Admite Marco Rubio que Mahmoud Khalil fue arrestado por sus creencias
▲ Imagen de archivo de un campamento de manifestantes contra la guerra de Israel en Gaza, en el campus de la Universidad Northwestern, a la cual el gobierno de Donald Trump ha amenazado con quitarle 780 millones de dólares de financiamiento.Foto Ap
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Viernes 11 de abril de 2025, p. 21
Washington y Nueva York., El gobierno de Donald Trump anunció una nueva serie de medidas para limitar la libertad de expresión en las universidades. Ha buscado clausurar o poner bajo su control centros de estudios académicos que no están alineados, está expulsando a estudiantes extranjeros con base en sus creencias, continúa persiguiendo a ex funcionarios disidentes de su gobierno y abogados que han participado en investigaciones y casos contra el mandatario y sus aliados, y ahora hay indicios de que algunos ciudadanos estadunidenses que reingresan a su país están siendo interrogados con alegatos de supuestas leyes antiterroristas.
Camionetas sin identificación. Listas secretas. Denuncias públicas. Nuestro Estado policiaco ha llegado, escribió M. Gessen en un artículo en The New York Times. Aquellos de nosotros que hemos vivido en países aterrorizados por fuerzas policiacas secretas no podemos librarnos de sentir una familiaridad espantosa.
Han revocado visas a 600 estudiantes extranjeros
Estas medidas represivas se perciben en varios frentes. El gobierno federal ya ha revocado las visas de unos 600 estudiantes universitarios extranjeros, según un conteo del sitio de noticias Inside Higher Education. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que esa dependencia ha anulado las visas de estos alumnos, a los que calificó de lunáticos por supuestamente haber estado involucrados en actividades que criticaron de alguna manera al gobierno estadunidense. De hecho, la justificación oficial es que su presencia podría dañar los intereses de política exterior del país.
El gobierno reconoció esta semana que el más famoso de estos jóvenes, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, fue arrestado y se busca su deportación exclusivamente por sus creencias y opiniones, y no por alguna violación a la ley. En un documento presentado ante un tribunal federal que, por ahora, ha impedido su expulsión, Rubio argumentó que, según la ley estadunidense, él puede revocar la visa de Khalil –residente casado con una ciudadana estadunidense– con base en sus creencias en el pasado, actuales o esperadas. Según la agencia Ap, la cual obtuvo el documento oficial, Rubio reconoce que aunque las actividades de Khalil eran legales, desean expulsarlo del país por su participación en protestas contra el apoyo estadunidense a la guerra de Israel en Gaza.
Cada semana hay nuevos reportes de agentes federales que llegan sin aviso, a veces enmascarados y sin identificación, a las residencias de estudiantes que no sabían que sus visas habían sido revocadas.
Asfixia financiera y censura académica
El ataque contra instituciones académicas incluye además la anulación de financiamiento federal. El gobierno de Trump anunció ayer que suspendería la entrega de mil millones en fondos federales a la Universidad Cornell y 780 millones a la Universidad Northwestern mientras investigan si no hicieron lo suficiente para frenar protestas estudiantiles contra la complicidad estadunidense en la guerra de Israel en Gaza y por apoyar la causa palestina. Esto es la continuación de acciones y amenazas parecidas contra varias universidades, incluidas Harvard, Brown y Yale. Hace varias semanas, el gobierno logró obligar a Columbia a poner bajo supervisión del gobierno su departamento de estudios sobre Medio Oriente, y forzó a Harvard a que despidiera a académicos expertos en Medio Oriente que critican la política estadunidense.
Purga de ex colaboradores
Esta semana el presidente firmó órdenes ejecutivas para instruir al Departamento de Justicia iniciar investigaciones sobre varios ex aliados de Trump, ahora críticos de esta administración, continuando con su política de represalias contra ex funcionarios de su primer gobierno, entre ellos el zar encargado de la respuesta ante la pandemia de covid-19, su ex secretario de Defensa, el ex jefe del Estado Mayor y otros altos militares, a los cuales no sólo les anuló sus credenciales para acceder a información oficial confidencial, sino que también les retiró sus equipos de seguridad personal. También ha destituido a fiscales federales, agentes de la FBI y otros que participaron en investigaciones a Trump en varios casos legales que enfrentó, entre ellos el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.
Diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en una amplia gama de asuntos, desde ambientales hasta emergencias de vivienda, expresaron su preocupación no sólo porque podrían perder fondos federales que financian parte de su trabajo, sino porque serán investigados si el gobierno de Trump los califica de adversarios o críticos. Por lo menos tres agrupaciones ambientales no partidistas son investigadas por la FBI por acusaciones de supuestos fraudes al gobierno, reportó The Guardian.
Aun no están arrestando a gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro, pero todos están preocupados porque eso es algo que podría empezar a suceder, comentó de manera anónima un empleado en una ONG de inmigración al rotativo. Esto es lo que hacen los autoritarios: persiguen a la sociedad civil, resumió el profesor Steven Levitsky, de Harvard.
