Productores acusan que el T-MEC se convierte en letra muerta
Reuters y Braulio Carbajal
Periódico La Jornada Miércoles 15 de febrero de 2023, p. 19
Estados Unidos se mostró decepcionado por el decreto del gobierno mexicano, publicado el lunes, por el que mantiene sus planes de prohibir el maíz transgénico para consumo humano, si bien dio marcha atrás a un plazo para vedar el grano modificado genéticamente para consumo animal y uso industrial.
Estados Unidos cree y se adhiere a un sistema de comercio basado en ciencia y en normas y mantiene su compromiso de evitar perturbaciones en el comercio agrícola bilateral y daños económicos a los productores estadunidenses y mexicanos, declaró en Washington el secretario de Agricultura estadunidense, Tom Vilsack.
Estamos revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto y tenemos la intención de trabajar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme, agregó Vilsack el martes.
También la Asociación Nacional de Productores de Maíz, un grupo que representa a las industrias del sector en Estados Unidos, expresó su preocupación por el decreto.
La administración Biden ha sido más que paciente con México, y los funcionarios han tratado de hacer cumplir un sistema de comercio basado en reglas y defender a los agricultores estadunidenses, declaró el presidente del grupo, Tom Haag.
Además, dijo, está en juego la integridad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“Señalar al maíz –nuestra principal exportación agrícola a México– y acelerar la prohibición de la importación de numerosos usos alimentarios convierte al T-MEC en letra muerta a menos que se aplique”, lamentó Haag.
México compra anualmente a Estados Unidos unas 17 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado.
Estados Unidos había dado de plazo hasta el martes para que el gobierno mexicano explicara los fundamentos científicos de las prohibiciones propuestas.
La respuesta de México ayudará a la agencia comercial a decidir los próximos pasos en su intento de resolver una larga disputa sobre las políticas agrícolas biotecnológicas de México, dijo la semana pasada el negociador jefe de la USTR, Doug McKalip.
México mantiene la prohibición al uso de maíz transgénico para consumo humano, como harina, masa o tortilla.
Sin embargo, la Secretaría de Economía precisó el lunes que quedaba eliminada la fecha de enero de 2024 para poner fin a las importaciones de maíz transgénico para alimentar ganado, quedando sujeta a que exista suficiencia en el abasto.
También se seguirá adelante con el plan de prohibir las importaciones del herbicida glifosato, con un periodo de transición en vigor hasta el 31 de marzo de 2024.
Todo ello, en la búsqueda de la protección del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del maíz nativo, de la milpa, de la riqueza biocultural, de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico, así como garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, señala el decreto publicado el lunes por el gobierno mexicano en el Diario Oficial de la Federación.
En una reunión con funcionarios mexicanos en enero, delegados de la USTR dijeron que estaban considerando tomar medidas en virtud del T-MEC sobre la disputa.
Récord en el valor de las importaciones
En 2022, México importó maíz por un valor total de 5 mil 794 millones de dólares, el mayor monto desde que existen registros, es decir, 1993, revelan datos oficiales. Del total de compras al extranjero, 88 por ciento corresponde al intercambio con Estados Unidos.
De acuerdo con datos del Banco de México, el gasto en maíz durante el año pasado fue 12.5 por ciento superior en comparación con los 5 mil 146 millones de dólares que desembolsó en 2021, pero al compararlo con los 3 mil 89 millones de dólares registrados en 2020, el incremento es de 87.5 por ciento.
El mayor gasto en las adquisiciones de maíz se explica exclusivamente por el aumento del precio internacional de las materias, cuya causa, coinciden diversos organismo, obedece a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ambas naciones son importantes productores y exportadores de granos, lo que se ha visto mermado por el conflicto.
Prácticamente la totalidad del grano que importa México es amarillo (casi todo de EU), pues en lo que se refiere al maíz blanco, que es el utilizado para la elaboración de tortillas, el país es autosuficiente.
La producción en México no basta para satisfacer la demanda de maíz amarillo de ganaderos que buscan forraje para sus animales y de la industria. Ante esto, el país importa anualmente alrededor de 17.5 millones de toneladas de maíz amarillo, casi 90 por ciento, trasgénico de EU.
