Carlos Fernández-Vega
▲ La hambruna en territorio palestino es una grave afrenta a la dignidad humana.Foto Ap
A lo largo de la semana anterior, la presidenta Sheinbaum se refirió al comportamiento de la economía mexicana, con énfasis en el efecto positivo que “el modelo de la 4T” tiene en la superación de la pobreza y la mejoría en los niveles de bienestar de la población, sin dejar de lado los más de 34 mil millones de dólares que en inversión extranjera directa captó el país a lo largo del segundo trimestre del presente año, lo que demuestra, dijo la mandataria, que “ni los aranceles” pudieron doblegar el esfuerzo nacional.
Además, subrayó la importancia de incrementar el ingreso de los trabajadores, algo que, por lo demás, tira a la basura “el mito del oscurantismo neoliberal” de que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación y desincentivaría la inversión”, un simple pretexto para mantener el sistema explotador de mano de obra cada vez más barata.
Pues bien, en alrededor de 15 días (como máximo el próximo 8 de septiembre) la mandataria debe entregar al Congreso su paquete económico (criterios generales de política económica, iniciativa de Ley de Ingresos, miscelánea fiscal, si la hubiera, y proyecto de Presupuesto de Egresos; este último sólo es aprobado por los inquilinos de San Lázaro) para su análisis, aprobación, modificación o rechazo, según decida el Legislativo.
Antes de que ello suceda, por ley, el gobierno federal entregó al Legislativo el documento de “precriterios 2026”, donde ofrece un análisis de la situación económica actual, su estimación sobre el cierre de 2025 y su proyección para el año entrante. Con base en él, se toman las decisiones y se hacen las correcciones necesarias para el armado del paquete económico.
Así, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados analizó contenido y sustento de los citados “precriterios” y concluyó que “están sustentados en una política económica basada en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, que promueve el fortalecimiento del bienestar social, el impulso de la inversión productiva y la estabilidad macroeconómica; esta última, mediante una política fiscal responsable, asegurando un entorno propicio para la inversión y el crecimiento a largo plazo”.
El modelo de desarrollo económico y social se fundamenta en tres pilares, subraya el CEFP: piso social básico, con los Programas para el Bienestar, instituidos ahora como derechos constitucionales; fortalecimiento del ingreso y derechos laborales; y promoción del desarrollo regional, a través de mayor inversión en infraestructura.
“Con base en ello, la política social se enfocará a fomentar la igualdad sustantiva de género, fortalecer las políticas de inclusión de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, e inversión en primera infancia. En materia de política económica, impulsará el desarrollo del país bajo el Plan México, que buscará crear zonas estratégicas de inversión (Polos de Desarrollo para el Bienestar); fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, y modernizar infraestructura, logística y sector energético”.
Del citado documento, el CEFP destaca que “el contexto de incertidumbre en la política comercial y de tensiones geopolíticas en Europa del Este y Medio Oriente se prevé como un escenario prevaleciente para el comportamiento de la economía nacional, alertando de los riesgos de una posible desaceleración global y otros factores que podrían afectar las cadenas de suministro y volatilidad en los mercados financieros. No obstante dicho contexto, se espera que la economía mexicana mantenga crecimientos positivos durante 2025 y 2026, sustentados en la solidez de la demanda interna y la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, los cuales se espera que mitiguen los efectos de la volatilidad que se pudiera presentar en los mercados financieros, y enfrentar con solvencia los desafíos externos”.
Ea fue la lectura del gobierno federal allá por abril pasado, de tal suerte que, a más tardar el próximo 8 de septiembre, se conocerá si la ratifica o hace algunos cambios para 2026.
Las rebanadas del pastel
Bien por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, “tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de Naciones Unidas, se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz. La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”. Sin embargo, el problema es la parsimonia con la que ha actuado en torno al genocidio en Gaza.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Registro masivo de venezolanos en la milicia ante las amenazas de EU
El presidente Maduro informa del refuerzo de operaciones conjuntas de seguridad en la frontera con Colombia // Se alistan desde jóvenes, mujeres y obreros hasta legisladores y gobernadores
▲ Antes de la jornada de alistamiento en Venezuela, la fuerza civil contaba con 4 millones y medio de integrantes. Durante los siguientes fines de semana se repetirá la actividad en las plazas de casi todo el país, como ocurrió ayer.Foto tomada del canal de Telegram del presidente Nicolás Maduro
Ángel González
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 20
Caracas. El fin de semana en Venezuela estuvo marcado por la jornada de alistamiento para la defensa nacional convocada por el presidente Nicolás Maduro. Miles acudieron a las plazas Bolívar de todo el país para registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de la fuerza armada conformado por reservistas civiles.
