Hasta ahora, Covax –el esfuerzo de Naciones Unidas para asegurar un acceso global, razonablemente equitativo, a las vacunas para Covid-19– pertenecía más al mundo de las aspiraciones que al de las realidades. Con el inicio de marzo, el decimotercer mes de la pandemia, en respuesta a un clamor casi universal, se ha entrado, con lentitud incompatible con la evidente urgencia que reviste, a esa segunda esfera. La noción de que la pandemia no será realmente superada en ninguna parte mientras no lo sea en todas se acepta en el principio, pero no en sus consecuencias prácticas. El lunes 1º, Costa de Marfil y Ghana iniciaron, en forma modesta, acciones de inoculación con vacunas proporcionadas por Covax, que suministró 504 mil y 600 mil dosis de AstraZeneca, manufacturadas por el Instituto Serum de India –suficientes para inocular a entre dos y tres de cada centenar de habitantes, a decir del Unicef. Casi al mismo tiempo, según la Organización Panamericana de la Salud, se inició, con una primera entrega de 117 mil dosis de Pfizer-BioNTech a Colombia, la iniciativa Primera Ola, un programa piloto global de distribución temprana de cantidades limitadas de dosis, de éste y de AstraZeneca, provenientes de India y de Corea del Sur. Se entregarán en unas cuantas semanas a 36 países de América Latina y las Antillas: Perú, El Salvador y Bolivia entre ellos –a 10 sin costo y a 26 con financiamiento propio de los adquirentes.
El acceso a las vacunas a través de Covax aumentará de manera constante mes a mes y se espera alcanzar alrededor de 280 millones de dosis para las Américas y el Caribe hacia fines de 2021. Al destacar las primeras entregas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que la pandemia de Covid-19 sólo puede terminar si la vacunación se produce de forma equitativa y consideró que se daban los primeros pasos en tal sentido tanto en África como en el hemisferio occidental. Covax se propone manejar el mayor, más complejo y más rápido despliegue de vacunas en la historia. Espera distribuir, para finales del año, al menos 2 mil millones de dosis, mil 300 millones de las cuales están destinadas a 92 economías elegibles para recibir asistencia proveniente de donantes gubernamentales y privados.
Como suele ser el caso de los mecanismos multilaterales organizados en el ámbito de Naciones Unidas, el entramado institucional detrás de Covax es complejo, quizá un tanto demasiado. Una nota informativa oficial reciente lo describe así: Covax, el segmento dedicado a la vacunación del Acelerador de Acceso a las Herramientas para Covid-19 (ACT), opera bajo la dirección conjunta de la Coalición para Disponibilidad de Innovaciones Epidémicas (CEPI), la Alianza Global para las Vacunas (GAVI) y la OMS, y actúa en asociación con los fabricantes de vacunas de los países avanzados y en desarrollo, el Unicef [Fondo de Naciones Unidas para la Infancia], el Banco Mundial y otras instituciones. Es la única iniciativa global que asegura que las vacunas estén disponibles tanto para los países de alto como de bajo ingreso. En lenguaje llano, Covax intenta que no sea sólo la lógica del mercado la que rija la distribución del bien más apetecido, ahora y en un futuro que puede limitarse a los meses inmediatos de 2021 o extenderse por varios años. De qué se hablará: del bienio, del quinquenio o del decenio de la pandemia.
El 3 de marzo, Covax actualizó sus estimaciones tentativas sobre oferta disponible y distribución esperada de vacunas en 2021. Advirtió: Hay muchas incertidumbres que afectan la oferta de vacunas para Covid-19 en 2021, sobre todo alrededor de la capacidad de fabricación, la regulación, la disponibilidad de financiamiento, los términos de contratación y el grado de preparación de los países mismos para echar a andar sus programas nacionales de inmunización. No mencionó las relativas a la efectividad de las vacunas para distintos grupos de edad.
Del lado de la oferta, incluye a tres fabricantes con contratos en firme (por mil 310 millones de dosis): Serum Institute, licenciatario de AstraZeneca y Novavax; AstraZeneca, y Pfizer-BioNTech, y dos más con memoranda o declaraciones de intención (por 700 millones): Johnson&Johnson y Sanofi. Se prevé, además, la disponibilidad de 760 millones adicionales de tres vacunas candidatas que se encuentran en activa negociación. Se habrá dispuesto del total –2 mil 790 millones de dosis– en el año en curso o en los primeros meses de 2022. Sobre la demanda, señala que durante el segundo semestre de 2021 se podrá satisfacer la demanda total de los participantes autofinanciados (52 países de ingreso medio o alto que dispondrán de 300 millones de dosis) y habrá destinado mil 800 millones a los 97 países elegibles para recibir asistencia, lo que permitiría inmunizar a alrededor de 27 por ciento de su población.
