Analistas sostienen que tripulantes debieron ser capturados y no ejecutados
▲ Integrantes de la milicia bolivariana y seguidores de Nicolás Maduro participaron en el izamiento de bandera en Caracas.Foto Afp
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 20
Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump afirmó que tiene grabaciones de comunicaciones hechas por los tripulantes en la nave destruida por las fuerzas navales estadunidenses el martes que comprueban que eran narcotraficantes venezolanos, mientras altos funcionarios advirtieron que podría repetirse este tipo de ataques e incluso cambiar el régimen en Caracas, pero por lo menos un legislador federal y varios expertos pusieron en duda la legalidad del acto en aguas internacionales.
“En el barco tienen montos masivos de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando”, comentó Trump a reporteros este miércoles en la Casa Blanca. Agregó que “todos entienden eso plenamente; de hecho, se pueden ver las bolsas de drogas por todo el barco”. Sin embargo, no ofreció más imágenes de las drogas ni mayor información sobre la inteligencia con la que se contaba de la nave ni detalles específicos sobre cómo fue destruida.
Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaron que las drogas provenían de Venezuela, pero tampoco ofrecieron mayores pruebas más allá de referirse a las comunicaciones interceptadas.
“Nicolás Maduro, al considerar si quiere o no continuar siendo un narcotraficante, tiene que tomar algunas decisiones, y eso es todo lo que comentaré sobre eso”, declaró Hegseth en una entrevista con Fox News. “Tenemos activos (militares) en el aire, activos en las aguas, activos en las naves, porque esto es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá… sólo con este ataque”. Al preguntarle si el cambio de régimen en Venezuela es un objetivo, el secretario de Defensa respondió que “esa es una decisión presidencial”.
Sin embargo, el diputado federal Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara baja, expresó su escepticismo del ataque. “El gobierno de Trump no ha identificado la autoridad (legal) bajo la cual fue realizada esta acción, planteando la interrogante sobre su legalidad y constitucionalidad”, dijo Smith. “La falta de información y transparencia de esta administración es más preocupante. ¿Esto significa que Trump piensa que puede usar a los militares estadunidenses donde sea que existan las drogas, donde son vendidas o transportadas? ¿Cuál es el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto militar más?”
Kenneth Roth, ex director de Human Rights Watch y experto en derecho internacional, afirmó que “el tráfico de drogas es un delito, no un acto de guerra. Los traficantes deben ser arrestados, no ejecutados sumariamente, lo cual hicieron las fuerzas estadunidenses de manera ilegal”.
La profesora de leyes Mary Ellen O’Connell, de la Universidad de Notre Dame, comentó a The Washington Post que matar intencionalmente a sospechosos fuera de un conflicto armado viola “principios fundamentales del derecho internacional”.
El papel de los marinesEl objetivo real de la presencia naval estadunidense en el Caribe y el ataque no es el narcotráfico, opinó el almirante retirado de la Marina de Estados Unidos James Stavridis, ex comandante del comando sur (Southcom) encargado de las Americas. “Misiles Tomahawk de destructores o submarinos no pueden hacer mucho con traficantes de drogas, pero sí pueden destruir infraestructura de petróleo y gas que generan ingresos críticos. Los marines de Estados Unidos no van a deshabilitar lanchas rápidas de narcotráfico a la Miami Vice, pero sí pueden ser utilizadas contra plataformas de petróleo y gas o bases militares venezolanas en la costa. Submarinos y destructores pueden hundir a buques de guerra venezolanos o derribar aeronaves militares”, escribió en un artículo de opinión para Bloomberg Opinion. “Los grandes buques de guerra tienen otra misión: enviar un mensaje muy claro al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro”.
Tres ex altos funcionarios estadunidenses entrevistados por Politico National Security Daily coincidieron en que la amenaza de una acción militar estadunidense contra Venezuela debería de ser tomada “muy seriamente”. Diversos analistas descartan versiones de que Estados Unidos estudia una invasión terrestre de Venezuela parecida a la de Panamá en 1989, pero los ex funcionarios señalaron que la nueva tecnología aérea y de misiles de largo alcance de alta precisión implica que Estados Unidos puede lanzar un ataque sin una ocupación de las tropas.
La amenaza de intervención militar para provocar un golpe o algún colapso del gobierno de Maduro es tan grande como para que el International Crisis Group advirtiera este miércoles que “a pesar de la voluntad evidente del gobierno de Trump de emplear fuerza legal contra supuestos narcotraficantes, no tiene el apetito ni aun –se puede argumentar– la habilidad de garantizar la seguridad interna en una Venezuela pos-Maduro. Antes de actuar para desestabilizar el gobierno existente, Washington primero debería de dar seria consideración sobre qué sucede después”.