El llamado es una respuesta a las recientes amenazas de Washington, que, sin pruebas, acusó a Maduro de ser jefe de una “organización narcoterrorista” y ha afirmado, por medio de varios voceros, que está dispuesto a usar “todo su poder” para desmantelar dicho grupo delictivo y arrestar a sus responsables.
Tales amenazas han sido recibidas por los venezolanos como una afrenta a la soberanía nacional.
“Felicito a los hombres y mujeres de a pie, a la juventud venezolana y también a los abuelos y las abuelas de la patria que han acudido masivamente a la Gran Jornada de Alistamiento Militar”, escribió Maduro ayer en redes sociales.
Tanto el sábado como el domingo se pudieron observar contingentes de personas organizadas por sectores, que se movilizaron a registrarse como milicianos. Acudieron organizaciones obreras, jóvenes, estudiantes, organizaciones de mujeres, comunas, movimientos sociales, trabajadores públicos, comunicadores, así como otros gremios. Todos los ministros, diputados, gobernadores, alcaldes y hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se anotaron como combatientes. La jornada tuvo como consigna la frase: “Yo me alisto”, que circuló con intensidad en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, explicó que la actividad consiste en un registro de actualización de la milicia, que antes de este acto contaba con 4 millones y medio de personas.
“Esto no se trata de una convocatoria nacional, como lo especifica la Ley de Seguridad de la Nación, esto es una movilización del pueblo a registrarse”, aclaró.
Padrino también informó que mientras el pueblo acude masivamente a la jornada de alistamiento, que se replicará durante los próximos fines de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolla un despliegue de seguridad con más de 10 mil efectivos militares en todo el país. Detalló que son nueve grandes operaciones con 164 despliegues específicos a lo largo del territorio. Con esto se han desmantelado campamentos e infraestructuras logísticas de grupos narcotraficantes, se han incautado arsenales de armas de guerra y cargamentos importantes de droga y se han frustrado ataques a la industria petrolera venezolana.
“El esfuerzo que hemos hecho es grande, el pueblo de Venezuela lo merece y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea constitucional de llevarles tranquilidad, de desaparecer todo vestigio de violencia y criminalidad en el territorio nacional”, expresó.
En un video publicado en redes sociales anoche, Maduro informó que Venezuela planifica junto a Colombia el refuerzo de la Operación binacional de soberanía, paz y seguridad absoluta, que involucra coordinación de las fuerzas de seguridad de ambos países en las fronteras de los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
Al ambiente generado por las amenazas provenientes de Estados Unidos se le suma un comunicado oficial publicado por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en el que secunda toda la narrativa del Departamento de Estado estadunidense sobre el “narcoterrorismo” y el cartel de los Soles.
El texto señala que Guyana “ve con gran preocupación esta amenaza a la paz y la seguridad de la región”. Además, afirma que están comprometidos a trabajar con Estados Unidos para “encontrar soluciones significativas” y que apoyarán “iniciativas regionales y globales destinadas a desmantelar redes criminales”.
Estas afirmaciones son vistas en Venezuela como una muestra de la sumisión de la dirigencia guyanesa a los designios de Estados Unidos. El canciller Yván Gil publicó una nota oficial que afirma que “esta maniobra busca sembrar inestabilidad en el Caribe y América Latina, respaldando su fallido intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba”.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que la propia publicación del comunicado guyanés revela la subordinación de Irfaan Ali al poder estadunidense. Rodríguez señaló que el texto fue divulgado antes por Marco Rubio, secretario de Estado, que por el propio presidente de Guyana.
“Irfaan Ali, peón de Marco Rubio, no escatima ocasión para arrodillarse a sus amos estadunidenses… ¿Quién manda en Guyana?”, escribió la funcionaria.
El gobierno de Trinidad y Tobago se sumó a Guyana y Estados Unidos. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar afirmó en una nota que “si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade su territorio y el gobierno estadunidense solicita acceso al territorio trinitario para defender a ese pueblo, mi gobierno se lo concederá sin reservas”.
Al cierre de esta edición no se había producido una respuesta a este documento desde el gobierno de Venezuela.
Antichavistas contra la intervención
Al tiempo que en el país se desarrollaba la jornada de alistamiento para la defensa nacional, el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, divulgó un comunicado firmado por todos los alcaldes, concejales, legisladores regionales y diputados de esa entidad, todos opositores, en el que rechazan “cualquier intento de injerencia que afecte nuestra soberanía y derecho a decidir libremente el propio futuro a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo entre naciones”.
También condenaron “todo tipo de acciones con el que se pretenda vulnerar el derecho de nuestro pueblo a vivir en libertad, democracia y paz”, al agregar que “no entendemos con qué argumentos no creíbles se pretenda intervenir en Venezuela”.
