Al rendir su primer informe de labores al frente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reconoció la persistencia de cotos de corrupción dentro del aparato de administración de justicia y señaló que si éste es percibido como corrupto carecerá de la fuerza y legitimidad para desempeñar el rol que le corresponde. En particular, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló como flagelos del poder que encabeza al nepotismo, la mediocridad y la cultura de patrimonialismo que, afirmó, se han combatido durante su encargo.
Aunque lo manifestado por el jurista Zaldívar no revela nada que no fuera sabido, o cuando menos sospechado, por amplios sectores de la ciudadanía, el reconocimiento público de algunos de los vicios del Poder Judicial por parte de su máxima autoridad resulta un hecho sin precedente en una tradición de encubrimiento, autocomplacencia y arrogancia que por décadas ha caracterizado a todos los niveles de la judicatura.
Esta sacudida al hermetismo de los juzgadores invita a plantear diversas consideraciones. En primera instancia, cabe saludar la resolución del funcionario para admitir lo que sus colegas han negado sistemáticamente, así como su expresión de voluntad para proseguir la limpieza del sistema.
En contraparte, debe apuntarse que lo avanzado hasta ahora palidece frente a la magnitud de los pendientes, pues resulta notorio que la destitución o inhabilitación de 16 funcionarios, jueces y magistrados, así como el cambio de adscripción de otros 98, no pueden ser sino el punto de partida en el saneamiento de las instituciones judiciales, las cuales comparten la descomposición que ha imperado en otros organismos del Estado.
En tales circunstancias, resulta necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en el entendimiento de las funciones, reglas e instancias tribunalicias, no sólo para tener acceso a una justicia de mayor calidad, sino también para que pueda participar de manera efectiva en la fiscalización ciudadana de jueces y magistrados.
Cabe esperar que los poderes Ejecutivo y Legislativo colaboren con el Judicial en la necesaria tarea de limpieza y reforma que requiere, tarea esta última de obligada complejidad, pero para la cual la presente coyuntura ofrece condiciones políticas especialmente favorables.
Por otra parte, se debe recordar que uno de los más grandes pendientes, de cara a la ciudadanía, no se encuentra en el ámbito de lo penal o de lo sancionable por vías administrativas, sino en la moralidad del ejercicio de un puesto público: las exorbitantes percepciones que sus altos funcionarios se han otorgado y cuya reducción a niveles decorosos forma parte de una añeja demanda ciudadana que atañe al conjunto de los servidores del Estado.
Para que los impartidores de justicia sean objeto del aprecio social deben mostrar sensibilidad ante esa demanda. Cabe desear, en suma, que el informe rendido ayer represente un punto de inflexión hacia la construcción de un Poder Judicial próximo a la población, prestigiado, transparente y plenamente apegado a los marcos legales de los que debe ser garante.
México SA
¿Quién sigue de García Luna? // Más de un billón para la guerra
Carlos Fernández-Vega
Durante el calderonato de las arcas nacionales salió más de un billón de pesos para combatir al narcotráfico, sólo para obtener un tétrico resultado: más de 120 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos y un número creciente de desplazados, mientras el negocio de la droga se mantenía boyante. Todo, para que el cártel más poderoso, el de Sinaloa, comprara impunidad y el gobierno de entonces capturara a los capos de otras organizaciones y las diezmara para favorecer a la encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán.
Eso sí, nada fue gratuito, porque a cambio –secreto a voces desde entonces– Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública, voz cantante de esa guerra y consentido de Felipe Calderón, a la sazón inquilino de Los Pinos– recibía jugosísimos sobornos del cártel sinaloense para que limpiara el territorio, lo dejara operar libremente y cada vez con menos rivales.
Desde el arranque mismo del sexenio calderonista, el presupuesto público destinado a las fuerzas de seguridad y al combate al narcotráfico se incrementó sostenidamente (en especial el canalizado a la Secretaría de Seguridad Pública) hasta acumular más de un billón de pesos, siempre con el discurso de que la lucha contra el crimen organizado no será una tarea fácil ni rápida, que implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso la pérdida de vidas (el tal Jelipe dixit).
En realidad, buena parte del crimen organizado despachaba en las oficinas principales del gobierno calderonista y una de sus cabezas visibles era, precisamente, García Luna, hoy preso en Dallas, acusado por el gobierno estadunidense de tener nexos con El Chapo (desde tiempos de Vicente Fox, cuando el hoy preso fungía como director de la Policía Judicial Federal y más adelante al frente de la Agencia Federal de Investigaciones), es decir, con uno de los narcotraficantes que debía combatir.
David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, informa: “‘el acusado abusó de sus puestos oficiales… para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió que el cártel de Sinaloa –una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo– operara con impunidad en México. Hasta hoy lucra de sus delitos y ha mentido sobre ello a Estados Unidos en su intento de obtener la ciudadanía estadunidense’, resumió el fiscal federal Richard Donoghue al solicitar ante tribunales el encarcelamiento de García Luna hasta la fecha en que inicie su juicio… García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal y era el responsable de la seguridad pública en México”.
Pero de todo eso (versión Felipe Calderón) los dos gobiernos panistas nada supieron, nada conocieron y –según ellos– García Luna operó libremente y a sus anchas sin que se supiera de sus actividades. Pues bien, ahora todo el mundo las conoce y muchos de los personajes involucrados están en fuga (el efecto cucaracha, un término que a Calderón y a García Luna les encantaba utilizar para justificar su falta de resultados contra el crimen organizado, a la par que su rotundo éxito a la hora de recibir jugosísimos sobornos).
Entonces, ¿quién sigue en la lista?
Las rebanadas del pastel
Por cierto, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador dejó en claro que tiene que conocerse la investigación (de García Luna) hasta el final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación (de Felipe Calderón) nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. No a las persecuciones, pero no soy cómplice de corrupción, de nadie. No quiero que se piense que nosotros aprovechamos esta circunstancia para atacar a Calderón, aun con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto.
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