Rosa Miriam Elizalde
21 de mayo de 2026 00:01
En política internacional las guerras rara vez comienzan con un disparo. Arrancan con filtraciones cuidadosamente dosificadas, titulares alarmistas, informes de inteligencia, expedientes judiciales y operaciones narrativas destinadas a transformar a un adversario político en una amenaza existencial.
Durante semanas, medios como Axios y Politico han ido desplazando gradualmente el encuadre narrativo sobre Cuba a partir de filtraciones directas del Departamento de Estado. La isla ya no aparece únicamente como un país golpeado por la crisis económica, el bloqueo o las dificultades energéticas. Ahora es presentada como una amenaza estratégica, con supuesta capacidad de inteligencia hostil, cooperación militar, drones y potencial ofensivo contra Estados Unidos.
Entre un exabrupto de Donald Trump hoy y otro de Marco Rubio al día siguiente, ha emergido un nuevo elemento particularmente sensible: la apertura de un expediente judicial contra Raúl Castro, símbolo guerrillero de la revolución cubana, a quien acusan ahora del derribo, en 1996, de dos avionetas Cessna 337, propiedad de Hermanos al Rescate. El Departamento de Justicia, que incluyó junto al nombre de Raúl el de otros cinco cubanos, repite el patrón ya utilizado contra Nicolás Maduro.
El caso de las avionetas encaja perfectamente en una lógica de escalada gradual del conflicto. La reactivación de acusaciones judiciales contra Raúl Castro forma parte de una operación política y mediática orientada a presentar a Cuba como una amenaza y a legitimar nuevas medidas de presión y excepcionalidad.
Sin embargo, la historia real de aquel episodio es mucho más compleja que la versión simplificada y unilateral promovida durante décadas desde Washington. En los meses previos al 24 de febrero de 1996, Cuba denunció repetidamente las incursiones aéreas de Hermanos al Rescate ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés).
Las avionetas habían realizado 25 sobrevuelos en La Habana para lanzar propaganda política y violar con descaro las restricciones aéreas impuestas por las autoridades cubanas, que advirtieron muchas veces que no continuarían tolerando esas acciones. Desde Miami, José Basulto y otros cabecillas del grupo anunciaban públicamente nuevas incursiones y se jactaban de la incapacidad cubana para impedirlas.
Un correo interno de la FAA, enviado el 22 de enero de 1996 por la funcionaria Cecilia Capestany a sus superiores dentro de la agencia y hoy desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington, advertía explícitamente: “Uno de estos días los cubanos derribarán uno de esos aviones”. El mensaje evidenciaba que las autoridades estadunidenses conocían el riesgo creciente derivado de las provocaciones aéreas de Hermanos al Rescate mucho antes del derribo de las avionetas.
The New Yorker, en enero de 1998, desmontó buena parte de la narrativa posterior, que presentó a Cuba como culpable del hecho. El texto reveló que altos funcionarios estadunidenses conocían perfectamente el riesgo de una confrontación, que existieron advertencias explícitas desde La Habana y que incluso interlocutores estadunidenses transmitieron señales ambiguas sobre un posible freno a los vuelos de Hermanos al Rescate. Llegaron a preguntarse incluso qué habría hecho el gobierno de Bill Clinton si aviones procedentes de Cuba se hubieran dedicado, no una sino muchas veces, a violar el cielo de Washington.
Dentro del propio aparato estadunidense existía conciencia de que Basulto –mercenario de Playa Girón y participante histórico en operaciones paramilitares contra Cuba– actuaba de manera crecientemente provocadora y fuera de control. Funcionarios, diplomáticos y antiguos militares advirtieron que un incidente grave era prácticamente inevitable si los vuelos continuaban. Cualquiera, a la velocidad de un clic, puede encontrar las evidencias.
Sin embargo, tras el derribo de las avionetas, el episodio fue rápidamente convertido en un instrumento político interno. Bill Clinton terminó firmando la Ley Helms-Burton, congeló cualquier intento de distensión con Cuba y codificó el bloqueo en la legislación estadunidense para impedir que futuros presidentes pudieran desmontarlo o flexibilizarlo mediante decisiones ejecutivas.