La Secretaría de Economía explicó que el nuevo decreto no afecta el comercio de maíz entre ambas naciones, pues éste sólo prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, lo que significa que se puede seguir comprando grano que esté destinado para forraje y para la industria.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El Rey Zambada y la fiscal Saritha Komatireddy.Foto Ilustración Jane Rosenberg / Court Art para La Jornada
Felipe Calderón estrenó su fraudulento sexenio con una brutal represión en Oaxaca y a partir del 10 de diciembre de 2006 declaró la guerra contra el narcotráfico con un onerosísimo costo en cientos de miles de vidas y recursos de la nación (llegó a significar más de 6 por ciento del producto interno bruto). Eso sí, por discursos no paró, pero en concreto su único logro fue exactamente el contrario a lo que se comprometió combatir, es decir, incrementar sustancialmente el trasiego de droga y fortalecer, financiera y en poder de fuego, al de por sí poderoso cártel de Sinaloa, a cambio, claro está, de muchos millones de dólares.
Por ello, no hay vuelta de hoja: resulta impostergable que el ex inquilino de Los Pinos sea juzgado por delitos de lesa patria, y junto a él a los no pocos funcionarios de su gobierno que hicieron lo mismo que Genaro García Luna: enriquecerse a costillas de la estela de muerte y destrucción que dejó la citada guerra, y que les permitió corromperse aún más en el sexenio calderonista. Todo impunemente y a costa de la nación.
Es claro que el ex secretario calderonista de Seguridad Pública (otro José de Jesús Gutiérrez Rebollo) pudo ser la cereza de la corrupción galopante en los tiempos calderonistas del combate al narcotráfico –aunque no hay que olvidar a los foxistas ni los priístas–, pero sin duda no fue el único. De hecho, fue el ejemplo a seguir y los demás, ya confiados y con el aval del más alto nivel, no pocos entraron al negocio con idéntica pasión. Parece que, por ahora, la inconmensurable telaraña de intereses y complicidades ha impedido procesar a la pandilla, con el michoacano a la cabeza, pero se trata de una asignatura pendiente del Estado mexicano y debe subsanarse de inmediato.
Apenas días después de que Calderón declarara su guerra contra el narcotráfico, su primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña (otro represor cuando gobernó Jalisco) exigió a los medios de comunicación no hacer el caldo gordo al narcotráfico y los invitó a que dejaran a los que saben de seguridad el operativo en contra de los delincuentes.
Mientras Calderón y sus huestes dejaban un regadero de muerte, la mayoría de los dueños de esos medios y su heraldos se agacharon vilmente (no de gratis, desde luego) al firmar el muy calderoniano Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que los instaba a seguir un decálogo de criterios editoriales para no interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en voceros involuntarios de los criminales (por cierto, hoy parece que siguen desquitando aquellos embutes), al tiempo que la pandilla de Borolas protegía, fortalecía y mantenía impune al cártel de Sinaloa.
Los testimonios en contra de García Luna en el juicio en Nueva York lo han hundido, pero uno de los más contundente ha sido el de Jesús El Rey Zambada, pues a éste no le platicaron que el ex secretario calderonista de Seguridad Pública recibía sobornos, sino que él mismo se los entregaba en el restaurante Champs Elysées, con el fin de garantizar, desde el Ejecutivo, protección e impunidad al cártel de Sinaloa.
El intento de respuesta vino de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y la defensa del ex funcionario perdió la oportunidad de mantenerla callada. ¿Por qué? Según ella, el progreso natural de la familia, el mundo de propiedades que registra la pareja y las suculentas cuentas bancarias provienen (sic) de hipotecas y préstamos, más el finiquito que recibió como director de la AFI, al cierre del sexenio foxista. ¿Cuánto? Dos millones 700 mil pesos y con ellos, dice, armaron el imperio inmobiliario –lujoso departamento en Miami incluido– con decenas de propiedades. ¿En serio?
Lo cierto es que a lo largo de los sexenios, al menos desde Álvaro Obregón, la lucha contra las drogas sólo ha sido un careta de los gobiernos en turno, porque en los hechos el narcotráfico nunca se combatió, pero sí derramó suculentos sobornos. Decía el manco de Celaya que se ha continuado con la persecución del comercio ilícito de drogas y de ahí pa‘l real, porque sus sucesores dijeron lo mismo: persecución enérgica, lucha abierta, campaña permanente, combate sin tregua por razones de Estado, compromiso irrenunciable, etcétera, etcétera, pero los barones de la droga son cada día más poderosos.
Las rebanadas del pastel
En vía de mientras, en su refugio español, Felipe Calderón suda como lo que es.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
