Advierte Petro que de la Espriella endeudará al país con préstamo del FMI
▲ La ciudad de Pereira reporta profundos daños materiales, mientras la desolación e impotencia de cientos de miles de damnificados se refleja en albergues improvisados.Foto Afp
Jairo Gómez Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Viernes 14 de agosto de 2026, p. 22
Bogotá. Tres días después del terremoto de magnitud 7.4 grados, la desolación e impotencia de cientos de miles de damnificados se refleja en albergues improvisados o sobreviviendo a la intemperie con montañas de escombros a su lado, y cientos de personas que hoy yacen sepultadas bajo los bloques de concreto.
Colombia no sale de su asombro al ver a través de las redes sociales y medios de comunicación esa realidad incontestable, mientras cada hora aumenta el registro de fallecidos (273) y 367 personas desaparecidas.
Más allá de los tres centros urbanos donde se ha concentrado la ayuda estatal –Cali, la tercera ciudad más habitada del país; Pereira, Risaralda, y Quibdó, Chocó–, comienzan a llegar informes de cientos de municipios medianos y pequeños de los cinco departamentos afectados por el terremoto donde se reportan pocas pérdidas de vida, pero todos coinciden en profundos daños materiales irreparables.
Abundan campañas de solidaridad por los dispositivos móviles para que se hagan aportes en dinero a través de cuentas bancarias sin control, direcciones de centros de acopio para que la gente se acerque y deposite sus donaciones, todo esto, más allá de las decisiones de gobierno que también creó un “Fondo Milagro” para canalizar cooperación nacional e internacional.
Los fallecidos aumentaron a 273, según el último reporte del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), David Tamayo, que también cifra en cerca de 4 mil los heridos; por lo pronto, las labores de rescate continúan sin parar, aunque la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, tres días después del sismo, se desvanecen.
Este nuevo parte, suministrado por el director de la UNGRD, muestra que a medida que las autoridades consolidan los daños, los datos arrojan otra realidad: en medio de la tragedia una cifra positiva aflora, los 497 desaparecidos que había publicado el presidente Abelardo de la Espriella se reducen a 367; sin embargo, otros rubros aumentan, como el número de viviendas destruidas (12 mil 584), crecen a 172 los edificios colapsados, igual que los centros educativos y centros de salud a mil 187 y 216, respectivamente.
La institución forense Medicina Legal informó que ha recibido 250 cadáveres, de los cuales identificaron 227 y 189 ya fueron entregados a sus familiares.
Analistas independientes estiman que los daños económicos van a impactar 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con graves consecuencias en el comercio, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria, el transporte y la agricultura.
El empresariado colombiano adelanta su congreso anual en la turística Cartagena de Indias, lejos de la catástrofe humanitaria, y más allá de expresar su solidaridad con las víctimas del terremoto, siguen a la espera de que el gobierno de la Espriella ratifique su propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio a los megarricos del país ¿Cambiará esta iniciativa, luego de la realidad catastrófica? Esa es la pregunta que se hacen muchos sectores de opinión. El gremio de empresarios, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, donó 10 mil millones de pesos, unos 3 millones de dólares, al “Fondo Milagro”, que gestiona Ana Lucía Pineda, esposa del presidente de la Espriella.
El ex presidente Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X una conversación que tuvo con el ex director de UNGRD de su gobierno, Mauricio Pava, quien piloteó hasta el martes la entidad y estuvo en las primeras reuniones de crisis posdesastre. Pava contó lo siguiente al ex presidente: “van a sacar un decreto de emergencia económica para modificar las fuentes financieras para endeudar al país y obligar a todos los colombianos a sumarnos estos gastos, con graves impactos económicos”.
Tras esta información, Petro de inmediato comentó en la misma red social: “(La deuda recaerá) sobre toda la población colombiana. Se acerca la insostenibilidad, que la encarecerá aún más si el Banco de la República no baja la tasa de interés y si los ricos de Colombia no se meten la mano al bolsillo para devolver lo que el pueblo trabajador les entregó en subsidio”.
