Los Criterios de Política Económica que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, como parte del paquete presupuestal de 2023, contienen las estimaciones del gobierno federal sobre el desempeño global y el de nuestra economía.
Las han descalificado por ser apocadas o por ser demasiado optimistas, lo cierto es que difieren de lo que esperan los analistas y los organismos financieros internacionales. Hacienda estima un crecimiento del PIB de 3 por ciento, mientras otras previsiones lo sitúan en 1.5. En relación con la inflación también hay diferencias relevantes: el gobierno espera 3.2 al cierre del año próximo y los demás 5 por ciento. Lo mismo puede señalarse para otros parámetros, como el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio del petróleo.
Las diferencias se explican por una discrepancia mayor: la consideración sobre la evolución futura de la economía global. Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México, presentó una consideración al respecto en Jackson Hole que tituló Una historia de vientos a favor y vientos en contra: la oferta agregada y la estabilización macroeconómica. Plantea que durante 30 años cuatro vientos a favor permitieron que la oferta fuera sensible a los cambios en la demanda agregada: un entorno geopolítico relativamente estable, ciertos avances tecnológicos, la propia globalización y una demografía favorable.
La estabilidad geopolítica derivó del consenso de que los mercados y la cooperación debían resultar en crecimiento económico. Importantes avances tecnológicos bajaron costos, acortaron tiempos y distancias reduciendo restricciones económicas. La globalización expandió las fronteras económicas mundiales logrando que bienes y servicios fueran accesibles a una base mayor de consumidores, que hubiera acceso amplio al conocimiento y oportunidades de especialización. La demografía permitió que la población en edad de trabajar creciera rápidamente.
Estos vientos y una inflación reducida impulsaron el crecimiento en un ciclo económico diferente al de la posguerra. En tiempos de expansión la política monetaria necesitó menos restringir la economía y en las contracciones los estímulos monetarios actuaron sin preocuparse de la inflación. La política fiscal tuvo libertad de acción con tasas de interés nominales y reales en límites muy bajos. Los vientos en contra comenzaron en 1990 con el declive de la productividad, pero se aceleraron con la crisis financiera de 2008 y nunca se recuperaron.
En realidad, las ganancias derivadas de la globalización y de los cambios estructurales fueron efímeras. Estas reformas fueron políticamente costosas, de modo que desaparecieron de la agenda gubernamental. El sector financiero liberalizado creó vulnerabilidades que se concretaron explosivamente. La pandemia y la guerra en Ucrania revelaron que la oferta se había estrechado significativamente. Las respuestas desde el lado de la demanda resultaron difíciles de calibrar.
Esta nueva situación propone tres lecciones: para combatir la pandemia se apagó intencionalmente la economía, pero prender la oferta nuevamente no resultó tan fácil como prender la demanda; la disponibilidad de la oferta nunca puede garantizarse; las restricciones de la oferta son muy sensibles a la inflación. Además, el entorno político se tensó y resultó que la cooperación internacional no era tan beneficiosa como se publicitó. El rechazo de la globalización se reforzó con una distribución del ingreso terriblemente desigual entre los países y en los países. Esta inequidad reforzó fuerzas políticas que cuestionaron las reglas del juego del comercio internacional y del sistema financiero, los resultados de las democracias y que los bancos centrales actuaran independientemente de los poderes electos.
Ante estas nuevas dificultades, una nueva política macroeconómica debe entender que las políticas para estimular la demanda no resuelven problemas de la oferta. Hay cosas que estas políticas pueden lograr, pero se generarán costos económicos. La política fiscal debiera concentrarse más en resolver las restricciones en la oferta que en estimular la demanda. Además, se requiere crear un entorno ambientalmente amigable que impulse la innovación, fortalezca la resistencia a choques de diverso tipo e impulse un cambio tecnológico congruente con los requerimientos de la transición ecológica.
Los gobernantes tienen que considerar que las estrategias para un crecimiento sostenido y sostenible deben enfocarse en impulsar la oferta, fortaleciéndola y haciéndola más resistente. Si no se entiende esto los vientos en contra detendrán la economía global. Las estimaciones macroeconómicas del paquete presupuestal entregado dejan claro que el gobierno no está entendiendo esta nueva situación.
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Abarca: despropósito judicial
El juzgado tercero de distrito de procesos penales federales, con sede en Tamaulipas y a cargo del juez Samuel Ventura Ramos, absolvió al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, de la acusación por su papel en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes para acreditar la acusación. Ello no implica que Abarca sea puesto en libertad de manera inmediata, pues también se encuentra procesado por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, hechos ocurridos en junio de 2013.
El presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) para el Caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, reaccionó a la sentencia del juez Ventura señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Apenas el mes pasado, el funcionario indicó que la orden de desaparecer a los jóvenes la dieron el propio Abarca y dirigentes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en colusión con otras autoridades de diversos órdenes de gobierno.
Encinas también recordó que este togado ya liberó a 77 presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes, en muchos casos aduciendo errores u omisiones cometidos por el Ministerio Público al detener, presentar o encarcelar a los acusados. Ya en 2019 lo criticó por la liberación absoluta e inmediata de 25 personas que habían sido aprehendidas en relación con el caso, entre ellas un individuo de tanta importancia en los esfuerzos para dar con el paradero de los muchachos como Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros Unidos en Iguala.
En ese contexto, el subsecretario denunció que Ventura tenía a su alcance recursos jurídicos para salvaguardar los derechos de los presuntos criminales sin echar abajo las indagatorias y sin que sus decisiones se convirtieran en cartas de impunidad para los propios acusados y para las autoridades ministeriales que violaron los procedimientos debidos. Sostuvo, por ejemplo, que la declaración obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores.
Si hicieran falta elementos para ponderar la tremenda descomposición imperante en todos los niveles del Poder Judicial federal y sus homólogos estatales, la acción sistemática de Ventura Ramos para desmantelar cualquier posibilidad de avance en el caso más emblemático de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México exhibe de manera inapelable el alejamiento de algunos juzgadores de sus deberes de impartición de justicia. Si además se considera que tales despropósitos se acometen en casos sujetos al permanente y acucioso escrutinio público, resulta estremecedor imaginar las tropelías perpetradas por los jueces en aquellos procesos carentes de reflectores mediáticos, por lo que salta a la vista la urgencia de emprender una limpieza a fondo de una rama del poder público plagada de inercias y vicios inaceptables.
