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31 de julio de 2025 09:44
Los Ángeles. Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles. Por miedo a encontrarse con los agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras.
"Es terrible", suspira este salvadoreño de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos. "Es un encierro que no se lo deseo a nadie".
Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana.
"Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto (...) ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo", dice Alberto, quien por temor se identifica con un seudónimo.
En la arremetida anti-inmigración de comienzos de junio en Los Ángeles cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidas en las calles, o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas.
Videos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados ensañarse con los migrantes. La aparente brutalidad y arbitrariedad de las operaciones desató una ola de protestas en Los Angeles, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo.
Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades regionales y locales afirmaban tener la situación bajo control.
Una redada en un autolavado, en la que que varios de sus amigos fueron arrestados y luego deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación y ya no volvió al trabajo.
A pesar de ser prediabético, duda de ir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo que lleva a su cuarto.
"Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo", se queja Alberto mientras lamenta no poder trabajar.
Hace quince años que está en Estados Unidos y piensa que este segundo mandato de Trump "es lo peor de todo".
"Pueblo fantasma"
Trump regresó a la Casa Blanca gracias, en parte, a su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Angeles, donde hay cientos de miles de trabajadores indocumentados, sorprendió a la ciudad.
El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió.
En junio, el uso del sistema de transporte público cayó 13,5 por ciento en comparación con el mes previo.
"Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma", describe Norma Fajardo, de CLEAN, una ONG que agrupa a trabajadores de autolavados.
El grupo, junto con otras organizaciones, ayuda con donaciones de comida a aquellos que se escondieron en sus casas.
"Esto es muy necesario", refiere Fajardo, una estadunidense de 37 años que considera la situación como "muy triste e indignante".
"La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada", sostiene.
En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2.200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por AFP. Un 60% de ellos no tenía antecedentes penales.
"Nueva normalidad"
El Congreso acaba de aprobar enormes recursos financieros para el ICE, incluyendo 30 mil millones de dólares destinados a la contratación de 10 mil agentes adicionales para operativos de detención y deportación.
Por esto, Fajardo cree que la arremetida no va a parar.
"Parece la nueva normalidad", dice. "La primera vez que supimos de una redada en un autolavado nos sentimos en una situación de emergencia. Recién ahora comenzamos a aceptar que tenemos que hacer planes a largo plazo", explica.
Las donaciones de alimentos también se volvieron esenciales para Marisol, una hondureña que ha pasado semanas confinada en su apartamento con doce familiares.
"Le damos gracias a Dios constantemente (...) porque ha sido un gran alivio", dice la mujer de 62 años que no ha ido a misa en este tiempo.
Ella también se identifica con un seudónimo y tapó sus ventanas con cortinas para bloquear la visibilidad desde afuera.
Le prohibió a sus nietos abrir la puerta y se preocupa mucho cuando sus hijas van a trabajar algunas horas para cubrir los gastos básicos.
"Siempre que ellas salen también pido a Dios que regresen, porque no se sabe, ¿verdad? Es aquella incertidumbre", comenta.
Marisol huyó de Honduras hace 15 años con su familia por temor a que una pandilla reclutara a sus hijos.
Pero ahora se preguntan si vale la pena seguir en Estados Unidos.
"Mis hijos ya me han dicho: 'Mami, a veces yo preferiría irme a Europa'".
Afp
31 de julio de 2025 09:44
Los Ángeles. Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles. Por miedo a encontrarse con los agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras.
"Es terrible", suspira este salvadoreño de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos. "Es un encierro que no se lo deseo a nadie".
Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana.
"Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto (...) ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo", dice Alberto, quien por temor se identifica con un seudónimo.
En la arremetida anti-inmigración de comienzos de junio en Los Ángeles cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidas en las calles, o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas.
Videos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados ensañarse con los migrantes. La aparente brutalidad y arbitrariedad de las operaciones desató una ola de protestas en Los Angeles, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo.
Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades regionales y locales afirmaban tener la situación bajo control.
Una redada en un autolavado, en la que que varios de sus amigos fueron arrestados y luego deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación y ya no volvió al trabajo.
A pesar de ser prediabético, duda de ir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo que lleva a su cuarto.
"Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo", se queja Alberto mientras lamenta no poder trabajar.
Hace quince años que está en Estados Unidos y piensa que este segundo mandato de Trump "es lo peor de todo".
"Pueblo fantasma"
Trump regresó a la Casa Blanca gracias, en parte, a su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Angeles, donde hay cientos de miles de trabajadores indocumentados, sorprendió a la ciudad.
