los medios y las redes sociales en aparatos ideológicos que acallan el pensamiento crítico, reducido a la Suprema Corte a comparsa de la Oficina Oval y criminalizando la protesta hasta extremos que hermanan a Estados Unidos con los peores autoritarismos, pero no han arrancado la dignidad enraizada en las mejores tradiciones populares de resistencia y autonomía.
Ayer, miles de manifestantes se sumaron a las millones de personas que desde febrero alzan la voz contra una forma de gobierno que se vuelve indistinguible del fascismo. En 463 pueblos y ciudades de los 50 estados del país se efectuaron actos de todos los tamaños para denunciar las medidas antimigrantes, los recortes a los programas de asistencia social, las políticas antiambientales, las represiones de disidentes a la complicidad del gobierno con el régimen israelí en el genocidio en Gaza, los atropellos a la libertad de cátedra, entre otros rasgos ilegales y antidemocráticos de la administración republicana. La actual oleada de protestas resalta porque en ella participan no sólo los ámbitos tradicionales del progresismo, sino también individuos e instituciones que por décadas han formado parte de la clase dominante y que por primera vez se ven en la necesidad de acudir a las calles para oponerse a los abusos del poder.
Las perspectivas de Estados Unidos para restablecer una democracia medianamente funcional residen en la ampliación de la disidencia por el nivel de arbitrariedad y agresividad alcanzados por el trumpismo en esta nueva etapa, así como en la organización de los descontentos bajo un programa que rebase lo coyuntural. Por el bien de las grandes mayorías de estadunidenses y de todos los habitantes del planeta que padecen las políticas diseñadas en Washington, cabe desear que la sociedad de ese país encuentre una salida real, democrática, humana y justa a las contradicciones que la desgarran.