Seth Harp, ex militar estadunidense que es un comentarista frecuente en medios conservadores, fue más sarcástico sobre el asunto. “Felicidades a todos los integrantes de la cadena de muerte (los que deciden emplear fuerza letal) que participaron en este ataque. Por bombardear deliberadamente a no combatientes, ustedes son terroristas comunes a los que no les será otorgado el estatus legal de soldados si llega y cuando llegue la democracia y la justicia a Estados Unidos”, escribió en su cuenta X.
El periodista y analista especializado en temas de narcotráfico Ioan Grillo expresó su escepticismo sobre el incidente en sus medios sociales: “Las grandes preguntas son por qué tendrían a 11 personas a bordo si estaba transportando droga”.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por los secretarios de Estado, Marco Rubio (izquierda), y de Defensa, Pete Hegseth (derecha), durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado 26 de agosto.Foto Ap
Dice el halcón Marco Rubio, secretario estadunidense de Estado, que Donald Trump, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, “tiene el derecho de eliminar cualquier amenaza, embarcaciones cargadas con droga que amenacen la seguridad nacional, y eso es lo que hizo ayer, lo cual se dio en aguas internacionales; puede pasar de nuevo” (en referencia a una supuesta narcolancha “proveniente de Venezuela”), pero todo indica que no tiene la menor intención de ejercer ese “derecho” en su propio territorio, dado que desde hace muchas décadas Estados Unidos se ha convertido en un megamercado de enervantes de todos sabores y colores, y para todos los gustos y presupuestos.
Nadie ha creído la versión gringa de que la armada estadunidense “destruyó un barco cargado de droga” (en el mejor de los casos, una lanchita pedorra) en el mar Caribe, muy cerca de Venezuela. Lo que sí es creencia generalizada es que esa presunta acción sólo es un pretexto banal con miras a una acción militar en contra de esa nación sudamericana, que no tiene otro objetivo que sus enormes reservas petroleras. Lo del barco que se lo crean en Hollywood.
Lo dijo el presidente Nicolás Maduro: a Marco Rubio “nadie le cree; se ha inventado un cuento sobre el narcotráfico” para justificar sus acciones contra el país sudamericano: “Vienen por el petróleo y el gas venezolanos, los quieren gratis; la presunta lucha contra las drogas de Estados Unidos es completamente falsa”. Además, “ni Trump, ni Rubio ni el video presentado aportan prueba alguna de que la lancha mencionada transportara drogas, ni que proviniera de Venezuela ni que su destino fuera Estados Unidos. Incluso no hay manera de comprobar quiénes eran los tripulantes de la embarcación, o si se trata de 11 personas, como señaló el jefe de la Casa Blanca” ( La Jornada, Ángel González).
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez, acusó a Marco Rubio de fabricar con inteligencia artificial (IA) el video del ataque lanzado por Washington contra una supuesta embarcación del Tren de Aragua en aguas caribeñas. “Parece que sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado) ¿Qué dice Gemini de este video? Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial; Rubio debe dejar de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre” al magnate republicano ( La Jornada).
Pero no sólo es Rubio. Otro halcón, el secretario estadunidense de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que “las operaciones militares contra los cárteles continuarían, preparando el escenario para una campaña sostenida en América Latina, pese a que preguntas básicas sobre el ataque contra un buque que salió de Venezuela seguían sin respuesta. Poco es lo que se sabe del ataque, incluyendo qué justificación legal se utilizó para el accionar, o incluso qué drogas había a bordo, pero Hegseth declaró que las operaciones continuarían, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque; cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte” ( La Jornada, Reuters).
Trump, Rubio y Hegseth se dicen “muy preocupados” por las supuestas narcolanchas en el Caribe, cuando en realidad deberían enfocarse y actuar en su país para erradicar el creciente consumo de enervantes y cuidar las fronteras, algo que, entre otros efectos nocivos, han tenido los siguientes (la información es del Centro Nacional para Estadísticas de abuso de drogas):
Entre los estadunidenses de 12 años o más, 47.7 millones eran consumidores actuales de drogas ilegales (consumidas en los últimos 30 días) en 2023; 16.8 por ciento de ellos consumieron drogas en el último mes, un aumento de 1.9 por ciento; 70.5 millones, o 24.9 por ciento de esa edad, han consumido drogas ilegales o han hecho mal uso de medicamentos recetados durante el último año; 145.1 millones de personas de ese rango han consumido drogas ilícitamente a lo largo de su vida; 38.6 por ciento de los consumidores de drogas ilegales padecen un trastorno relacionado con ellas y 21.6 por ciento tienen un trastorno por opioides.
