Tal vez en los programas de estudio de Estados Unidos, la asignatura pendiente, omitida permanentemente, en cuanto a las diversas culturas del mundo, y tal vez a propósito, es la historia universal.
En la escuela primaria y a otros niveles, también, los estudios son enfocados a la construcción del país y cómo ha sido su desarrollo económico, político y social. Y aunque existe un repaso de geografía y civismo, tal parece que no se toman en cuenta para ubicar objetivamente cuál ha sido el papel del país de Abraham Lincoln en la comunidad internacional.
Es muy importante la historia de cada país; estamos hablando de la existencia de la humanidad misma. La diferencia es que los niños y niñas en Estados Unidos estudiarán las ocasiones en que su país ha invadido a otros. Las razones tampoco las entenderán en su totalidad, pero creerán que una forma de desarrollo y de crecimiento está directamente relacionada con el sometimiento a otras sociedades por su forma distinta de pensar.
El esquema de dominación no ha cambiado, pero sí la tecnología para fabricar material bélico más potente, caro y letal. De esta rama de la educación, desde la niñez, es probable que surja la afición y casi devoción por las armas de fuego.
El derecho que argumenta una de las principales asociaciones a favor de las armas “caseras” en ese país, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), es que la población necesita de la autodefensa. Por eso defienden la legitimidad constitucional de la portación de casi cualquier arma; el calibre es lo de menos, lo destructivo tampoco importa tanto y el peligro para la población joven no está en el imaginario de una sociedad que ha vivido de las guerras que inventan sus gobernantes. Otra organización relevante es Gun Owners of America (GOA), la cual se enfoca en la preservación de la Segunda Enmienda y la recuperación de derechos perdidos, según su compromiso con la responsabilidad, como declaran.
Los fabricantes se encargan de convencer y comprometer a los clientes y, también, defienden el derecho a entrenarse para optimizar su uso y, sobre todo, para seguridad de la población usuaria. Estos grupos pro libertad de portar armas son muy influyentes en las políticas públicas al respecto.
La presión política que ejercen es grande, ya que su finalidad es proteger la Segunda Enmienda. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) es la oficina de gobierno que, supuestamente, regula la autorización a quien puede poseer un arma de fuego y sus municiones; cómo, quién y cuándo pueden transportar armamento, prácticamente de todo tipo, y, especialmente, quiénes pueden enviarlo o recibirlo. No obstante, el tráfico de armas se lleva a cabo sin el menor obstáculo. Sin embargo, no todos los habitantes están de acuerdo con el derecho a portar armas. El movimiento por el desarme de la población se ha fortalecido recientemente.
Existen diversas asociaciones que están contra la generación de violencia por el hecho de portarlas; las más importantes son la Everytown for Gun Safety y Giffords, junto con la organización de periodismo The Trace. Ambas organizaciones sólo hablan de prevenir la violencia, pero no están a favor de prohibir ningún tipo de armamento. Las posturas individuales de personalidades políticas, intelectuales, artistas, deportistas y religiosas no han funcionado.
Sin duda, la cultura de las armas de la población estadunidense ve con naturalidad todo tipo de enfrentamiento armado; es natural, para esa sociedad, que los asuntos diplomáticos, económicos, políticos, incluso religiosos, se resuelvan con las armas en la mano.
Lo curioso es que, para el criterio estadunidense, el armamento en manos de la población nacional es sinónimo de libertad y de derecho a tener seguridad y a defenderse. Sin embargo, esas mismas armas en manos de gente civil de otros países es sinónimo de vandalismo, criminalidad y terrorismo.
El negocio del armamentismo, en general, es enorme, prácticamente tan importante como el del petróleo, el gas y la venta de drogas dentro del país.
En realidad, esperamos muy poco en cuanto a que el genocidio alentado y apoyado por el gobierno de Trump abra los ojos de la sociedad estadunidense. Y aunque las marchas en contra de las masacres de palestinos han sido multitudinarias, el alto al apoyo del gobierno republicano al genocida Netanyahu no se ha logrado.
Estados Unidos no ha aprendido de la historia. Pese al armamento ultraespecializado para eliminar gente en el menor tiempo posible, no van a triunfar en su intento por acabar con el pueblo palestino.
Se olvidan de los espectaculares fracasos en la guerra contra Vietnam, las retiradas obligadas en Afganistán, en Filipinas, y una lista de grandes ridículos más por sus intentos de invadir Cuba, Venezuela, incluso México. Repetimos: no aprenden de la historia.
