Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Viernes 23 de agosto de 2024, p. 23
Madrid. El método no es nuevo: se utilizó en Inglaterra, en Holanda, en Suecia y Alemania; consiste en que desde perfiles, la mayoría anónimos, en las redes sociales se propaga un rumor sobre un acontecimiento trágico, como el asesinato de un menor de edad, o una violación en manada o el ensañamiento violento con algún anciano, y se atribuye a un migrante, de preferencia de origen árabe y musulmán. Así ocurrió en España esta misma semana a raíz del asesinato del pasado domingo, en el pueblo toledano de Mocejón, de un niño de 11 años, quien fue apuñalado 12 veces.
La tragedia sirvió para que en las casi 48 horas que se desconocía al autor del delito, un joven de 20 años de nacionalidad española con una enfermedad mental, se divulgara con impunidad la idea de que el responsable del crimen era un migrante musulmán menor de edad.
La fiscalía española, preocupada por estas campañas de odio impulsadas por la extrema derecha, abrió una investigación y busca responsabilidades penales.
Desde el domingo hasta el mediodía del martes, en las redes sociales, sobre todo desde las plataformas X y Tik Tok, se deslizó la teoría de que el asesino del niño español era un extranjero con situación irregular o un musulmán a secas, o uno de los miles de menores de edad no acompañados (Menas, como se les conoce), que viven en los centros de acogida del Estado español, la mayoría en hacinamiento.
El origen de esos mensajes eran perfiles anónimos auspiciados por la extrema derecha, desde los que propagan el odio y racismo, aunque hay algunos perfiles públicos, de algunos líderes de opinión de los ultras españoles, como la usuaria Santanav: Un niño de 10 años asesinado a puñaladas por un magrebí. Llámenme racista, xenófoba, lo que les dé la gana, pero los quiero fuera ¡YA!
En Inglaterra utilizaron este mes este método para incendiar las calles del país y provocar una de las campañas de odio xenófobo más grave de los años recientes en Europa, pero también lo han intentado en Suecia, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. La fiscalía española, por conducto del coordinador contra los Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, decidió tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación, depurar responsabilidades penales y explicar que aquellas personas que emplean Internet o redes sociales para la comisión de un delito, en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, serán investigados.
El debate también ha servido para que discuta en España si es necesaria una identidad digital permanente, que sea obligatoria para abrir cualquier tipo de perfil en las redes sociales, con el ánimo de impedir que el odio y el racismo se instalen de forma permanente en el acontecer público.
Poder Judicial: hablan los amos
Conforme se acercan el inicio de la próxima legislatura y la votación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, arrecia la embestida de los grandes beneficiarios de la judicatura plutocrática y antinacional a fin de descarrilar el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.
Bancos, agencias calificadoras y otras compañías trasnacionales han emitido comunicados que sólo pueden leerse en clave de extorsión y amenaza, en los cuales advierten de supuestas consecuencias catastróficas de esa reforma para las perspectivas económicas de México.
Entre las expresiones de rechazo se encuentra la del Consejo de Empresas Globales (organización integrada por las y los presidentes y directores generales de 63 grandes empresas que operan en distintos países y que tienen una sólida presencia en México, de acuerdo con su propio portal), el cual advirtió que el intento de sanear al Poder Judicial de la corrupción que lo carcome supone riesgos de la certeza jurídica para invertir en el país y de ahuyentar las oportunidades de nuevos negocios.
En conjunto, la guerra propagandística en contra de la reforma constituye la mejor demostración de para quién trabajan y a quiénes consideran sus patrones quienes se empecinan en cerrar el paso a la elección democrática de jueces, ministros y magistrados: no para el país ni para los ciudadanos, sino para los dueños de grandes capitales locales y foráneos.
Basta con un botón de muestra para ilustrar el daño que el Poder Judicial le hace a México por la complicidad de sus integrantes con los potentados: la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiene desde hace más de un mes dos casos que impiden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrar 35 mil millones de pesos a un conglomerado cuyo dueño se proclama abiertamente a favor de evadir impuestos.
La transgresión ética es inocultable, ya que una sola persona niega al país los recursos que le corresponden pese a que la firma en cuestión ya perdió los amparos interpuestos ante la justicia federal e incluso ante la Segunda Sala del máximo tribunal.
No es casualidad que el citado consejo agrupe a farmacéuticas, productoras de agrotóxicos y organismos transgénicos, bancos, así como una gran proporción de petroleras y representantes de la industria eléctrica. Se trata de algunos de los sectores que han obtenido pingües ganancias a expensas del erario y de los mexicanos de a pie gracias a la complacencia de los togados con las contrarreformas lesivas aprobadas durante el ciclo neoliberal, y a su activa militancia en contra de los esfuerzos del actual gobierno para corregir un orden jurídico diseñado para el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a costa de las mayorías.
En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, convocó a una conferencia de prensa de último minuto en la que leyó el que quizá sea su más imprudente e inadmisible mensaje al frente de la sede diplomática: tras asegurar que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de nuestras economías bajo el T-MEC, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales.