Eso y mucho más en su propia casa, pero “el Caribe” (léase el petróleo venezolano) los trae locos.
Las rebanadas del pastel
Entre los sueños húmedos del evasor Ricardo Salinas Pliego está despachar en Palacio Nacional. Pero bien lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum: primero, que pague los impuestos que debe y después que piense en 2030. Así de sencillo.
X: @cafevega Correo: cfvmexico_sa@hotmail.com
En mitin casi vacío, Milei cierra campaña rumbo a comicios legislativos
Foto Afp Foto autor
Stella Calloni, corresponsal
03 de septiembre de 2025 21:26
Buenos Aires. En un acto de cierre de campaña de la oficialista La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del próximo domingo en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei, rodeado sólo de unas mil 500 personas (esperaban diez mil) se dedicó a denunciar al peronismo y pidió a sus seguidores “apoyarlo para clavar el último clavo al cajón del kirchnerismo”.
Calificó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, “enano soviético que ha convertido a la provincia en un baño de sangre”, al alertar de un posible fraude “contra el que hay que luchar a capa y espada” en un discurso violento y defendiendo a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y acusó a la oposición de conspirar contra su gobierno mediante operaciones políticas y de inteligencia.
A últimas horas se conoció que Milei viajará a Estados Unidos este jueves para reunirse con empresarios y estará durante cuatro días fuera del país, a días de una elección clave para su gobierno; volvió a cancelar su visita a Las Vegas, adonde estaba invitado al show de su ex pareja Fátima Florez.
Esto sucede en un clima denso y peligroso, en medio de un escándalo que sacude los cimientos del gobierno y Milei echó leña al fuego en un escenario montado en un terreno abierto, oscuro, totalmente inadecuado, en el municipio de Moreno, mayoritariamente peronista, después de declarar a un periodista de Francia que el kirchenrismo “quiere destruir la economía del país” y “quiere matarme”.
“Hay que liberar a esta provincia de la secta kirchenerista” fue otra de las frases, entre otras para victimizarse, que es la última estrategia de su gobierno acorralado por los escándalos. a los que se agregan otros nuevos en las últimas horas.
Incluso el diputado oficialista Sebastián Pareja, a cargo de los actos de campaña, aseveró que durante los incidentes recientes en el distrito de Lomas de Zamora, cuando centenares de vecinos impidieron realizar una caravana encabezada por el mandatario, tirando algunas piedras y verduras a la camioneta abierta en que viajaba, dijo que lo que sucedió “fue un intento de magnicidio”.
“Me tiraron un adoquín”, mintió Milei y desaforado dijo que “a estos (los peronistas) no les interesa la vida humana. Este kircherismo inmundo se cargó (asesinó ) al fiscal Nisman” en una acusación gravísima. Esto referido al fiscal Alberto Nisman, quien se suicidó en enero de 2015, hecho que fue utilizado por el ex presidente Mauricio Macri para acusar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y montar la campaña que lo llevó al gobierno en ese mismo año.
Cuando Milei ya se retiraba rodeado de fuerzas de seguridad algunos niños, jóvenes y vecinos insultaron al mandatario, y le arrojaron piedras en rechazo al desmedido operativo de seguridad, algo que era previsible, en un lugar donde la pobreza aprieta en extremo.
En tanto, la Comisión Investigadora de Diputados en el caso de la megaestafa $LIBRA aprobó una serie de citaciones a funcionarios, incluido el presidente y su hermana Karina y habilitó la posibilidad de utilizar la fuerza pública para garantizar su asistencia.
Primer año de gobierno: una mirada desde los derechos humanos
Foto Germán Canseco / archivo Foto autor
Mario Patrón
04 de septiembre de 2025 00:02
A once meses de haber recibido la banda presidencial, Claudia Sheinbaum ha presentado su primer Informe de gobierno destacando los avances que han distinguido su primer tramo al frente del Poder Ejecutivo de nuestro país. Esta coyuntura nos invita a hacer una revisión crítica del desempeño de este gobierno en la dimensión sustantiva de los derechos humanos.
No sería pertinente analizar este primer año de gobierno sin considerar las herencias que recibió del sexenio anterior. En tal sentido, cabe recordar que Sheinbaum llegó a la Presidencia con una gran legitimidad democrática, acreditada no sólo por su contundente victoria en las urnas, sino también por su alta aprobación en la percepción social heredada del sexenio pasado y sostenida hasta la fecha con cifras que rebasan 70 por ciento de conformidad. A ello hay que sumar la gran concentración del poder que ha construido Morena en los tres poderes de la Unión.