El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió.
En junio, el uso del sistema de transporte público cayó 13,5 por ciento en comparación con el mes previo.
"Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma", describe Norma Fajardo, de CLEAN, una ONG que agrupa a trabajadores de autolavados.
El grupo, junto con otras organizaciones, ayuda con donaciones de comida a aquellos que se escondieron en sus casas.
"Esto es muy necesario", refiere Fajardo, una estadunidense de 37 años que considera la situación como "muy triste e indignante".
"La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada", sostiene.
En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2.200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por AFP. Un 60% de ellos no tenía antecedentes penales.
"Nueva normalidad"
El Congreso acaba de aprobar enormes recursos financieros para el ICE, incluyendo 30 mil millones de dólares destinados a la contratación de 10 mil agentes adicionales para operativos de detención y deportación.
Por esto, Fajardo cree que la arremetida no va a parar.
"Parece la nueva normalidad", dice. "La primera vez que supimos de una redada en un autolavado nos sentimos en una situación de emergencia. Recién ahora comenzamos a aceptar que tenemos que hacer planes a largo plazo", explica.
Las donaciones de alimentos también se volvieron esenciales para Marisol, una hondureña que ha pasado semanas confinada en su apartamento con doce familiares.
"Le damos gracias a Dios constantemente (...) porque ha sido un gran alivio", dice la mujer de 62 años que no ha ido a misa en este tiempo.
Ella también se identifica con un seudónimo y tapó sus ventanas con cortinas para bloquear la visibilidad desde afuera.
Le prohibió a sus nietos abrir la puerta y se preocupa mucho cuando sus hijas van a trabajar algunas horas para cubrir los gastos básicos.
"Siempre que ellas salen también pido a Dios que regresen, porque no se sabe, ¿verdad? Es aquella incertidumbre", comenta.
Marisol huyó de Honduras hace 15 años con su familia por temor a que una pandilla reclutara a sus hijos.
Pero ahora se preguntan si vale la pena seguir en Estados Unidos.
"Mis hijos ya me han dicho: 'Mami, a veces yo preferiría irme a Europa'".
Transgénicos y energía, entre las trabas que EU encara en México
Informe expone iniciativas para reducirlas
▲ Estados Unidos sostiene que México ha denegado permisos de importación para productos que contienen glifosato, agrotóxico ligado al cultivo de transgénicos.Foto tomada de X
Braulio Carbajal
Periódico La Jornada Viernes 1º de agosto de 2025, p. 5
Entre las principales barreras arancelarias y no arancelarias que Estados Unidos ha señalado por parte de México, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), destaca una serie de obstáculos que según su punto de vista afectan el comercio bilateral. Desde retrasos en registros sanitarios para productos médicos y farmacéuticos, hasta restricciones que ven como injustificadas en la importación de maíz genéticamente modificado, glifosato y químicos agrícolas.
En el sector energético señala medidas que priorizan a empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), junto con restricciones a la inversión extranjera en proyectos de energía renovable. Desde su perspectiva, esto ha limitado la participación de empresas estadunidenses, evidenciando la necesidad de alinear las políticas mexicanas con los compromisos comerciales pactados.
Lo anterior fue revelado en la Estimación Nacional de Comercio (NTE) para 2025, informe anual presentado en marzo pasado por la USTR, que detalla las barreras comerciales que enfrentan los exportadores estadunidenses y las iniciativas para reducirlas.
Eliminar las barreras arancelarias de forma inmediata fue el compromiso que según el presidente estadunidense, Donald Trump, aceptó el gobierno mexicano para retrasar 90 días la entrada de tarifas de 30 por ciento programados para este viernes 1º de agosto. El gobierno estadunidense no ha precisado cuáles son esas barreras que México se comprometió a quitar, pero en marzo pasado ya había dado detalles.
Poca anticipación
En este informe, la USTR también hace énfasis en asuntos aduaneros al señalar que México sigue notificando con poca anticipación las modificaciones a sus procedimientos, muestra interpretaciones variables de los requisitos regulatorios en distintos cruces fronterizos y aplica de forma inconsistente las regulaciones y normas de etiquetado mexicanas.
También señala que el T-MEC prohíbe establecer límites arbitrarios al número de puertos donde un agente aduanal puede operar. No obstante, el artículo 161 de la Ley Aduanera mexicana restringe a los agentes a operar en sólo cuatro puertos, si no están afiliados a una agencia aduanal. Estados Unidos insiste en que México reforme esta ley para permitir que los agentes trabajen en cualquier puerto donde puedan cumplir sus funciones.
