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30 de junio de 2026 16:22
Bogotá. El ex candidato presidencial Iván Cepeda anunció este martes que recurrirá a la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncie a su nacionalidad estadunidense, aclare si ha sido “colaborador de agencias” de inteligencia de ese país y otros condicionamientos.
El progresista Cepeda, quien ejercerá la oposición desde una banca en el Senado tras perder en la segunda vuelta de la elección presidencial, explicó en una declaración a la prensa que la desobediencia “implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.
Cepeda, aliado político del presidente saliente Gustavo Petro, instó a sus más de 12 millones de electores a que también entren en desobediencia en caso de que De la Espriella no ceda ante las condiciones, lo que implicaría que desconozcan “cualquier orden” dada por el presidente electo.
De la Espriella, de 47 años, nació en la capital de Colombia y en su edad adulta recibió la ciudadanía estadunidense. Según dijo en la campaña a The Associated Press también es miembro del Partido Republicano.
Los cuestionamientos sobre su doble nacionalidad han orbitado su campaña, tanto por las críticas de Cepeda y Petro, quienes cuestionan su lealtad a Colombia, como por un grupo de juristas que antes de la segunda ronda electoral advirtieron que sus obligaciones como presidente colombiano entrarían en “radical contradicción” con las adquiridas en Estados Unidos como ciudadano.
El abogado y empresario De la Espriella ha dicho que su compromiso es con Colombia y que la Constitución no impide tener otras nacionalidades, sino que exige haber nacido en Colombia y tener más de 30 años de edad para ejercer como presidente.
Cepeda también cuestionó el apoyo político que De la Espriella recibió del presidente estadunidense Donald Trump durante la campaña, al considerarlo una “abierta interferencia” al proceso electoral en Colombia.
A su juicio, De la Espriella no debería posesionarse como presidente hasta que renuncie a su ciudadanía estadunidense y aclare otros temas relacionados con Estados Unidos, a riesgo de que su posesión quede “viciada por ser ilegal e ilegítima”.
Para Manuel Camilo González, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el anuncio de Cepeda es el lanzamiento de la forma en la que será su oposición de cara al gobierno de De la Espriella.
“Va a intentar bloquear la agenda de Abelardo en el Congreso y, de ser necesario, también convocará a las calles”, explicó a The Associated Press.
Cepeda pidió que De la Espriella aclare si fue o es “colaborador o miembro de agencias de seguridad" de Estados Unidos, argumentando que en su ejercicio como abogado contribuyó a los acercamientos con las autoridades de ese país y Alex Saab, un aliado cercano del secuestrado presidente venezolano Nicolás Maduro.
De la Espriella dijo en campaña a la Ap que lo dejó de representar hace aproximadamente siete años. Explicó entonces que sus "contactos con las fiscalías, con los agentes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), siempre fue por los temas de Saab, pero para que él negociara, cosa que no quiso hacer".
Cepeda también pidió a De la Espriella que cese “toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”.
De la Espriella dijo a Ap que estaría dispuesto a enviar en extradición a Petro en caso de que fuera requerido por Estados Unidos y avancen investigaciones en etapas iniciales que cursan en ese país.
En los últimos meses fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y habló en marzo con Ap bajo condición de anonimato.
30 de junio de 2026 16:22
Bogotá. El ex candidato presidencial Iván Cepeda anunció este martes que recurrirá a la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncie a su nacionalidad estadunidense, aclare si ha sido “colaborador de agencias” de inteligencia de ese país y otros condicionamientos.
El progresista Cepeda, quien ejercerá la oposición desde una banca en el Senado tras perder en la segunda vuelta de la elección presidencial, explicó en una declaración a la prensa que la desobediencia “implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.
Cepeda, aliado político del presidente saliente Gustavo Petro, instó a sus más de 12 millones de electores a que también entren en desobediencia en caso de que De la Espriella no ceda ante las condiciones, lo que implicaría que desconozcan “cualquier orden” dada por el presidente electo.
De la Espriella, de 47 años, nació en la capital de Colombia y en su edad adulta recibió la ciudadanía estadunidense. Según dijo en la campaña a The Associated Press también es miembro del Partido Republicano.
Los cuestionamientos sobre su doble nacionalidad han orbitado su campaña, tanto por las críticas de Cepeda y Petro, quienes cuestionan su lealtad a Colombia, como por un grupo de juristas que antes de la segunda ronda electoral advirtieron que sus obligaciones como presidente colombiano entrarían en “radical contradicción” con las adquiridas en Estados Unidos como ciudadano.
