Carlos Fernández-Vega
▲ Germán Larrea, con tres minas que juntas suman 51 años en huelga, sigue campante por la ineficacia de funcionarios en negociar la solución a los conflictos.Foto Cuartoscuro
A punto de concluir la presente administración gubernamental y a pesar del compromiso presidencial de resolverlas (el problema es que esa responsabilidad se la asignó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde), las tres huelgas mineras (Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, estalladas simultáneamente el 30 de julio de 2007), agregan seis años a su de por sí prolongado cuan irresuelto historial, con lo que la impunidad del tóxico barón de la minería Germán Larrea y su corporativo Grupo México se mantiene incólume.
Casi 17 años después de tal estallido simultáneo (con Calderón en Los Pinos y posteriormente con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, aunque éste en Palacio Nacional), las demandas de los mineros se mantienen sin solución ante la permanente negativa de Grupo México (y, por ende de Larrea) de sentarse a negociar, con todo y que el corporativo sistemáticamente violó el contrato colectivo de trabajo. De los dos primeros (uno panista, otro priísta, que al final de cuentas es lo mismo) no sorprendió su actitud, porque a eso se dedicaron, a proteger los intereses de los barones, pero con el tercero surgió la esperanza de que, por fin, se solucionaría el entuerto, pero no: el atorón –por llamarle así– se ha mantenido.
El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, lo denuncia así: ¿Por qué? (no se ha solucionado). Es lamentable que las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se hayan puesto del lado del dueño de Grupo México, Germán Larrea, y se rechazara la queja interpuesta ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, con la que se buscaba obligar al empresario a resolver las demandas de los trabajadores de la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, que está a punto de cumplir 17 años en huelga; nunca ha habido una autoridad que obligue a Grupo México a desocupar la mina y restituir lo derechos de los trabajadores ( La Jornada, Andrea Becerril).
Es fuerte la denuncia del líder sindical, pero sin duda tiene sustento a la luz de los hechos, pues en este sexenio se repitió la historia: Larrea se mantiene ostentosamente impune y en la desprotección permanente los trabajadores de las tres minas citadas, de tal suerte que la afrenta que representa la minoría rapaz y la mafia del poder que aquella paga para su protección se mantiene como asignatura pendiente.
Prácticamente desde el comienzo de su mandato (29 de julio de 2019), el presidente López Obrador instruyó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que a más tardar en 10 días se instale una mesa de negociaciones entre el sindicato minero y Grupo México para resolver las tres huelgas. Nada sucedió, por lo que, dos años después, con la llegada de Adán Augusto López Hernández a Bucareli, el mandatario de nueva cuenta instruyó al funcionario recién nombrado que resolviera el asunto, porque las demandas obreras se mantienen sin atención ni solución. Paradójicamente, Alcalde –que no hizo nada al respecto– terminó instalada en el Palacio de Cobián y el entuerto se mantuvo al igual que la impunidad de Larrea.
Algo similar sucedió con la queja del sindicato nacional de mineros ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que exigía obligar a Larrea a resolver las demandas de los trabajadores de San Martín, que devino en la solicitud del gobierno estadunidense para que el mexicano investigara la situación de los trabajadores en esa mina en la que sistemáticamente Grupo México viola el derecho de huelga y la libre asociación sindical (no sólo en ese centro extractivo).
Rápidamente, el gobierno mexicano rechazó tal solicitud, con todo y que otras 10 presentadas en ese mecanismo fueron atendidas positivamente por las autoridades nacionales. Ante eso, Gómez Urrutia subraya: es muy apresurado que ambas dependencias (Trabajo y Economía) hayan anunciado la resolución del panel de expertos sin dar a conocer toda la resolución. Son preocupantes los argumentos esgrimidos, pues la violación a los derechos de libertad sindical y de contratación colectiva de los mineros de Sombrerete son anteriores a la entrada en vigor del T-MEC; el fallo es vergonzoso, pero de todas formas no es un caso cerrado y la lucha va a seguir.
Las rebanadas del pastel
Otro sabadazo del Poder Judicial: el juez Rogelio León Díaz decretó auto de libertad para Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¡a seguir delinquiendo!, que para eso está el aparato de impartición de justicia.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Dos proyectos de nación
José Murat
A poco más de un mes de la elección presidencial, dos proyectos de nación se disputan la conducción del país en esta tercera década del siglo XXI, con impacto en las posteriores: retornar al neoliberalismo económico y al oscurantismo ideológico y entreguista de la derecha o profundizar la transformación en marcha, buscando mayor igualdad social y menor desequilibrio regional al interior y más fortaleza y dignidad hacia el exterior.
