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Jim Cason y David Brooks, corresponsales.
30 de junio de 2026 17:56
Washington y Nueva York. La Suprema Corte falló este martes en contra de una iniciativa antimigrante central del gobierno de Donald Trump que buscaba anular el derecho a la ciudadania por nacimiento, un revés severo que ahora acompaña una creciente presión entre sus propias filas y realidades económicas para revertir o modificar otras medidas de su ofensiva contra migrantes.
El fallo de la Suprema Corte, por 6 a 3, rechazó la orden ejecutiva de Trump que emitió en su primer día de su presidencia, para anular el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Más aún, el fallo, escrito por el juez en jefe del máximo tribunal, John Roberts, rechaza explícitamente el argumento del ejecutivo al subrayar que los niños que nacen en Estados Unidos son “niños nacidos en Estados Unidos de padres ilegalmente y temporalmente ‘son sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos al nacer bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Catorce Enmienda”.
De inmediato, Trump reprobó la decisión afirmando que el fallo “es muy malo para nuestro país” y dijo que lograría su objetivo a través de legislación en el Congreso. Pero según expertos eso no será fácil y tal vez imposible ya que el fallo afirma que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional. Por lo tanto, para modificarlo se necesitaría impulsar una enmienda a la Constitución, lo cual requiere no sólo del voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sino también la aprobación de las legislaturas estatales de tres cuartos (38) de los 50 estados. Sin embargo, varios de los aliados de Trump en el Congreso afirmaron que buscarán una manera legislativa para poner fin al “turismo de nacimiento” de inmigrantes indocumentados.
Organizaciones y defensores de inmigrantes festejaron el fallo, declarando que protege un derecho consagrado en la Constitución que fue refrendado como tal por la misma Suprema Corte desde hace 128 años. El diputado federal mexicano-estadunidense Jesús Chuy García declaró que la corte “dictaminó que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva”, y denunció que “toda esta farsa fue un intento cruel y racista de Trump y [Stephen] Miller de dejar apátridas a millones de niños nacidos en Estados Unidos… La ciudadanía por nacimiento es fundamental para quienes somos como nación”.
La Suprema Corte otorgó un triunfo a la política antimigrante de Trump la semana pasada al aprobar de su medida ejecutiva de poner fin a las protecciones humanitarias temporales (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350 mil haitianos y sirios que implica que de inmediato esos inmigrantes que hasta ahora eran “legales”, de repente son “indocumentados” y sujetos a la deportación. Algunos expertos califican esa iniciativa como la anulación de documentación de inmigrantes más grande en la historia del país.
Aunque no hay duda de que las más de 700 restricciones y medidas antimigrantes del gobierno de Trump están transformando el sistema de inmigración estadunidense, no necesariamente está funcionando esa política en la práctica..
Ante presiones dentro de sus propias filas que necesitan mano de obra inmigrante, el gobierno de Trump indicó que está modificando dos iniciativas antimigrantes al permitir que trabajadores inmigrantes temporales trabajen tiempo completo en granjas lecheras y permitir que algunos inmigrantes haitianos que contaban con el TPS soliciten su legalización.
Sin ruido, ni un boletín de prensa, el gobierno de Trump anunció el viernes pasado que permitió que lecherías contraten mano de obra migrante de manera permanente, a pesar de que el programa de trabajadores huésped H-2A fue diseñado para trabajadores agrarios temporales que ingresaban al país sólo por unos meses cada año para las cosechas.
Agrupaciones poderosas de cabildeo de granjeros de productos lácteos han insistido en que requieren de trabajadores inmigrantes capacitados que puedan permanecer todo el año para cuidar las vacas. “Claro que vemos esto como un muy buen paso y también … un reconocimiento de este gobierno de que el sector lechero no tiene acceso a un programa viable de trabajadores huésped”, declaró Trey Forsyth, un cabildero de la Federación Nacional de Productores de Leche, al Washington Post.
De hecho, varios legisladores republicanos antimigrantes han sido derrotados en elecciones primarias -incluyendo cinco en el estado conservador de Idaho- por preocupaciones de granjeros sobre sus fuerzas laborales, reportó el Post.
