Alonso Urrutia y Emir Olivares
13 de abril de 2026 09:38
Ciudad de México. Durante su gira por España, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene previsto una reunión con el rey Felipe de España aunque no descartó sostener un encuentro bilateral con el presidente de España, Pedro Sánchez. Sin embargo, detalló que esta tarde se reunirá con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco para revisar la agenda y su participación en el Encuentro de movimientos progresistas en España al que acudirá únicamente el sábado.
En torno a las expectativas de su participación en el encuentro de movimientos progresistas que se efectuará este fin de semana, Sheinbaum destacó que en el contexto mundial que impera es importante que se escuche la voz de México y su reivindicación de la Doctrina Estada que es particularmente en estos momentos, subrayando el principio de la autodeterminación de los pueblos.
Consideró que su asistencia es importante en el contexto actual:
“Es relevante que estemos en estos encuentros. A veces no podemos estar en todos los foros porque coincidimos con el presidente López Obrador que la mejor política exterior es la política interior, es importante que en estos momentos la voz de México y la doctrina de Política exterior que representa. Es importante que México tenga una voz".
Emir Olivares Alonso
13 de abril de 2026 14:03
Un mexicano más murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, con lo que ya suman 15 connacionales fallecidos en esa situación.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el consulado de carrera de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades del ICE, que el 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.
La dependencia indicó que hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación. Fuentes de la cancillería indicaron que el connacional fue identificado como Alejandro Cabrera Clemente.
El gobierno de México, a través de la SRE, reafirmó su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas.
“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, enfatizó la dependencia.
Ante este nuevo caso, la cancillería dio a conocer que la representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el consulado general de México en Atlanta se ha dado comunicación con la familia de la nueva víctima de las políticas antimigratorias de Donald Trump.
Esto con el fin de brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente.
“El gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”, externó.
Asimismo, agregó la dependencia encabezada por Roberto Velasco Álvarez, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes de Estados Unidos para conocer la causa del fallecimiento y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.
“En conjunto con la familia y personal jurídico de la cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, subrayó.
Agregó que se dieron instrucciones a la red consular para redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE.
De igual manera, se recordó a la comunidad mexicana que reside en el vecino del norte que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular.
Es hora de gravar la riqueza extrema en México y América Latina
Gabriel Zucman*
14 de abril de 2026 00:00
Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G20 en 2024, convirtió una pregunta largamente postergada en una prioridad política. La propuesta —en la que tuve el honor de participar— planteaba un impuesto mínimo efectivo del 2% para los individuos con patrimonios superiores a USD 100 millones. Por primera vez, las principales economías del mundo reconocieron conjuntamente que los superricos no están pagando su justa cuota de impuestos y que era necesario considerar formas de abordar la situación.
Desde entonces, el tema ha escalado rápidamente en la agenda política global. Países como Francia, España, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia debaten sobre una tributación más justa para las grandes fortunas. En Estados Unidos, California podría someter a un impuesto a los ultrarricos a referéndum en noviembre, mientras que en Nueva York Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios. Brasil, por su parte, recientemente aprobó una reforma tributaria histórica para los superricos. Lo que hace apenas unos años parecía políticamente inalcanzable hoy está sobre la mesa como una posibilidad real.
Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, junto con Medio Oriente y el Norte de África. El 10 % más rico posee alrededor del 50 % del ingreso nacional, mientras que la mitad más pobre se queda con solo el 8 %. En el último cuarto de siglo, las fortunas de los milmillonarios de la región se han multiplicado más de seis veces, alcanzando máximos históricos. En México, los milmillonarios concentran una fortuna combinada de cerca de USD 300.000 millones. Si se amplía el umbral a las personas con fortunas superiores a USD 100 millones, la riqueza acumulada supera los USD 500.000 millones, más que el PIB total de Colombia.
Este resultado no es inevitable; es fruto de decisiones políticas. Un nuevo análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, en nombre de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC), muestra que la política fiscal es parte central de esta historia. En toda la región, los sistemas tributarios hacen poco para reducir la desigualdad y, en muchos casos, la agravan. El 50% más pobre de la población latinoamericana paga cerca de un tercio de sus ingresos, principalmente mediante gravámenes al consumo. En contraste, el 1% más rico paga, en promedio, alrededor del 22%. Este patrón no es exclusivo de la región: en varios países, los multimillonarios enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos imponibles.
Por eso se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los súper ricos. La lógica es sencilla: dado que la renta imponible puede manipularse fácilmente, ese mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza, que es mucho más difícil de ocultar. La regla se aplicaría solo a personas con activos por encima de un límite determinado, por ejemplo, de 100 millones de dólares.
A diferencia de los impuestos sobre la fortuna tradicionales, el impuesto mínimo, por ejemplo, del 2 % sobre el patrimonio, funciona como un “piso”. Si los impuestos ya pagados sobre la renta y el patrimonio no alcanzan ese 2 %, se cobrará la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el 2 %, no se deberá ningún importe adicional. La propuesta simplemente garantiza que los multimillonarios contribuyan, en relación con su riqueza, al menos tanto como los ciudadanos comunes.
En el informe encargado por Brasil, mis colegas muestran que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a USD 100 millones recaudaría alrededor de USD 24.000 millones al año —aproximadamente el 0,6% del PIB de las siete economías más grandes de la región. Con una tasa del 3%, los ingresos alcanzarían los USD 36.000 millones. En México, un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de individuos con más de USD 100 millones podría generar alrededor de USD 10.000 millones, lo que podría financiar una expansión de los servicios públicos de salud y educación en el país.
