Colonos atacan escuelas en Cisjordania reocupada; dañan redes eléctricas
▲ Colonos israelíes incendiaron edificios y automóviles en ofensiva contra aldeas en Cisjordania reocupada. Imagen de una vivienda en Deir al Hatab, al este de Nablus.Foto Afp
Prensa Latina y Europa Press
Periódico La Jornada Miércoles 25 de marzo de 2026, p. 26
Ramallah. Más de un millón de niños en la franja de Gaza necesitan apoyo sicológico y social tras más de dos años de asedio y ataques israelíes, denunció ayer el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).
Advirtió que 96 por ciento de los menores en Gaza “siente que la muerte es inminente”, lo que refleja la profundidad del miedo y el trauma al que están sometidos a diario. Entre adolescentes y jóvenes, 61 por ciento padece trastorno de estrés postraumático, 38 por ciento depresión y 41 por ciento ansiedad.
“No se trata simplemente de angustia sicológica; es una emergencia generalizada de salud mental”, sostuvo Sima Alami, responsable de programas juveniles del Unfpa, y alertó que las niñas enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad.
En el enclave, un niño fue asesinado por disparos israelíes en su tienda de campaña en Al Mawasi, en Jan Younis pese al alto el fuego, a la par de que cuatro civiles murieron a causa de un bombardeo israelí dirigido contra el centro de Gaza, indicó Wafa.
Karim Abu Nassar, un niño de 18 meses, fue torturado por soldados israelíes durante la detención de su padre, informaron AJ+ y la agencia Anadolu.
En el reportaje publicado por AJ+, de Al Jazeera, la madre del menor relató que los militares utilizaron colillas de cigarro para quemarlo y le clavaron un objeto punzante en la pierna.
Según testigos, el padre, Osama Abu Nassar, fue interceptado cuando se dirigía a comprar provisiones y obligado a dejar al niño en el suelo antes de ser trasladado a un puesto de control, en donde afirman que éste fue desnudado e interrogado.
Durante ese proceso, los soldados agredieron al menor frente a su progenitor, incluso insertándole un clavo en la pierna, lo que fue confirmado por un reporte médico que documentó quemaduras y heridas punzantes. El bebé fue liberado unas 10 horas después y entregado a su familia a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en Al Maghazi, mientras su padre aún permanece detenido. Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron las acusaciones y aseguraron que el padre utilizó al niño como “escudo humano”, comunicó The Times of Israel.
Colonos israelíes atacaron una escuela en las inmediaciones de Tubas, en Cisjordania reocupada, lo que causó daños en las redes de agua y electricidad, además del robo de materiales. El director de Educación local, Azmi Balauné, indicó que el plantel es blanco recurrente de agresiones, aunque este ataque fue el más grave hasta ahora. En un hecho similar en Huwara, al sur de Nablus, colonos ingresaron a una secundaria, retiraron la bandera palestina y la sustituyeron por la israelí, además de pintar consignas racistas en los muros del plantel, indicó Wafa.
Tres palestinos resultaron heridos tras ser agredidos por colonos cerca de la aldea de Beit Imrin, al noroeste de Nablus, de acuerdo con Al Jazeera.
Avanza ley de pena capital
El Comité de Seguridad Nacional de la Knesset votó a última hora anoche a favor de remitir al pleno del parlamento el controvertido proyecto de ley de la coalición que impone la pena de muerte para detenidos palestinos acusados de actos clasificados como “terrorismo”, para las dos últimas lecturas necesarias para su aprobación, informó The Times of Israel.
Suprema Corte respalda a Trump para rechazar solicitudes de asilo en frontera con México
Reuters
24 de marzo de 2026 14:23
Washington. Los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos mostraron este martes su apoyo al gobierno del presidente, Donald Trump, en su defensa de su potestad para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideren que los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México están demasiado saturados como para gestionar nuevas peticiones.
La disputa legal se centra en una política denominada metering que el gobierno del presidente republicano podría intentar reactivar tras haber sido abandonada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden. La medida permitía a los funcionarios de inmigración estadunidenses detener a los solicitantes de asilo en la frontera y negarse indefinidamente a tramitar sus solicitudes.
El gobierno de Trump apeló la resolución de un tribunal inferior que dictaminó que la medida violaba la ley federal. La política es independiente de la prohibición general del asilo en la frontera que Trump anunció tras volver a la presidencia el año pasado, la que también se enfrenta a un recurso judicial en curso.
Según la legislación estadunidense, un migrante que "llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por un funcionario federal de inmigración. La cuestión jurídica concreta en el caso actual es si los solicitantes de asilo que son retenidos en el lado mexicano de la frontera han llegado a Estados Unidos.
La Suprema Corte tiene una mayoría conservadora de 6 a 3.
Vivek Suri, el abogado del Departamento de Justicia que defendió al gobierno, dijo a los magistrados durante las alegaciones: "no se puede 'llegar a Estados Unidos' mientras se sigue estando en México. Eso debería poner fin a este caso".
La jueza conservadora, Amy Coney Barrett, presionó a Kelsi Corkran, la abogada que defendió al grupo de defensa de los inmigrantes Al Otro Lado, sobre lo que significa llegar a Estados Unidos.
Funcionarios de inmigración estadunidenses comenzaron a rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera en 2016, bajo el mandato del ex presidente demócrata, Barack Obama, en un contexto de oleada migratoria.