Los integrantes del Congreso de la Unión deben rechazar en los términos más enérgicos la injerencia de los poderes fácticos en su labor, y el Estado mexicano ha de tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la repetición de dislates injerencistas como el que profirió ayer el embajador Salazar. Para la sociedad mexicana, queda más clara que nunca la urgencia de reformar al Poder Judicial y de remover a los juzgadores que conspiran contra los nacionales y el bien común.
Pensar el Estado desde las resistencias de abajo
Raúl Zibechi
Para reflexionar sobre los estados realmente existentes, es necesario dejar de lado ideologías y juicios previos para centrarnos en lo que verdaderamente están haciendo o dejando de hacer, en su relación con los pueblos originarios, negros y mestizos. Pensar el Estado desde lo que el Estado viene haciendo en los últimos años, es mucho más útil que remontarnos a teorías que, a menudo, parten de otras teorías abstractas que no interactúan con la realidad.
Días atrás la revista Science difundió un estudio sobre el acceso de la población mundial al agua potable: alrededor de 55 por ciento de la población del mundo no tiene acceso al agua potable segura, o sea 4 mil 400 millones de personas que viven mayoritariamente en los países del Sur global. La contaminación fecal afecta a casi la mitad de la población de zonas de ingresos bajos y medios, reza el informe comentado por El País , lo que causa más de medio millón de muertes al año por diarreas (https://goo.su/8zgGpzl).
Del total, mil 200 millones viven en el sur de Asia, casi 950 millones en África subsahariana, unos 850 millones en el este de Asia, casi 500 millones en el sudeste asiático y más de 400 millones en Latinoamérica y Caribe. ¿Qué hacen los estados para solucionar semejante drama? La respuesta es: poco o nada.
En realidad, se limitan a promover el extractivismo/acumulación por despojo (minería, monocultivos, grandes obras de infraestructura, especulación inmobiliaria, etcétera) que no hacen más que agravar el caos climático y la escasez de agua para quien no pueda pagarla.
Aunque el estudio mencionado no recoge datos del Norte global ni de algunos países del Sur como Chile y Uruguay, sabemos que en esas regiones existen enormes desigualdades en el acceso al agua. En grandes ciudades de América Latina como Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México, existen barrios enteros con agudo déficit de agua, cuestión que no está siendo atendida por los estados.
En el país donde vivo, Uruguay, siempre hubo abundancia de agua potable de excelente calidad. Pero en los últimos 30 años el deterioro ha sido evidente, al punto que hoy el agua que consumimos no es segura. Ninguno de los gobiernos de estas tres décadas, donde se han turnado progresistas y conservadores, tomó en serio las consecuencias de los monocultivos y de la ganadería que son los responsables de que todos los ríos estén contaminados.
Los estados se están limitando a facilitar la acumulación por despojo, de muy diversos modos. El sociólogo William I. Robinson sostiene en reciente artículo que en esta era del capitalismo global, el sistema produce una multiplicación históricamente sin precedentes de humanidad excedente, personas demasiado numerosas para ser útiles al capital como ejército de reserva, incapaces de consumir, inquietas y en constante movimiento (https://goo.su/9IzjUX). Para contenerlas, porque los de arriba ya no aspiran a integrarlos, se acude al Estado policial global cuyo objetivo final contingente es el exterminio.
Estamos, entonces, ante estados para el exterminio, cuyo mayor ejemplo es Gaza, que para Robinson aparece como una forma de acumulación primitiva a través del genocidio. Es el espejo en que el resto de la humanidad deberíamos mirarnos.
Lo importante es comprender que estamos ante una realidad estructural, que ya no depende de quién gobierne, o sea quién administra el Estado, que de eso se trata el arte de gobernar. Aunque nos venden cambios, tanto la derecha como la izquierda cuando están arriba se limitan a gestionar lo que existe. Y lo que existe es el despojo, las guerras para el despojo.
Lo anterior no quiere decir que no existan alternativas, sino que no podemos seguir confiando en los estados para que provean los servicios que les corresponden. Mientras en la Ciudad de México varios barrios siguen sin agua porque se privilegia a las zonas de alta renta y a las industrias, en La Polvorilla (Comunidad Habitacional Acapatzingo) la comunidad organizada ha conseguido su autonomía de agua a través de la construcción de tres fuentes diferentes. No dependen del irregular servicio estatal.
El gran problema que enfrentamos es que la inmensa mayoría de la población, por lo menos en nuestro continente, sigue confiando en los estados y en los gobiernos para resolver sus problemas más urgentes. Cuando no lo hacen y toman las riendas del agua, como hizo Pueblos Unidos en la región de los volcanes de Puebla, la respuesta del Estado es la represión para que la multinacional Bonafont retome las fuentes.
Incluso en las grandes ciudades, el escenario más difícil para los sectores populares, es posible avanzar en las autonomías de todo tipo si somos capaces de organizarnos y mirar lejos, rehuyendo el inmediatismo y sorteando las trampas estatistas del sistema. Es posible, pero para hacerlo es necesario navegar contra la corriente, desafiar la rutina y el desorden capitalista, en particular el que replicamos a diario con total indiferencia.