El abogado y empresario De la Espriella ha dicho que su compromiso es con Colombia y que la Constitución no impide tener otras nacionalidades, sino que exige haber nacido en Colombia y tener más de 30 años de edad para ejercer como presidente.
Cepeda también cuestionó el apoyo político que De la Espriella recibió del presidente estadunidense Donald Trump durante la campaña, al considerarlo una “abierta interferencia” al proceso electoral en Colombia.
A su juicio, De la Espriella no debería posesionarse como presidente hasta que renuncie a su ciudadanía estadunidense y aclare otros temas relacionados con Estados Unidos, a riesgo de que su posesión quede “viciada por ser ilegal e ilegítima”.
Para Manuel Camilo González, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el anuncio de Cepeda es el lanzamiento de la forma en la que será su oposición de cara al gobierno de De la Espriella.
“Va a intentar bloquear la agenda de Abelardo en el Congreso y, de ser necesario, también convocará a las calles”, explicó a The Associated Press.
Cepeda pidió que De la Espriella aclare si fue o es “colaborador o miembro de agencias de seguridad" de Estados Unidos, argumentando que en su ejercicio como abogado contribuyó a los acercamientos con las autoridades de ese país y Alex Saab, un aliado cercano del secuestrado presidente venezolano Nicolás Maduro.
De la Espriella dijo en campaña a la Ap que lo dejó de representar hace aproximadamente siete años. Explicó entonces que sus "contactos con las fiscalías, con los agentes de la DEA, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), siempre fue por los temas de Saab, pero para que él negociara, cosa que no quiso hacer".
Cepeda también pidió a De la Espriella que cese “toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”.
De la Espriella dijo a Ap que estaría dispuesto a enviar en extradición a Petro en caso de que fuera requerido por Estados Unidos y avancen investigaciones en etapas iniciales que cursan en ese país.
En los últimos meses fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y habló en marzo con Ap bajo condición de anonimato.
Cinismo imperial
Luis Linares Zapata
01 de julio de 2026 00:01
Los daños de los terremotos simultáneos en Venezuela son inmensos e inmerecidos. Pero los recursos, de variada clase, indispensables para atenderlos y recuperarse de tan grotesco mal, son sumamente escasos. La pronunciada escasez viene de lejos, aunque buena parte surge del truculento presente también. Codiciosas miradas de una inclemente superpotencia mundial han sido, al mismo tiempo, altivas, insensibles y arrogantemente interesadas en desterrar la creciente influencia china.
No se puede ignorar, tampoco, el dañino influjo de la corrupción que emana del piratesco talente estadunidense, mezclado con la irreflexiva ambición interna de la élite local. La pasión central, sin contemplación que valga una reflexión de sano propósito por este ahorcado país, ahora en honda desgracia, era y aún es, la pretensión de apropiarse de sus recursos mineros. Un caudal inmenso de petróleo crudo corre en las entrañas de Venezuela. Se empareja con otros muchos minerales de gran valor. Nadie, ningún país, se hace merecedor de esta bíblica plaga que le cayó de repente.
Parte en la forma de furia natural, acompasada por la dura mano que maneja hilos de poder a escala mundial. Ni siquiera en los días del independentismo chavista pudieron los venezolanos manejar, con soberana actitud, sus enormes recursos. La oposición interna al legendario personaje fue una actividad continua, feroz y ávida. La peculiar manera de enfrentar los muchos problemas del país que los apretaban, desde una izquierda, esbozada como nacionalista, tuvo campo propicio para su desenvoltura.
De inmediato, la pesada y poderosa garra imperial se opuso y dio inicio al periodo de duras restricciones impuestas. Medidas que fueron cercando las posibilidades de utilizar sus propios recursos y nacientes capacidades para beneficio popular. Un largo periodo, de indebidas apropiaciones entreguistas, presidieron la tentativa del presidente Chávez al intentar gobernar su país. La misma adopción de políticas democráticas nacionalistas fueron motivo de dura oposición interna e internacional.
Un serrano grupo de líderes internos, de escasa monta, inauguró un periodo de rebeliones y golpes de Estado que trataron de obstaculizar cualquier avance. Y así, con ese telón de fondo, se actuó durante el periodo en que gobernó el rebelde militar. Sus sucesores recibieron, de facto, una nación asediada en sus variados frentes.
