Napoleón Gómez Urrutia
En el mundo sindical, como en el campo empresarial y político, existen algunas almas perversas que buscan frenar el avance de la justicia y la razón por medio de la táctica de detención temporal de reformas innovadoras con alto contenido democrático y social.
Su oportunismo y ambición no les alcanza para ver que el tiempo, la evolución del movimiento obrero y su papel ascendente en la comunidad, así como su actuación en el proceso de transformación de nuestro país hacia una comunidad moderna, educada, justa, digna y llena de bienestar, no se puede detener, hagan lo que hagan.
Los triunfos aparentes de la reacción, de los oportunistas, de los traidores, nunca podrán equipararse con las victorias permanentes de los pensamientos e ideas avanzadas y modernas que son las que permiten construir una nueva y mejor sociedad. Dejan que los seres humanos vivamos con dignidad y con mejores dinámicas sociales.
Hace algunas semanas presenté en el Senado de la República la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing, en inglés). Posteriormente se dictaminó y fue aprobada por unanimidad por las y los senadores integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
De inmediato los empresarios más reaccionarios de este país, así como los que se dedican a estas actividades de subcontratación se inconformaron, protestaron y amenazaron a través de sus amigos, personeros y cabilderos en el Congreso de la Unión, muy en particular en el Senado de la República. Se organizaron estos grupos para frenar esta reforma visionaria que busca la correcta aplicación de la justicia constitucional laboral en México y erradicar el quebranto que ha existido en los recientes 30 años a los derechos de los trabajadores, al fisco mexicano y a las instituciones de seguridad social.
Es esencial detener y revertir el grave y delicado tema de la evasión fiscal, que el outsourcing ilegal ha acumulado alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, además de obligarlos al pleno respeto a los derechos de los trabajadores, sus salarios y prestaciones, incluido el reparto de utilidades, PTU, los cuales no cubren ni su antigüedad en el sistema de pensiones. Pero también acabar con el fraude en el que incurren por dejar de contribuir esos mismos empresarios a las aportaciones por cuotas que deben cubrir ante el IMSS, Infonavit y las Afore para que los trabajadores tengan una jubilación digna.
Esas prácticas que han enriquecido a unas cuantas familias, también han contribuido a exacerbar más los problemas de desigualdad y la explotación de las personas trabajadoras, a acrecentar la evasión fiscal y por supuesto a hacer más evidente la falta de responsabilidad social de algunos empresarios. Corregir, regular y controlar estas actividades ilegales se ha vuelto un tema de discusión nacional en donde ya se han sumado muchos empresarios con dimensión social que están de acuerdo en impedir este quebranto a los trabajadores y a la nación.
Con calumnias, ataques mediáticos y tareas constantes de cabildeo con los políticos y cómplices en diferentes esferas del sistema, han deformado el contenido y alcances de esta iniciativa, la cual una vez más, hay que dejar en claro, busca evitar la evasión fiscal, obliga a cumplir y respetar los derechos de los trabajadores, casi 8 millones bajo ese sistema, y a garantizar que los empresarios y outsourceros cumplan sus obligaciones ante el IMSS, Infonavit y con fondos de pensiones y jubilaciones.
Además, en el dictamen aprobado se les otorga un plazo de 12 meses a las compañías de outsourcing para que se autocorrijan, se registren y certifiquen conforme a derecho y para que las autoridades competentes apliquen los mecanismos de verificación. Los que no lo quieran hacer la ley es muy clara, en México como en cualquier nación del mundo, los fraudes, evasiones y simulaciones o engaños se castigan conforme a las leyes vigentes.
Han llegado al extremo de decir que, si se aprueban estas reformas, no pasaría el T-MEC. Qué dirán ahora después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró el acuerdo para consensuar y firmar el protocolo modificatorio que garantiza la posterior aprobación por los poderes legislativos de los tres países y su entrada en vigor.
Han sido semanas de ataques infundados por algunas facciones reaccionarias, siempre desmentí la información que expresaba que la iniciativa que regula la subcontratación nos alejaba de la firma. Por el contrario, esto nos acercó más a la aprobación del T-MEC porque generó confianza y certidumbre para que quede claro que el gobierno de México va en serio para cumplir con la reforma laboral y todos los compromisos asumidos entre las tres naciones para consolidar la democracia sindical, la justicia laboral y mejorar gradualmente los ingresos de los trabajadores y de la población en general.
Hoy, México ha dado un gran paso con el establecimiento del protocolo modificatorio del T-MEC, que ya cuenta con el consenso de los poderes ejecutivos y los congresos de las tres naciones. Ahora los mexicanos y las instituciones nacionales tendremos que vigilar y dar puntual seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones contraídas, corregir y controlar las posibles desviaciones o violaciones, además de generar nuevas condiciones para promover la inversión pública y privada, así como la generación de empleos justos y dignos que tanto requerimos.