(Colaboró Ruxi Mendieta)
“Para Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, la justicia llegará”
antonio.gershenson@gmail.com
Un millón de sonorenses se benefician de los programas sociales de Sheinbaum: Durazo
De la Redacción
Periódico La Jornada Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9
En Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado la fuerza que representa la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y el avance consolidado con la tercera parte de la población beneficiaria por medio de programas sociales en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda y conectividad terrestre. Así lo destacó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el Informe del primer año del gobierno federal.
“Hoy México vive estabilidad política, mantiene estabilidad económica y ejerce plenamente las libertades. Por todo ello, asumimos, Presidenta, como nuestro deber seguir trabajando con usted en esta hazaña política y social en la que ha convertido su gestión de gobierno, cuidando su legado de humanismo y justicia social; por todo ello, Sonora está con usted, Sonora está con la Cuarta Transformación”, expresó Durazo al tiempo que destacó que la presidenta Sheinbaum cuenta con 82 por ciento de aprobación en Sonora.
Poder Judicial: arranque auspicioso
El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó los tabuladores salariales de septiembre a diciembre de este año, en los cuales se establece que ministros, magistrados, jueces y altos mandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como del propio OAJ y del Tribunal de Disciplina Judicial, no percibirán ingresos superiores a los de la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como lo establece el artículo 127 constitucional.
Asimismo, se acabarán privilegios como la seguridad social privada de lujo para altos funcionarios, quienes ahora estarán afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). De acuerdo con el ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, estas medidas permitirán un ahorro de 300 millones de pesos al año. Sin embargo, debe acotarse que no aplicarán a los trabajadores con suspensión judicial vigente para seguir viviendo al margen de la ley, que desgraciadamente conforman la inmensa mayoría de la alta judicatura.
Los cambios para que la cúpula judicial se ajuste, por fin, a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos forman parte de las transformaciones con las que la primera generación de togados elegida democráticamente busca diferenciarse de sus antecesores, y en particular del bloque conservador de la Suprema Corte encabezado por Norma Lucía Piña Hernández. Debe recordarse que la estructura del Poder Judicial vigente hasta el pasado 31 de agosto fue diseñada e implementada a dedo por el ex presidente Ernesto Zedillo para instalar a incondicionales a su persona y al proyecto neoliberal y que, fiel a su origen, operó siempre de espaldas al pueblo tanto en lo simbólico como en lo sustancial.
Cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la SCJN se embolsaban 700 mil pesos mensuales, algunos de los aludidos lo desmintieron de forma vehemente e incluso se victimizaron como supuestos objetos de una campaña de desprestigio por parte del titular del Ejecutivo. Sin embargo, el hecho es que clasificaron como confidenciales sus remuneraciones, con lo que negaron a la sociedad el derecho a saber cuánto costaba mantener a quienes un día sí y otro también boicoteaban los intereses nacionales. Entre los gastos que no pudieron ocultar se encontraban salarios que excedían los 200 mil pesos mensuales, aguinaldo, pago por riesgo, seguros privados, primas, vehículos privados, viajes para ellos y sus familias e incluso expensas personales como trabajadores domésticos para sus domicilios privados y decenas de miles de pesos para gasolina, todo lo cual sumaba más de 5.6 millones de pesos anuales por cada integrante del máximo tribunal.
Pese a ese nivel de dispendio, el mayor costo del Poder Judicial no ha estado en sus agraviantes remuneraciones, sino en sus sentencias con las que pusieron en libertad a los mayores saqueadores del erario, protegieron a evasores fiscales, frenaron obras públicas, validaron fraudes electorales que ocasionaron decenas de miles de muertes, y una lista de despropósitos contra la sociedad y las instituciones mexicanas.
La cabeza de la judicatura, la Suprema Corte, había llegado a una degradación tal que hoy parece extraordinario verla hacer algo tan elemental como acatar la Constitución. Cierto es que los 300 millones de pesos ahorrados son una fracción casi insignificante del presupuesto y no cambiarán el rumbo de la economía nacional ni de la administración pública, pero la ley y la decencia obligan a los funcionarios a cuidar cada peso en un país en el que tantas personas todavía carecen de lo más básico. Cabe esperar que los gestos iniciales del nuevo Poder Judicial no sean propagandísticos ni efímeros, sino los primeros pasos de un rescate profundo de los valores republicanos en esta rama del Estado.