El dirigente Henrique Capriles, quien fue dos veces candidato presidencial unitario de la oposición (contra Hugo Chávez y Maduro) y fungió por varios años de máximo líder antichavista, también expresó su rechazo a las amenazas militares de Estados Unidos. Publicó un comunicado que dice que “los asuntos” entre otros países y Venezuela deben resolverse por la vía del diálogo y la negociación. “La soberanía de nuestro país es sagrada y debe ser respetada sin condiciones”, reza la nota.
Esta postura contrasta con la de la oposición extremista encabezada por María Corina Machado, quien ayer publicó en Instagram un fragmento de una entrevista en inglés a un medio estadunidense acompañada con un mensaje escrito en inglés y en español, que afirma: “Apenas liberemos a Venezuela, millones regresarán a casa y nuestra nación se convertirá en el principal aliado de Estados Unidos para la seguridad, el comercio, la energía y la inversión en la región”.
Excarcelaciones
Henrique Capriles informó de la excarcelación de un grupo de 13 personas, algunas dirigentes políticos, procesadas judicialmente por diferentes delitos. Entre ellos figura Américo de Grazia, detenido el año pasado por estar vinculado a los disturbios que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio.
También destacan los ex alcaldes opositores Rafael Ramírez (Maracaibo, Zulia) y Nabil Maalouf (Cabimas, Zulia), detenidos en medio de investigaciones por una trama de corrupción. Estos últimos, junto con otros tres dirigentes, recibieron el beneficio de casa por cárcel.
EU contra Venezuela: ¿un tiro en el pie?
La agresiva movilización militar emprendida por órdenes del presidente estadunidense, Donald Trump, en aguas del mar Caribe, con el explícito propósito de amedrentar y provocar al gobierno del mandatario Nicolás Maduro –por cuya cabeza Washington ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares, argumentando que es el jefe máximo del supuesto cártel Tren de Aragua–, ha recibido como respuesta en la nación sudamericana una intensa movilización de repudio popular y una adhesión masiva a la campaña de reclutamiento a la Milicia Nacional Bolivariana, que según cifras de Caracas cuenta con unos 4 millones de integrantes y que es, junto con el ejército, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional, una de las cinco ramas de las fuerzas armadas del país sudamericano.
Asimismo, el gobierno optó por fortalecer la organización popular para la seguridad en los llamados Cuadrantes de Paz, en los que se vinculan policías, militares y población en los más de 5 mil circuitos comunales.
En forma paralela, los sectores mayoritarios de la población han hecho el vacío a los llamados de la oposición más recalcitrante, encabezada por María Corina Machado, a boicotear tales esfuerzos organizativos necesarios para disuadir a Washington de que emprenda una agresión armada en contra de Venezuela. Por el contrario, tales exhortos, que en forma desembozada apoyan las hostiles acciones intervencionistas del trumpismo, pueden representar para sus autores la clase de reacción social que suscitan en todas las latitudes quienes, independientemente de ideologías, traicionan a su país.
En cuanto a Trump, no es fácil dilucidar si el aparatoso despliegue de buques de guerra y unidades militares en torno a Venezuela es una más de sus carísimas bravuconadas, o si es en cambio la preparación de una agresión militar en forma para intentar el derrocamiento de un gobierno al que Estados Unidos no ha logrado someter en décadas y que constituye un obstáculo infranqueable para que las empresas petroleras de la superpotencia puedan saquear a voluntad los hidrocarburos, de los que la república bolivariana posee las mayores reservas del mundo.
Pero, sea por las razones que sea, y llegue al grado que llegue, la hostilidad bélica podría ser para la administración trumpista un tiro por la culata. De tratarse de una más de las espectaculares amenazas del magnate neoyorquino que despacha en la Casa Blanca, lo cierto es que ha provocado ya una masiva afiliación en las movilización social de respaldo a Maduro que es, a fin de cuentas, un triunfo político para el chavismo y una nueva derrota de la oposición. Y en el más descabellado de los escenarios, si Washington decidiera ir más allá de los gestos hostiles, más valdría que sus estrategas consideraran las consecuencias de involucrar a Estados Unidos en una nueva guerra colonialista de esas que se cobran enormes cuotas de destrucción, sufrimiento y muerte para los locales, pero que la superpotencia termina perdiendo, como ocurrió en Vietnam y en Afganistán.
La obligación moral de los países latinoamericanos y de los organismos internacionales es evitar que se llegue a tal punto y para ello resulta fundamental que, al margen de lo que se piense sobre el gobierno venezolano, unos y otros se manifiesten de manera enérgica e inequívoca en contra de la agresividad militar trumpiana y de cualquier intento de llevar a cabo una sola agresión injerencista contra el territorio, la población, las instancias militares, la infraestructura y los recursos naturales de Venezuela.