Si se tiene en mente que de esta pandemia nadie estará a salvo mientras no lo estén todos, parece que es más bien en el horizonte de mediano y largo plazos en el que es dable vislumbrar su esperado final.
El campo y el bosque en Sembrando Vida
Ana de Ita*
La imagen de la que parte el programa Sembrando Vida es un campo derrotado y abandonado, sin organización comunitaria, ni tenencia colectiva de la tierra, donde los campesinos individuales no cuentan con los recursos ni con los conocimientos necesarios para producir alimentos, de ahí que a partir de la formación de Comunidades de Aprendizaje Campesino el programa propone reconstruir el tejido social. Pero la realidad rural mexicana, es muy otra, la existencia del ejido y de la comunidad ha mantenido el sentido de identidad de los pueblos con su territorio, que ha sido cuna de los más importantes movimientos sociales. En el campo existe un sinnúmero de procesos organizativos autogestionarios, planes de vida comunitarios y regionales, comités para atender necesidades, asociaciones, colectivos, empresas campesinas. Actualmente los pueblos originarios y los campesinos luchan contra el despojo de sus territorios y demandan autonomía.
Las llamadas Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), que según sus promotores son el corazón del programa, forman una organización paralela a la asamblea comunal o ejidal, que es la principal autoridad en el territorio. En sentido contrario a la estrategia de las comunidades mejor organizadas que fortalecen el poder de sus asambleas, las CAC no informan ni rinden cuentas a las asambleas agrarias.
Las CAC son organizaciones clientelares pues dependen de los recursos del programa. Están integradas por dos técnicos y 25 campesinos entre quienes se establece una relación de subordinación. Los técnicos tienen un amplio poder de decisión sobre quiénes ingresan o son suspendidos del programa. Los campesinos ocupan la parte más baja de una cadena de mando vertical y sus propuestas pocas veces son escuchadas.
Los integrantes de cada CAC deben proponer un plan de trabajo y definir un horario diario para laborar en sus parcelas y en los viveros o biofábricas que ellos establecen en cada comunidad. Los campesinos añoran el gran margen de libertad que tenían sin el programa y algunos se consideran peones en su propia tierra. Esto ha propiciado que, a pesar de la necesidad de los recursos, algunos decidan abandonarlo.
Sembrando Vida, según el gobierno, es también el mayor programa de reforestación de América Latina, puesto que se propone plantar más de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Así el gobierno intenta contrarrestar las críticas a los impactos ambientales que ocasionarán sus megaproyectos y su impulso a las energías fósiles. Pero para lograrlo se requieren cerca de mil millones de plantas. Su inexistencia ha sido uno de lo mayores cuellos de botella del programa. Los especialistas forestales alertaron desde el inicio sobre la falta de capacidad de producción. Durante 2019 se plantaron y sobrevivieron sólo alrededor de 14 por ciento de la meta, de 575 millones de árboles. Además, el gobierno no ha hecho público un mapa de deforestación, ni mucho menos la localización de las parcelas a reforestar para comprobar que se trata de terrenos degradados, potreros o previamente sembrados.
Conseguir las plantas de frutales y maderables y lograr que prendan es también uno de los problemas para los campesinos. En el programa se orienta a que una hectárea se destine para sembrar milpa intercalada con árboles frutales, y una hectárea y media se dedique a sistemas agroforestales. Los primeros lineamientos de operación establecían que el programa dotaría a los campesinos de los apoyos en especie necesarios: semillas, plantas, herramientas. Pero las reglas de operación de 2021 reducen la obligación del Estado para proporcionarlos y la colocan como una posibilidad. Así, varios campesinos de diferentes regiones han informado que ellos deben comprar las plantas en los viveros definidos por el programa. Un cedro o un limonar cuesta 60 pesos y 10 pesos su transporte. Además la plantación necesita riego, y el trabajo campesino y los costos de acceso al agua dependen de la localización de la parcela y del tipo de terreno. Si está cerca del camino pueden llevar tambos de agua en camioneta, pero si es terreno arenoso deben comprar mangueras. Sufraga esos implementos cada campesino que invierte buena parte de los recursos del programa.
En regiones en que la superficie parcelada es muy pequeña, la siembra de árboles compite con la producción de alimentos, Algunos campesinos preferirían destinar sus 2.5 hectáreas a la milpa para garantizar la alimentación de la familia, pero no es permitido.
Varias comunidades buscan cómo dar la vuelta al programa para evitar los conflictos que provoca su manejo individual, en tanto otras comunidades fuertes y bien organizadas han prohibido en sus estatutos participar en él.
Establecer una organización con base territorial afín a los intereses del gobierno resulta en la realidad más complicado que en un campo derrotado.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