La propuesta es viable. En la última década, la cooperación internacional ha transformado la transparencia sobre la riqueza global. El intercambio automático de información ha reducido drásticamente la opacidad de los activos offshore. Además, muchas formas de riqueza —como bienes inmuebles, acciones cotizadas y herencias— ya se declaran o gravan, y los métodos de valoración de las empresas privadas se utilizan ampliamente en las finanzas y en la administración tributaria.
América Latina tiene razones de peso para tomarse en serio este debate ahora. La relación promedio entre impuestos y PIB de la región es del 21,3%, frente al 34,1% de los países de la OCDE. La brecha es aún mayor en algunas de las economías más grandes de la región: la carga tributaria de México, equivalente al 17,7% del PIB, está por debajo incluso del promedio regional, y es el país con la menor recaudación entre todos los miembros de la OCDE. Además, el crecimiento no ha aumentado lo suficiente y las presiones por el servicio de la deuda van en aumento. Los Estados necesitan recursos para invertir en salud, educación, adaptación al cambio climático y transformación productiva.
Pero también necesitan legitimidad. Un sistema tributario pierde legitimidad cuando los trabajadores, los maestros y los pequeños empresarios pagan más, proporcionalmente, que las grandes fortunas. Datos de la OCDE muestran que sólo el 29% de los mexicanos cree que el sistema los grava de forma justa. Cuando el poder económico se acumula sin una contribución correspondiente al bien público, las instituciones democráticas comienzan a erosionarse.
América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado el camino al poner el tema en el escenario internacional. Pero los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, construyendo sobre el creciente consenso de que la desigualdad extrema no es ni inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla no está fuera de alcance. Lo que falta es la voluntad política para actuar.
* Profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley. Director fundador del Observatorio Fiscal Internacional.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Las amenazas en la mina en Mazapil “apenas” se están investigando.Foto Alfredo Valadez
Lo que de inmediato el gobierno mexicano debió investigar y resolver (por tratarse de un delicado asunto de seguridad, tanto laboral como física para los trabajadores y la legalidad misma) ha sido “tratado” con total parsimonia y en lugar de solucionarlo con prontitud y en las instancias correspondientes lo ha “bateado” a lo largo de por lo menos dos años, al grado que tuvo que intervenir una instancia extranacional. Y así, el tema ha llegado a la mañanera, donde, en todo caso, debió anunciarse que todo quedó subsanado, y no, como se hizo ayer, que apenas “se está investigando”.
Se trata de Minera Camino Rojo –concesionada a la canadiense Orla Mining–, en la que con autorización de la empresa ha metido la mano el narcotráfico como grupo de choque en contra de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Mineros (titular del contrato colectivo) que preside Napoleón Gómez Urrutia, quien ha denunciado esta situación.
En Días pasados, La Jornada (Jared Laureles) lo reseñó así: “la minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, que determinó que la compañía es ‘responsable directa de injerencia patronal’ en actividades sindicales”.
Algo más: la resolución del MLRR subraya que se documentaron “evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, para obligarlos a afiliarse a un gremio de protección patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (con sede en Nuevo León y Jesús González Cárdenas como cabeza visible). Las actuaciones del panel corroboraron que ‘la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa’”.
De entrada es, por decirlo suave, un tremendo bofetón a tres instituciones del gobierno mexicano: las secretarías de Economía (legalmente encargada de las concesiones mineras) y del Trabajo (“garante” de los derechos de los trabajadores), y la Fiscalía General de la República (que no ha movido un pelo para resolver este asunto). Mientras, el corporativo canadiense está muerto de la risa junto con sus amigos del narcotráfico que a golpe de pistola cuidan sus intereses.
Entonces, esas tres instituciones, lejos de redoblar esfuerzos e investigaciones, si las hubiere, simplemente “rechazaron la determinación del panel”, pues el MLRR “excedió sus alcances, al argumentar que pretendió analizar conductas de naturaleza penal y que los actos de ‘coerción’ no pueden atribuirse a la compañía minera”. ¿Y los delitos documentados?
Con su parsimonia, esa tercia de asses promovió que, dos años después, el asunto llegara a Palacio Nacional sin solución alguna y explotara en manos de la presidenta Sheinbaum, quien ayer se limitó a decir que “se está investigando” el caso de Camino Rojo y a los colegas les anunció que “mañana con el gabinete de seguridad se informa; hoy voy a tener una plática con Marath (Baruch, secretario del Trabajo) para conocer (¡dos años después!) el contexto de esta situación de la mina… Y claro que es ilegal; ninguna empresa, ni las mineras, que utilicen cualquier forma de amedrentar a los trabajadores, no solamente no está dentro de la ley si hace esto, sino que, además, hay delitos qué perseguir si se demuestra que esto fue así”. Ajá, ¿y dónde estaban Marcelo, Marath y Ernestina?
En vía de mientras, como lo advierte Gómez Urrutia: “¿quién va a responder si el personal de la mina es golpeado, desaparecido e incluso asesinado? Se trata de un precedente muy importante del MLRR para que empresas de Estados Unidos y Canadá reflexionen en el sentido de que no pueden venir a México a actuar como no lo pueden hacer en sus naciones respectivas. Es preocupante la nula respuesta gubernamental y el silencio del gobierno de Canadá y de su embajada en México”.
Las rebanadas del pastel
Brillante fue la decisión de Clara Brugada de designar al panista Adrián Rubalcava Suárez como director general del Sistema de Transporte Colectivo. ¿Resultados? ¡Todos!: “en lo que va del año, el Metro sólo ha operado sin interrupciones alrededor de 17 días, de 102; en enero sólo un día de servicio sin contratiempos y en lo que va de abril, cinco” ( La Jornada, Nayelli Ramírez Bautista)… Y el barril mexicano de exportación a 94.42 dólares.
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