Por otro lado, aunque el arquitecto de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, Stephen Miller, festejó el fallo de la Suprema Corte la semana pasada para retirar el TPS de haitianos y sirios, afirmando que “si ya no tienes estatus [legal] en este país, debes ser deportado”, no todos de su partido están de acuerdo. El gobernador republicano de Ohio Mike DeWine declaró ese mismo día que “la política para deportar a estos individuos es un error”. En particular, él y otros políticos donde hay comunidades haitianas, señalaron que remover a estos inmigrantes dañaría, entre otros sectores, a los hospitales y servicios de salud en esas regiones.
El secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin comentó a CNN el pasado domingo que algunos haitianos que viven en este país podrían solicitar la residencia permanente. Por ahora no hay detalles concretos sobre si este ofrecimiento es real o no, pero sí indica que aun no hay un consenso interno del gobierno sobre el asunto, y sobre todo cómo manejar la disidencia de las filas republicanos sobre esta y otras medidas antimigrantes.
Por cierto, todo esto se presenta mientras que el gobierno de Trump ha anunciado que buscará vender 7 de los 11 almacenes masivos que adquirió para convertirlos en centros de detención de inmigrantes ya que no serían necesarios, y, a la vez, también se anunció la clausura del centro de detención apodado Alcatraz de los Caimanes en Florida.
No se espera que Trump contemple abandonar su política antimigrante, parte clave de su agenda política y que usó como mensaje central de su campaña electoral, pero sí se están modificando como resultado de protestas de sus propias bases, las realidades económicas que incluyen la pérdida de decenas de miles de empleos provocados por estas políticas, y una creciente oposición a las redadas y detenciones masivas en varias partes del país.
De hecho, según un nuevo informe de Brookings Institution, las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados también ha provocado la pérdida de empleo de hasta 300 mil ciudadanos estadunidenses.
Jim Cason y David Brooks, corresponsales.
30 de junio de 2026 17:56
Washington y Nueva York. La Suprema Corte falló este martes en contra de una iniciativa antimigrante central del gobierno de Donald Trump que buscaba anular el derecho a la ciudadania por nacimiento, un revés severo que ahora acompaña una creciente presión entre sus propias filas y realidades económicas para revertir o modificar otras medidas de su ofensiva contra migrantes.
El fallo de la Suprema Corte, por 6 a 3, rechazó la orden ejecutiva de Trump que emitió en su primer día de su presidencia, para anular el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Más aún, el fallo, escrito por el juez en jefe del máximo tribunal, John Roberts, rechaza explícitamente el argumento del ejecutivo al subrayar que los niños que nacen en Estados Unidos son “niños nacidos en Estados Unidos de padres ilegalmente y temporalmente ‘son sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos al nacer bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Catorce Enmienda”.
De inmediato, Trump reprobó la decisión afirmando que el fallo “es muy malo para nuestro país” y dijo que lograría su objetivo a través de legislación en el Congreso. Pero según expertos eso no será fácil y tal vez imposible ya que el fallo afirma que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional. Por lo tanto, para modificarlo se necesitaría impulsar una enmienda a la Constitución, lo cual requiere no sólo del voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, sino también la aprobación de las legislaturas estatales de tres cuartos (38) de los 50 estados. Sin embargo, varios de los aliados de Trump en el Congreso afirmaron que buscarán una manera legislativa para poner fin al “turismo de nacimiento” de inmigrantes indocumentados.
Organizaciones y defensores de inmigrantes festejaron el fallo, declarando que protege un derecho consagrado en la Constitución que fue refrendado como tal por la misma Suprema Corte desde hace 128 años. El diputado federal mexicano-estadunidense Jesús Chuy García declaró que la corte “dictaminó que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva”, y denunció que “toda esta farsa fue un intento cruel y racista de Trump y [Stephen] Miller de dejar apátridas a millones de niños nacidos en Estados Unidos… La ciudadanía por nacimiento es fundamental para quienes somos como nación”.
La Suprema Corte otorgó un triunfo a la política antimigrante de Trump la semana pasada al aprobar de su medida ejecutiva de poner fin a las protecciones humanitarias temporales (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350 mil haitianos y sirios que implica que de inmediato esos inmigrantes que hasta ahora eran “legales”, de repente son “indocumentados” y sujetos a la deportación. Algunos expertos califican esa iniciativa como la anulación de documentación de inmigrantes más grande en la historia del país.
