martes, 30 de abril de 2024

Hoy comienzan audiencias en La Haya por asalto a la embajada en Quito.

Se demanda reparación del daño
▲ Elementos de la policía ecuatoriana durante su incursión del pasado 5 de abril en la sede diplomática mexicana.Foto Afp
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada  Martes 30 de abril de 2024, p. 14
Ecuador deberá responder y reparar el daño por el asalto a la embajada de México en Quito y la agresión a su personal diplomático, ya que incurrió en violaciones de derecho internacional.
Ése es el argumento central que hoy presentará la misión del Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como parte de la audiencia por la demanda que la administración de Andrés Manuel López Obrador interpuso contra la de su homólogo Daniel Noboa.
El pasado 5 de abril, el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, una vez que en una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía mexicana, la policía ecuatoriana irrumpió en su embajada en Quito, lesionó al personal diplomático y aprehendió al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se refugiaba en el edificio.
Asimismo, interpuso una demanda ante la CIJ en la que solicitó que esa nación sea suspendida de la Organización de las Naciones Unidas en tanto su gobierno no exprese una disculpa pública por la violenta agresión a la legación diplomáti-ca mexicana.
En víspera de que se celebre la audiencia en ese tribunal internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió ayer dos tarjetas informativas en las que dio a conocer el motivo de la denuncia y el procedimiento que seguirán los jueces.
Subrayó: La decisión del gobierno mexicano de recurrir a la CIJ se sustenta en lo establecido por el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual consagra el principio de solución pacífica de controversias. Por lo que México busca dirimir la presente controversia con Ecuador mediante los canales judiciales internacionales pertinentes, a efecto de lograr una reparación del daño acorde con las violaciones de derecho internacional llevadas a cabo por Ecuador.
Dicho apartado señala textualmente: Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
En la información difundida por la cancillería mexicana, se ex-plicó que en principio su representación presentará la solicitud de inicio de procedimientos contra Ecuador por violaciones al principio de inviolabilidad de la Convención de Viena sobre Relacio-nes Diplomáticas.
Agregó que la solicitud indicará, en la medida de lo posible, los fundamentos de derecho en que se basa el demandante para considerar competente a la Corte; además, la naturaleza precisa de lo demandado y contendrá una exposición sucinta de los hechos y fundamentos en que se basa la demanda.
Asimismo, México solicitará medidas provisionales para resguardar la inviolabilidad de locales, bienes y archivos.
La delegación mexicana estará encabezada por Carmen Moreno Toscano, embajadora de México ante el Reino de los Países Bajos, y Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE.

Ecuador: desintegración acelerada
El deterioro generalizado que comenzó en Ecuador con la presidencia de Lenín Moreno (2017-2021) y continuó en el periodo de Guillermo Lasso (2021-2023) se ha acelerado de manera alarmante desde que el magnate Daniel Noboa llegó al poder el año pasado. A grandes rasgos, los tres males desatados por estos mandatarios de derecha son el desmantelamiento del Estado social construido entre 2007 y 2017; la rendición de la soberanía nacional a los designios de Washington, compañías multinacionales y organismos depredadores como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el hundimiento de la seguridad pública, que llevó al país a convertirse en uno de los más violentos del continente después de encontrarse entre los más pacíficos.
Está claro que dichas lacras no son fenómenos aislados, sino que se refuerzan mutuamente, creando un círculo vicioso de degradación social, económica, política e incluso moral. El desmantelamiento de los imperfectos pero valiosos avances en materia de justicia social crearon un terreno fértil para el surgimiento de la criminalidad como única alternativa de vida para miles de personas, y el crecimiento exponencial de las tasas de homicidios y otros ilícitos de alto impacto lastra al conjunto de la economía, eliminando las pocas oportunidades restantes de desarrollo para las clases populares. El entreguismo a poderes foráneos facilita el saqueo de los recursos naturales que podrían y deberían usarse en beneficio de los ecuatorianos, limitando además el financiamiento del Estado y recortando aún más sus funciones.
La rastrera obsecuencia con Estados Unidos es particularmente nociva, puesto que debilita al país en todos los frentes, colocándolo en una situación de extrema vulnerabilidad. Como parte del ciclo descrito, Noboa y sus dos antecesores inmediatos han usado la violencia como pretexto para ceder cada vez más porciones de soberanía hasta la superpotencia, proceso que alcanzó su punto más abyecto hasta ahora con la ratificación de dos acuerdos que instauran a Washington como poder neocolonial en Ecuador. Tales tratados, cuyo propósito declarado es combatir a los grupos del narcotráfico, tienen componentes imperialistas que ninguna democracia soberana podría aceptar, como los beneficios, inmunidades y exenciones otorgados al personal militar y civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos que opere en el país andino. Debe notarse que estas inmunidades son del mismo tipo que Washington obliga a firmar a las naciones que se encuentran bajo su ocupación, como ha ocurrido con Irak y Afganistán.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta espiral de envilecimiento es que la oligarquía gobernante arrastra consigo a los ciudadanos en la pérdida de toda moralidad. Ejemplo de ello son los linchamientos contra personas a quienes se acusa de cometer ilícitos. El discurso de los dirigentes derechistas, que deshumaniza a quienes cometen delitos (excepto, por supuesto, a los grandes delincuentes de cuello blanco), alimenta un ánimo social de odio que lleva a actos de barbarie como quemar vivo a un joven por una falta tan inocua como robar fruta de una hacienda.
En este contexto, la brutal invasión de la embajada mexicana en Ecuador ordenada por Noboa debe leerse como una demostración de fuerza y un alarde de poder por parte de alguien que se encuentra impotente ante las facciones criminales y que se somete de manera vergonzosa al verdugo histórico de América Latina.