Hoy lloramos al millón de niños, mujeres y hombres asesinados en el genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda.
Este terrible capítulo de la historia humana no fue un arrebato espontáneo de violencia atroz. Fue intencionado, premeditado y planeado, principalmente mediante un discurso de odio que exacerbó las divisiones y propagó las mentiras y la deshumanización. La inmensa mayoría de las víctimas eran tutsis, pero entre ellas también había hutus y otros que se oponían al genocidio.
Mientras recordamos cómo ocurrieron estos crímenes, también debemos pensar en su relación con el presente.
Esta es una época de división. El discurso del nosotros contra ellos está en auge y polariza las sociedades. Las tecnologías digitales se están usando como arma para avivar el fuego del odio, abrir brechas y difundir mentiras.
Debemos aprender de la terrible historia del genocidio en Ruanda y tomar medidas para frenar el discurso de odio, combatir la desunión y el descontento que derivan en violencia, defender los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas.
Insto a todos los estados a que honren los compromisos asumidos en el Pacto Digital Global en aras de luchar contra las falsedades y el odio en línea, a que cumplan las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y a que se adhieran sin demora a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
En este día de recuerdo, comprometámonos a estar alerta y a colaborar para construir un mundo de justicia y dignidad para todos, en honor de todas las víctimas y supervivientes del genocidio en Ruanda.
*Secretario General de Naciones Unidas
Informa NY a Trump que no pondrá fin a prácticas de diversidad e inclusión en escuelas
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Ap
05 de abril de 2025 12:23
Las autoridades del estado de Nueva York informaron a la administración del presidente Donald Trump que no cumplirán con sus exigencias de poner fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de sus amenazas de cancelar la financiación federal para la educación.
Daniel Morton-Bentley, asesor y subcomisionado del Departamento de Educación del estado, expresó en una carta fechada el viernes y dirigida al Departamento de Educación federal que las autoridades estatales no creen que la agencia federal tenga autoridad para hacer tales demandas.
“Entendemos que la administración actual busca censurar cualquier cosa que considere ‘diversidad, equidad e inclusión’”, escribió. “Pero no existen leyes federales o estatales que prohíban los principios de la DEI”.
Morton-Bentley también escribió que las autoridades estatales “desconocían” que el Departamento de Educación federal tuviera alguna autoridad para exigir que los estados estén de acuerdo con su interpretación de las decisiones judiciales o para cancelar la financiación sin un proceso administrativo formal.
Hasta el momento, el Departamento de Educación de Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
El jueves, el gobierno de Trump ordenó a las escuelas de educación básica de todo el país que certifiquen, en un plazo de diez días, su cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria de DEI como condición para recibir financiación federal.
“La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho”, dijo en un comunicado Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, cuando se presentó la demanda. Afirmó que muchas escuelas han incumplido sus obligaciones legales, “incluyendo el uso de programas de DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses en favor de otro”.
En la demanda de certificación se pide a los líderes estatales y escolares que firmen un “recordatorio de obligaciones legales” donde reconocen que su financiación federal está condicionada al cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. También se exige el cumplimiento de varias páginas de análisis legal escrito por la administración.
La demanda amenaza específicamente la financiación del Título I, que envía miles de millones de dólares al año a las escuelas de Estados Unidos y se centra en las áreas de bajos ingresos.
Morton-Bentley escribió que el Departamento de Educación del estado ya ha certificado en múltiples ocasiones ante gobierno federal que cumple con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, siendo la más reciente en enero. Dijo que el departamento federal basa sus demandas para poner fin a los programas de DEI en una interpretación legal errónea.
“Dado el hecho de que ya están en posesión de garantías por parte del NYSED (Departamento de Educación de Nueva York) de que ha cumplido y cumplirá con el Título VI, no se proporcionará ninguna certificación adicional”, escribió.
