Antonio Gershenson
La decisión de trabajar directamente por la obtención de uranio en México fue, primeramente, en 1972 con las Reservas Mineras Nacionales y el Instituto Nacional de Energía Nuclear; dichas instancias se transformaron en varias entidades gubernamentales oficiales, incluida la empresa Uranio Mexicano en 1979, que se dedicó a la explotación de este recurso natural.
En 1983, trabajaban cerca de 2 mil 500 personas en el uranio y otros mil 500 en diferentes actividades nucleares. Ya habían logrado localizar grandes cantidades del denominado U3O8 –óxido de uranio–, aproximadamente 160 mil toneladas de este material, repartido en 10 entidades del país.
El gobierno de Miguel de la Madrid firmó una ley en 1985, con la que se inició la destrucción de la industria nuclear y con ello la del uranio mexicano. La empresa Uranio Mexicano fue aniquilada y varias de sus funciones fueron integradas al Consejo de Recursos Minerales. Éste pasó luego al actual Servicio Geológico Mexicano. A partir de entonces, de hecho, el uranio es considerado como un simple material. Sin embargo, recientemente éste tomó relevancia por su potencialidad y porque la minería adquiere un estatus de preferencia para el gobierno actual, sin considerar un cambio constitucional en cuanto a la política energética.
Con las otras formas de energía nuclear, diferentes del procesamiento de uranio destinado a la iluminación eléctrica, se deben considerar los múltiples usos: en la medicina, el industrial y la producción de alimentos, entre otros. La investigación sobre los diferentes usos del uranio se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Existe también el caso de la central nuclear de Laguna Verde. En su desarrollo juegan un papel fundamental algunas empresas estadunidenses, tanto en su construcción como en su operación, así como en el abastecimiento de su combustible. Son dos plantas nucleares con uranio artificialmente irradiado –con exceso de uranio de 235 unidades atómicas, como el utilizado en las bombas atómicas–. La primera instalación de Laguna Verde empezó a producir electricidad en 1990 y la segunda en 1995. El año próximo la primera cumple 30 años de funcionamiento que se supone es el límite de vida útil.
Las plantas nucleares que utilizan uranio natural son más apropiadas para México. La primera central nuclear que operó con uranio natural se construyó entre 1970 y 1987 en Canadá, y el país que más utiliza este tipo de energía es India, que suma aproximadamente 15 por ciento del total de generación de electricidad para su consumo interno.
Para los millones de personas de su población la energía nuclear les posibilita la oportunidad de satisfacer su demanda. Otros países también la utilizaron de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. El material que aquí presento sobre la industria eléctrica en India –uno de los países más poblados del mundo– tiene la finalidad de explicar cómo resuelve su abasto de energía eléctrica.
El uso de la energía nuclear tiene una variante en ese país –cuando el uranio le fue insuficiente– ésta consiste en la utilización de materiales similares, como el torio o el plutonio, para compensar la disminución del acceso al primero en el país asiático. Estas han sido las opciones a las que ha recurrido para abastecer de luz a sus mil 352 millones de habitantes en un territorio de 3.29 millones kilómetros cuadrados.
En comparación con México, con una población, estimada en 124 millones en 2018, poco menos de 10 veces los habitantes que tiene India, la cantidad de uranio mexicano –hasta lo trabajado actualmente– sería más que suficiente para satisfacer la demanda de energía eléctrica en nuestro país, claro, utilizándolo responsablemente. Otra posible ventaja es que en el terreno de Laguna Verde se prepararon otras dos plantas, mismas que se podrían construir con nuevas tecnologías nucleares.
Los estados de la República donde se han detectado yacimientos de uranio son: Chihuahua, Nuevo León (sobre todo en la cuenca de Burgos), Sonora, Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Oaxaca.
Con todo y esta riqueza, los yacimientos de uranio que se empezaron a explotar, fueron olvidados. Miles de trabajadores en dichas entidades desarrollaron el uranio en años pasados. La industria nuclear fue abandonada por órdenes de varios presidentes, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.
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Recuperación salarial, en el camino correcto
La Constitución mexicana establece que el salario mínimo debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y resultar suficiente para proveer educación a los hijos, pero durante las décadas recientes este precepto fue sistemáticamente violado por una connivencia perversa entre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los sucesivos gobiernos federales, la iniciativa privada y los líderes sindicales charros. Con el pretexto de que elevar las percepciones de los trabajadores por encima del incremento en la productividad conduce de manera inevitable a espirales inflacionarias que anulan el aumento nominal de los salarios, éstos fueron sometidos a una brutal pérdida de poder adquisitivo que se tradujo en el empobrecimiento de las mayorías y en un crecimiento raquítico del mercado interno.
En diciembre pasado se vivió un viraje histórico en esta política de contención salarial, al producirse un acuerdo entre el gobierno entrante y el sector patronal para emprender una política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mediante aumentos del salario en términos reales y no sólo nominales (es decir, que el aumento se ubique claramente por encima de la inflación efectiva). Ya fuera porque la cúpula empresarial se sensibilizó con las graves carencias de las masas trabajadoras, o porque decidió impulsar el mercado interno como refugio ante la incertidumbre en los mercados de exportación que causó la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo cierto es que el empresariado dejó atrás el discurso alarmista sobre los efectos inflacionarios del salario y respaldó su mayor incremento en términos reales en 23 años.
A casi 12 meses de que entraran en vigor los nuevos salarios mínimos, no sólo se han despejado por completo los temores de un impacto en la inflación, sino que además se experimenta un círculo virtuoso sobre las percepciones de los trabajadores en general. Así lo muestra, por ejemplo, que todas las revisiones de salarios contractuales que tuvieron lugar en los pasados 13 meses se hayan saldado a favor de los ingresos de los trabajadores, con un beneficio concentrado entre quienes se emplean en el sector empresarial. Esta noticia resulta positiva por lo que supone para los trabajadores y sus familias, pero también porque en el mediano plazo la mejora de los ingresos contractuales podría impulsar la formalidad y, por esta vía, el deprimido mercado interno.
Sin duda alguna el incremento a los minisalarios aprobado hace un año, que se encuentra en fases avanzadas de negociación en este momento, y el consiguiente empujón a los salarios contractuales, resultan insuficientes para revertir décadas de embates contra el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que no pueden ser vistos como la solución a las graves inequidades en materia de remuneraciones, sino apenas como un punto de partida. Con todo, cabe saludar la rectificación del rumbo y el reconocimiento de la justicia social como un deber de las autoridades que redunda en beneficio de todos los sectores.
