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09 de septiembre de 2025 18:52
Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó escuchar en la primera semana de noviembre los argumentos sobre la legalidad de los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, cuya administración solicitó al alto tribunal una “decisión expeditiva” sobre el tema.
Un tribunal federal de apelaciones determinó a finales de agosto que Trump excedió sus atribuciones para imponer gran parte de los aranceles que instauró a sus socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca, aunque permitió que continúen en vigor mientras la máxima corte se pronuncia.
Presionada por el gobierno republicano, la Corte Suprema aceptó examinar el caso con urgencia y programó una audiencia sobre el tema para “la primera semana de noviembre”, indica su decisión de este martes.
El gobierno argumentó ante el alto tribunal las consecuencias perjudiciales de que se invaliden los aranceles y se pierda una herramienta de presión clave en las negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos.
El temor a aranceles exorbitantes ha empujado a muchos de los socios de Estados Unidos, incluida la Unión Europea (UE), a abstenerse de tomar represalias y abrir aún más sus mercados a los productos estadounidenses.
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales de su país, con un nivel base de diez por ciento y tasas más altas para decenas de economías, incluida la UE y Japón.
También empleó atribuciones similares para imponer aranceles separados a México, Canadá y China debido a, según dijo, el flujo de drogas mortales que permiten hacia Estados Unidos.
Esos aranceles, que se diferencian de los que implementó sobre sectores como el automotriz, acero, aluminio y cobre, son los que están en el centro del conflicto jurídico.
El tribunal de apelaciones consideró que una ley de emergencia económica no le otorgaba al presidente “el poder de imponer aranceles y otros impuestos”, sino que es prerrogativa del Congreso.
Sin embargo, se han presentado varios desafíos legales contra los aranceles y un tribunal de apelaciones falló por siete votos contra cuatro el mes pasado que muchos de los gravámenes eran ilegales, confirmando la conclusión de un tribunal inferior.
Presupuesto: responsabilidad social y fiscal
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que el Paquete Económico 2026, entregado el lunes al Congreso, “refleja los principios centrales de nuestro modelo de desarrollo, basado en una política económica que amplía los derechos sociales, impulsa el crecimiento y preserva la estabilidad macroeconómica con el objetivo de mantener una senda de consolidación fiscal gradual, preservar la inversión, sostener el empleo y estimular la actividad productiva, con niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo”. En particular, el encargado de las finanzas públicas resaltó el compromiso de dar continuidad a logros como la histórica reducción de la pobreza mediante la conjunción de sensibilidad social y desarrollo económico, objetivos que en el pasado fueron equivocadamente vistos como contrapuestos.
El presupuesto presentado para consideración del Poder Legislativo da poco margen para la sorpresa, pues se alinea con los principios rectores trazados por el gobierno federal. De los 10.2 billones de pesos que se prevé gastar, se espera que 9.7 billones sean captados vía recaudación fiscal y otros ingresos, mientras 1.4 billones serían destinados a refinanciar la deuda heredada por el ciclo de gobiernos neoliberales; un monto importante que, no obstante, supone un porcentaje menor del producto interno bruto al registrado este año, con lo que continúa la consolidación fiscal (balance entre ingresos y gastos) emprendida por la SHCP.
Como se daba por descontado, el Paquete Económico no contempla una reforma fiscal, aunque sí introduce ajustes a gravámenes existentes y amplía otros. Uno de los elementos más destacados es el incremento de los impuestos llamados “saludables” por gravar productos incuestionablemente nocivos para la salud (como bebidas azucaradas, cigarros o juegos de apuestas) a fin de desincentivar su consumo.
En este sentido, la sociedad debe cobrar conciencia acerca del daño que ocasionan artículos tan populares como los refrescos, principales responsables de que en la actualidad tres cuartas partes de la población mexicana padezcan sobrepeso u obesidad; así como causantes de enfermedades como diabetes, padecimientos cardiacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos, cuyo tratamiento cuesta 116 mil millones de pesos anuales.
Subir las tasas a tales productos no sólo amplía los ingresos del Estado, sino que puede salvar vidas y reducir el gasto en atención médica derivada de malos hábitos, no de factores fuera del control humano.
Por otra parte, se ha hecho un esfuerzo para cerrar las lagunas legales a mecanismos que permiten la evasión, como las inversiones, los ingresos mediante plataformas de intermediación de bienes, o los depósitos en el extranjero por concepto de las operaciones realizadas en territorio nacional.
En este rubro destaca el término a las exenciones fiscales de las que gozaban los bancos por sus aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del colosal fraude del Fobaproa.
Por último, se plantea establecer “aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes” como una forma de “consolidar un modelo económico soberano que impulse el desarrollo productivo y la competitividad de sectores estratégicos para el país”.