En cuanto a la industria de dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos, la USTR reporta que en México persisten demoras de entre 18 y 24 meses en la aprobación de registros sanitarios y permisos de importación, por lo que solicita reformas estructurales para agilizar sus exportaciones.
Sobre el glifosato, la USTR indica que México ha denegado permisos de importación para productos que contienen este compuesto sin ofrecer oportunidades para comentarios públicos, notificar a la Organización Mundial del Comercio o presentar evidencia científica que respalde dichas negativas. A pesar de esto, el glifosato sigue registrado para su uso en México.
Desde el 1º de enero de 2021, un decreto mexicano estableció la eliminación gradual del glifosato y productos que lo contienen, con fecha límite del 31 de enero de 2024. Este decreto también prohíbe el uso de glifosato en programas gubernamentales durante dicho periodo de eliminación.
Estados Unidos sigue presionando a México para que emita permisos de importación de glifosato y productos que lo contienen, argumentando que el compuesto sigue registrado para su uso en el país, según el informe.
Austeridad y humildad
Pedro Miguel
Cuando los funcionarios derrochan recursos públicos para pagarse lujos actúan en la delgada frontera entre indecencia y corrupción, entre una falta moral socialmente repudiable y el delito de privatizar indebidamente un bien que pertenece a todos. Pero es mucho más fácil demostrar la apropiación de un bien tangible (dinero, bienes muebles o inmuebles) que el gasto en frivolidades justificadas por necesidades del cargo. El ejemplo más claro es el del avión presidencial que Felipe Calderón adquirió, con cargo al erario, para su sucesor: un palacete volante de más de 200 millones de dólares cuya capacidad de entre 200 y 300 asientos fue reducida a sólo 80 a fin de hacer espacio para un despacho privado, una sala de juntas y una habitación (de gusto muy motelero, por cierto) con cama king size, baño completo con ducha y hasta un microgimnasio con caminadora.
En cada viaje de esa aeronave el erario era sangrado con facturas de 7 millones de pesos por conexión a Internet, un millón por artículos de limpieza y 181 mil por papel higiénico. Descontando la evidente corrupción implicada en esos gastos, al grupo gobernante del peñato tales cifras le parecían aceptables. También le resultaba normal que cualquier funcionario de medio pelo dispusiera de vehículos, choferes y auxiliares y que se enviara al extranjero a personas que se inventaban cualquier misión innecesaria. Tristemente célebres fueron las giras internacionales de Luis Echeverría y José López Portillo, repletas de cortesanas y cortesanos; las descocadas vacaciones de los hijos adolescentes de Miguel de la Madrid, organizadas y pagadas por el Estado Mayor Presidencial (QEPD); las residencias que la Presidencia poseía en las playas del país, o las pequeñas mansiones que Vicente Fox se mandó construir en Los Pinos (cabañas, las llamó, en ejercicio de soberana hipocresía) para sí y para su familia.
La diferencia entre el viejo régimen y la austeridad republicana que empezó a aplicarse a partir de diciembre de 2018 puede ilustrarse en un sólo dato: si en 2017 la Oficina de la Presidencia gastó casi 4 mil 900 millones de pesos, la cifra correspondiente a 2019 fue de poco más de 721 millones. La determinación de cuidar los dineros de la nación y de no desperdiciarlos en lujos estúpidos fue uno de los factores –junto con el combate a la corrupción, la evasión fiscal y el huachicol– que permitieron financiar los programas sociales y las obras de infraestructura del sexenio obradorista.
La austeridad republicana no pretende obligar a nadie, rico o pobre, a observar un nivel de vida determinado; exige, simplemente, que las tareas de gobierno se ejerzan sin incurrir en gastos frívolos y sin que el desempeño del cargo se convierta en un tren de vida de sultán para ningún funcionario. Por conveniencia discursiva y propagandística, la reacción oligárquica y sus voceros han pretendido hacer creer que este lineamiento conlleva un voto de pobreza personal y obligatorio, para después exhibir como incongruente a cualquiera que propugne o trabaje para la 4T como incongruente en el momento en que sobrepase la categoría de austero o económico en cualquier rubro: restaurante, hotel, tienda, zapatos, reloj, vehículo, sitio de residencia, sin importar que el gasto o propiedad provenga de recursos propios y no de dinero público. Esta manipulación de los hechos no sólo se origina en el afán de golpeteo político y mediático que es, desde hace tiempo, el único proyecto de esos opositores, sino que también denota una rabia clasista porque los nacos se atreven a pisar sitios que hasta hace unos años estaban reservados a la élite dorada (y ladrona) del viejo régimen.
