John M. Ackerman
El colapso de la institucionalidad democrática en México es tan completo que ya nadie espera acción alguna de las autoridades gubernamentales en favor de la justicia o la honestidad. Todos sabemos que quedarán perfectamente impunes las recientes revelaciones periodísticas sobre delitos electorales cometidos por el hacker colombiano Andrés Sepúlveda, las triangulaciones financieras del compadre de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, y las millonarias contribuciones de la empresa del operador financiero del cártel de Juárez, Rodolfo Dávila, a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Y los recientes ataques en contra tanto de los normalistas de Ayotzinapa como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirman que este emblemático caso jamás se resolverá, mientras los mismos responsables por el crimen del 26 de septiembre de 2014 siguen despachando desde Los Pinos.
México no solamente es un paraíso fiscal en que nadie paga lo que le corresponde, sino que también se ha convertido en un paraíso de la impunidad en que cualquier cosa se vale con tal de mantenerse en el poder y enriquecerse a expensas del erario y los recursos nacionales. Ningún fraude es demasiado grande, ningún cinismo demasiado descarado, y ninguna agresión demasiado violenta para llamar la atención de la autoridad y obligar a las instituciones del Estado a tomar acción para defender los intereses públicos. Ya no existe límite alguno al ejercicio del poder.
La principal función de las instituciones públicas en el México contemporáneo no es la rendición de cuentas, sino el control social. Los organismos del Estado solamente se activan cuando se trata de reprimir, censurar o emitir castigos ejemplares contra quienes se atreven a resistir los embates del poder.
Nadie podrá devolver a Nestora Salgado los 30 meses que purgó en la cárcel por un crimen que jamás cometió y en venganza por su valiente defensa del pueblo de Guerrero. Los cientos de presos políticos todavía encerrados, incluyendo a Gonzalo Molina y José Manuel Mireles, todos los días reclaman justicia.
El Instituto Nacional Electoral ha mantenido un silencio sepulcral sobre los escándalos del NarcoMonex de Dávila y el HackerGate de Sepúlveda, que confirman la comisión de un fraude monumental durante las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, la semana pasada los consejeros electorales actuaron con una velocidad inédita para frenar el paso a Andrés Manuel López Obrador con la cancelación de manera injustificada del registro de los candidatos del partido Morena a las gubernaturas de los estados de Zacatecas y Durango.
De acuerdo con Los papeles de Panamá, los 100 millones de dólares de Hinojosa, canalizados desde un paraíso fiscal en las Bahamas a otros paraísos en Nueva Zelanda y Holanda, constituyen apenas una pequeña parte del portafolio del cliente. Un correo electrónico de los gestores del contratista favorito de Peña Nieto aclara que su cliente posee múltiples cuentas en bancos como Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg, con una cantidad insospechada de recursos.
Carmen Aristegui ha documentado contratos para Hinojosa de parte de los gobiernos de Peña Nieto, en el estado de México y a escala federal, por un valor de por lo menos 750 millones de dólares. Seguramente la cantidad es en realidad mucho mayor. Es imposible imaginar que Hinojosa haya pagado todos los impuestos correspondientes. Sin embargo, el asunto central no es el asunto fiscal, sino las implicaciones electorales.
Es crucial ir atando los cabos de los escándalos. Sepúlveda, el hacker colombiano, ha señalado que sus servicios de espionaje, manipulación y fraude electoral costaron millones de dólares. Los servicios del consultor electoral, J. J. Rendón, quien habría convocado a Sepúlveda para que apoyara a Peña Nieto, igualmente se cotizan en millones de dólares.
¿Quién pagó por estos servicios? ¿Se financiaron de la misma manera que las tarjetas Monex, por medio de empresas fantasmas fondeadas desde fuentes oscuras? ¿O fue el mismo Hinojosa quien pagó por el fraude de 2012 en agradecimiento por los contratos otorgados por su compadre y ex-gobernador del estado de México?
Los grandes fraudes en México no se cometen solamente con el fin de enriquecerse personalmente, sino también con el propósito de mantenerse en control de las instituciones gubernamentales para poder garantizar la impunidad. Queda perfectamente claro que Peña Nieto y el régimen corrupto preparan de nuevo un enorme fraude en 2018. Sin embargo, cada día también se aumenta la indignación ciudadana y el repudio generalizado a la impunidad y el saqueo.
En 2018 tendrá lugar, sin duda, una de las grandes batallas en toda la historia de México. ¿El pueblo mexicano podrá derrotar al monstruo de la impunidad? ¿Lograremos sacudir el miedo, la mezquindad y el sectarismo para poder construir un amplio movimiento político con un fuerte arraigo social, capaz de poner las instituciones gubernamentales al servicio de los intereses públicos?
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