El titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O (der) y el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (izq) durante la entrega del Paquete Económico 2023. Foto Cristina Rodríguez
Ciudad de México El gasto neto total para 2023 fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 8.3 billones de pesos, un aumento de 11.6 por ciento real respecto a lo autorizado este año, donde destacan tres rubros, el gasto social y el de inversión, así como las participaciones a estados y municipios.
Para el gasto social, se prevé un total de 1.7 billones de pesos, 12.7 por ciento real más que en el presupuesto 2022. Mientras que la inversión impulsada por el gobierno ascenderá a 1.2 billones, 15 por ciento más.
A estados y municipios, a través del ramo 33, Aportaciones federales, se destinarán 924 mil 331 millones de pesos, de los cuales casi la mitad, 456 mil 672 millones de pesos, se destinarán al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
“El Paquete Económico 2023 continuará con el compromiso de consolidación de la política económica y social, con recursos a programas de asistencia social, así como a proyectos de infraestructura estratégicos que, además de garantizar el bienestar de las familias y la creación de mayores fuentes de empleo, sientan las bases para la construcción de un país más próspero, equitativo, justo e incluyente”, planteó el Ejecutivo en la exposición de motivos.
Además, resaltó que la política de gasto se enfocará en los rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población en un entorno de crecimiento de la actividad económica.
“En este sentido, se busca consolidar un Estado capaz de enfocar esfuerzos en beneficiar a las personas de mayores condiciones de vulnerabilidad, al tiempo que atiende la falta de inversión en aquellas regiones históricamente rezagadas y fortalece el Estado de derecho”.
De la inversión impulsada por el gobierno, y como parte de los proyectos prioritarios de la actual administración, se prevén 153 mil 600 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas.
Mientras que, para dar continuidad al proyecto del Tren Maya, propuso destinar 143 mil 73 millones de pesos.
Para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se considera un presupuesto de 7 mil 682.2 millones de pesos. Del total de recursos corresponden 7 mil 280.3 millones corresponden al corredor; 105.4 millones a servicios personales; 374.9 millones a gastos de operación y 6 mil 800 millones de pesos a previsiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec.
Otros 401.9 millones de pesos se asignan al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de los cuales corresponden 40.9 millones de pesos a servicios personales y 361 millones a gasto de operación.
A su vez, a la Secretaría de la Defensa Nacional se asignan 836.2 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
También se prevén 7 mil millones de pesos para continuar con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, así como 3 mil 624 millones para la ampliación del tren suburbano Lechería-Jaltocan-Aeropuerto Felipe Ángeles.
Guardia Nacional: razones, temores y distorsiones
Pedro Miguel
Se entiende que diversas voces procedentes de los movimientos sociales y populares y de las diversas izquierdas sientan desconfianza ante la petición presidencial de entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, porque en el pasado reciente el Ejecutivo federal presidencial con frecuencia actuó contra ellas por medio de las fuerzas armadas, desde la barbarie represiva de 1968 hasta la barbarie genocida de Felipe Calderón contra núcleos enteros de población (el caso de Ciudad Juárez es paradigmático), pasando por la guerra sucia de Echeverría y López Portillo y la contrainsurgencia de Zedillo.
En cambio, la derecha oligárquica, los cortesanos mediáticos de Los Pinos y todas esas abreviaturas que se arrogan la representación de la sociedad civil, critican la perspectiva de la tutela militar sobre la Guardia Nacional con el propósito de privar a la presidencia de López Obrador de un instrumento básico y fundamental de gobierno: la existencia de una corporación policial de alcance nacional suficiente, capaz y disciplinada. El PRI, el PAN y sus simpatizantes –explícitos o vergonzantes– dejaron un desastre y ahora pretenden escamotear los medios para repararlo.
Porque fueron gobiernos del PRI los que usaron a los militares para reprimir movimientos de médicos, maestros, ferrocarrileros y estudiantes; los que dieron las órdenes de exterminio de opositores sindicales, agrarios e indígenas, de grupos armados y de activistas políticos; los que lanzaron al Ejército a hostigar a las comunidades zapatistas; fueron panistas los que involucraron a los uniformados en una guerra contra el narcotráfico que no podía ganarse porque el supuesto bando contrario operaba en el mismo entorno presidencial que ordenaba las operaciones militares; fueron priístas los responsables políticos de la masacre de Tlatlaya. Activistas que vivieron de contratos otorgados por Genaro García Luna, ideólogos que medraron con prebendas en los gobiernos de PRI y PAN, y que justificaron las atrocidades perpetradas mediante el uso anticonstitucional de las fuerzas armadas, hoy exhiben un pacifismo tan iracundo como inverosímil para exigir que la Guardia Nacional quede totalmente fuera de los institutos castrenses, acaso con la ilusión de que se repita el desastre de inoperancia y corrupción en que acabó la extinta Policía Federal.
Los cuestionamientos vienen aun de personas identificadas con la Cuarta Transformación, preocupadas por los riesgos que podría entrañar en el futuro una formación policial supeditada a los militares y se preguntan: ¿Qué pasará cuando AMLO ya no esté en la Presidencia?
La respuesta es simple: lo que ocurra en años venideros no depende de que la Guardia Nacional se encuentre bajo tutela castrense o no, sino de la capacidad del movimiento transformador de conservar el poder presidencial. De eso depende que el gobierno siga emprendiendo acciones en beneficio de la población o se desvíe hacia el autoritarismo y vuelva a ser el principal autor de violaciones a los derechos humanos.
Por muy civil que haya sido, la Policía Federal fue fundada y empleada por Zedillo con fines represivos; Fox la lanzó contra los obreros de Lázaro Cárdenas, los comuneros de Atenco y la población de Oaxaca; Calderón la puso bajo el mando de García Luna y Peña Nieto la involucró en las carnicerías de Tanhuato y Apatzingán, en la represión del movimiento magisterial y en las masacres de Nochixtlán y Arantepacua.
En contraste, hoy los militares no están involucrados en una guerra contra la población, sino que construyen obras de infraestructura, participan en campañas de vacunación y si se despliegan en una región no es para exterminar, sino para proteger a la población. En el nuevo paradigma de seguridad, la delincuencia habrá de ser derrotada combatiendo sus causas profundas –la pobreza, las carencias de educación, salud y empleo, la corrupción de las instituciones, la degradación moral–, no en combates espectaculares y cruentos.
El propósito de poner la Guardia Nacional bajo control operativo y administrativo de la Sedena es, simplemente, consolidar una corporación policial preventiva y de proximidad que priorice la protección de la gente y no el combate a la delincuencia, sobre las bases de la disciplina, la lealtad, el espíritu de cuerpo castrense y la verticalidad de mando; con entrenamiento, infraestructura y equipamiento adecuados y en el espíritu de la construcción de paz y de respeto a los derechos humanos, no del exterminio de presuntos infractores.
En días recientes, un ala del PRI propuso extender seis años esa tutela. Al margen de las razones de esa decisión, que ha desatado especulaciones tan al gusto de columnistas y opinólogos, bienvenida sea. El país necesita una institución policial eficaz y alineada con los principios de la transformación.
Twitter: @navegaciones
navegaciones@yahoo.com