A la par, la investigación de la OACI quedó rodeada de fuertes controversias. Cuba entregó rápidamente registros, radares, testimonios y acceso a instalaciones militares y civiles. Estados Unidos retrasó información clave, negó imágenes satelitales y presentó registros incompletos o contradictorios.
Buena parte de la narrativa pública terminó descansando en testimonios indirectos y observaciones imposibles de verificar plenamente. Treinta años después, el expediente reaparece en medio de un renovado clima de odio político en Miami, sin disimular el verdadero objetivo de la operación: construir retrospectivamente una figura culpable que permita enlazar el episodio de 1996 con la narrativa actual de “Cuba como amenaza estratégica”.
Lo que comenzó como una escalada mediática avanza hacia en el peor fracaso de la justicia: legitimar la agresión militar contra Cuba.
En Cuba se juega el futuro
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó al ex presidente cubano Raúl Castro (2008-2018), por el derribo de dos avionetas de “ayuda humanitaria” el 24 de febrero de 1996, cuando era ministro de Defensa de la isla. El nivel de mendacidad y el retorcimiento de la realidad ya no pueden sorprender en un DOJ que esta misma semana ordenó entregar casi mil 800 millones de dólares como “indemnización” por haber sido judicializados a los individuos que el 6 de enero de 2021 asaltaron el Capitolio, agredieron a policías, amenazaron de muerte a legisladores y cometieron otros actos de barbarie irracional con el propósito de romper el orden institucional estadunidense.
Tan falso como hacer pasar por víctimas a los fallidos golpistas azuzados por Donald Trump es pretender que Cuba fue la parte agresora en el incidente ocurrido hace más de 30 años. Por principio de cuentas, los Cessna 337 no realizaban ninguna labor humanitaria; eran operados por un grupo terrorista anticubano con base en Miami, el cual participó en acciones paramilitares desde 1959, incluidos la invasión de Bahía de Cochinos y varios intentos de asesinato a Fidel Castro. Durante 20 meses, la formación encabezada por el ex agente de la CIA José Basulto invadió el espacio aéreo cubano, tanto para provocar a las autoridades como para el lanzamiento de propaganda contrarrevolucionaria. Cada acción ilegal fue documentada por La Habana y reportada al Departamento de Estado y la Administración Federal de Aviación estadunidenses, así como a la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas. El propio Basulto reclutó a la cadena de televisión NBC para documentar sus acciones criminales, por lo que es imposible alegar que Estados Unidos desconocía tales antecedentes.
El hecho de que hayan pasado 30 años entre los acontecimientos y la imputación muestra que todos los presidentes estadunidenses desde Bill Clinton (en el poder en 1996), pasando George W. Bush, Barack Obama, Trump en su primer periodo, hasta Joe Biden, fueron conscientes de que Cuba hizo un uso legítimo de su derecho a proteger su espacio aéreo y de que el único delito que perseguir era el de los ultraderechistas de Miami, quienes por supuesto quedaron impunes. Así pues, los cargos contra uno de los líderes históricos de la revolución cubana sólo pueden entenderse en el contexto de la creciente ruptura del discurso trumpista con la realidad –de la que dan cuenta sus reiteradas aseveraciones fantasiosas de que las fuerzas militares de su país derrotaron a Irán–, la instalación de una política exterior basada sin disimulo en la obtención de botines para la clase gobernante y la captura del aparato judicial estadunidense por fiscales y jueces divorciados de la legalidad.
Aunque sería un crimen atroz, un eventual secuestro de Raúl Castro por órdenes de la Casa Blanca –como el que sufrieron el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, aún cautivos en Estados Unidos– no tendría como principal víctima al ex mandatario ni al pueblo cubano, sino al planeta entero: permitir la continua arbitrariedad de Washington significaría renunciar por completo a los últimos vestigios de legalidad internacional y aceptar que cualquier persona, en cualquier lugar, se encuentra a expensas de los caprichos de un magnate sádico que tiene en sus manos el botón nuclear. Las circunstancias exigen un cierre global de filas con Cuba, así como un rechazo generalizado al acoso homicida impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.
