Jesús Manuel Macías y Aurelio Fernández F.
El gobierno federal realizó de inmediato dos acciones frente a la amenaza de un desastre en la Sierra Norte poblana. El gobierno estatal, ninguna. La primera acción de la administración del país fue enviar a las fuerzas armadas y funcionarios de las dependencias que actúan en estos casos a la zona donde se temía que ocurriera una calamidad; la otra, cambiar el sitio de vacaciones del presidente Enrique Peña Nieto de Cozumel a Mazatlán. Mientras tanto, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, no atendió los informes de la Comisión Nacional del Agua acerca del peligro que corrían sus gobernados en esta parte de la entidad.
Varias decenas de muertos y daños aún no calculados es el saldo hasta el momento.
Un recorrido hecho por nosotros en la zona siniestrada comprobó que la gente que sufrió el impacto de los “remanentes del huracán Earl” nunca fue advertida del peligro que corría. Se enteraron por la televisión de que algo podría ocurrir.
Los destrozos, las pérdidas humanas, reflejaron, una vez más, la inutilidad no sólo de las protecciones civiles, sino el desprecio al conocimiento científico desarrollado desde hace muchos años para entender las vulnerabilidades de las serranías frente a eventos climáticos.
Los sistemas de alerta son claves para resolver algunos problemas de reducción de desastres cuando no ha habido acciones de prevención estructural. Los pobladores de la sierra no contaron con ninguna de esas cosas. Pareciera que es el cuento de nunca acabar para las comunidades vulnerables; mientras, los funcionarios de los gobiernos responsables de reducir desastres han seguido cobrando sus sueldos, comprando seguros, organizando simulacros, y los riesgos avanzan.
En Xaltepec, municipio de Huauchinango, donde hubo 11 muertos y cuantiosos daños, los deslizamientos fueron una sorpresa para las víctimas y para la comunidad en general. En Chicahuaxtla también fue un tremendo impacto no esperado, y aquí apareció un fenómeno que, sin ser desconocido, sí agravó la magnitud de los destrozos y las pérdidas humanas: un deslizamiento que represó las aguas y produjo una barrancada que arrasó con tres cuartas partes de las viviendas de la comunidad. El presidente auxiliar de ahí, Luis Picazo, no tenia idea de cómo atender la situación, ni de la emergencia ni del reparto de las ayudas que llegaron días después. No pudo avisar de los daños de la comunidad porque todos los cables de electricidad y telefonía fija se cortaron debido a que enormes rocas desplazadas por el agua rompieron los postes de un solo golpe.
En otras comunidades visitadas, las cosas no fueron muy diferentes. Los gobiernos responsables de atender estas situaciones, el federal en primer lugar y luego el estatal, jamás prepararon a las poblaciones y ni siquiera a las autoridades para enfrentar situaciones por demás conocidas por la ciencia y la experiencia. En 17 años, desde aquel fatídico desastre de la década, como calificó el entonces presidente Ernesto Zedillo a los hechos de octubre de 1999 en la Sierra Madre Oriental, se han presentado al menos otros tres episodios de menor gravedad, pero igualmente ominosos; sin embargo, no forman parte de la memoria gubernamental y mucho menos de sus políticas de prevención y atención de emergencias.
Lo ocurrido en la cabecera municipal de Huauchinango es igualmente dramático, sobre todo porque las laderas en que se asientan miles de habitantes no parecen resistir otros eventos lluviosos semejantes al del fatídico sábado 6 de agosto y días subsecuentes.
Ya se sabe que el Estado, en su sentido de administrador del interés general, casi ha desaparecido en México para la mayor parte de los ámbitos públicos. Todo es gobierno, todo es decisión del gobernante en turno. Además, son malos gobiernos. Hay muy pocos casos de políticas públicas que expresen el interés que debe ir más allá del periodo gubernativo.
¿Cómo calificar el comportamiento de los gobiernos en este caso? ¿Hay avances o hay francamente un retroceso? ¿Estaremos condenados a repetir los desastres? A pesar de avances legislativos como la integración del concepto de Gestión Integral de Riesgos, esto no se ha reflejado en el manejo de desastres como el que nos ocupa. Hay un franco retroceso en el sistema de alerta contra ciclones tropicales, aquel que incorporó desde el año 2000 una música característica que advertía de los eventos; no era un sistema completo, pero ahora no hay nada.
En Puebla, en particular, las tareas de Protección Civil se reducen a pequeñas iniciativas de los 16 elementos que sobrevivieron a los recortes morenovallistas a la dependencia. El titular, un sobrino del ex gobernador Melquiades Morales, se fue a la campaña electoral de Acción Nacional para la gubernatura y acaba de reincorporarse a la dirección de Protección Civil, sólo para tratar de pasar desapercibido en este momento. Al igual que en otras funciones que debieran velar por el interés de los más necesitados, Moreno Valle ha desaparecido las tareas de prevención de desastres y, por el contrario, las acciones que generan los riesgos, como la deforestación, obras públicas peligrosas, o instalaciones industriales hechas de cualquier manera, proliferan también por la desaparición de los organismos locales encargados de regularlas.
Por donde se le vea, la generación de riesgos por desastres debida a las políticas públicas o a la omisión de estas es una constante en estos gobiernos, pero son otros los que pagan las consecuencias.