Aunque no hay duda de que las más de 700 restricciones y medidas antimigrantes del gobierno de Trump están transformando el sistema de inmigración estadunidense, no necesariamente está funcionando esa política en la práctica..
Ante presiones dentro de sus propias filas que necesitan mano de obra inmigrante, el gobierno de Trump indicó que está modificando dos iniciativas antimigrantes al permitir que trabajadores inmigrantes temporales trabajen tiempo completo en granjas lecheras y permitir que algunos inmigrantes haitianos que contaban con el TPS soliciten su legalización.
Sin ruido, ni un boletín de prensa, el gobierno de Trump anunció el viernes pasado que permitió que lecherías contraten mano de obra migrante de manera permanente, a pesar de que el programa de trabajadores huésped H-2A fue diseñado para trabajadores agrarios temporales que ingresaban al país sólo por unos meses cada año para las cosechas.
Agrupaciones poderosas de cabildeo de granjeros de productos lácteos han insistido en que requieren de trabajadores inmigrantes capacitados que puedan permanecer todo el año para cuidar las vacas. “Claro que vemos esto como un muy buen paso y también … un reconocimiento de este gobierno de que el sector lechero no tiene acceso a un programa viable de trabajadores huésped”, declaró Trey Forsyth, un cabildero de la Federación Nacional de Productores de Leche, al Washington Post.
De hecho, varios legisladores republicanos antimigrantes han sido derrotados en elecciones primarias -incluyendo cinco en el estado conservador de Idaho- por preocupaciones de granjeros sobre sus fuerzas laborales, reportó el Post.
Por otro lado, aunque el arquitecto de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, Stephen Miller, festejó el fallo de la Suprema Corte la semana pasada para retirar el TPS de haitianos y sirios, afirmando que “si ya no tienes estatus [legal] en este país, debes ser deportado”, no todos de su partido están de acuerdo. El gobernador republicano de Ohio Mike DeWine declaró ese mismo día que “la política para deportar a estos individuos es un error”. En particular, él y otros políticos donde hay comunidades haitianas, señalaron que remover a estos inmigrantes dañaría, entre otros sectores, a los hospitales y servicios de salud en esas regiones.
El secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin comentó a CNN el pasado domingo que algunos haitianos que viven en este país podrían solicitar la residencia permanente. Por ahora no hay detalles concretos sobre si este ofrecimiento es real o no, pero sí indica que aun no hay un consenso interno del gobierno sobre el asunto, y sobre todo cómo manejar la disidencia de las filas republicanos sobre esta y otras medidas antimigrantes.
Por cierto, todo esto se presenta mientras que el gobierno de Trump ha anunciado que buscará vender 7 de los 11 almacenes masivos que adquirió para convertirlos en centros de detención de inmigrantes ya que no serían necesarios, y, a la vez, también se anunció la clausura del centro de detención apodado Alcatraz de los Caimanes en Florida.
No se espera que Trump contemple abandonar su política antimigrante, parte clave de su agenda política y que usó como mensaje central de su campaña electoral, pero sí se están modificando como resultado de protestas de sus propias bases, las realidades económicas que incluyen la pérdida de decenas de miles de empleos provocados por estas políticas, y una creciente oposición a las redadas y detenciones masivas en varias partes del país.
De hecho, según un nuevo informe de Brookings Institution, las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados también ha provocado la pérdida de empleo de hasta 300 mil ciudadanos estadunidenses.
Trump declara ingresos de más de mil 400 millones de dólares de inversiones en criptomonedas
Reuters
30 de junio de 2026 19:41
Donald Trump declaró ingresos del año pasado de más de mil 400 millones de dólares procedentes de las empresas de criptomonedas de su familia, lo que muestra que ahora obtiene la mayor parte de sus haberes de activos digitales, que se han beneficiado de sus políticas, según un análisis de sus reportes financieros publicados el martes.
Los documentos, que constituyen su declaración anual correspondiente a 2025 ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, revelaron que recibió más de 500 millones de dólares de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que fundaron él y sus hijos.
Trump declaró otros 635 millones de dólares procedentes de la venta de sus monedas meme $TRUMP.
El presidente también reportó más de 80 millones de dólares en ingresos procedentes de acuerdos con diversas empresas de medios de comunicación y millones en ingresos de su empresa por la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros.
Las declaraciones aportan nuevos datos sobre la magnitud de los beneficios que el presidente ha obtenido gracias a la incursión de su familia en el mundo de las criptomonedas.