Reactivación de la economía
Orlando Delgado Selley
Con la información de que disponemos, es claro que nuestra economía mantiene un desempeño por debajo del esperado. La meta gubernamental de crecimiento de la economía en 2026 es de 2.3 por ciento. Ya no se conseguirá. Diversos analistas han ubicado el dato de crecimiento anual esperado en 1.35 por ciento. Esa es la cifra que registra la encuesta mensual que realiza el Banco de México a 45 empresas de análisis económico, que un mes atrás habían calculado 1.44 por ciento. Otras estimaciones, como las del FMI y la OCDE, que se ubican en 1.1 y 1.3 por ciento, respectivamente, confirman las dificultades presentes para llegar a 2.3 por ciento.
Para evitar este resultado negativo, el gobierno está trabajando para que la economía regrese a la ruta de crecimiento esperada. Las acciones están ordenadas en el Plan México, que propone proyectos de infraestructura en los que habría inversiones mixtas, con empresas privadas establecidas y también con nuevas empresas que se interesen en participar. Los proyectos proponen obra nueva y obras que continúen proyectos anteriores. Las inversiones previstas suman más de 600 mil millones de pesos, un monto considerable que efectivamente pudiera reactivar el crecimiento, acercando el desempeño a la meta prevista.
El esfuerzo gubernamental debería dar certidumbre a los grupos empresariales, lo que pudiera llevarles a concretar las inversiones esperadas. Sin embargo, las expectativas empresariales se verán afectadas por el curso que tomen las negociaciones que están realizándose para revisar el T-MEC. El gobierno mexicano no puede contrarrestar el riesgo de una negociación fallida para ratificar el T-MEC, de modo que los empresarios saben que ese riesgo constituye un problema cuyo desenlace esta por verse. Hay vientos favorables, como las presiones a favor de su continuidad por parte de empresarios de Estados Unidos, lo mismo que de grupos empresariales mexicanos. Pero lo que cuenta es lo que se propone el gobierno de Trump.
En la negociación del T-MEC, un primer asunto es si los negociadores estadunidenses están interesados en continuar con un tratado trilateral o si se proponen dos tratados bilaterales con distintas especificidades. Evidentemente, esta decisión modificará la manera en que México se planteará la negociación. Un segundo asunto es, superada la lógica de confrontación que ha impuesto la administración Trump, la determinación de nuevas reglas de contenido nacional. Un tercer tema a definir en torno a la negociación del T-MEC es el de las remuneraciones y derechos de los trabajadores de los tres países.
La alineación de los salarios de los trabajadores de la industria automotriz está en la lista de pendientes, junto con los temas de restricciones a la libertad sindical que persisten en nuestro país y que conviene atender. Este tema es central para los representantes demócratas, que sostienen la necesidad de renovar el tratado, pero han propuesto “acuerdos sectoriales de negociación colectiva en industrias estratégicas para reducir la brecha salarial”.
Hay otras consideraciones en la negociación del T-MEC, pero lo que importa es que esta negociación está afectando los niveles de confianza económica entre los empresarios mexicanos. Una encuesta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que el índice de confianza se encuentra en un nivel bajo que, además, ha ido cayendo. Por supuesto, los márgenes de maniobra del gobierno mexicano son muy limitados, ya que la evolución estará marcada por la estrategia comercial de los estadunidenses.
Los empresarios mexicanos, frente a escenarios externos que plantean riesgos significativos, deben ser conscientes de que el gobierno de la 4T se ha ocupado de generar la mayor certidumbre posible. Lo que no puede resolver son los riegos planteados por la administración Trump. En los próximos meses se irán resolviendo los riesgos externos planteados, pero internamente es posible tomar decisiones: una deseable sería invertir en la línea propuesta por el Plan México, que les ofrece beneficios razonables, los cuales deberán acompañarse de generación de bienestar para los trabajadores y sus familias.