También señaló que la postura de la administración es un “cambio abrupto” respecto a la asumida por la primera administración de Trump, y citó comentarios hechos en 2020 por la entonces secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, de que la diversidad y la inclusión eran “piedras angulares del alto rendimiento organizacional”. Escribió que la administración no ha proporcionado ninguna explicación de por qué cambió de postura.
Los críticos de la demanda de certificación dijeron que entraba en conflicto con la promesa de Trump de devolver la educación a las escuelas y los estados.
La amenaza de sanciones financieras es similar a las que el gobierno de Trump ha utilizado contra las universidades en su esfuerzo por reprimir las protestas contra Israel, que considera antisemitas.
El estado de Nueva York se ha negado de manera similar a cumplir con una demanda del gobierno de Trump de eliminar un programa para financiar el transporte público en la ciudad de Nueva York imponiendo altos peajes a los automóviles que ingresan a Manhattan.
Colombia rechaza acusaciones de EU sobre Petro
“El mandatario no simpatiza con el Tren de Aragua”, afirma Bogotá
Sputnik, Afp y Ap Periódico La Jornada
Domingo 6 de abril de 2025, p. 19
Bogotá. Colombia negó ayer las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien afirmó que el presidente Gustavo Petro se expresó mal del gobierno de Trump y mostró empatía hacia miembros del Tren de Aragua durante una reunión bilateral.
Durante una entrevista en Estados Unidos, Noem afirmó que la reunión con Petro fue polémica y que la hora y media de la conversación, el presidente colombiano “ la empezó criticando a nuestro gobierno y siguió hablando de cómo se malinterpretaba a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad eran personas que sólo necesitaban más amor y más comprensión”, en referencia al grupo criminal.
En la respuesta, la cancillería de la nación sudamericana destacó que desde 2022 han capturado a 103 integrantes del Tren de Aragua en el país, incluidos cuatro cabecillas en 2024, y que estos operativos han debilitado significativamente su presencia en Bogotá y su proyección regional.
Colombia ha sido víctima del narcotráfico y el crimen organizado por más de seis décadas. Desde el inicio de su mandato, el presidente Petro ha reafirmado su firme e inquebrantable compromiso en la lucha contra estas amenazas, señaló la cancillería, tras calificar de categóricamente falsas las afirmaciones de Noem.
Además, se informó que alias Chirimoya, el quinto cabecilla del clan del Golfo, fue abatido en una operación conjunta con la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos puede y debe ser un aliado clave en el propósito común de superar décadas de violencia y construir la paz en todo el territorio colombiano, agregó la cancillería. Ese esfuerzo sólo será posible si se fundamenta en un compromiso mutuo, sincero y basado en la verdad.
Noem visitó Colombia el pasado 27 de marzo para reunirse con el presidente Petro y la canciller Laura Sarabia, a la que llamó amiga y con quien firmó un acuerdo de intención para compartir datos sobre crimen organizado.
Destruyen armas de grupo rebelde
En tanto, Colombia comenzó la destrucción de armamento del grupo ilegal Comuneros del Sur, una facción guerrillera en el suroeste del país, desconocida hasta hace unos meses por la mayoría.
Están explotando minas, granadas de Comuneros del Sur, aseguró ayer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El ejército mostró en un video la explosión controlada de mas de 500 artefactos.
Petro llegó hasta Pasto, capital del departamento de Nariño, a presentar los avances de la mesa de diálogo con Comuneros del Sur, que incluyen un decreto para que la fuerza pública reciba, registre y luego destruya el material de guerra de Comuneros de Sur en tres meses.
“Sabemos que hay una mezcla entre dos mundos: el salido de la insurgencia armada que quería cambiar al mundo, y el que surge del traquetismo (narco)… Debo reconocer que en Comuneros del Sur brilló más la idea del cambio y la transformación que en el ELN (Ejército de Liberación Nacional)”, afirmó Petro desde Pasto.
De nueve mesas de negociación abiertas en la política de Paz Total que incluyen diálogos simultáneos con cuatro grupos armados ilegales y cinco bandas de crimen organizado, la de Comuneros del Sur es la primera que inicia la entrega de armas.