Una vez aclarado este punto, sería deseable que los representantes populares y empleados públicos se abstuvieran por voluntad propia –porque no hay manera ni propósito de obligarlos legalmente– de gastar su legítimo dinero en cosas que sean o parezcan ostentación o frivolidad. Porque, a pesar de la enormidad de los avances sociales conseguidos en los casi siete años de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum al frente del país, aún quedan en él mucha desigualdad y carencias. Además, está en buena medida pendiente la tarea de demoler el sentido de pertenencia y el espíritu de cuerpo de algo que se conoce como clase política y que es, actualmente, un escenario de confrontación entre el decoro y la insolencia, entre la humildad y la frivolidad, entre lo nuevo y lo podrido.
navegaciones@yahoo.com
Congreso de El Salvador aprueba la relección indefinida de Bukele
Eliminó también la segunda vuelta
▲ El mandatario enfrenta múltiples acusaciones de violar los derechos humanos.Foto Ap
Ap, Afp, Dpa y Reuters
Periódico La Jornada
Viernes 1º de agosto de 2025, p. 21
San Salvador., El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó ayer una sorpresiva reforma a la Constitución para permitir la relección indefinida del presidente, extender su mandato de cinco a seis años y eliminar el balotaje.
La reforma, propuesta por el partido Nuevas Ideas, aliado del presidente Nayib Bukele, se presentó un día antes de unas cortas vacaciones por festividades en la capital. La iniciativa también acorta el actual periodo del mandatario a 2027, en lugar de finalizar en 2029, para celebrar ese mismo año comicios presidenciales en conjunto con los de diputados y alcaldes.
La situación de esta noche es tan grave que ustedes no se dan cuenta lo que trae una relección indefinida. Trae acumulación de poder y debilita la democracia. Existe corrupción y clientelismo porque aumenta el nepotismo, se frena la democracia y la participación política, advirtió la diputada opositora Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
¡Ha muerto la democracia en El Salvador!, sentenció Villatoro durante el debate parlamentario.
A su vez, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, denunció que las reformas sólo buscan perpetuar a un pequeño grupo en el poder, seguir acumulando recursos, seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo, concluyó.
Por su parte, la diputada oficialista Ana Figueroa, quien presentó la iniciativa, indicó que lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Históricamente la relección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones, los alcaldes se pueden relegir cuantas veces quieran, los diputados, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente.
La votación fue aprobada con 57 votos a favor de los 60 diputados que conforman el Parlamento, de los cuales sólo seis no pertenecen a la coalición del mandatario.
El paquete de reformas también eliminó la obligatoriedad de celebrar una segunda vuelta electoral en los casos en los que ningún partido o coalición obtenga mayoría absoluta.
Los dos partidos opositores, Arena y Vamos, manifestaron de inmediato su inconformidad con la reforma.
La vicepresidenta del Congreso, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, celebró la aprobación de la normativa y aseguró que El Salvador hizo historia al regresar el poder “al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño.
Las cuatro reformas constitucionales que presentamos hoy no son una imposición, son una elección. Una elección libre, soberana y legítima, tomada por quienes siempre debieron tener la última palabra: el pueblo, agregó.
El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, afirmó que su primo, Nayib Bukele, es el líder que este país necesitaba: el único que tuvo el valor de romper con la política tradicional, de enfrentar el sistema corrupto sin temor, de poner orden y de devolvernos la paz.
La decisión pende ahora de una ratificación por la misma cámara, que también valorará y, presumiblemente, aprobará la 41 prórroga al estado de excepción, vigente desde marzo de 2022.
A inicios de junio pasado, el mismo Bukele aseveró: me tiene sin cuidado que me llamen dictador. El mandatario declaró entonces que democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, estado de derecho, suenan bien, pero, afirmó, son términos que sólo se usan para mantener sometida a la población.
Bukele había señalado durante una entrevista con el medio salvadoreño Mágico Tv, en enero del 2024, que en el ese país no existía la posibilidad de la relección indefinida, ni plebiscitos al respecto.
El jefe de Estado sigue gozando de una alta popularidad por su mano dura en el combate contra los grupos criminales, pero también enfrenta múltiples acusaciones de activistas que lo señalan por violar derechos civiles básicos y encarcelar inocentes de manera indiscriminada.
