Los opositores presentarían este jueves una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Foto Europa Press
Lima. La oposición de izquierda presentaría este jueves una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” por la represión gubernamental. Hay más de cincuenta muertos durante las protestas antigubernamentales que se iniciaron en diciembre, 46 de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad. Para ser aprobada la destitución se requieren dos tercios de los votos del Congreso unicameral de 130 miembros. El apoyo de la derecha protege de Boluarte.
Las protestas exigiendo la renuncia de la presidenta llegaron a la embajada de Estados Unidos. Los manifestantes se concentraron frente a la sede diplomática, en un exclusivo barrio residencial a protestar por el respaldo de ese país al gobierno. Se escuchó el “fuera yanquis”. Por séptimo día consecutivo, este miércoles hubo movilizaciones por las calles del centro de Lima, que desde hace una semana se ha convertido en epicentro de las protestas que sacuden al país, iniciadas en el sur andino. El rol protagónico en la capital lo tienen los pobladores que han llegado desde el interior del país. Las manifestaciones de estos días en la capital terminaron en una dura represión con decenas de heridos.
En distintas regiones continúan las movilizaciones diarias y los bloqueos de vías. Hubo manifestantes y policías heridos en enfrentamientos en un piquete de bloqueo en la carretera Panamericana a 290 kilómetros al sur de Lima. La andina región de Puno en la frontera con Bolivia -centro de las mayores protestas y la represión con más de veinte muertos- fue militarizada. Cientos de soldados del ejército llegaron a esta región. El toque de queda en Puno, que se inicia a las 20 horas, ha sido prorrogado.
En medio de los cuestionamientos a la brutal represión, el gobierno decidió premiar a los policías con un bono económico. No se anunció el monto. Lo informó el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, al salir de una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos. El encuentro fue en la sede del Legislativo. La presentación conjunta de ambos ante la prensa fue una apología a la represión y no aceptaron preguntas. Con una nefasta cifra de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, centenares de heridos, golpizas y detenciones arbitrarias, Otárola y Williams coincidieron en elogiar el comportamiento de la policía calificándolo como “muy profesional” y hasta “heroico”. “Pediremos un crédito para otorgar un bono especial para la heroica policía”, dijo Otárola, el rostro más visible del autoritarismo gubernamental. “Se lo tienen bien ganado”, señaló el ex militar acusado por la matanza de 69 campesinos que ahora ejerce como presidente del Congreso.
Otárola llegó sorpresivamente al Parlamento acompañado de los ministros del Interior, Defensa y Justicia. En medio de las masivas protestas que no cesan exigiendo la salida de Boluarte y elecciones este año, se especuló que en la imprevista reunión el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley al Congreso para adelantar las elecciones para este año y ya no para 2024. Pero no fue así. El gobierno y la mayoría derechista del Congreso se pusieron de acuerdo para defender que las elecciones sean en abril de 2024, indiferentes a las demandas populares y a lo que aconsejan analistas de la crisis. Esto implica un cambio de gobierno recién en julio del próximo año, fechas rechazadas por las masivas movilizaciones por considerarlas muy lejanas.
La convocatoria a elecciones para 2024 todavía debe ser ratificada en segunda votación luego de su aprobación en diciembre pasado. Se necesitan 87 de 130 votos. En la primera votación se obtuvieron 93 votos. Hay congresistas de izquierda que en diciembre votaron a favor de elecciones para 2024 aun con cuestionamientos, porque la derecha que maneja el Congreso no dejó otra alternativa. Pero no aprobar elecciones adelantadas habría sido peor según los diputados izquierdistas, quienes insisten en elecciones para este año: este jueves presentarían esa propuesta en el Congreso.
La izquierda propone que los comicios sean en octubre de 2023 y el cambio de gobierno en diciembre de este año. Esta opción ayudaría a calmar la convulsión social. Pero la derecha parlamentaria, donde predomina una ultraderecha en sintonía con el gobierno, insiste en 2024 y pretende bloquear las elecciones para este año. Buscan tiempo para hacer reformas que faciliten su triunfo en las próximas elecciones, como intentar controlar los organismos electorales. Realizar elecciones recién el próximo año complicará la salida a la crisis política. Toda la derecha se niega también a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, otra demanda popular.
Boluarte se presentó de manera virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con su doble discurso habitual. Dijo que su administración respetaba el derecho a la protesta y los derechos humanos, pero en los hechos los reprime y puso en práctica una política violatoria de los derechos humanos. Aseguró que las muertes le duelen y que se investigará y sancionará a los culpables. Pero ella y sus ministros respaldan permanentemente a las fuerzas de seguridad. Y pretende culpar de las muertes de manifestantes a los propios manifestantes. Un par de horas antes de hacer estas declaraciones, volvió a eludir su responsabilidad por dar las órdenes para la represión y por respaldarla, mientras su jefe de gabinete llamaba “héroes” a los policías y les anunciaba un premio económico.
Sin mencionarlos directamente, Boluarte criticó a los presidentes que cuestionan su gobierno por la represión. Deslizó que esos mandatarios estarían apoyando la violencia. La cancillería expresó su queja ante el gobierno de Chile por las críticas en la reunión de la Celac del presidente Gabriel Boric a la represión ejecutada por el gobierno peruano. La administración de Boluarte también se ha enfrentado contra los gobiernos de Bolivia, Colombia y México por la misma razón, mientras se va aislando internacionalmente. La derecha presiona para que rompa con los gobiernos progresista de la región. El delirio de la ultraderecha llegó al extremo con una declaración del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, exigiendo que se declare la guerra a Bolivia y se invada el vecino país por el supuesto respaldo de su gobierno a las protestas en el Perú.