El ex presidente y líder de la oposición puntualizó que “ahora que ven sufrir al pueblo trabajador, miran para otro lado, ricos apátridas y sin alma. Ya veo a (Donald) Trump preparando un gran crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) para salvar al Estado colombiano del default”.
Abelardo de la Espriella tuvo que trasladar su despacho presidencial de Barranquilla, en el Caribe, de donde dijo que gobernaría, a la fría Bogotá, no a la Casa de Nariño, secular oficina de gobierno, sino al Palacio de San Carlos.
Allí continuó con la tarea de nombrar cientos de funcionarios que engrosan el aparato burocrático del Estado colombiano, y delegó en su vicepresidente Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la coordinación para hacerle frente a la inesperada realidad que hoy conduce a con un futuro de incertidumbre, pues millones de colombianos deberán prepararse para soportar en corto plazo otra crisis natural: el fenómeno de El Niño, que se dejará sentir con todo su rigor de noviembre a marzo de 2027.
Hay 1,900 menores migrantes viviendo en calles de Ceuta, reconoce gobierno de España
Foto Europa Press Foto autor
Armando G. Tejeda, corresponsal
13 de agosto de 2026 10:53
Madrid. El ministro del Interior del gobierno español, el socialista Fernando Grande-Marlaska, reconoció que en la ciudad autónoma de Ceuta, donde a finales de julio entraron de forma masiva más de 80 mil migrantes al unísono, todavía hay 5 mil de ellos deambulando por sus calles, de los cuales alrededor de mil 900 son menores de edad.
La legislación española obliga a las autoridades a proteger y darles amparo a esos niños, que ya fueron registrados pero que todavía subsisten en condiciones precarias. Ante la presión social de los habitantes de Ceuta, el político español se comprometió a que “ninguna persona que pretenda entrar” al país de “manera irregular se va a quedar” y “ni va a ser regularizado”.
El pasado 30 de julio se registró la mayor entrada masiva de migrantes africanos en territorio europeo, en este caso en la ciudad española de Ceuta, una de las dos -junto con Melilla- que tiene el Estado español en el norte de África.
Aquel día el gobierno del socialista Pedro Sánchez reconoció al principio que sólo habían entrado al país cinco mil migrantes, después la televisión pública marroquí elevó la cifra a 30 mil y al día siguiente las autoridades españolas reconocieron que eran al menos 50 mil. Una semana después, el ministerio del Interior español reconoció que habían sido más de 70 mil -que ahora ya son más de 80 mil-, de los cuales más de 90 por ciento ya habían regresado de forma voluntaria a su país.
Pero en estas dos semanas había dudas sobre el número exacto de las personas que todavía deambulan por las calles de Ceuta, sin comida y sin agua, y huyendo de los controles policiales y militares que activó el gobierno español para propiciar su expulsión o “regreso voluntario”.
Autoridades son recibidas con abucheos en Ceuta
Hasta hoy, que el ministro del Interior viajó a Ceuta y reconoció que todavía había cinco mil migrantes en las calles y que de ellos al menos mil 900 son menores de edad. Y ante la presión social de Ceuta, donde fue recibido con abucheos e insultos, el representante del gobierno señaló que “ninguna persona que pretenda entrar en Ceuta o Melilla de manera irregular se va a quedar ni en Ceuta, ni va a ir a la Península ni va a ser regularizado. Lo único que hacen es jugarse la vida”.
La visita del político español a Ceuta viene precedida de unas declaraciones del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien criticó la legislación española para agilizar el retorno de los menores de edad marroquíes a su país y que incluso están valorando suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre ambos países, lo que dificultaría aún más la repatriación de los migrantes.
