George Floyd fue asesinado el lunes pasado por un policía en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, después de que un negocio lo denunciara con los uniformados por presuntamente pagar con un billete falso. La suya habría sido una más de las cerca de 280 muertes de afroamericanos a manos de elementos policiacos que ocurren cada año en Estados Unidos, pero ha desatado una oleada de multitudinarias protestas en varias ciudades desde que se difundió un video en el que se observa cómo el agente Derek Chauvin asfixia a Floyd manteniendo una rodilla sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos.
Es difícil imaginar que el arresto de Chauvin, efectuado ayer, y el despido de los tres agentes que se encontraban con él cuando asesinó a Floyd sea la conclusión de este deplorable episodio. Primero, porque el caso ha revivido la indignación existente entre amplios sectores de la sociedad estadunidense por la liberalidad con que los supuestos guardianes del orden público hacen uso de sus armas de fuego, y en particular por la altísima proporción con que disparan contra hombres negros: de acuerdo con un estudio conducido por la Universidad de Rutgers, 57 por ciento de las personas muertas a manos de la policía en 2017 no representaba una amenaza con armas de fuego, mientras la organización MappingPoliceViolence (Cartografía de la Violencia Policiaca) registra que las personas negras tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que las blancas.
Pero la razón más importante por la que la detención del homicida no presagia el fin de los disturbios y la rabia ciudadana, reside en la impunidad sistemática con que los tribunales protegen a los asesinos cuando éstos portan el uniforme de alguna corporación policíaca. No se trata de meras elucubraciones, pues ya existen antecedentes en los que los agentes fueron absueltos, pese a la presentación de videos en los que se les observa causando la muerte a hombres afroamericanos que no suponían ninguna amenaza para ellos, como sucedió en los casos de Eric Garner (2014), SamuelDuBose (2015) y Alton Sterling (2016).
Si acaso faltaran pruebas de esta complicidad entre juzgadores y departamentos de policía,las declaraciones del ex fiscal general, Jeff Sessions, despejan toda duda acerca de la posición oficial en el tema: en su primer discurso como encargado del Departamento de Justicia en febrero de 2017, con la absolución del asesino de Alton Sterling como contexto inmediato, Sessions pidió que en vez de dictar a las policías locales cómo hacer su trabajo o malgastar los escasos recursos federales para denunciarlas en los tribunales, deberíamos usar nuestro dinero, investigación y experiencia en ayudarlas a descubrir qué está pasando y determinar las mejores formas de luchar contra la delincuencia.
Episodios como los referidos, y muchos más de la misma gravedad, motivaron el nacimiento de iniciativas como Black LivesMatter (Las vidas negras importan), las cuales han denunciado de manera incesante el círculo vicioso de brutalidad policíaca e impunidad, así como la indiferencia oficial ante un fenómeno de racismo institucionalizado que se manifiesta de manera cotidiana y a plena luz del día. En el mismo sentido se han manifestado instancias como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual expresó desde 2016 su profunda preocupación ante un patrón reiterado de impunidad frente a los asesinatos de afrodescendientes a manos de la policía en Estados Unidos, y señaló que la inefectividad de la respuesta estatal propicia la repetición crónica de estos crímenes.
Lo cierto es que será imposible erradicar el racismo y el desdén por los derechos humanos que marcan la actuación de un número alarmante de agentes policíacos estadunidenses, en tanto estas conductas sean minimizadas e incluso justificadas desde las más altas esferas del poder público.
México SA
SAT: rescatar para el Estado// Ancira ya tiene suite de lujo
Carlos Fernández-Vega
Con Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la caja registradora del gobierno federal no deja de tintinar. En apenas unos días la matemática, egresada de la UNAM, ha fortalecido el erario con una muy buena cantidad de millones, y contando, provenientes de los olvidos, diferencias de interpretación y otros pretextos banales de los grandes corporativos privados, a los que los gobiernos neoliberales acostumbraron a no tratar con esa entidad federal, salvo para exigirle voluminosas condonaciones y devoluciones de impuestos.
Días atrás se conoció que Walmart, la mayor cadena de autoservicio que opera en el país y con ingresos superlativos, pagó más de 8 mil millones de pesos por impuestos atrasados, producto de los olvidos fiscales del corporativo. Desde febrero pasado el SAT le exigió cubrir tal adeudo, pero, envalentonada, la cadena comercial lo mandó a paseo.
De hecho, el presidente López Obrador –sin dar nombres, pero con la obviedad del caso– narró la siguiente anécdota (se respeta sintaxis): “Hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas, imagínense, de las más grandes, y les dijo a los funcionarios del SAT, debían o deben no sé cuánto, creo que 8 o 10 mil millones. Estaban queriendo dar 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas o conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias”.
Pues bien, ¡milagro! El año 3000 llegó en mayo de 2020 (tres meses después de que el SAT exigiera el pago) y los 500 millones que los chantajistas abogánsters ofrecían (se quedaron con las ganas de cobrar más por sus servicios), mágicamente se convirtieron en 8 mil 79 millones de pesos (el monto originalmente exigido ascendía a 10 mil 559 millones), con la finalidad –dijo Walmart– de concluir asuntos fiscales sustanciales.
El caso más reciente es el de Fomento Económico Mexicano (Femsa), uno de los consorcios más grandes y financieramente más sólido del país, quien acordó con el SAT finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales, es decir, una diferencia de interpretación que permitió al corporativo no cubrir sus obligaciones fiscales, cercanas a 9 mil millones de pesos.
Ocho mil millones adicionales (por pago de impuestos) fueron adelantados por empresas del magnate marca Forbes Carlos Slim, y otros consorcios con adeudos fiscales se están poniendo al corriente, explicó López Obrador.
La caja registradora seguirá repicando, pero hay sonadísimos casos de evasión fiscal –con la venia gubernamental– que el SAT podría intentar resolver. Es cuestión de revisar qué tanto se puede hacer, porque se trata de asuntos relativamente remotos.
Por ejemplo, la compraventa de Banamex y Bancomer –por citar sólo a ese par–, cuyos accionistas autóctonos descaradamente evadieron al fisco. En 2001 Vicente Fox no sólo permitió y aplaudió la venta de Banamex a Citibank, sino la calificó de negocio del siglo: 12 mil 500 millones de dólares, de los que el SAT no vio un solo dólar. Lo mismo con la venta de Bancomer a la trasnacional española BBVA: 4 mil 100 millones de dólares y el fisco se quedó con las ganas.
Hay más historias bancarias de esta naturaleza, pero con ese par podría el SAT comenzar a ver la posibilidad de recuperar lo que al SAT correspondía (alrededor de 5 mil millones de dólares).
Y ahora que Femsa aduce diferencias de interpretación para no pagar impuestos, hay que recordar que en 2010, con el comandante Borolas en Los Pinos, vendió su ramo cervecero a la trasnacional Heineken por 7 mil 347 millones de dólares, de los que el SAT no vio ni un billete verde.
Las rebanadas del pastel
En alguno de los establecimientos de la prestigiosa cadena hotelera Reclusorios de México ya tienen preparada una cómoda suite para el gánster Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, a quien la justicia española ya le dijo: vas de regreso.
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