El gobierno del presidente Maduro nunca pudo ejercer funciones de manera, digamos, un tanto, libre. Nunca tuvo acceso a sus reservas externas, las incautó el Banco de Inglaterra donde estaban depositadas. Tampoco pudo operar la empresa venezolana (Citgo) vendedora de 10 por ciento de la gasolina en Estados Unidos. Fue incautada por arbitraria decisión de Trump. Es una valiosa empresa que han tratado de subastar y trasladarla a socios y amigos del magnate.
La criticada capacidad estadunidense para imponer sanciones financieras dejó a Venezuela sin poder negociar bien externo alguno. Fueran éstos alimentos o partes de repuesto para la industria petrolera. Más de 500 sanciones se impusieron al gobierno, ahora bajo Maduro, sucesor de Chávez por voto popular. En estos días, posteriores a los terremotos y la tragedia humana concomitante, la narración del enviado de Televisa de la tragedia fue notable en varios aspectos.
Describió puntualmente la terrible destrucción habida. La cauda de consecuencias también las tuvo presentes. Le siguieron los dañinos pormenores del desamparo familiar, sus muertos y desheredados que se cuentan por miles. Hizo hincapié en las ausentes normas constructivas para prevenir desastres, como las actuales del México posterremotos.
Describió la incapaz infraestructura física y organizativa (hospitales, rescatistas y otros medios) para atender tan urgentes y vastas necesidades. Lo que nunca mencionó fue lo causado por el bloqueo estadunidense (y occidental) arriba descrito en parte. Una revisión de la prensa escrita y radiotelevisiva arroja similar panorama.
Toda falta de prevención y auxilio reparador se debe a la incapacidad gubernamental de Maduro y secuaces. Trump jamás reconocerá que tiene buena tajada de culpa por su avidez de negocio, pulsiones geopolíticas y garra de pirata incautador de todo bien venezolano posible. El gobierno impuesto por su designio sólo podrá moverse en la acotada y entreguista dirección ordenada por sus vigilantes.
Él es el dueño de la nación y su petróleo. Así lo ha declarado repetidamente. Pero, la derecha interna e internacional, obviará, con sus múltiples medios, toda responsabilidad. Saldrán no sólo impunes, sino serán los implacables jueces de esta terrible y dolorosa historia. El recuento completo sólo aparecerá en este diario.
Hacia la ultraderecha sin tapujos
Foto Fiscalía General del Estado de Chihuahua Foto autor
Víctor M. Quintana S.
01 de julio de 2026 00:01
Desesperados, mal aconsejados por voces de otros países, acicateados por los apretados triunfos de la ultraderecha en Colombia y Perú, el gobierno de Chihuahua, el PAN y sus aliados se quitan las máscaras. A once meses de las elecciones de 2027 en que se disputarán la gubernatura y el Congreso del estado, 67 presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones federales, muestran su verdadero rostro, apuntalados con una centimillonaria guerra cognitiva para legitimarse.y descalificar a sus adversarios.
La nueva ofensiva comenzó por una apresurada reforma electoral que presentó y acaba de aprobar el bloque PAN-PRI-MC-PVEM en el Congreso del Estado. Los puntos más cuestionados y rechazados, tanto por organizaciones de la sociedad civil y el grupo parlamentario de Morena son: Se desacata el mandato del Tribunal Estatal Electoral para que se hagan las adecuaciones legales y se lleve a cabo la elección directa de las y los regidores por circunscripción territorial a partir de 2027, como demanda el movimiento #YoElijoRegidor. Se retrocede en garantizar la paridad de género ordenando por bloques los municipios prioritarios para impedir que los partidos coloquen a las mujeres en los municipios menos importantes.
No se introducen acciones afirmativas para garantizar la representación de género, de personas de la diversidad sexual, de juventudes y personas con discapacidad y pueblos originarios, a pesar de una reserva propuesta por la diputada morenista Edith Palma. La reforma panista consolida poder y privilegios de la clase política al dar la espalda al clamor popular de reducir el financiamiento a los partido. Cierra la posibilidad a que las y los diputados plurinominales sean las y los candidatos que participaron en las elecciones distritales y resultaron los mejores perdedores, lo que sigue redundando en favor de las burocracias partidarias.