Sin embargo, a la par de este caudal tan favorable, el actual gobierno ha heredado también márgenes muy estrechos en las finanzas públicas, que han acotado sus alcances presupuestales, los cuales se antojan insuficientes para sostener la diversidad de apoyos sociales generados durante los últimos siete años. También añaden complejidad al gobierno de Sheinbaum las patentes divisiones internas en Morena y las expresiones de incongruencia de varios de sus integrantes más conspicuos con los principios éticos postulados en el discurso del movimiento, entre los cuales resultan altamente incompatibles los casos de opulencia, corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado de los que la prensa ha dado cuenta en fechas recientes.
Respecto de la agenda política recibida por la Presidenta, es patente que ha mantenido una línea de continuidad con la agenda de reformas estructurales anunciadas por su antecesor desde inicios de 2024 y que han ocupado casi por completo la escena pública en los meses recientes, especialmente la reconstitución del Poder Judicial, la militarización de la seguridad y el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos.
En este entorno político es posible identificar algunas luces dignas de destacar en este primer año de gobierno. Sin duda, la disminución de la pobreza es el principal logro que debemos reconocer a éste y el anterior sexenio, con una disminución de los índices de pobreza en alrededor de 12 por ciento, de acuerdo con las últimas cifras presentadas por el Inegi. Dichas estadísticas demuestran que la agenda de fortalecimiento de derechos laborales, el incremento salarial y la diversificación de programas sociales han provocado resultados tangibles en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En este mismo rubro hay que incluir el anunciado Programa Nacional de Vivienda, al que habrá que observar muy de cerca para evaluar su implementación y resultados.
Entre los signos adecuados también hay que anotar el Plan México, cuyo enfoque pretende el sostenimiento de la estabilidad económica en tiempos de volatilidad e incertidumbre como los actuales. En el mismo sentido, es justo reconocer el manejo prudente y estratégico del diálogo político en la relación México-Estados Unidos, cuidando la estabilidad política y económica del país frente al continuo golpeteo discursivo del gobierno de Donald Trump.
En cuanto a los elementos preocupantes del actual gobierno, y muy en línea con análisis que previamente hemos hecho en este espacio, nos encontramos con un sector salud pauperizado, rebasado en sus capacidades y desabastecido. En condiciones similares, aunque con menor gravedad, encontramos el sector educativo, en el cual los esfuerzos gubernamentales, basados en programas de becas, no han sido lo suficientemente eficaces para ampliar la cobertura, accesibilidad y calidad del sistema educativo de nuestro país.
Asimismo, respecto de derechos que han sido históricamente vulnerados en nuestro país, advertimos que la agenda de víctimas sigue sin ser enteramente atendida para garantizar condiciones de seguridad y justicia. Si bien es cierto que las cifras demuestran una disminución ligera en la violencia letal, también es cierto que la sociedad mexicana ha presenciado los últimos años una dinámica de incremento de la crueldad visible en diversas expresiones como la desaparición de personas, los feminicidios y la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto, en el rubro del urgente abatimiento de la impunidad y la corrupción no se advierten avances sustanciales ni cabe esperarlos próximamente, pues la reforma judicial no contó con un análisis integral que permitiera asegurar un efectivo combate a la impunidad, al tiempo que se ha continuado con el desmantelamiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La libertad de expresión sigue siendo un gran motivo de preocupación debido a que continúan ocurriendo frecuentes hechos de agravio a periodistas y organizaciones; también se generaliza la operación de mecanismos formales e informales de control de los medios, especialmente en los estados. Recientemente, Artículo 19 reportó el incremento del acoso judicial contra periodistas, con 51 casos registrados en lo que va del año.
Mientras tanto, la agenda migratoria continúa con el enfoque prohibicionista impuesto por Estados Unidos, acentuado por la militarización de su instrumentación por medio de la Guardia Nacional.
Con todo, este segundo año será crucial para determinar el rumbo del actual sexenio, toda vez que se reduzca la dependencia del gobierno con los compromisos heredados del sexenio anterior, pero también frente al devenir de una creciente complejidad política marcada por una coyuntura interna de márgenes estrechos y fracturas que parecen inminentes, y de un entorno internacional en creciente tensión.
Mientras tanto, es responsabilidad nuestra, como ciudadanas y ciudadanos, seguir atentos al desempeño del gobierno y vigilantes de la debida garantía de nuestros derechos humanos y del cuidado de los indispensables fundamentos de la convivencia democrática.