Trump también ha ampliado su ataque contra algunos de los principales bufetes de abogados del país que en el pasado trabajaron o tenían clientes que eran adversarios del presidente, impulsando medidas para obstaculizar sus negocios.
Trump intenta desarmar la capacidad de abogados de impugnar sus acciones, y en particular desarmar a los grandes bufetes que tienen, en algunos casos, miles de abogados, recursos increíbles y que frecuentemente los emplean para oponerse a acciones ilegales del gobierno, explicó el abogado David Cole en entrevista con Democracy Now.
Estos intentos de intimidar a abogados ahora incluye cateos y breves detenciones de quienes representan a opositores de la política estadunidense. Este mes, cuando el abogado Amir Makled, de Michigan, regresó a este país al fin de unas vacaciones con su familia, fue detenido por agentes de Aduanas y entregado a un equipo táctico de respuesta al terrorismo. Dos hombres sin uniforme que rehusaron identificarse lo detuvieron por casi dos horas, intentaron examinar su teléfono y amenazaron con arrestarlo, todo sin informar las razones por las cuales lo estaban reteniendo, reportó Detroit Free Press. Makled especuló que fue detenido porque entre sus clientes hay un estudiante que participó en protestas contra la guerra de Israel en Gaza. Finalmente fue liberado y él acusó que todo esto fue para intentar silenciarlo, No funcionará; haré lo opuesto, comentó al rotativo.
Sin duda, para inmigrantes con documentos en regla, incluidos estudiantes, pero también académicos, científicos, funcionarios y más ciudadanos, la intimidación está teniendo efecto. La Jornada ha platicado con varios ciudadanos estadunidenses que ahora tienen que preguntarse cómo prepararse para salir de viaje, no por las autoridades de otros países, sino al regresar con las suyas, y hasta qué hacer si aparecen las autoridades policiacas en sus oficinas y hogares.
Extrapolaciones dolosas
Pedro Miguel
Una nueva línea de ataque apareció en una crítica al documento Palestina en las universidades: ética académica, libertad de expresión y responsabilidad ante el genocidio, del colectivo Academicxs Con Palestina: La cantidad de desaparecidos (en México) triplica la estadística de muerte en Gaza. En español: con qué cara se atreven a criticar la barbarie israelí si aquí tienen la suya propia.
Se trata de un intento por matar tres pájaros de un tiro: descalificar al gobierno mexicano y a los sectores progresistas y de izquierda que han expresado su consternación y su indignación hacia la barbarie el régimen israelí, y de paso, minimizar el exterminio en curso en Gaza. Antes de que prospere una manipulación tan canalla de los hechos, es pertinente situar las cosas en su sitio: el drama de las desapariciones de personas en México es real, innegable, doloroso y exasperante; a lo largo de décadas, el fenómeno ha pasado por diversas etapas, desde las desapariciones forzadas perpetradas con propósitos represivos por los regímenes priístas y panistas en contra de luchadores sociales, activistas, opositores políticos y guerrilleros, hasta las que comete en nuestros tiempos la delincuencia organizada. En el pasado sexenio y en el actual, con un nuevo paradigma para hacer frente a la descomposición social, el gobierno federal ha empeñado una voluntad política innegable, tanto para esclarecer las desapariciones como para debilitar a los grupos delictivos que las realizan.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador se empeñó en localizar a personas presuntamente desaparecidas caso por caso y eso permitió depurar en alguna medida el listado con el que se contaba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque científico: la construcción de un padrón dinámico que permita tener en tiempo real, o casi real, el panorama de las desapariciones. Y para ello se ha emprendido un conjunto de acciones que empiezan por escuchar a las organizaciones de familiares de las personas ausentes para tomar en cuenta su experiencia y sus puntos de vista a la hora de realizar las reformas legales que doten al Estado de mejores herramientas para combatir este horror. ¿Han sido suficientes los esfuerzos? No, hasta ahora. ¿Son satisfactorios los resultados? No, ni lo serán plenamente en tanto persista un solo caso de desaparición.
A nadie escapa que la infiltración del crimen organizado en instancias de los tres niveles de gobierno hizo posible que corporaciones de seguridad participaran o colaboraran en, y/o encubrieran, desapariciones, como ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Desde luego, tal infiltración no puede erradicarse en todo el país ni en todas sus regiones de la noche a la mañana, pero es claro que actualmente la complicidad de policías o militares es la excepción y no la norma y que el combate a la impunidad ha dejado de ser una frase vacía. En ese sentido, el delito de desaparición forzada no es, ni mucho menos, parte del panorama regular de México, por cuanto se refiere a la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, autorización o tolerancia.