Ya encarrerada, la reforma permite ahora que un candidato a presidente municipal pueda figurar al mismo tiempo en la lista de regidores y pueda llegar a serlo en caso de perder las elecciones. La cosa no paró ahí: la mayoría legislativa presentó también una iniciativa para “blindar las elecciones” ante la influencia del crimen organizado. La diputación de Morena presentó una propuesta alternativa que contemplaba no sólo el blindaje ante los grupos criminales, sino ante la influencia de intereses del extranjero y la revisión del perfil ético de las candidaturas: fue rechazada por el bloque de la gobernadora.
Más allá de sus marrullerías legislativas y discursivas, el gobierno de Chihuahua acentúa su carácter clasista y buscador de beneficios económicos para sí y sus cuates: acuerda formar un fideicomiso público-privado para la construcción de la arena de rodeo de la Unión Ganadera, que costará alrededor de 600 millones de pesos, cuando se descuidan importantes instalaciones médicas y deportivas, y no se da mantenimiento al Centro de Oncología construido la administración pasada. El gobierno del estado subasta a empresarios privados tres fraccionamientos construidos con dinero público por Pensiones Civiles del Estado, sin permitir la venta directa a cientos de familias sin vivienda.
Mientras el gobierno del PAN y del PRI actúa así, la inseguridad no cesa a pesar de la tan cacareada Plataforma Centinela. Continúan los desplazamientos forzados de personas en la Sierra, así como los enfrentamientos armados en varios municipios. El fin de semana pasado Chihuahua volvió a encabezar la lista negra nacional con 17 homicidios en tres días. Para ocultar o minimizar estas acciones de carácter antidemocrático, corrupto y de atropello a los derechos de la ciudadanía, el gobierno de Chihuahua lleva a cabo una intensa guerra cognitiva para desinformar, ganarse a la ciudadanía y contraatacar a sus críticos, al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena.
El contenido de esta guerra son una serie de significados reducidos a afirmaciones simplistas, chabacanas, repetidas hasta el cansancio . Uno de los más recurrentes es el de “El de Claudia Sheinbaum es un narcogobierno”. “El gobierno federal protege a delincuentes como Rocha Moya y compañía mientras ataca a la gobernadora por destruir un narcolaboratorio”. La fabricación de verdades a modo es también recurrente: luego que la mayoría rechazó la propuesta de blindaje electoral de Morena, la gobernadora acusó en falso de que este partido no habría querido ningún blindaje, pero fue desmentida de inmediato por una carta pública de este grupo parlamentario.
El gobierno sigue difundiendo que sus finanzas están sanas a pesar de que la deuda pública sigue creciendo y están a la puerta cientos de despidos de empleados públicos. Esta guerra cognitiva del gobierno de Chihuahua, el PAN y sus aliados se difunde y expande a través de la compra de medios de comunicación locales y nacionales y la contratación de granjas de bots en las redes sociales, para lo cual María Eugenia Campos ha gastado 2 mil 504 millones de pesos en cinco años, según el portal de periodismo de investigación zona free.mx.
En su desesperación, el PAN y sus aliados quieren experimentar lo que algunos manejan como el factor de triunfo de la extrema derecha en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia: presentarse como una derecha extrema sin tapujos, ni visos democráticos, clasista, discriminadora, negociante, desinteresada de la verdad., Esa parece ser su gran apuesta para 2027 y 2030.
Cuba acusa a Estados Unidos de presionar a la ONU para frenar debate sobre el bloqueo
Reuters
30 de junio de 2026 15:50
La Habana. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció este martes que el Departamento de Estado estadunidense está "utilizando presiones, chantajes y amenazas" sobre los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para que aplacen un próximo debate en el pleno sobre el bloqueo de Washington a la isla.
Rodríguez también señaló en una rueda de prensa celebrada en La Habana que las sanciones impuestas por Estados Unidos están "causando muertes" en Cuba.
El debate, previsto para el 7 de julio, suele preceder a una votación de los Estados miembros de la ONU que se celebra más adelante en el año para instar a Estados Unidos a poner fin a sus sanciones contra Cuba.
La ONU ha votado en 31 ocasiones, incluida la de noviembre de 2025, para pedir a Estados Unidos que ponga fin a un embargo comercial que dura ya décadas. Históricamente, esas votaciones han sido casi unánimes, y por lo general sólo se han opuesto Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, la votación no vinculante de este año cobra especial relevancia para Cuba después de que, en enero, el gobierno del presidente, Donald Trump, impusiera un bloqueo de combustible a la isla y nuevas sanciones que han provocado un éxodo de la inversión extranjera y el colapso casi total del turismo.
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones del ministro cubano.
