Abogados del ex mandatario afirman que impugnarán ante “organismos internacionales”
▲ Opositores al ex jefe de Estado brasileño celebran en un bar la decisión del Supremo Tribunal Federal. En la imagen inferior, una seguidora abraza una bandera en las cercanías de la residencia de Jair Bolsonaro.Foto Ap y Afpew
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada Periódico La Jornada
Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 23
Río de Janiero., Que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) sería condenado en el juicio que enfrentaba en el Supremo Tribunal Federal (STF), instancia máxima de la justicia en Brasil, era esperado por todos, para empezar por el ahora reo. Lo que nadie se arriesgaba a prever era el tamaño de la pena que le sería aplicada. Una cosa era cierta: sería lo suficiente elevada para alcanzar a encarcelarlo.
El juicio empezó el martes 8 de septiembre y la sentencia se esperaba para hoy. Pero ayer se juntó la mayoría necesaria para condenarlo y el fallo determinado fue de 27 años y tres meses, de los que 24 años y nueve meses deberán ser cumplidos en prisión a régimen cerrado.
Nunca antes en la historia de Brasil un ex presidente fue juzgado, condenado y mandado a la cárcel por el STF.
Hasta anoche no se sabía adónde sería conducido Bolsonaro, y si le sería permitido cumplir prisión domiciliaria. También se especulaba sobre la posibilidad de que se redujeran los 24 años y nueve meses de cárcel previstos.
El ultraderechista padece varias enfermedades, y por eso se conjeturaba sobre la posibilidad de que cumpla la pena en prisión domiciliaria.
Las otras posibilidades serían permanecer en una cárcel común, o –gracias a que es capitán retirado– ser conducido a alguna instalación militar. El ejército, sin embargo, filtró a los medios de comunicación que no está dispuesto a recibirlo en ninguna de sus instalaciones.
Bolsonaro fue juzgado y condenado por haber incitado a un golpe de Estado para impedir que su adversario en las elecciones de 2020, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el puesto para el cual fue elegido por un estrecho, pero incuestionable, margen de votos (51 por ciento para Lula contra 49 por ciento de los sufragios para Bolsonaro).
Para eso movilizó multitudes en actos callejeros, muchos de ellos plagados de violencia, trató de movilizar a las fuerzas militares –no lo logró porque el ejército y la aeronáutica se negaron a sumarse al entonces comandante de la marina– en un movimiento igualmente inédito en la historia de la república en Brasil.
Otros de los cargos que se le imputaron fueron organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho, daños calificados por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio histórico.
Sometido a una serie de medidas restrictivas por el presidente del STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro dejó de cumplir varias de ellas. Por eso fue puesto en prisión domiciliaria y sujeto a una intensa vigilancia policial.
Tras conocerse la sentencia, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, abogados defensores de Bolsonaro anunciaron que impugnarán y agotarán todas las vías, incluidos organismos internacionales.
Otra duda que ahora flota sobre Brasil es cuál será la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario estadunidense declaró hace algunas semanas que estaba siguiendo muy de cerca “la persecución al ex presidente Jair Bolsonaro”, e impuso una serie de restricciones al comercio con Brasil. Tales medidas se tradujeron esencialmente en tasar de manera contundente las exportaciones de Brasil al mercado de Estados Unidos.
Además, canceló las visas de casi todos los integrantes del STF, y a De Moraes le impuso la Ley Magnitsky –originalmente destinada a terroristas y contrabandistas– impidiendo que movilice eventuales cuentas que tenga en bancos de Estados Unidos y hasta tarjetas de crédito, como Visa y Mastercard.
Ahora se esperan nuevas medidas de Trump no sólo contra integrantes del STF, sino al comercio entre los dos países.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, señaló a Reuters que espera sanciones adicionales de Washington contra funcionarios brasileños tras la condena de su padre en referencia a la Ley Magnitsky.
“Si estos jueces del Supremo continúan siguiendo a De Moraes, también corren el riesgo de enfrentar la misma sanción”, amenazó, y en redes sociales abogó por una amnistía para su padre, que busca a través del Congreso.
El senador Flavio Bolsonaro, primogénito del ex mandatario, adelantó que “no aceptarán” la condena y lucharán “hasta el fin”.
Brasil: justicia restaurada
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista para permanecer en el cargo tras su derrota electoral de 2022. De acuerdo con la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lúcia Antunes, están comprobadas la violencia y la grave amenaza que caracteriza el delito de pertenencia a una organización criminal, así como la división de tareas y la jerarquización para ejecutar el golpe. Además de sentenciar al ex mandatario ultraderechista por intento de golpe de Estado, tentativa de abolición del estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos, cuatro de cinco miembros del Supremo encontraron culpables a siete cómplices, entre los que hay ex ministros y antiguos jefes militares.