Sin afán de minimizar el problema, las desapariciones en México no constituyen de manera alguna un intento por aniquilar a la población, como sí lo es la campaña militar de Israel en Gaza. Volvamos al principio: La cantidad de desaparecidos triplica la estadística de muerte en Gaza. La frase podría ser cierta si hubiera aquí 180 mil desapariciones, que es lo que da la cifra de 60 mil muertos gazatíes multiplicada por tres, aunque a esos asesinatos hay que sumar al menos 11 mil desaparecidos por efecto de los ataques de Tel Aviv. Y en este punto surge un problema: matar a 60 mil de 2 millones –que es lo que hasta ahora ha hecho Israel en Gaza– equivale a dar muerte a 30 de cada mil habitantes, que es 3 por ciento; y eso, en México, representaría 3 millones 900 mil cadáveres.
Agreguen que en una situación como la que sufren los gazatíes México habría perdido 60 por ciento de sus edificaciones habitacionales y 50 por ciento de sus hospitales, que 118 millones de personas andarían vagando a salto de mata por el territorio nacional, desplazadas de sus hogares y que de ellos, 104 millones necesitarían ayuda alimentaria, entre otras cosas. En suma, confundir un problema (grave y exasperante, sí) de seguridad pública con un genocidio y una limpieza étnica sólo puede explicarse desde una absoluta ceguera o desde una profunda mala fe.
Cada vida humana vale lo mismo y no es correcto medir dos circunstancias tan diferentes sólo con parámetros cuantitativos; pero hay un punto en que lo cuantitativo se convierte en cualitativo, y es allí cuando todo intento de comparación se vuelve una obscenidad y un insulto, tanto para México como para la población de Gaza.
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Francia reconocería al Estado palestino; espera que otros países se sumen
Han aceptado la soberanía de la nación árabe 147 de los 193 integrantes de la ONU, México incluido
▲ Integrantes de la organización ambientalista Greenpeace vierten 300 litros de tinte rojo en un estanque ubicado frente a la embajada de Estados Unidos en Londres, en demanda de que ese país y Reino Unido impongan un embargo de armas contra Israel, que reanudó su ofensiva en Gaza. Luego de la manifestación, el dirigente del grupo ecologista en Inglaterra fue arrestado ayer junto con otros cinco activistas.Foto Afp
Afp, Sputnik, Europa Press, Ap y Xinhua
Periódico La Jornada Viernes 11 de abril de 2025, p. 22
Gaza. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció anteayer que su país podría reconocer al Estado palestino en los próximos meses, y dijo que espera que muchos otros países, que no identificó, reconozcan a Palestina.
Nuestro objetivo es copresidir en junio una conferencia con Arabia Saudita para que podamos finalizar el proceso de reconocimiento mutuo (del Estado palestino) por parte de varios países, expuso Macron en una entrevista con el canal France5; asimismo, detalló que esto sucederá en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
Lo haré (...) porque creo que en algún momento es lo justo y porque también quiero participar en una dinámica colectiva que pueda permitir también a todos aquellos que defienden a Palestina reconocer a su vez a Israel, lo que muchos de ellos no hacen, agregó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, sostuvo que un reconocimiento unilateral de un Estado palestino ficticio, por parte de cualquier país, en la realidad que todos conocemos, será un premio al terrorismo y un impulso para Hamas.
Mahmud Mardawi, alto mando del movimiento de resistencia islámica, declaró que el anuncio es un paso importante que, de cumplirse, constituiría un cambio positivo en la posición internacional hacia los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino; al mismo tiempo, la ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Varsen Aghabekian Shahinm, celebró la noticia, como un paso en la dirección correcta.
Al Jazeera destacó que en medio de la continua guerra de Tel Aviv contra Gaza, 10 países (México, Armenia, Eslovenia, Irlanda, Noruega, España, Bahamas, Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados) reconocieron formalmente al Estado de Palestina. Actualmente es reconocido como nación soberana por 147 de los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, lo que representa 75 por ciento de la comunidad internacional.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fustigó declaraciones de su par canadiense, Mark Carney, quien respondió a un manifestante pro palestino durante un acto político que es consciente del genocidio en Gaza y por eso tenemos un embargo de armas.
En su cuenta de la red social X, Netanyahu indicó que Canadá siempre ha apoyado a la civilización. El señor Carney también debería hacerlo. Pero en lugar de apoyar a Israel, una democracia que libra una guerra justa con medios justos contra los bárbaros de Hamas, ataca al único Estado judío.
En tanto, la policía de Londres arrestó a seis activistas de la organización ambientalista Greenpeace que vertieron 300 litros de tinte biodegradable rojo sangre en un estanque frente a la embajada de Estados Unidos, en una protesta contra la venta de armas a Israel.
En Gaza, al menos 40 palestinos murieron y 146 resultaron heridos en ataques aéreos israelíes en la franja durante las últimas 24 horas, con lo que suman 50 mil 886 palestinos muertos desde octubre de 2023.
Además, fuentes palestinas señalaron que las autoridades israelíes liberaron a 10 prisioneros palestinos a través de Kissufim, un pequeño cruce al noreste de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.