Según explicó la Consejería Jurídica de la Presidencia, la idea es corregir la tendencia a la importación de insumos que ha provocado “la pérdida de ramas productivas esenciales y una creciente vulnerabilidad frente a choques externos”; todo ello en el marco del Plan México de impulso al mercado interno y ampliación de las capacidades productivas nacionales.
Dado que el único socio comercial relevante de México con el que no existe un acuerdo vigente es China, la medida se ha entendido, incluso por parte de las propias autoridades, como un freno a las importaciones desde el gigante asiático.
Si bien es cierto que la escala y la diversificación de la manufactura china supone un desafío a la industria nacional, será importante cuidar que el establecimiento de barreras no repercuta en un indeseable repunte de la inflación o se vuelva contraproducente para los sectores que dependen de bienes intermedios provenientes de China en sus procesos productivos.
En suma, hay un diseño presupuestal que aúna la responsabilidad social con la fiscal, y que se piensa no como un obstáculo, sino como un acompañante del proyecto de nación pactado en las urnas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la ciudadanía.
México SA
Paquete económico, por fin // Ocho billones para 2026 // Programas sociales, eje central
Carlos Fernández-Vega
Casi al límite del plazo legal, pero finalmente la Secretaría de Hacienda cumplió la forma y entregó al Congreso el Paquete Económico 2026, el cual, entre otros objetivos, plantea que el próximo año se alcanzará un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 por ciento, siempre con una propuesta “orientada a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos que impulsen al Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo”.
En 2026, detalla Hacienda, se proponen recursos equivalentes a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) para programas sociales que beneficiarán de manera directa a casi 82 por ciento de las familias mexicanas. Destaca, entre otros, la Pensión Mujeres Bienestar, que dará cobertura universal a todas las mujeres de 60 a 64 años, y que se suma a la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad.
Otros elementos contenidos en el citado paquete destacan que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Secretaría de Hacienda, “se dará continuidad al proceso de normalización gradual del déficit, con una disminución acumulada de 1.6 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) respecto a 2024. Esta estrategia permitirá preservar el dinamismo de la economía y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad la deuda a mediano plazo”.
Además, en 2026, y por tercer año consecutivo, “la recaudación tributaria alcanzará un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB (0.3 puntos porcentuales por arriba de lo estimado para el cierre de 2025, sin necesidad de crear nuevos impuestos generales), mientras el gasto público asegurará el financiamiento de los Programas para el Bienestar y de proyectos de infraestructura con impacto en el desarrollo y la capacidad productiva nacional. Se impulsa el Plan México como eje de desarrollo industrial y regional, con recursos equivalentes a 2.5 por ciento del PIB destinados a inversión física, orientada a fortalecer las vocaciones productivas del país y ampliar la infraestructura logística”.
En este tenor, destaca que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el citado año tiende a fortalecer “la eficiencia recaudatoria y a ampliar la base de contribuyentes con criterios de equidad y justicia. Se hará uso de herramientas digitales que faciliten el cumplimiento y la simplificación de trámites, al tiempo que se intensificará el combate a la evasión y elusión fiscal”.
Uno de los objetivos del paquete económico para el próximo año es “crear un entorno más justo de competencia; se implementarán medidas fiscales en materia de comercio exterior, como la aplicación de aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes. Por otro lado, para fomentar hábitos de consumo más saludables entre los mexicanos, se impulsarán ajustes fiscales a bebidas azucaradas y tabaco, y se propondrá un impuesto especial a videojuegos con contenido violento”.
Hacienda reconoce que el entorno global presenta “desafíos asociados con la política comercial y conflictos geopolíticos”, pero México tiene “oportunidades para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e incluyente. Se anticipa que la economía crecerá positivamente en lo que resta de 2025, gracias al consumo privado, beneficiado por mayores salarios reales, el incremento del empleo formal y el fortalecimiento de los Programas de Bienestar. En 2026, se anticipa un avance más sólido impulsado por la fortaleza de la demanda interna, la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor y un entorno global y comercial con menor incertidumbre. El Plan México será clave para impulsar la economía nacional, al atraer más inversiones, generar empleos de calidad, modernizar la infraestructura y promover el desarrollo tecnológico, lo que permitirá avanzar hacia una economía más diversificada y responsable con el medio ambiente”.
La presidenta Sheinbaum propone a la Cámara de Diputados un Presupuesto de Egresos de la Federación de 8 billones 721 mil millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, días atrás la mandataria mexicana anunció que su gobierno tomó la decisión de que los bancos ya no podrían deducir de impuestos sus “aportaciones” al IPAB, el heredero del Fobaproa, porque los barones del dinero abusaban: fueron rescatados por el erario, su deuda es pagada por los mexicanos, las instituciones financieras aportan una miseria y todavía la deducen de impuestos. Sin embargo, al final de cuentas la negociación quedó en que sólo podrán deducir 25 por ciento de ellas.
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