El fallo contra Bolsonaro y algunos de quienes lo acompañaron en su aventura golpista debe celebrarse en tanto completa la restauración de la justicia y la democracia que estuvo en entredicho desde el consumado golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016 hasta ayer. En esta década, el país más poblado y con la mayor economía de América Latina tuvo un Ejecutivo designado de manera espuria a través del lawfare (Michel Temer, 2016-2018) y otro que se alzó con la victoria mediante la eliminación jurídica de su rival: no puede olvidarse que en 2018 el candidato puntero en todas las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo presentarse a los comicios porque se le condenó por un inexistente caso de corrupción que hubo de ser anulado un año después debido a las graves irregularidades procesales.
Desde un principio estaba claro que el Poder Judicial y el Ministerio Público actuaban por consigna, pues al enviarlo a la cárcel e inhabilitarlo políticamente no se basaron en evidencias, sino en su “convicción” en torno a la culpabilidad del máximo líder de la izquierda institucional. Posteriormente, salieron a la luz grabaciones en las cuales el juez Sergio Moro –premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia– daba instrucciones al fiscal para llevar el caso de tal modo que pudiera dictar una sentencia preparada de antemano.
Finalmente superadas todas las perversiones a la democracia y al estado de derecho que permitieron el regreso del neoliberalismo autoritario al Palacio de Planalto, el golpista irá a la cárcel y Lula está en la presidencia. Sin embargo, el costo ha sido enorme: en su paso por el poder, Bolsonaro fomentó la tala ilegal en la Amazonia, aumentó 50 por ciento la pobreza extrema y 22 por ciento la pobreza de ingresos, recortó programas sociales fundamentales en plena pandemia de covid-19 y azuzó el negacionismo en torno al virus, con lo que provocó decenas de miles de muertes adicionales. El daño más grave y duradero de su administración fue haber normalizado la violencia de Estado, la glorificación de las armas, la apología de la dictadura militar de 1964-1985, la intolerancia, el racismo, la persecución de la disidencia y, en general, haber implantado en Brasil el discurso agresivamente retrógrado que a nivel mundial se relaciona con el trumpismo.
Por ello, no extrañan las maniobras ilegales e injerencistas del inquilino de la Casa Blanca para respaldar a su aliado y descarrilar a la justicia brasileña: como el propio Trump señaló ayer sin notar el significado profundo de sus palabras, el juicio a Bolsonaro “realmente se parece a lo que quisieron hacer” con él, es decir, hacerlo pagar por el intento de subvertir el orden democrático movilizando a sus bases violentas en contra de las fuerzas constitucionales. Que el Tribunal Supremo de Brasil haya superado todas las presiones y condenado al dirigente fascista, mientras su homólogo estadunidense otorgó a Trump una inmunidad absoluta por cualquier delito, da una medida del deterioro de las instituciones de Washington, que hoy se mueven entre la impotencia y la complicidad ante un gobierno que se desliza a toda velocidad del autoritarismo al totalitarismo.
Trump se declara sorprendido por el fallo
Afp, Ap, Europa Press, Sputnik y Reuters
Periódico La Jornada Viernes 12 de septiembre de 2025, p. 23
Washington. El presidente Donald Trump, al conocer la sentencia condenatoria al ex presidente de Brasil Jair Bosonaro, afirmó: “he visto el juicio. Lo conozco (a Bolsonaro) bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera”.
En tanto, entrevistado por el canal Band Tv y a pregunta sobre la posibilidad de más sanciones de Estados Unidos, Luis Inácio Lula da Silva respondió: “No lo temo. (...) Las sanciones contra Brasil son todas falsas. Y el presidente Trump sabe que lo que se ha dicho sobre Brasil es mentira”. Dijo esto al explicar, entre otras cosas, que en realidad no existe un déficit comercial como alega el mandatario republicano.
“El presidente de un país no puede interferir en las decisiones de otro Estado soberano. Si (Trump) va a tomar otras medidas, será su problema. Reaccionaremos a medida que se tomen”, aseguró.
Trump comparó el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadunidense: “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Sólo puedo decir que lo conocí como presidente y era un buen hombre”, agregó y calificó el juicio de “malo” y “terrible” para Brasil.
El republicano no dijo si aplicará nuevas sanciones a los funcionarios brasileños. Trump ya impuso aranceles de 50 por ciento a Brasil, medidas coercitivas contra el presidente del Supremo Tribunal Federal, y revocó los visados de la mayoría de los miembros del alto tribunal brasileño.
Más tarde, su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió en X: “continúan las persecuciones políticas del sancionado violador de derechos humanos Alexandre de Moraes, quien junto con otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro.
“Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas.”
“Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia”, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en X, en respuesta a las declaraciones de Rubio.
Antes de que se conociera la sentencia, Bolivia rechazó las declaraciones “injerencistas” de Estados Unidos contra Brasil. “Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el derecho internacional. Brasil es un país libre y soberano, y América Latina es una zona de paz. ¡Todo nuestro apoyo al hermano Lula”, expresó el presidente Luis Arce.