Además, ambos gobiernos están en alerta ante una supuesta e inminente entrada masiva de migrantes por Ceuta y Melilla, que se podría llevar a cabo en los próximos días, de ahí que se decidió fortalecer la seguridad a ambos lados de la frontera y evitar así una tragedia similar a la del pasado 30 de julio, en la que el recuento oficial de fallecidos es de 83 en territorio español y de 14 en el marroquí, si bien diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, como Caminando Fronteras y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, elevan esa cifra a más de 160.
Soberanía, ¿existen tonos?
Jorge Carrillo Olea
14 de agosto de 2026 00:03
Parecería acertado decir que, desde la óptica geopolítica de Donald Trump, la región GolfoAntillas-Venezuela concentra dos características estratégicas de México que influyen directamente en la seguridad y los intereses nacionales de Estados Unidos. Lamentablemente, los pensadores del presidente estadunidense efectivamente han hecho un examen de fondo y han refrescado ideas que tuvieron alta consideración sobre el área.
La segunda razón para él es que la región representa un frente de competencia estratégica con actores extrarregionales. En esta visión, aun con lo ambiguo sobre Venezuela, Cuba es considerada un punto estratégico para la presencia política actual, económica y, en algunos casos, militar de Rusia, China. La zona sí importó mucho en el pasado y hoy también.
Ante una urgencia estratégica, la campaña del Pacífico, Segunda Guerra Mundial, llegaron los marines, se convinieron atentos instrumentos, no había escape y nos doblamos. Parecía que el pensamiento de Roosevelt contraía una amenaza, pero la escondió con su amable sonrisa.
Llegaron técnicos y con mano de obra de la región construyeron tres bases aeronavales para la defensa del canal en Isla de Cozumel con doble pista de concreto de 2 mil 700 metros, Isla del Carmen e Ixtepec. El proyecto estadunidense originalmente también incluía Veracruz y Tampico, pero la evolución de la guerra impuso a Estados Unidos a cambiar el esfuerzo hacia el Frente Oriental.
Los aeropuertos de Cozumel e Isla del Carmen se mantuvieron como base en operaciones militares, posteriormente fueron entregados a la FAM. El de Ixtepec que nunca ha operado, está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana, como Base Aérea número 2, pero sin uso real. Ha habido ideas de rehabilitarla, pero siempre gana la opinión a favor de la región occidental, Tehuantepec-Salina Cruz.
En menor medida, algunos otros territorios del Caribe, como la isla de Granada, que algún día fue invadida por la 101 División Aerotransportada, forman parte de la arquitectura política regional observada por Washington.
Volviendo a los intereses de Trump, el Golfo y las Antillas inmediatas son el núcleo del perímetro marítimo y energético de Estados Unidos. Para Trump, esta región constituye en primer lugar el espacio marítimo más sensible del hemisferio occidental, porque reúne simultáneamente, el acceso al litoral sur de Estados Unidos.
China busca ampliar su influencia mediante inversiones en infraestructura, financiamiento, telecomunicaciones y puertos. Por ello, en la visión de Trump, Venezuela no era únicamente un complejo problema bilateral, sino un elemento central de la competencia geopolítica en el Caribe. Por eso la tomó y ahora no parece saber qué hacer con ella, de ahí la lógica de esperar un zarpazo.
¿Hasta dónde pueden convivir los principios de cooperación y los de soberanía? No debe precipitarse ninguna respuesta teórica. Lo que es recomendable es respetar la dimensión y peso de las palabras, por eso a los que íbamos aún en la primaria nos insistían: usen los menos adjetivos, son recursos muy valiosos, no los desperdicien.
Me explico: a los aficionados a calificar todo dicho o acto foráneo como violación de soberanía les convendrá recordar lo ya dicho, que si por allá del año 1942, quizá el más álgido de la Segunda Guerra Mundial, el control del canal de Panamá era vital para efectos de las operaciones aliadas, sobre todo las logísticas de material de guerra, era vital; necesitaba tener garantizada libertad de movimiento Pacífico-Atlántico, se hubieran aprovechado de su poderío y lo hubieran tomado, aun así. La única razón que respetan es la de la fuerza .
