Donald Trump es una personalidad estrafalaria y es el jefe indiscutido de la derecha y la ultraderecha planetarias. El catedrático emérito de historia de la Universidad de Princeton, Jan T. Gross, escribe que la única vez que Trump fue sorprendido con un libro en las manos, ocurrió cuando alzó la Biblia para una foto frente a la iglesia de St. John, en Washington, durante las protestas por el asesinato de George Floyd.
Así, no es tan raro que las universidades de investigación de EU estén siendo asfixiadas mediante cancelaciones a su financiamiento público, restringiendo su autonomía académica e impidiendo la inscripción de muchos de los mejores estudiantes del mundo. El mandatario suele autoinfligirse balazos en el pie: el caso de las universidades es uno de ellos.
La cultura política dominante estadunidense tiene dos cimientos históricos: 1) el colonialismo de poblamiento, con un componente de colonialismo brutal, de exterminio de los grupos aborígenes; y 2) la ignominia perenne de la esclavitud negra.
De esa historia deriva una singularidad política de EU: supremacismo blanco, autoritario y propietarista. La propiedad se funda mediante la ocupación y el despojo, y por la masacre de los poseedores primigenios. Esos hechos constituyen uno de los capítulos de mayor alcance de la acumulación originaria del capital, teorizada e historizada por Marx. Esa historia de despojo territorial se extiendió en seguida: México fue cercenado de 55 por ciento de su territorio, que incluyó a los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de los actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming.
El capitalismo arranca desde esos despojos, pero le hacía falta otro componente decisivo: el proceso por el que el oro se convierte en equivalente general, es decir, en dinero. Ese filón lo aportaron a ríos las colonias españolas, especialmente Potosí (Perú) y Zacatecas (Nueva España). También ocurrió mediante el despojo y la esclavización. Hará falta aún el componente definitivo, para que el capitalismo pudiera volar: la creación de los mercados laborales. El capitalismo hablará entonces de libertad: los trabajadores deben ser libres; libres porque no son propiedad particular de nadie, y libres, o liberados (despojados) de toda propiedad, y así verse obligados a vender su fuerza de trabajo. Esos procesos crearon un capitalismo global racial infame. El discurso de la libertad exige: libertad para comprar y vender todo, comprar entre otras cosas la fuerza de trabajo: se creó así la base imprescindible de la explotación salarial.
La acumulación de capital que Trump persigue con frenesí incluye las pulsiones más primarias del capitalismo racial, pero también las más modernas del capitalismo rentista, especulativo e improductivo. El presidente estadunidense acumula bienes inmuebles y tierras en forma de campos de golf, y crea su propio fraude piramidal legal llamado TrumpCoin. La página web Trump Golf muestra fotos de 18 campos de golf y proclama: Desde Escocia hasta Palm Beach, desde Los Ángeles hasta Dubái, Trump Golf alberga una colección de las propiedades de golf y campos de campeonato más emblemáticos del mundo. Como sus antecesores primitivos, Trump quiere territorios adquiridos por el despojo: anexarse Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá, Gaza y partes de Ucrania.
Una codicia sin límites y una ansia infinita de poder, para aplastar a quienes se opongan, sean quienes sean y estén donde estén, no puede dar otro resultado que una mentalidad de ultraderecha. Es un orgullo ser dignísimo representante de los capitalistas racistas más extremos. El capitalismo inglés fue líder entre fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX y hubo de ceder el mando a EU, que ha sido la fuerza dominante hasta la fecha. Europa ha sido parte de ese poder y todos han explotado al conjunto planetario. Esas potencias, con EU a la cabeza, tuvieron en sus manos el dominio cultural, científico, tecnológico y militar, sin rivales. Fueron también responsables del sufrimiento de millones de asalariados explotados y de millones de excluidos; y produjeron sin freno guerras espantosas.
El capitalismo gringo expresa a gritos su ruta en picada. El dólar anda en la borrasca, cada vez más cuestionado. La reindustrialización añorada por Trump no ocurrirá y las guerras no cesarán: son consustanciales al capitalismo, más aún carente ya de discurso hegemónico.
Trump no tiene por ahora contrapesos internos y cometerá los peores desmanes. EU y el entero sistema imperialista quieren ganar dinero encerrados en sus búnkeres, con sus ejércitos actuando.
El desengaño en las mayorías sigue haciendo su trabajo. La derecha y la ultraderecha de Occidente lo perciben y buscan nuevos caminos. Trump se está uniendo a la estirpe de los defensores del statu quo, como los Viktor Orbán, Narendra Modi, Netanyahu, Giorgia Meloni, Milei, Bolsonaro, Bukele, Daniel Noboa, Santiago Abascal… Las mayorías no hallan aún el modo de su organización para el futuro.
El ex presidente Uribe es declarado culpable de soborno y fraude procesal
Enfrenta hasta 12 años de prisión domiciliaria, indica jueza
▲ Algunas organizaciones se manifestaron afuera del tribunal donde fue procesado el ex mandatario derechista Álvaro Uribe, cuyo veredicto generó polémica.Foto Afp
Afp, Ap, Europa Press y Sputnik
Periódico La Jornada Martes 29 de julio de 2025, p. 24
Bogotá. El ex presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe (2002-2010), fue declarado culpable ayer de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un fallo sin precedente en la historia del país sudamericano que la prensa denominó el juicio del siglo.
Uribe fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, con el fin de que cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que la fiscalía constituyó como un intento de engañar a la justicia.
La jueza Sandra Heredia se limitó a anunciar el sentido del fallo y se espera que en una próxima audiencia dé a conocer la condena que debe cumplir el mandatario conservador, quien se expone a una pena hasta de 12 años de cárcel.