Intelectuales y reconocidas personalidades de la cultura y el arte en el país han puesto en marcha una campaña internacional para que sus colegas de otros países graben videos para difundirlos en redes sociales denunciando la represión en el Perú, que califican como “una masacre”.
Este miércoles renunció la ministra de la Producción, Sandra Belaunde, una decisión que agrava la crisis en un gobierno acorralado. Es el octavo cambio ministerial en menos de dos meses de gobierno. De los siete ministros cambiados anteriormente, cuatro renunciaron cuestionando la cruenta represión gubernamental contra las protestas.
La ronda campesina en la situación de Perú
Leif Korsbaek* y Marcela Barrios Luna**
En la situación trágica y complicada hoy en Perú se reitera que el ahora encarcelado presidente constitucional, Pedro Castillo, es líder de la ronda campesina y que nació en Chota. Ambas cosas son ciertas, pero ¿cuál es la relevancia de esos dos detalles de la vida de Pedro Castillo? ¿Cuál es su relevancia en la actual crisis peruana?
¿Qué es la ronda campesina? Es una institución jurídica y política de la comunidad, y tiene acta de nacimiento. La primera ronda se fundó en Cuyumalca, estancia contigua a la ciudad de Chota. El acta de su fundación reza: En la estancia de Cuyumalca, siendo las 2:00 pm del 29 de diciembre de 1976, reunidos los ciudadanos de dicha comunidad, luego de intercambio de ideas se llegó al acuerdo de organizar rondas nocturnas para defender los intereses del centro educativo y de toda la comunidad a consecuencia de los continuos robos que se vienen suscitando en agravio de dicho centro y de algunos vecinos.
Desde la creación de la primera ronda nocturna en 1976, las rondas campesinas se multiplicaron con sorprendente rapidez, por la sencilla razón de que funcionaban, proporcionaban a los campesinos una protección de sus derechos que el Estado no les podía –o no quería– asegurar. A principios de los años 90 se calculaba que en la sierra norte, en Cajamarca y Piura, existen más de 3 mil 500 rondas que aglutinan a unos 280 mil ronderos.
Son cifras sólo de un pequeño rincón del norte, de dos de las 24 regiones de Perú. Es difícil, si no imposible, saber cuántos ronderos hay en el país. En 2015 sugerimos que podría haber 2 millones de ronderos. La ronda campesina impresiona no tanto por su amplitud y el gran número de participantes, sino por la solidez de su organización, solidez que ha asegurado que la ronda siga funcionando hoy.
En un proceso histórico muy complejo, las rondas campesinas han logrado coordinar sus actividades y unirse en una organización nacional, la Cunarc, que celebra una asamblea nacional cada dos años, con sendas asambleas regionales. Como ejemplo de esas actividades coordinadas cabe mencionar que hoy se encuentra un buen número de ronderos de la región de La Libertad y de otras más alejadas, repartiendo víveres a los campesinos y estudiantes unidos en Lima. Han declarado que no se retirarán hasta que su presidente y los estudiantes estén libres. Han realizado manifestaciones desde diciembre en Chota y otras partes.
Es trascendente entender algunos detalles del proceso histórico y el lugar que ocupa en éste la ronda campesina. La ronda nació porque el Estado no cumplió lo que en su Constitución había prometido. Es un intento por crear un mecanismo que haga cumplir lo que el Estado había prometido pero no cumplió. Hasta en el Estado más fascista es imprescindible la ilusión de que sí cumple, pues es la única justificación de su existencia. Este punto es exactamente el problema de la señora Dina Boluarte, quien se ha robado el poder del Estado sin la justificación de los votos y del cumplimento de sus promesas constitucionales.
De este entuerto resulta un muy complicado esfuerzo del Estado por resolver la cuadratura del círculo: legitimar algo que nació técnicamente como un crimen, pues el Estado no admite que aseguró sus derechos por vías que no son estatales. Y donde el crimen original es realmente del Estado, por no cumplir sus promesas constitucionales.
En este proceso de estira y afloja, el 6 de noviembre de 1986 el Estado intentó resolver la cuadratura del círculo cuando el Congreso emitió la ley 24571 (Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas) que dice en su artículo único: Reconózcase a las rondas campesinas pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organización destinada al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos partidarios.
La ronda campesina es una institución comunitaria y es la única en el mundo que ha llegado a escala nacional con posibilidad de participar en aun la política. La prueba está en que Pedro Castillo llegó a la presidencia en su calidad de rondero, igual que Gregorio Santos, otro líder rondero que dirigió su campaña presidencial desde la cárcel.
En la actual crisis en Perú, la ronda campesina apenas ha sido mencionada, pero lo que sí se ha señalado es que si el movimiento de protestas no encuentra quién lo dirija, sin esta dirección, ya sea de partidos o líderes políticos, la protesta justa, pero relativamente espontánea, poco a poco podría ir decayendo. Tomando en cuenta la amplitud, la longevidad y la constancia de la ronda campesina, se podría pensar en la ronda como la solución a este problema.
* Doctor en antropología social, UAM-I, profesor-investigador de tiempo completo de la ENAH
** Licenciada en economía de la UNAM