Ahora, 80 años después, reconozco que al quejarme de algo, indudablemente confieso que eso me sucede por mis flaquezas, pero no acepto que se hayan fracturado mis principios, que sólo yo puedo abatir. Tal vez, Ramón López Velarde nos lo dijo cuando asegura que la patria es “impecable y diamantina”.
carrilloleajorge@gmail.com
Se desploman las actividades financieras de polleros en EU
Señala FinCEN vínculos con cárteles
▲ Equipos de respuesta rápida de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizaron ayer una demostración en El Paso, Texas, luego de que el cártel de Juárez fuera designado organización terrorista por el gobierno de aquel país.Foto Afp
Dora Villanueva
Periódico La Jornada Viernes 14 de agosto de 2026, p. 13
La disminución de los cruces de migrantes sin documentos hacia Estados Unidos se refleja también en el sistema financiero, reveló la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la agencia del Departamento del Tesoro que ha puesto una diana a las remesas y transacciones bancarias para dar seguimiento al movimiento de personas. Paradójicamente, la autoridad identificó que los principales beneficiarios de esta actividad son usuarios de los bancos estadunidenses.
El año pasado se desplomaron 62.4 por ciento los reportes de transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con traslado de migrantes indocumentados y trata de personas, al pasar de un máximo de 29 mil 266 reportes en 2024 a 11 mil 18 en 2025, informó la FinCEN. A la par, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en mayo del año pasado los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyeron 93 por ciento anual.
La FinCEN analizó 67 mil 540 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) que le fueron presentados entre 2023 y 2025, en los cuales se detectaron más de 4 mil 900 millones de dólares asociados con actividades sospechosas de tráfico de personas y trata. De ese monto, 61 por ciento provino de alertas que involucraron a los bancos de ese país.
Los datos de FinCEN agrupan en el mismo rubro la trata de personas –delito que implica secuestrar y transportar a una persona para obligarla a trabajar o explotarla sexualmente mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción– con el tráfico de personas, “ya que comparten ciertas tipologías financieras”, explicó la agencia.
La agencia del gobierno estadunidense señala que muchas redes de tráfico de migrantes “están vinculadas con organizaciones criminales trasnacionales de mayor envergadura, como los cárteles con sede en México”.
Destaca que estos grupos del crimen organizado controlan territorios que abarcan corredores migratorios claves y se benefician del tráfico de migrantes cobrando derecho de piso a los polleros. Sin embargo, la agencia señala que los principales beneficiarios del dinero que presuntamente mueve el tráfico de personas son usuarios del sistema financiero de Estados Unidos.
De los 67 mil 540 informes analizados por la FinCEN, 65 mil 238 (97 por ciento) fueron presentados por empresas de servicios monetarios, entre ellas remesadoras. Dos mil 75 fueron elaborados por bancos y otras instituciones de depósito.
En los informes relacionados con instituciones de depósito se detectó la mayor cantidad de dinero (3 mil millones de dólares) presuntamente relacionada con el tráfico de personas y la trata. Del total, 2 mil 29 informes se vinculan con sujetos radicados en Estados Unidos y sólo 41 con residentes de México, que está en segundo lugar.
El organismo señaló que los operadores de las redes combinan transacciones en efectivo mediante “cuentas embudo que reciben fondos de numerosas personas y agencias de viajes que organizan viajes para migrantes. (Las tácticas) van desde operaciones simuladas hasta negocios legítimos que pueden estar facilitando involuntariamente dicha actividad”.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Germán y su empresa son responsables del “mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, pero se mantienen tan campantes.Foto Marco Peláez
Doce años y tres gobiernos al hilo después y no pasa absolutamente nada, ni la acción trasciende el discurso: Grupo México y el tóxico Germán Larrea se mantienen tan campantes, no obstante ser responsables del “mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México” –que no el último, dada la permanente condescendencia de la autoridad–, es decir, el derrame de la minera Buenavista del Cobre (6 de agosto de 2014) de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, que contaminaron 270 kilómetros cuadrados de territorio y afectaron –afectan– ocho municipios sonorenses con alrededor de 25 mil pobladores.