Urgen las decisiones de inversión de los empresarios para superar el semiestancamiento en el que estamos. La reactivación de la economía es una condición necesaria para dar un salto en la mejoría de las condiciones de vida de amplios grupos de la población. Eliminar la pobreza extrema, como lo ha comprometido el gobierno, demanda que a la política social del gobierno se sume lo que la economía debiera resolver: empleo y remuneraciones justas. Puede avanzarse. Veremos si los empresarios contribuyen a la reactivación económica y al bienestar nacional.
odselley@gmail.com
Patrulla Fronteriza arresta a 19 mexicanos escondidos en el drenaje de San Diego
La redacción
20 de mayo de 2026 20:30
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a 19 mexicanos escondidos en un sistema de drenaje cerca de la frontera, en San Diego; entre ellos, dos hermanos que fueron deportados tras ser condenados en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California, informó Univisión.
Los 19 fueron encontrados por agentes de la estación de Chula Vista dentro de túneles y conductos de drenaje cercanos a la frontera, en una operación realizada la noche del 4 de mayo y fue difundida miércoles. Las autoridades indicaron todos se encuentran detenidos y podrían enfrentar procesos de deportación o cargos federales.
Entre los detenidos había 16 adultos y tres menores no acompañados, todos ciudadanos mexicanos, así como dos hermanos previamente deportados, identificados como Raudel Carrillo-Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31.
Aunque el reforzamiento de vigilancia fronteriza ha aumentado en distintas zonas de California y Texas, los sistemas de drenaje y túneles continúan siendo utilizados por grupos de migrantes y traficantes para intentar evitar retenes y cámaras de vigilancia, informó el medio estadunidense.
Estos espacios suelen representar riesgos extremos debido a inundaciones repentinas, falta de oxígeno, derrumbes y largas horas de encierro bajo tierra.
Crece condena internacional contra Israel por trato a activistas de flotilla humanitaria
Afp, Sputnik, Reuters, Europa Press y Prensa Latina
20 de mayo de 2026 18:09
Asdod. “Monstruoso, inhumano e indigno”, “degradante”, “inaceptable” y violatorio del derecho internacional fueron algunas de las expresiones utilizadas por los gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos, Irlanda, Grecia, Chile, Colombia, Polonia, Bélgica, Finlandia, Turquía, Qatar, Chipre y Eslovenia, además de altos funcionarios de la Unión Europea, para condenar las acciones de Israel contra los integrantes de la flotilla Global Sumud.
Luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundiera videos donde aparecen activistas de la flotilla detenidos, esposados y obligados a arrodillarse, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó de “inaceptable” el trato contra los activistas, mientras el canciller español, José Manuel Albares, lo describió como “monstruoso, inhumano e indigno”.
Francia, Italia, Canadá y Países Bajos convocaron a los respectivos embajadores israelíes para exigir explicaciones. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció “actos inadmisibles”, y el primer ministro canadiense, Mark Caney, junto con la canciller canadiense, Anita Anand, sostuvieron que las imágenes son abominables, y “profundamente preocupantes y absolutamente inaceptables”, además de recordar que su país ya ha impuesto severas sanciones a Ben-Gvir, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, en respuesta a su reiterada incitación a la violencia.
Reino Unido, Irlanda, Grecia, Polonia y Finlandia coincidieron en exigir garantías para sus ciudadanos y señalar posibles violaciones al derecho internacional. La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, afirmó estar “verdaderamente horrorizada”, mientras el premier irlandés, Micheál Martin, sostuvo que las acciones israelíes constituyen una “violación del derecho internacional”.
Por su parte, el presidente Colombiano, Gustavo Petro, indicó en sus redes sociales que el comportamiento de Ben-Gvir es el de “un verdadero Nazi”. Chile expresó su malestar por el trato degradante hacia tres ciudadanos chilenos detenidos durante la interceptación.
Turquía acusó al gobierno de Israel de actuar con una “mentalidad bárbara”, mientras Qatar calificó el trato a los activistas como “inhumano” y contrario al derecho internacional humanitario. También, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, señaló que las imágenes de “degradantes e injustas”, mientras la Comisión Europea subrayó que toda persona detenida debe ser tratada “con seguridad, dignidad y conforme al derecho internacional”, informó Al Jazeera.
