Afp, Ap, Europa Press, Xinhua y Sputnik
Periódico La Jornada Viernes 23 de agosto de 2024, p. 23
Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela certificó ayer la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, en lo que el mandatario calificó de triunfo histórico y contundente, mientras la oposición, encabezada por María Corina Machado, consideró nulo el fallo, y reiteró, sin pruebas, que su candidato Edmundo González ganó en la contienda.
Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la nación, emite una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos: ¡Santa palabra, hágase la paz!, expresó Maduro ante una multitud en el estado de La Guaira.
El TSJ señaló: podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación.
La sala electoral del Tribunal efectuó, a petición de Maduro, un peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un ataque cibernético que acusó el CNE el mismo día de la votación.
Maduro fue declarado vencedor por el árbitro comicial, aunque no ha publicado las actas con los resultados, como exigen la oposición, Estados Unidos y otros países.
El CNE informó tras los comicios que el mandatario obtuvo 6.4 millones de votos y González 5.3 millones. La oposición afirma que los registros de más de 80 por ciento de las máquinas de votación electrónica en todo el país demuestran que González salió victorioso.
El tribunal anunció que remitirá de manera urgente a la Fiscalía General una copia de la sentencia que es inapelable a fin de que se incorpore a la investigación que adelanta para determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población.
Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ, sostuvo que la acción penal es en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados en un sitio web difundido por la oposición, en el que dieron a conocer lo que aseguran son las actas que muestran a González como ganador.
Rodríguez señaló que González fue el único de los 10 candidatos presidenciales que no atendió la citación del TSJ, conducta que acarrea las sanciones previstas en la ley.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que avanzarán en las pesquisas sobre presuntos delitos electorales cometidos por opositores, y señaló que se pretende determinar si grupos de oposición incurrieron en delitos, como usurpación de funciones y conspiración.
El canciller Yvan Gil manifestó que el fallo cierra el capítulo del proceso electoral, mientras chavistas se volcaron a las calles para celebrar la sentencia.
La fuerza armada nacional bolivariana manifestó su apego de manera absoluta y categórica al fallo del TSJ. La oposición congregada en torno a Machado rechazó la sentencia, y llamó a seguir defendiendo la soberanía popular.
La ONU califica de parciales a las instituciones del país
La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela declaró que tanto el TSJ como el Consejo Nacional Electoral carecen de independencia e imparcialidad, al tiempo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ofreció a mediar si ambas partes lo solicitan.
Los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Uruguay, Luis Lacalle Pou y de Guatemala, Bernardo Arévalo, se negaron a reconocer el fraude que declara vencedor a Maduro. Más aún, Boric y Lacalle calificaron de dictadura al gobierno bolivariano.
Trasnacionales exigen cambiar reforma judicial; ven riesgo para invertir
Nestlé, Pepsico y Bayer, entre las inconformes
Es fundamental que no incumpla tratados ni limite efectos de los fallos de jueces, alerta Empresas Globales
Alejandro Alegría
Periódico La Jornada Viernes 23 de agosto de 2024, p. 5
México enfrenta el riesgo de perder oportunidades de inversión con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en discusión en el Congreso, amenazó Empresas Globales, organismo que representa los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación ante el riesgo de perder certeza jurídica para los capitales que tienen en México, y que según su propia afirmación equivalen a 40 por ciento del total de la inversión extranjera directa (IED) que llega al país –que el año pasado fue de 29 mil 629 millones de dólares, según el Banco de México.
El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas, manifestó el grupo empresarial.
Asegura que su actividad en México genera 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), proporción que equivale a unos 2.5 billones de pesos, y da empleo a 8 millones de mexicanos.
La agrupación comentó que comparte el interés del Presidente y del Congreso de la Unión de que el PJF sea más eficiente y transparente, que facilite el acceso a la justicia para todos los mexicanos, garantice la seguridad jurídica, proteja el estado de derecho y consolide la separación de poderes.
No obstante, enumeró aspectos que, a juicio de las trasnacionales que operan en México, deben ajustarse: independencia de la Judicatura, para que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin intromisiones indebidas; establecimiento de procesos objetivos y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas; que la modificación al PJF garantice independencia de los jueces así como sus derechos, y exigió que los cambios no limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Es fundamental que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes y procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables, señaló.
La agrupación es dirigida por Manuel Bravo, quien también es director general de Bayer México. Entre sus integrantes están: Nestlé, Pepsico, Siemens, Cargill, AT&T, General Motors, ExxonMobil, Stellantis, ArcelorMittal, Toyota y HSBC, de acuerdo con su página electrónica.
Abierto rechazo de Salazar a elección de jueces; IP de Canadá, preocupada: Clark
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada Viernes 23 de agosto de 2024, p. 5
Los embajadores de Estados Unidos y Canadá –los dos principales socios comerciales de México– expresaron ayer preocupación por la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El estadunidense Ken Salazar opinó abiertamente contra la eventual aprobación de la iniciativa tal como la envió el Ejecutivo y advirtió que la elección de jueces mediante el voto popular será un riesgo para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte, mientras su par canadiense, Graeme C. Clark, fue cauto al señalar que los inversionistas de su país tienen preocupaciones sobre el cambio, porque quieren estabilidad.
Salazar, quien en reiteradas ocasiones ha hablado públicamente sobre la reforma y otros asuntos internos del país, convocó de último minuto a una conferencia de prensa, donde declaró que la aprobación de la iniciativa en los términos propuestos por López Obrador también facilitará la intromisión del narco en el Poder Judicial.
“Basándome en experiencias de toda una vida apoyando el estado de derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México.
Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas, señaló.
El representante del gobierno de Joe Biden, quien leyó un mensaje ante la prensa en su residencia oficial en la Ciudad de México, donde también respondió a algunas preguntas, señaló que piensa que los cambios legislativos amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México.
Apuntó que la iniciativa tiene aspectos que son importantes y que sí se deberían hacer para combatir la corrupción en el Poder Judicial, pero opinó que los legisladores deberían cambiarla antes de aprobarla.
Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción ni fortalecerá al Poder Judicial.
Expuso que su gobierno es respetuoso de la soberanía mexicana, aunque anticipó que de aprobar la iniciativa en sus términos actuales, habrá controversias y acciones en Estados Unidos, aunque no precisó de qué tipo.
Por su parte, en el contexto del CanCham Day 2024, Clark dijo que hay incertidumbre entre los inversionistas de su país por la reforma en puerta. “Vamos a tener unos cambios constitucionales. Como embajador es difícil para mí hablar públicamente sobre estos temas, pero lo que sí puedo decir es que mis inversionistas están preocupados; quieren estabilidad y un sistema judicial que funcione si hay problemas.
Como embajador sólo soy la correa de transmisión de las preocupaciones de mis inversionistas, hemos venido haciendo excelentes relaciones con el gobierno actual, pero a veces hemos tenido que decir los problemas que vemos, agregó.