Desde aquella fecha (sin dejar de lado que el corporativo y su dueño mantienen pendientes la remediación por los derrames en el Mar de Cortés y Naco, Sonora, más el homicidio industrial en Pasta de Conchos, en donde murieron 65 mineros), los directamente afectados no han dejado de denunciar el elevado nivel de contaminantes en la zona afectada y el corporativo, junto con el barón, no han hecho mayor cosa por solucionar “el mayor desastre ambiental” por ellos causado.
El pasado miércoles, en Ures, Sonora, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció que, de acuerdo con los recientes estudios realizados en la cuenca de la zona afectada por el citado derrame, “persisten concentraciones de metales por encima de los límites establecidos para suelos de uso agrícola” y anunció “la segunda etapa de remediación en la zona, que incluirá acciones para vigilar la calidad del agua, recuperar suelos y atender las afectaciones que persisten en las comunidades” ( La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal). Y lo informa 12 años después del ecocidio, periodo en el que todos los gobiernos involucrados en el citado periodo notificaron… lo mismo.
La funcionaria detalló que “los primeros muestreos del área permitieron detectar concentraciones superiores a los parámetros permitidos de arsénico, cadmio, plomo y vanadio; en un segundo análisis también fueron encontrados niveles elevados de cadmio, cromo y vanadio. ‘Ustedes nos lo dijeron, pero ya está comprobado’, señaló Bárcena al presentar los resultados de los estudios realizados como parte del diagnóstico antes de comenzar la nueva etapa de remediación, y dijo que ‘no puede haber justicia social sin justicia ambiental’” (ídem). Bien, pero el “ustedes nos lo dijeron” (es decir, la denuncia de los afectados) ha sido permanente desde el momento mismo del derrame del 6 de agosto de 2014 y es la fecha de que la “remediación” se mantiene como asignatura pendiente.
En septiembre de 2014, el entonces inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora, para lo cual Grupo México y el tóxico Larrea se “comprometieron” a aportar 2 mil millones de pesos (en entregas de 500 millones cada una; el monto “aumentaría si la situación lo amerita”) para la “remediación”. Dos años y cinco meses después, sin resolver nada, fue “extinguido” anticipadamente, pues las partes afirmaron que “la limpieza concluyó”. Y colorín colorado, el ecocidio ha terminado, según ellos.
Nada más falso, pues en el gobierno de López Obrador se documentó que de los 2 mil millones “comprometidos” sólo aportaron la mitad y de ella la mayor parte se utilizó en propaganda para intentar lavar la imagen del barón y su corporativo, algo que, desde luego, no lograron. Así, el tiradero tóxico y el daño económico, social y sanitario de los afectados quedó irresuelto y 12 años después se mantiene, pero nadie osa tocar, ni por aproximación, a los responsables del desastre ecológico.
En septiembre de 2014, funcionaros del gobierno de Peña Nieto (Ildefonso Guajardo, Humberto Castillejos y Eduardo Sánchez) “celebraron” la “aportación” de Grupo México y Larrea, por lo cual, anunciaron, “ya no se fincará una demanda en su contra en el marco de la Ley de Responsabilidad Ambiental; ya no es necesario”, al tiempo que se negaron a cancelar la concesión a Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea).
Ello, a pesar de que la comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar el derrame de tóxicos –creada en 2014– se pronunció por aplicar “una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de Grupo México”, pues “mintió desde un primer momento, fue indolente, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después, falsamente, señaló que el derrame fue a causa de las lluvias; incurrió en delitos en materia ambiental”.
Pero 12 años después, nada ha cambiado.
Las rebanadas del pastel
Pues nada, que Alito Moreno es la nueva Lilly Téllez y de los dos no se hace ni uno por ciento de un legislador.
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