La magistrada añadió que indistintamente de la pena que se le impondrá, al ex presidente se le dictará prisión domiciliaria, y añadió que este viernes se dará a conocer la sentencia a las partes, antes de hacerse pública. El medio Telesur informó que la fiscalía de Colombia demandó nueve años de prisión domiciliaria y una multa millonaria por los delitos.
Uribe, quien participó en el juicio de forma virtual, se declaró inocente y alega que es víctima de una persecución política.
El veredicto puso fin a un proceso judicial que se extendió durante 13 años, cargado de tensiones políticas y un intenso debate sobre la independencia de la justicia en Colombia.
El largo proceso judicial comenzó en 2012, cuando Uribe demandó al congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos con el fin de que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces congresista, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones. Tras múltiples maniobras judiciales, el ex mandatario renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria. En 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por el presidente Gustavo Petro, ésta llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
El ex presidente, quien lidera el Centro Democrático, movimiento opositor a Gustavo Petro, manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de venganza de la izquierda, de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del ex mandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a la organización en 2017.
Según Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, paramilitar e hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas de la familia Uribe en San José de Nus (Antioquia), y quien fue testigo en el juicio, Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación de un grupo paramilitar conocido como Bloque Metro.
Otro de los personajes claves en el caso fue Carlos Enrique Velez, Víctor, quien señaló y aportó pruebas de que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le ofreció hasta 200 millones de pesos para declarar a favor del ex presidente. Según su versión, él y su familia llegaron a recibir 26 millones de pesos de Cadena, quien ha respondido insistentemente que se trató de pagos humanitarios.
Tras conocer la sentencia, el jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, arremetió contra jueces radicales que hallaron culpable a Uribe, y afirmó que su único delito ha sido luchar incansablemente y defender su patria.
Por su parte, Petro aseveró que una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar a los jueces de Colombia.
Colombia: justicia, al fin
El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por manipular y comprar testigos para que modificaran sus testimonios en otro proceso que se le seguía por nexos con el paramilitarismo. La jueza Sandra Heredia consideró probado que el también ex senador, ex gobernador y fundador del partido político de ultraderecha Centro Democrático sabía lo ilícito de su actuar en las maniobras que realizó por conducto de su abogado, pero no encontró suficientes pruebas para condenarlo por el delito de soborno simple a una fiscal.
Aunque la sentencia se dará a conocer este viernes 1º de agosto y todavía puede ser impugnada en al menos dos instancias, Uribe es ya el primer ex mandatario colombiano en ser condenado por la justicia. El fallo resulta histórico por varios factores, pues no sólo representa un triunfo contra la impunidad de quien ocupó el escalón más alto del gobierno, sino también sobre el conjunto de una oligarquía que por décadas ha regido los destinos del país con puño de hierro mediante el control y la confusión deliberada del poder político, económico y mediático. Para esa élite acostumbrada a dictar la ley y a vivir por encima de ella, la condena de Uribe se experimenta como una afrenta personal, como el final de una era y el inicio de una democratización que le es insoportable.
Al mismo tiempo, las víctimas del uribismo contemplan con frustración que el ex presidente sea sentenciado por delitos que ni siquiera garantizan su encarcelamiento, cuando sobre él pesan acusaciones que deberían llevarlo al estrado como criminal de lesa humanidad. Sólo en este momento, Uribe tiene abiertos 28 procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones del Legislativo, entre las que se cuentan auspicio y conformación de grupos paramilitares, homicidios, masacres y fraude electoral. En su casi medio siglo de vida política, se le ha señalado por usar sus cargos para facilitar los vuelos de los narcotraficantes, dar la protección del ejército a los asesinos armados y financiados por su familia y participar directamente en la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de exterminio financiados y dirigidos por terratenientes, empresarios y políticos para liquidar tanto a las guerrillas como a los campesinos y activistas que se oponen al despojo de tierras, la minería depredadora y otras prácticas de violencia contra las comunidades y el medio ambiente.
Como presidente, instituyó un siniestro programa de recompensas para los soldados que entregaran cadáveres de guerrilleros, con lo que desató la crisis de los falsos positivos: civiles inocentes asesinados por las fuerzas armadas para cobrar el botín. A estas conductas ha de añadirse la destrucción de derechos laborales, su papel en la gestación de la crisis con Venezuela, la erosión de la soberanía por su entreguismo a Washington y otros daños de los que Colombia está lejos de haberse recuperado.
Pese a este historial, la lealtad incondicional de los oligarcas que poseen la totalidad de los medios de comunicación le ha permitido mantener importantes simpatías dentro de la sociedad colombiana y hasta la fecha es una de las figuras más poderosas e influyentes del país. Por ello, no está claro si la comprobación de que manipuló testigos se traducirá en un costo político significativo para su partido y aliados o si, por el contrario, facilitará a las derechas construir un relato de victimización y persecución en torno a quien ha sido un feroz represor y perseguidor de la disidencia. En esta ecuación sin duda desempeñará un rol significativo el golpeteo que ya se hace sentir desde Washington, donde prominentes legisladores republicanos exigen a la Casa Blanca castigos colectivos contra Colombia por el atrevimiento de sentar en el banquillo a quien consideran uno de sus principales aliados en América Latina.
A la espera del desarrollo ulterior de los acontecimientos, es necesario felicitar al pueblo colombiano por este verdadero hito de la justicia que rompe con una impunidad de apariencia monolítica, así como desearle sabiduría y fortaleza para resistir los embates que sin duda prepara, con apoyo de sus aliados foráneos, una oligarquía local que se encuentra tocada pero muy lejos de haber sido vencida.