Sin demeritar el esfuerzo del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, con una oferta fresca y ascendente entre los jóvenes y los sectores medios de la población, lo cierto es que la sucesión del poder Ejecutivo federal la disputan, desde el flanco de una izquierda progresista, la candidata de la coalición Morena-PVEM-PT, Claudia Sheinbaum, y desde el polo de una derecha desdibujada y contradictoria, la ex funcionaria foxista Xóchitl Gálvez.
Con una holgada ventaja de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la mayoría de estudios de opinión, de 24 puntos porcentuales en promedio, enfrenta, sin embargo, como principal oposición a quien aglutina a algunos sectores de la élite económica, sólo algunos, insisto, en torno al empresario Claudio X González, al PAN, PRD y a los restos de un PRI fragmentado y en declive que, por primera vez desde su fundación sin candidato presidencial propio, renunció a su doctrina y su programa de acción y terminó como un apéndice minúsculo de su adversario histórico de la derecha.
En torno a esas dos opciones se decantará el voto de un electorado cada vez más crítico, nacionalista y exigente, que ve con recelo cualquier tentativa intervencionista, como fincar la campaña de la derecha en visitas a las metrópolis de decisión política y económica mundial, como Estados Unidos, y la madre patria de Europa, emulando la visita que en el siglo XIX los conservadores de entonces, adversarios de Juárez, hicieron a Napoleón para que enviara a México a un príncipe gobernante en la persona de Maximiliano.
Un electorado escolarizado y crítico que no aprueba la solidaridad con los enemigos de México en las controversias internacionales, como sucedió con el gobierno de Ecuador, ni los llamados de la derecha a que desde el exterior se monitoree el desarrollo de las elecciones, a casi 30 años de que el país tiene, constitucionalmente, órganos electorales autónomos.
Un electorado formado y politizado, que va a decidir no sólo entre dos candidatas, de suyo una buena noticia en tiempos de equidad de género; una candidata con una sólida experiencia de gobierno al frente de una de las mayores ciudades del mundo, otra emergida de un proceso interno accidentado que no respetó las reglas de origen y con desafíos menos exigentes en su biografía política.
Un electorado que va a decidir, esencialmente, entre dos proyectos de nación en todos los ámbitos de la política pública y en todos los aspectos que involucran a la sociedad en construcción para ver de qué manera nuestro país se inserta en un mundo cada vez más interconectado y abierto.
¿Cuáles son esos proyectos de nación? Fundamentalmente, el retorno a un neoliberalismo económico que se agotó ya en casi todo el subcontinente latinoamericano, con excepción de la Argentina colapsada de Milei, o la profundización de un modelo de economía socialmente responsable, preocupada y ocupada de seguir incrementando los indicadores de calidad de vida y desarrollo humano, reducir los índices de pobreza y las inequidades sociales, elevar más el salario real, garantizar pensiones dignas a los trabajadores, dar más oportunidades de realización personal, familiar y social a la base de la pirámide.
Hay activos y avances importantes en este sexenio. En este mismo espacio de reflexión comentamos, apenas el 17 de marzo, que en el último reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU, México pasó, de un total de 193 países monitoreados, del lugar 83 en 2018 al 77 en 2022, es decir, un ascenso sin precedente de seis lugares, y se espera que la tendencia al alza se mantenga en lo que resta del sexenio.
También comentamos que, respecto al indicador de la pobreza, al cierre del 2022, de acuerdo con el Coneval, el número de pobres en el país se redujo a un total de 46.8 millones de personas, casi 16 por ciento menos que las 55.7 millones que había en 2020, es decir, 9 millones menos.
El salario real se incrementó en 110 por ciento en términos reales los últimos cinco años, el mayor porcentaje en América Latina y entre los países de la OCDE, organismo del que México forma parte.
Al mismo tiempo, en el ámbito regional ha habido una inversión sin precedente en megaproyectos de desarrollo en un sur-sureste históricamente abandonado por los gobiernos de la Federación.
Pero estos avances socioeconómicos, junto con otros importantes indicadores, son insuficientes a la luz de los enormes pasivos estructurales acumulados por décadas. Por eso, la apuesta es, medularmente, seguir combatiendo las desigualdades sociales y los desequilibrios regionales entre el norte-centro y el sur-sureste o retornar a la economía fundamentalista de mercado, con las distorsiones que introduciría una mezcolanza de intereses encontrados y grupales, sin visión de largo plazo.