Reuters había estimado antes que la familia Trump ha generado al menos 2 mil 300 millones de dólares en beneficios procedentes de inversionistas desde que el republicano volvió a ocupar la presidencia.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los documentos presentados.
EU anunciaría este miércoles que no prorrogará T-MEC, informa Reuters
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Reuters
30 de junio de 2026 09:43
Washington. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría de forma oficial este miércoles que no prorrogará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual marcaría el inicio de un plazo de 10 años para la desaparición de la zona de libre comercio norteamericana, que tiene 32 años en vigor.
Esa declaración dará inicio a un período de revisión de seis años, que forma parte de una "cláusula de extinción" negociada por la primera administración del presidente Donald Trump.
Sin embargo, esto no contribuirá en gran medida a modificar las polémicas negociaciones sobre el futuro del pacto, que incluyen exigencias de gran alcance para aumentar el contenido estadunidense y regional en la producción automotriz norteamericana, así como medidas de protección comercial para impedir que los productos chinos se beneficien del T-MEC.
Se espera que los responsables de comercio de Estados Unidos, México y Canadá se reúnan de forma virtual el miércoles y anuncien si desean prorrogar el pacto por otros 16 años. El jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ya ha programado una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, lo que indica su intención de seguir presionando para que se introduzcan cambios.
"Esperamos que el 1 de julio pase sin más y que Estados Unidos no confirme su deseo de prorrogar el acuerdo", dijo Greta Peisch, ex consejera general de la USTR y actualmente socia especializada en comercio en el bufete Wiley Rein de Washington.
Peisch añadió que no está claro "si Estados Unidos expresará públicamente y de forma precisa lo que busca" en una declaración prevista tras la reunión.
Si no se llega a un acuerdo sobre las revisiones del T-MEC, el pacto comercial quedaría en un limbo indefinido, con sesiones de revisión similares cada año durante los próximos 10 años, tras los cuales el pacto comercial norteamericano podría expirar el 1 de julio de 2036.
El proceso de revisión y caducidad, que se consideró controvertido cuando se promulgó, es independiente de una cláusula de rescisión que el presidente Donald Trump, o sus homólogos mexicano y canadiense podrían ejercer, lo que provocaría la retirada de Estados Unidos del acuerdo en un plazo de seis meses.
"Acuerdo beneficioso que jamás hayamos promulgado": Trump
Trump, cuya primera administración negoció el T-MEC para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, calificó su entrada en vigor en 2020 como "el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso que jamás hayamos promulgado".
Sin embargo, su opinión sobre el T-MEC se deterioró rápidamente a medida que aumentaba el déficit comercial de Estados Unidos con México en materia de bienes, en parte porque las empresas trasladaron sus cadenas de suministro fuera de China tras la imposición de elevados aranceles a los productos chinos. Trump dice con frecuencia que no quiere renovar el tratado, y se muestra partidario, en su lugar, de los elevados aranceles que ha impuesto a los automóviles, el acero y el aluminio mexicanos y canadienses.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que el gobierno del país latinoamericano ya firmó una carta para que el tratado de comercio de Norteamérica (T-MEC) se amplíe 16 años, en el marco de los requisitos inherentes la revisión del pacto regional. Reveló que también lo hizo Canadá pero no Estados Unidos.
EU y México negocian sin Canadá
Por ahora, Washington está celebrando rondas de negociación formales únicamente con México, dejando a Canadá al margen en medio de una larga lista de puntos de fricción comercial bilaterales que van desde las restricciones del mercado lácteo canadiense hasta la retirada de bebidas alcohólicas estadunidenses de las estanterías de las tiendas por parte de las provincias canadienses.
Greer no ha previsto ningún calendario para iniciar negociaciones formales con Ottawa, aunque mantiene conversaciones con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio Dominic LeBlanc.
En cuanto a México, el equipo de Greer ha exigido que todos los vehículos fabricados en América del Norte contengan 50 por ciento de contenido específico de Estados Unidos, una cifra que elevaría el contenido regional exigido hasta 82 por ciento para poder optar a los beneficios estadunidenses, han dicho fuentes familiarizadas con las negociaciones. Es probable que a los vehículos ensamblados en México y Canadá se les sigan aplicando aranceles de algún tipo, ha señalado Greer.