La política de control de entradas se formalizó en 2018, durante el primer mandato de Trump, y autorizó a los funcionarios fronterizos a denegar la tramitación de solicitudes de asilo cuando el gobierno decidiera que no podía gestionar solicitudes adicionales. Biden derogó la política en 2021.
El gobierno Trump comunicó a la Suprema Corte, en documentos judiciales, que probablemente reanudaría el uso de la política de control "tan pronto como las condiciones cambiantes en la frontera justificaran esa medida", sin dar más detalles.
El grupo de defensa de derechos Al Otro Lado inició el largo proceso judicial en 2017. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, dictaminó en 2024 que la ley federal exige a los agentes fronterizos inspeccionar a todos los solicitantes de asilo que "lleguen" a los pasos fronterizos designados, incluso si aún no han cruzado a Estados Unidos, y que la política de control de flujos violaba esa obligación.
El gobierno de Trump argumentó en los escritos judiciales que las palabras "llegar a" se refieren a "entrar en un lugar específico, no solo acercarse a él".
"Un extranjero que es detenido en México no llega a Estados Unidos", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Se espera que se dicte sentencia en el caso a finales de junio.
La Suprema Corte ha respaldado a Trump en varias sentencias relacionadas con la inmigración dictadas con carácter de urgencia desde su regreso a la presidencia, entre ellas la que le permite deportar a migrantes a países distintos del suyo y revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
La próxima semana, los magistrados escucharán los argumentos sobre la legalidad de la directiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El mes que viene, la Corte escuchará los argumentos sobre la solicitud del gobierno de revocar las protecciones legales temporales de más de 350 mil haitianos y unos 6 mil 100 sirios que viven en Estados Unidos.
Minnesota demanda al gobierno de Trump por ocultar pruebas sobre tiroteos de agentes federales
Ap
24 de marzo de 2026 12:49
Washington. Funcionarios de Minnesota presentaron este martes una demanda federal acusando a la administración del presidente, Donald Trump, de ocultar pruebas relacionadas con tres tiroteos protagonizados por agentes federales, incluidos los asesinatos a tiros de Renee Good y Alex Pretti.
La demanda alega que el gobierno federal incumplió su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras la Operación Metro Surge, y solicita al tribunal que ordene su cumplimiento.
La administración envió a miles de agentes a la zona de Minneapolis y St. Paul para intensificar la represión migratoria como parte de la campaña nacional de deportación del presidente, Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), consideró un éxito su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente criticado por los líderes de Minnesota, quienes cuestionaron la conducta de los agentes.
La demanda alega que el gobierno federal no tiene permitido "retener pruebas de investigación con el fin de proteger a los agentes del orden público del escrutinio cuando un Estado está investigando posibles violaciones graves de sus leyes penales, dirigidas contra sus ciudadanos, dentro de sus fronteras".
Kast: extremismo ideológico
El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a su compatriota, la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Bachelet fue postulada el pasado 2 de febrero por el propio Chile en conjunto con México y Brasil, una nominación que el entonces presidente Gabriel Boric describió como un manifiesto de “voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”, así como una expresión de la “esperanza compartida en que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”.
El respaldo de los dos países más poblados y con las mayores economías de la región fue la mejor demostración posible de esa apuesta por el multilateralismo y por dar voz a las naciones desde Tierra del Fuego hasta el río Bravo. En contraste, la puñalada de Kast exhibe los principales rasgos de la actual oleada de mandatarios de ultraderecha en Santiago, Buenos Aires, Lima, Quito, San José, Ciudad de Panamá, San Salvador, Santo Domingo o Puerto España. Como sus colegas, el hijo de un nazi y admirador abierto de Augusto Pinochet despliega sobreideologización, intolerancia ante la diferencia y una determinación absoluta a entregar las riendas de su país a Washington.
Para dimensionar el extremismo de Kast al sabotear a Bachelet, debe recordarse que es imposible vincular a la militante del Partido Socialista con cualquier forma de radicalismo de izquierda. De hecho, si algo se le puede reprochar es su excesiva contemporización con las derechas y los herederos del pinochetismo. Fue ministra de Salud y de Defensa del ex presidente ultraneoliberal Ricardo Lagos, y en la última cartera trabajó sin fricciones con miembros de las fuerzas armadas que deben sus carreras al dictador. Como mandataria, mantuvo intocados la institucionalidad, el modelo económico y el marco legal creados por Pinochet. Asimismo, es integrante del Club de Madrid, una organización que reúne a más de 100 ex jefes de Estado y de gobierno entre quienes se cuentan representantes de la derecha y la ultraderecha iberoamericana como José María Aznar, Mariano Rajoy, Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Vicente Fox, Felipe Calderón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el mencionado Lagos, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Mauricio Macri, Óscar Arias o Fernando Henrique Cardoso.
Con estos antecedentes, queda claro que Bachelet no representa ninguna amenaza para la administración Kast ni debería ser una candidata indigerible para las derechas. Por el contrario, la ex mandataria representa una solución de compromiso por excelencia mediante la cual el progresismo y el conservadurismo podrían impulsar la alicaída relevancia de América Latina y el Caribe en el tablero global sin afectar sus propias agendas e intereses. Por las mismas razones, el sabotaje a su candidatura no es una victoria del pinochetismo sobre sus rivales, sino un perjuicio contra Chile, una afrenta a México y Brasil, y un regalo para el trumpismo en su afán explícito de mantener a la región como un patio trasero y un territorio para el saqueo por parte de sus multinacionales, con independencia nominal pero en los hechos sometido a la Casa Blanca.
