Magdalena Gómez
Mientras transcurre y se intensifica la pandemia, puede observarse un patrón similar de los estados en América Latina ante los pueblos indígenas. En general, no son vistos como factor que debería considerarse con políticas diseñadas por ellos. Por supuesto que existen diferencias escandalosas, como el caso de Brasil, donde claramente los pueblos son estigmatizados, mientras otros aluden a su cultura, pero no respetan sus derechos de libre determinación y autonomía. No lo hacen porque lo único que interesa al Estado y al capital trasnacional son sus territorios y sus recursos naturales. Este patrón es el telón de fondo antes de la pandemia y, por supuesto, continuará en el muy incierto regreso a la llamada normalidad. Cuando hablamos del Estado, nos referimos a sus tres poderes. Sólo tenemos el caso de Perú, donde el presidente de la Comisión de Pueblos del Congreso está promoviendo la participación de las organizaciones indígenas en la exigencia al Ejecutivo de políticas que los respeten. Por ejemplo, la Ronda Campesina, ya con reconocimiento constitucional, reclama su espacio jurisdiccional para hacerse cargo de la vigilancia en las comunidades, como lo han hecho por más de dos décadas, y mantienen denuncias contra fuerzas militares que las están afectando bajo el supuesto de la emergencia por la pandemia. Un criterio común en los pueblos de la región es el cierre de sus fronteras internas a fin de impedir que ingresen personas ajenas contagiadas. Esto incluye a quienes, aun siendo de las comunidades, han migrado y pretenden retornar. Este criterio de autodefensa ha generado tensiones entre comunidades vecinas e incluso cuestionamientos oficiales que esgrimen argumentos como la libertad de tránsito y la violación a derechos humanos con una visión reduccionista que excluye los derechos colectivos.
Por otra parte, en México es de señalar que se desconoce el impacto específico de la pandemia en los pueblos indígenas y en sus comunidades. Las cifras de la Secretaría de Salud no incorporan el criterio de pertenencia étnica, si bien se han divulgado casos, en especial en las ciudades, pero también, por ejemplo, la Organización Tlachinollan mantiene trabajo importante en seguimiento de los fallecimientos de indígenas migrantes de Guerrero por Covid-19, en Nueva York, y en la promoción de apoyos oficiales a sus familias. Seguramente están protegiéndose en lo posible en las comunidades, con los filtros de control de entrada y salida y a través de medicina tradicional, pero ignoramos los resultados. Hace días, un comunero me envió este mensaje con angustia: El virus ya está en mi comunidad (Cuentepec, Morelos) y no salimos para no contagiarnos. Cada dos o tres días están muriendo aquí, somos 3 mil habitantes y ese virus podría acabar con todo. Coloco el acento en las comunidades, pero sabemos que hay un fuerte impacto de presencia indígena en las entidades con trabajo agrícola estacional, en el sector turístico, en las ciudades, dentro y fuera del país, cuyas condiciones distan mucho de garantizar el acceso al agua, distanciamiento social o gel antibacterial, ni qué decir de su situación en el trabajo informal.
Sin embargo, los pueblos encuentran ventanitas o respiraderos, como decía Floriberto Díaz. El pasado 8 de mayo el juzgado segundo de distrito de amparo y juicios penales federales de Chiapas, con la admisión al juicio de amparo presentado por un grupo de los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, pertenecientes al pueblo Maya Ch’ol, con asesoría del colectivo Indignación, concedió la suspensión provisional de las obras del Tren Maya en el tramo de Palenque. La jueza consideró que “debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y, en consecuencia, las mismas requerirán servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas”. Advirtió que de continuar con el proyecto denominado Tren Maya, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores maya ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad”.
Esta resolución ya fue rechazada por Fonatur. Se alega que no existe mientras no le notifiquen. Hay muchas personas sin empleo y el gobierno se los ofrece con un cubrebocas. La normalidad que viene es la misma que resisten los pueblos indígenas desde antes de la pandemia. Como el cuento de Tito Monterroso: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
SCJN: democracia restaurada en BC
Por votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la denominada ley Bonilla, un intento de reforma del artículo octavo de la Constitución de Baja California que habría permitido ampliar a posteriori de dos a cinco años el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez. El engendro legal, aprobado por una amplia mayoría del Congreso local en octubre del año pasado, unos meses después de los comicios estatales en los que Bonilla fue electo para un periodo de dos años, fue impugnado por el Instituto Nacional Electoral y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El magistrado presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló que la ley Bonilla alteraba los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que el intento de prolongar el mandato de Bonilla era un fraude a la ley y una manera de violentar la voluntad popular. De su lado, Juan Luis Alcántara Carrancá dijo que la resolución del Congreso bajacaliforniano violentó el principio de certeza jurídica y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la describió como prácticamente una relección con una potente carga histórica y como un ataque al corazón del sistema democrático. Sin ningún voto en contra, el máximo tribunal del país ordenó que rija el texto constitucional previo, según el cual Bonilla deberá dejar el cargo el 31 de octubre de 2021.
El fallo comentado no sólo restaura los principios democráticos básicos y la normalidad jurídica en la entidad, sino que representa un alivio para todos los sectores políticos del país, en la medida en que restablece reglas institucionales que no deben ser vulneradas, como alterar los términos de un mandato después de que éste ha sido otorgado. Por ello, la medida no sólo es celebrada como una victoria por los partidos de oposición –cuyos legisladores estatales votaron, por cierto, en favor de la impresentable prolongación del gobierno de Bonilla–, sino que constituye un hecho positivo para el partido gobernante en los ámbitos federal y estatal, Morena, que mucho habría perdido en términos de credibilidad si su nombre hubiese quedado asociado a la maniobra bonillista.
Un asunto de trasfondo que puede adivinarse tras esa intentona felizmente frustrada es el empeño de un sector empresarial de Baja California –articulado en torno al propio Bonilla, quien además de político es un acaudalado hombre de negocios– de imponer por encima de la legalidad los designios del dinero. Tal pretensión choca frontalmente con la determinación explícita de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador de emancipar el poder político del poder económico, una tarea a todas luces necesaria tras décadas en las que las instituciones públicas fueron supeditadas a los intereses corporativos. Así pues, el fallo comentado debe saludarse como un hecho positivo para la vida republicana de toda la nación.
